La Unión Europea es una de las potencias mundiales en aspectos culturales, económicos y geopolíticos. Aún en un período de declive económico en términos relativos con el resto del mundo, sigue siendo un referente normativo. De hecho, los detractores del proyecto de integración europea defienden que, en la actualidad, la UE sólo sabe regular, y no crear. Esta máxima se ha visto patente en los últimos años en el mercado digital. Otras jurisdicciones como China y Estados Unidos han capitalizado la revolución digital. En cambio, Bruselas, sin ser líder de esta revolución digital en lo económico, lo ha sido en lo regulatorio, creando legislación que es referente en todo el mundo. Es el denominado «Efecto Bruselas», que la profesora Anu Bratford define en su obra como «La capacidad unilateral de la UE de regular el mercado global» (1) .
En el plano de la privacidad, se estima que hasta 162 países en el mundo han adoptado legislación similar al Reglamento General de Protección de Datos de la UE (LA LEY 6637/2016) (2) . De esta lista, solamente 15 tienen una decisión de adecuación de la Comisión Europea en vigor bajo el artículo 45 RGPD (LA LEY 6637/2016) (3) . Adicionalmente, 19 estados de los Estados Unidos de América tienen legislación amplia en materia de defensa del derecho a la privacidad de los consumidores, asimilable con ciertos límites al RGPD (4) . Algunos ejemplos relevantes de entre estos 19 estados son el estado de California con su CCPA y el estado de Texas con su Data Privacy and Security Act, adoptadas en 2018 y 2024 respectivamente. Efecto Bruselas en pleno corazón del Mid West norteamericano. El RGPD y resto de elementos legislativos de la UE relativos a la privacidad han sido el germen del Efecto Bruselas en la regulación digital y son su máximo exponente actual.
Este sistema de regulación está contestado actualmente. Existen dudas de que ésta sea la manera más eficaz de regular la economía digital. El efecto Bruselas está perdiendo impulso global. Los detractores de esta forma de entender la regulación digital argumentan que la protección de la privacidad a ultranza que la UE ha desarrollado con el RGPD ha impedido a las empresas tecnológicas europeas desarrollarse a la par de las de otros Terceros estados. Es el famoso adagio inglés «regulation hinders innovation»: la regulación impide la innovación (5) . Se critica y se busca activamente menoscabar el Efecto Bruselas, para que cada vez la legislación europea digital esté más denostada y menos Terceros estados sigan la estela de la UE. Entre estos críticos se ha sumado reciente y sorprendentemente un prominente político europeo, Mario Draghi, en su informe «El futuro de la competitividad europea - Una estrategia de competitividad para Europa», el «Informe Draghi» encargado por la Comisión Europea. Con mayor o menor rigor técnico, hay que reconocer a estos críticos que el peso relativo de la economía de la UE globalmente ha caído. Hace 15 años, el tamaño de la economía europea superaba en un 10% al de EEUU, sin embargo, en 2022 era un 23% inferior. La regulación digital puede tener una correlación.
La regulación de la privacidad a través del Reglamento General de Protección de Datos (LA LEY 6637/2016) no ha estado exenta de problemas. Pero ha sentado las bases de un ecosistema digital más sano, en el que no todo vale y la esfera privada de la vida de los ciudadanos se respete, evitando graves problemas para las identidades y derechos fundamentales. El fallo de esta regulación y alejamiento de los principios de defensa de los derechos fundamentales en la protección de datos personales podría afectar a la eficacia global de otras áreas de legislación digital como el Reglamento de Mercados Digitales, Reglamento de Servicios Digitales, Reglamento de IA, Ley de Datos, la regulación de dispositivos médicos con elementos tecnológicos y evaluación diagnóstica automática, y demás legislación digital impulsada por la UE en los últimos años.
Es necesaria mayor investigación en el plano jurídico y de ciencias sociales para cuantificar efectivamente el Efecto Bruselas y analizar el impacto positivo o negativo que tiene sobre la economía europea. mayores trabajos en este campo ayudarían a orientar la política legislativa digital de la Unión en el futuro, así como la de los Estados miembros como España.
Independientemente de esta dimensión, la Unión Europea debe recuperar terreno en la economía. De lo contrario, no sólo se perderá la influencia global en el orden internacional como un sistema de normas. También se corre el peligro de perder la fuerza necesaria para imponer el cumplimiento de la legislación de privacidad dentro de la propia Unión.
Las propuestas y recetas para mejorar la situación de la privacidad global en el futuro dependen en gran medida de lo que la Unión Europea decida hacer en los próximos meses. La protección del derecho de la privacidad de los ciudadanos europeos ya no depende tanto del contenido de los reglamentos y directivas en la materia. Sino de la capacidad de las instituciones europeas y de los estados miembros de imponer esas decisiones y hacerlas valer sobre empresas y organismos públicos de Terceros estados. Esta influencia va de la mano con el crecimiento económico. Una Unión estancada económicamente, en la que no haya empresas de importancia global en el sector tecnológico y con ciudadanos en dificultades cada vez más acuciantes para llegar a fin de mes no podrá desarrollar mayor regulación efectiva del mercado tecnológico global.
Desgraciadamente, el éxito de la regulación digital y el respeto a la vida privada de los ciudadanos europeos depende de ello en la actualidad. El esfuerzo legislativo en la protección de datos personales en el futuro inmediato debe centrarse en el impulso de tratados internacionales y colaboración con otras jurisdicciones. Todo esto, en aras del correcto ejercicio de las acciones que ya están habilitadas institucionalmente por el RGPD y otros elementos legislativos europeos. Sin descuidar aspectos como el correcto funcionamiento de los mecanismos de recurso administrativo y la acción de los tribunales de justicia. El capital político y legislativo de la Unión que ha impulsado tradicionalmente el Efecto Bruselas puede ser aprovechado para bien en el futuro en estas áreas.