Es un asunto extremadamente grave, pero lamentablemente no es nuevo. Un informe reciente confirma que más de la mitad de los abogados españoles, concretamente el 51,22% de ellos, reconoce que en los últimos tres años ha sufrido algún tipo de amenaza o de agresión. La cifra es algo menor que la media europea, que se sitúa en el 57%, pero no deja de ser un dato relevante que pone en evidencia la necesidad que tienen los profesionales de medidas de protección y amparo en el ejercicio de sus funciones.
Las conclusiones del estudio las ha dado a conocer el Consejo General de la Abogacía Europea (CCBE) con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre. “Los resultados de esta encuesta, combinados con datos sobre amenazas y violencia procedentes de distintos países, reflejan la urgente necesidad de adoptar medidas para proteger a los profesionales de la abogacía y garantizar su papel esencial en la defensa de la justicia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho”, señala este organismo.
Según las estadísticas, de ese 51,2% de profesionales que ha sufrido algún tipo de agresión, el 91,8 % denuncia haber sido víctima de insultos o palabras ofensivas, muy por encima de la media europea, que se sitúa en una media del 64,36%. Los comportamientos amenazantes han afectado al 76,45%, también superando con creces el dato de sus compañeros de la UE, con un promedio del 36,51%.
En el caso de los abogados españoles, las agresiones físicas las han padecido el 21,8% de ellos, casi el doble de los casos registrados en promedio en Europa, donde este tipo de ataques los ha sufrido el 11,86% de los abogados. Además, el 83,64% asegura haber sufrido acoso, casi el doble del 43,91% de media registrado en los países de nuestro entorno.
El dilema: ¿dejar la profesión o seguir?
El hecho de tener que afrontar situaciones de violencia verbal o física en el ejercicio profesional tiene un impacto tanto a nivel personal como profesional entre quienes ejercen la abogacía. Y esto se refleja en los datos: seis de cada diez abogados españoles (el 61,86%) ha valorado en alguna ocasión la opción de cambiar de profesión, un porcentaje también muy elevado en relación con el promedio del 35,36% que se ha registrado a nivel europeo.
Una proporción significativa de los profesionales de la abogacía que respondieron a la encuesta que se llevó a cabo en toda Europa observó un incremento de las conductas agresivas, ya sean amenazas, acoso o agresiones, en los últimos cinco años. De media, el 12,6% de los encuestados afirma que estos incidentes han crecido significativamente y el 32,94% considera que se producen más asiduamente que hace unos años.
Hay áreas de práctica en la que estos hechos son más frecuentes. El informe destaca que los abogados de ámbitos como la inmigración, la defensa penal, los derechos humanos “han sido reiteradamente objeto de ataques: reciben amenazas, sufren agresiones físicas y se enfrentan a la presión de una retórica pública que a menudo socava su papel en la defensa del Estado de derecho” y cita algunos casos de gravedad de los que se ha tenido constancia en Irlanda, el Reino Unido y Suecia.
Con estas estadísticas sobre la mesa, el CCBE ha expresado su apoyo a la propuesta de Convenio Europeo sobre la protección de la profesión de la abogacía. Asimismo, ha hecho un llamamiento a las autoridades de todos los Estados miembros del Consejo de Europa para que apoyen su adopción. La encuesta, cuyos resultados han sido difundidos por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), contó con la participación de 14.559 profesionales de la abogacía europeos, adscritos a 20 consejos de la abogacía de 18 países. De ellos, un total de 2.823 eran abogados y abogadas españoles.
Medidas de amparo
El CCBE alerta también de que estas experiencias pueden afectar a la salud mental, la satisfacción laboral y la conducta profesional de los abogados e insiste en que “la percepción de un aumento de las amenazas en los últimos cinco años, según informan muchos de los encuestados, es un recordatorio más de la importancia de revisar las medidas de protección de la profesión jurídica”, señala el estudio del CCBE.
En este contexto, cobran especial relevancia las medidas de amparo que pueden solicitar los profesionales de la abogacía en sus respectivos colegios. El amparo colegial es un instrumento a disposición de los profesionales que padecen conductas inapropiadas no solo por parte de clientes, sino también desde la judicatura. Sin embargo, es un recurso todavía poco utilizado. Para fomentar su uso, desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se lanzó una campaña de sensibilización a principios de 2024 para dar conocer el derecho al amparo colegial que pueden solicitar los profesionales.
Según datos del Estudio integral sobre la situación de la abogacía madrileña que publicó a principios de año el ICAM, más de siete de cada diez letrados sufrieron algún tipo de maltrato o descortesía en su ejercicio profesional, aunque solo lo denunciaron cuatro de cada diez. Este tipo de actuaciones se ceban con un perfil concreto de profesionales y suele afectar mayoritariamente a las abogadas de entre 36 y 45 años que se han especializado en derecho constitucional, penal o procesal.
El tipo de vulneración más frecuente es el trato desconsiderado tanto verbal como escrito, que ha afectado al 80% de los encuestados. El informe señala que esta práctica se ejerce mayoritariamente por parte de los órganos jurisdiccionales cuando los abogados desempeñan su trabajo como profesional en un bufete, con una media del 75%, mientras que los menos afectados por este tipo de situaciones son abogados de empresa, aunque alcanzan una nada despreciable cifra del 57%.