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En 2024, entraron en el mercado de la UE alrededor de 4.600 millones de envíos de bajo valor (de 150 euros o menos) : 12 millones de paquetes diarios, el doble que el año anterior. Muchos de estos productos no cumplían la legislación de la UE, lo que suscitó preocupación por la posibilidad de que entraran en la UE productos nocivos, la competencia desleal para los vendedores de la UE que cumplen las normas y el impacto medioambiental de los envíos masivos.

La Comisión ha propuesto las siguientes herramientas para un comercio electrónico seguro y sostenible :

• • Reforma aduanera: se insta a la rápida adopción de la reforma de la unión aduanera y se propone eliminar la exención de derechos para los paquetes de bajo valor, a fin de permitir la rápida implementación de nuevas normas para nivelar el campo de juego

• • Medidas de refuerzo para las mercancías importadas : puesta en marcha de controles coordinados entre las autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado y acciones coordinadas en materia de seguridad de los productos

• • Protección de los consumidores en los mercados en línea: aplicación de la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, el Reglamento General de Seguridad de los Productos y el Reglamento de Cooperación en materia de Protección del Consumidor

• • Uso de herramientas digitales : supervisión del panorama del comercio electrónico a través del Pasaporte Digital de Productos y nuevas herramientas de IA

• • Mejora de las medidas medioambientales : adopción de un plan de acción sobre el Reglamento de diseño ecológico para productos sostenibles y apoyo a las modificaciones de la Directiva marco sobre residuos

• • Sensibilización : informar a los consumidores y comerciantes sobre sus derechos y riesgos

• • Fomentar la cooperación y el comercio internacionales : formación de socios no pertenecientes a la UE sobre la seguridad de los productos de la UE y lucha contra el dumping y las subvenciones

La Comisión hace un llamamiento a los países de la UE, a los colegisladores y a las partes interesadas para que colaboren y apliquen estas medidas. En el plazo de un año, la Comisión evaluará la eficacia de estas acciones y podrá proponer medidas adicionales en caso necesario.