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Una de las primeras medidas adoptadas por el secretario general de Naciones Unidas tras la reciente Cumbre del Futuro del verano pasado (1) , ha sido el anuncio de la creación de un Enviado Especial de las Naciones Unidas para las Generaciones Futuras (2) .

Después de meses de difíciles negociaciones en el período previo a la Cumbre del Futuro, muchos habían dado por sentado que este importante tema había quedado descartado, pero parece que estaban equivocados, pues dicho anuncio se ha realizado en la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo el 7 de octubre del pasado año.

Si bien el concepto de un «Guardián de las Generaciones Futuras» de las Naciones Unidas no es nuevo, ya que tiene sus raíces en el Informe Brundtland de 1987 y en otros instrumentos internacionales desarrollados con posterioridad, la Cumbre ha revivido esta importante iniciativa. Si el nombramiento se produce en 2025, podría apoyar una transición sistémica hacia el reconocimiento de los derechos de las generaciones futuras, liberando a las instituciones nacionales e internacionales de la parálisis de lo que el filósofo social Roman Krznaric ha denominado «la tiranía del ahora»

Las generaciones futuras son aquellas que aún no existen pero que existirán y heredarán la Tierra (3) .

Este anuncio es de gran importancia para dar voz a las personas que todavía no han nacido y es que la protección y defensa de las generaciones futuras es un deber moral de la humanidad del presente para con los seres humanos que vivirán en el planeta Tierra en el futuro. El desarrollo humano debe disociarse de la destrucción de la naturaleza, por ello, los derechos de las generaciones futuras deben interpretarse y aplicarse a la luz de la dependencia de la humanidad respecto de los sistemas y recursos naturales de la Tierra.

El derecho internacional en sus diversas formas reconoce explícita o implícitamente obligaciones y responsabilidades para con las generaciones futuras y tratan de garantizar la equidad intergeneracional.

Los principios generales del derecho, reflejados en muchas leyes, normas, costumbres y valores de Estados y pueblos de todas las regiones del mundo y sistemas de creencias, reconocen obligaciones y responsabilidades para con las generaciones venideras. Las generaciones futuras deberían ser capaces de disfrutar de todos los derechos humanos individuales y colectivos, incluidos, entre otros, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible, el derecho al desarrollo, y el derecho a la paz. La sociedad actual tiene el deber de proteger y conservar el natural y cultural de la Tierra para los seres humanos que habitarán el planeta cuando nosotros ya no estemos.

Por tanto, los Estados tienen la responsabilidad de crear las condiciones propicias para que las generaciones futuras estén representadas y protegidas y, asimismo, tienen la responsabilidad de crear organismos e instituciones para garantizar la protección y defensa de las generaciones venideras. Algunos países, como veremos más adelante, se han adelantado a su tiempo y han apostatado por la creación en sus territorios de organismos específicos de protección de las generaciones futuras, como es el Defensor/a de las Generaciones Futuras.

Los Estados tienen la obligación de garantizar que los derechos humanos de las generaciones futuras se incorporan de manera efectiva a su legislación nacional, o que se reconocen de otro modo en su ordenamiento jurídico nacional. Y desde la sociedad civil se deben impulsar iniciativas para poner voz a los que todavía no han nacido, para que sean tenidos en cuenta como legítimos herederos de nuestro planeta.

La sociedad del presente debe contribuir a que el concepto de justicia intergeneracional impregne las decisiones y el pensamiento colectivo. como estrategia de fomento del bienestar ecológico, económico, cultural y social de las generaciones futuras.

Hasta épocas relativamente recientes toda la idea de ética social a nivel global se caracterizó por estar limitada al entorno inmediato, al aquí y al ahora, dejando de lado, por tanto, toda preocupación moral por sucesos humanos futuros o circunstancias planetarias venideras (4) .

Esto parece estar cambiando en las últimas décadas y la humanidad está empezando a dar un giro, dando muestras de querer direccionar sus necesidades morales como sociedad a horizontes más lejanos donde la justificación del cuidado del planeta se posiciona en necesidades de nuestra especie presentes y futuras.

Se está empezando a ver desde un punto de vista internacional e incluso en algunos Estados, proyectos normativos e institucionales relacionados con la protección de las generaciones venideras, como ya vimos con el anuncio de Naciones Unidas de creación de Enviado Especial para las Generaciones Futuras.

No obstante, todavía hay grandes prejuicios por parte de determinados sectores donde se renuncia a dicha protección en aras de un argumento un tanto forzado, consistente en que las generaciones futuras no ostentan ninguna clase de derechos al no existir en el presente.

Ya en el año 1987 el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas o Informe Brundtland («Nuestro futuro común»), afirma sin rodeos y con gran lucidez que: «actuamos como si pudiéramos salirnos con la nuestra: las generaciones futuras no votan, no tienen poder político ni financiero, no pueden oponerse a nuestras decisiones».

Hace ya casi 40 años, el informe Brundtland presentó el concepto de desarrollo sostenible a la comunidad internacional como una nueva fórmula de igualdad social, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. En el informe se afirmaba que el desarrollo sostenible podría lograrse con un marco normativo integrado que abarcara esos tres pilares para las generaciones presentes y futuras.

En la actualidad y muchos años después de dicho informe, el desarrollo sostenible se mantiene como un concepto socialmente aceptado y se están dando pasos, aunque todavía tímidos, a diferentes escalas que denotan cierto interés, por parte de diferentes regiones del mundo, para empezar a tener en cuenta la posibilidad de instaurar la figura del Defensor/a de las Generaciones Futuras dentro de sus territorios.

Esta figura tiene gran repercusión práctica en la elaboración, seguimiento y ejecución de las políticas ambientales en los países en los que existe e incluso en la propia elaboración de normativa ambiental del Estado con un necesario enfoque intergeneracional.

Veremos a continuación algunos ejemplos de Defensores/as de las Generaciones Futuras en algunos países del mundo y la gran trascendencia de dicha figura en el día a día del país.

El primero de nuestros ejemplos es la Comisión del Futuro del Parlamento de Finlandia, creada en el año 1993.

La Comisión del Futuro finlandesa está encargada de cuestiones relativas al análisis de los factores de desarrollo del futuro del país, centrando sus esfuerzos de prospección en la investigación sobre el porvenir y tiene la obligación de elevar al Parlamento un Informe sobre el Futuro del País en cada período de gobierno.

La Comisión del Futuro del Parlamento finlandés presta especial atención a los temas vinculados con el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, los desafíos globales en la producción de alimentos o las energías renovables (5) y sirve como laboratorio de ideas para el Parlamento, prepara estudios sobre el futuro, proponiendo diferentes alternativas normativas, resaltando los peligros y riesgos en diferentes escenarios utilizando métodos de investigación a largo plazo.

Otro ejemplo es el Comisionado Parlamentario para las Generaciones Futuras de Hungría (6) . Creado en el año 2008 esta institución húngara tenía derecho a presentar propuestas para modificar la redacción de los proyectos de ley sobre la base de los informes realizados sobre el contenido de estos. Igualmente poseía facultades legales de investigación para exigir información a organismos e instituciones con el objetivo de determinar la incidencia y alcance de los proyectos e igualmente podía investigar las denuncias presentadas por los ciudadanos sobre cuestiones medioambientales, poseyendo incluso la autoridad para obtener información y acceder a las propiedades.

Algunos de los principales logros de este Comisionado Parlamentario para las Generaciones Futuras de su país fue la protección del patrimonio genético agrícola de Hungría; la introducción en la legislación forestal de importantes artículos para la salvaguarda del medio ambiente; la protección de multitud de áreas verdes de la presión urbanística; la protección de los ecosistemas del río Danubio o impedir la privatización de los servicios públicos de agua.

En 2012, la oficina del Comisionado Parlamentario para las Generaciones Futuras, junto con la de los demás comisionados parlamentarios, fue sustituida por la Oficina del Comisionado para los Derechos Fundamentales. Dentro de esta estructura institucional se crearon dos comisionados adjuntos, uno de los cuales es la Comisionada Adjunta para Generaciones Futuras. No obstante, los comisionados adjuntos tienen un poder y recursos más limitados, en comparación con la figura anterior.

Esta institución elabora un informe anual sobre los casos de violaciones de los derechos fundamentales en Hungría, en el que se analizan también las políticas y los proyectos de planificación y desarrollo que puedan influir en la calidad de vida de las generaciones futuras del país (7) .

Un tercer ejemplo lo encontramos en el Foro de Futuros de Escocia, que fue creado por el Parlamento para dar a los responsables políticos, las empresas, las universidades y la sociedad escocesa en general, una visión más allá del horizonte inmediato y visualizar los retos y oportunidades a los que el país debe hacer frente en el futuro.

Este foro es un órgano de participación público-privado con vocación de servicio a la sociedad del país para compartir información de prospectiva generada en el planeta (8) . Está supervisado por un Consejo de Administración, presidido por el presidente del Parlamento y trabaja sobre una base no partidista para promover la investigación y estimular el debate sobre los desafíos y oportunidades a largo plazo a los que se enfrenta Escocia, con el objetivo de informar al Parlamento y otras instituciones para permitirles considerar los efectos de las decisiones adoptadas hoy en el largo plazo de Escocia.

Alberga discusiones y seminarios y presenta ideas para involucrar a los parlamentarios de Escocia y desafiar su pensamiento, teniendo su propio blog en internet donde se insertan artículos de actualidad a cerca de los desafíos del futuro (9) .

Por otro lado, la Ley de Desarrollo Sostenible de Malta, aprobada el 10 de julio de 2012 (10) , creó en el país el Guardián de las Generaciones Futuras como institución encargada de cuidar y representar los intereses de las generaciones futuras a nivel nacional.

El Guardián se reúne, por lo menos, una vez cada trimestre y entre sus funciones están:

• a) Promover el desarrollo sostenible a través de la formulación de políticas, la legislación y las prácticas nacionales.
• b) Desarrollar una red de investigación científica que pueda contribuir positivamente a la sostenibilidad de la sociedad.
• c) Elaborar auditorías de diversos sectores que se consideran que contribuyen al desarrollo sostenible.
• d) Proponer metas y acciones a las entidades gubernamentales para que éstas puedan participar, a fin de contribuir al logro del objetivo del desarrollo sostenible.
• e) Implantar los conceptos de desarrollo sostenible dentro del sector privado.
• f) Fomentar la participación de las organizaciones no gubernamentales en la promoción y desarrollo del desarrollo sostenible.
• g) Examinar las solicitudes de los ciudadanos sobre cuestiones de política que puedan contribuir positivamente al desarrollo sostenible.
• h) Solicitar a cualquier entidad gubernamental que proporcione o recopile datos y/o información sobre cualquier tema que pueda influir en el desarrollo sostenible.
• i) Fomentar los principios y las acciones de desarrollo sostenible en toda la sociedad maltesa.
• j) Dirigir la atención de las autoridades para salvaguardar a las generaciones futuras.

Por su parte, otro de los ejemplos es la Comisión sobre el futuro de Suecia. Este organismo del Gobierno fue creado en 2011 y está formado por el Primer Ministro, que es el Presidente de la Comisión, algunos ministros del Gobierno y figuras públicas de reconocido prestigio en diferentes campos.

Los objetivos de la Comisión están fechados en los desafíos que el país deberá enfrentar entre 2020 y 2050. Con la mirada en ese horizonte temporal, la Comisión analiza los retos políticos a largo plazo y proporciona una base de investigación para los procesos de toma de decisiones que afectan al futuro de Suecia (11) .

Y como último ejemplo, traemos a colación la que es para mí la institución que debe servir de ejemplo internacional en protección y defensa de las generaciones futuras: el Comisionado para el Futuro Sostenible de Gales.

La Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras de Gales del año 2015 (12) , donde se crea y desarrolla esta figura, requiere que los organismos públicos de Gales piensen en el impacto a largo plazo de sus decisiones, trabajen mejor con las personas y las comunidades y eviten problemas persistentes como la pobreza, las desigualdades en salud y el cambio climático.

Dicha Ley ha supuesto una verdadera revolución y planteó un nuevo desafío al status quo estableciendo como deber legal para los organismos públicos del país lograr siete objetivos de bienestar sostenibles e interconectados para las generaciones presentes y futuras.

El Comisionado para el Futuro Sostenible de Gales es nombrado por los ministros de Gales por un período de siete años, una vez deben consultada la Asamblea Nacional a través de su comité responsable. Es un organismo independiente cuyo papel es asesorar al Gobierno de la nación sobre políticas de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, y para servir de representación de los intereses de las generaciones futuras (13) .

El objetivo principal del Comisionado es promover el principio del desarrollo sostenible, actuando como guardián de la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades, y alentando a los organismos públicos a tener más en cuenta el impacto a largo plazo de sus decisiones.

Dentro de sus competencias están:

• — Proporcionar asesoramiento o asistencia a organismos públicos (lo que incluye proporcionar asesoramiento sobre el cambio climático). También puede proporcionar asesoramiento o asistencia a los ministros galeses y hacerles recomendaciones sobre las metas de bienestar o los indicadores nacionales.
• — Asesorar al Auditor General de Gales sobre principios del desarrollo sostenible.
• — Proporcionar asesoramiento o asistencia a cualquier otra persona que el Comisionado considere estar tomando (o desee tomar) medidas que puedan contribuir al logro de los objetivos de bienestar futuros.
• — Fomentar las mejores prácticas entre los organismos públicos en la adopción de medidas para alcanzar sus objetivos de bienestar futuros, de conformidad con el principio de desarrollo sostenible.
• — Promover la sensibilización de los organismos públicos respecto de la necesidad de adoptar medidas para alcanzar sus objetivos de bienestar futuros, de conformidad con el principio de desarrollo sostenible.
• — Alentar a los organismos públicos a que colaboren entre sí y con otras personas si ello les permite asumir sus objetivos de bienestar futuros.

El Comisionado también puede hacer recomendaciones a organismos públicos sobre las medidas que el organismo ha adoptado, o propone adoptar, para alcanzar los objetivos de bienestar futuros marcados.

El Comisionado debe publicar informes (incluyendo cualquier recomendación hecha) y enviar una copia de la misma a los ministros galeses y establece coaliciones y alianzas de colaboración voluntarias y promueve el desarrollo sostenible dentro de la sociedad civil y del Gobierno de Gales.

Un ejemplo práctico de la importancia del papel del Comisionado en Gales fue su participación en la cancelación por parte del Gobierno galés de los planes de invertir toda la capacidad de endeudamiento del país (más de 1.400 millones de libras) en la construcción de un tramo de autopista de 21 kilómetros. La carretera, atravesaría humedales ambientalmente sensibles y, sin embargo, a raíz de la intervención del Comisionado, se obligó a los políticos a tomar la decisión de reconducir el proyecto en favor de las comunidades y el medio ambiente.

Este cambio de sentido fue la primera vez que se utilizó la Ley para dar marcha atrás en favor de una nueva forma de hacer las cosas y el papel del Comisionado (en ese momento su titular era Sophie Howe) fue crucial en este giro de los acontecimientos. Tras la decisión, Gales elaboró una estrategia de transporte público y se han invertido cifras récord en viajes activos y de transporte público.

El Comisionado para el Futuro de Gales tiene también una importante labor de cohesión social de cara a hacer del territorio un lugar mejor para vivir. Ejemplo de ello es la coordinación para la creación de juntas de servicios públicos para cada autoridad local de Gales que tiene la obligación de publicar un «plan de bienestar» local y explicar cómo esto conducirá a la consecución de los objetivos establecidos en la ley. Se mencionan varios ejemplos locales en el informe del Comisionados, como por ejemplo un proyecto entre varias organizaciones para prevenir incendios forestales en los valles del sur de Gales.

Todos estos ejemplos de instituciones de protección y defensa de las generaciones futuras que hemos visto están bajo el marco de normativa específica que tiene en cuenta los derechos de las personas que habitarán el planeta en el futuro. Por tanto, es necesario que se inicie a escala global la creación de leyes de protección y defensa de las generaciones futuras, se creen instituciones como el Defensor/a de las Generaciones Futuras y además se emprenda y promueva toda una corriente doctrinal y legal que implique dotar de personalidad jurídica a las generaciones que habitarán el planeta en el futuro para la defensa de sus legítimos derechos que son los nuestros.

El Defensor/a de las Generaciones Futuras debería ser una herramienta de la sociedad presente implantada en los territorios, regiones y localidades para la sociedad del futuro. Solo depende de nuestra voluntad para que así sea. Por todo el bien que puede hacer esta figura y que hemos visto con ejemplos prácticos, sería insensato que dejáramos pasar como generación del presente esta oportunidad. Si no hacemos nada, puede que en dos o tres generaciones ya sea tarde.

Debemos reconocer como especie que la generación actual es la guardiana de los recursos naturales del planeta para que las personas que vivan en la Tierra en el futuro puedan desarrollar su vida en equilibrio.

La protección y defensa de las generaciones futuras es un compromiso ético de la humanidad del presente para con las generaciones venideras.

Las generaciones futuras pueden y deben ser perfectamente titulares de derechos y las generaciones presentes titulares de obligaciones frente a ellas.

En necesario y crucial para una defensa real y práctica de los legítimos intereses de las generaciones venideras un cambio de paradigma de la concepción legal del derecho humano al futuro y dotar a las generaciones que habitarán en el planeta en el futuro no sólo de derechos sino también de instituciones y normativa específica para defenderlos y hacerlos valer.

Los derechos siempre han sido construcciones del ser humano que han evolucionado históricamente y ampliado su titularidad y hoy en día se reconocen ampliamente derechos de sujetos que solo existen de iure, por consiguiente, las generaciones futuras pueden ser perfectamente sujeto de derechos con personalidad jurídica, al igual que otras ficciones jurídicas y pueden y deben existir figuras como el Defensor/a de las Generaciones Futuras que los hagan valer en la sociedad del presente.

Las generaciones presentes tienen el deber moral y legal de reconocer a las generaciones futuras el derecho a existir y a que sus intereses puedan ser defendidos de acciones u omisiones que puedan afectar negativamente el desarrollo armónico de su existencia en el planeta.

Y una de las formas más efectiva de hacerlo es potenciar la creación de normativa específica de protección y defensa de las generaciones venideras e impulsar la creación de la figura del Defensor/a de las Generaciones Futuras, que ya es una realidad en algunos países del mundo.

El pasado diciembre de 2024, la Corte Internacional de Justicia dio la bienvenida a un número récord de Estados para presentar sus declaraciones en una opinión consultiva en un caso histórico que determinará, bajo mi punto de vista, las obligaciones de los Estados hacia las generaciones futuras en relación con el cambio climático.

Esta opinión consultiva fue solicitada mediante la Resolución A/RES/77/276, adoptada el 29 de marzo de 2023 de Naciones Unidas (14) y las preguntas planteadas a la Corte van más allá de examinar los deberes de los Estados de abordar el cambio climático ya que se extienden directa y explícitamente a los derechos de las generaciones venideras que se verán afectadas por las consecuencias de nuestras acciones o inacciones actuales.

Este caso desafía a la Corte a incluir consideraciones para las generaciones que aún no han nacido en su decisión. La opinión resultante podría reformular profundamente la forma en que los Estados abordan la formulación de políticas al reconocer las consecuencias de largo alcance de las decisiones de hoy sobre quienes heredarán el mundo mañana y consolidar la base jurídica que rige sus derechos.

Ojalá así sea y podamos ver a corto plazo un verdadero cambio de paradigma en la construcción del derecho ambiental contemporáneo donde se ponga el foco en la creación de normas específicas de protección y defensa de las generaciones futuras y se cree a escala global la figura del Defensor/a de las Generaciones Futuras.