Por Patricia Giménez.- España cuenta con un número significativamente menor de jueces —aproximadamente la mitad— en comparación con el promedio europeo por cada 100.000 habitantes. Esta realidad se explica, según el informe del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, por las tareas judiciales y cuasi judiciales que llevan a cabo los letrados. Dicha calificación del trabajo de estos profesionales es la que hace CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice). Por tanto, «no lo decimos nosotros», señala Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Paralelamente a esta situación, la investigación subraya que, mientras en la carrera judicial la plantilla está totalmente cubierta de profesionales, en este colectivo existe un porcentaje muy relevante de sustitutos. Concretamente el 14,37%, un índice que se torna mucho mayor en determinadas comunidades autónomas. «Estos sustitutos son gestores o licenciados en Derecho que han accedido al puesto mediante una bolsa de trabajo (interinidad). En total, entre 600 y 700 juzgados de España no tienen letrados profesionales», indica Ernesto Casado.
Los LAJ exigen reconocimiento y modernización
Según se puede leer en el informe, «es necesario que, de una vez por todas, el Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, reconozca la naturaleza de nuestras funciones y estatuto en todas las instancias, incluso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, evitando interpretaciones intencionadamente confusas y que no reconocen la calidad de órgano jurisdiccional al letrado de la Administración de Justicia».
En esa línea, este cuerpo superior jurídico también demanda la puesta en valor de su papel en la cooperación jurídica internacional, así como que se potencie su intervención en el procedimiento penal y en la asistencia a las víctimas, especialmente de violencia de género. E insisten en la necesidad de actualizar el Real Decreto de puestos tipo.
Asimismo, en la esfera operativa, reivindican la plena implantación del expediente judicial electrónico y la interoperabilidad de todas las aplicaciones usadas en la Administración de Justicia. En palabras del presidente del Colegio, «el Ministerio ha abandonado este objetivo, pero es urgente que las aplicaciones puedan utilizarse de forma coordinada y sean compatibles entre sí. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial; los juzgados están en un organigrama social en el que la IA es una ola imparable y es urgente reaccionar».
Posible desertización por jubilaciones y falta de plazas
Los autores de este estudio también solicitan firmemente que, en los próximos años, se convoquen anualmente oposiciones para más de 300 plazas cada una. «De otro modo, existirá un peligro real de desertización de la profesión. Pensemos que, de los 4.465 letrados actuales, más de mil podrían jubilarse, de manera que resulta imprescindible que se convoquen oposiciones más frecuentemente (y con más plazas). De hecho, aún estamos esperando las de 2024, mientras en la fiscalía ocurre todo lo contrario», manifiesta Casado.
En el mismo contexto, los LAJ inciden en que es vital que se apruebe y publique el Real Decreto de sustituciones, para que prime la sustitución entre titulares por encima del llamamiento de sustitutos. Como afirma Ernesto Casado, «pedimos que se regule el salario de los letrados profesionales, ya que podemos ejercer en un juzgado que no sea el nuestro, lo que supondría reducir las sustituciones que ahora recaen en los interinos. Además, este real decreto conllevaría un ahorro para las arcas públicas».
A las peticiones de esta índole se suma, entre otras, la de elaborar planes plurianuales sobre las necesidades de la plantilla del Cuerpo. Y que estos tengan el debido seguimiento.
Evitar una justicia de peor calidad, objetivo del informe
En la edición «El Letrado de la Administración de Justicia en cifras (2024)» se recuerda también que «invertir en justicia, en los profesionales que la integran, en su formación y en las herramientas a su disposición es un inmejorable uso de los recursos públicos». A este respecto, este colectivo propone concluir la implantación de la Oficina Judicial, aprovechando la organización de los tribunales de instancia, así como la creación definitiva de los Servicios Comunes de Ejecución —cuya puesta en marcha ya ha supuesto un incremento medio del 55% en el número de ejecuciones resueltas—.
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia insiste en que «no hay que olvidar que tenemos importantes funciones procesales y resolutivas. Y hay que destacar que el peso de las tareas que son nuestra responsabilidad en los asuntos civiles va en aumento». En la jurisdicción civil, el documento presentado el pasado 20 de febrero recalca el papel de estos funcionarios en la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones, en la práctica de diligencias de embargo y en la tramitación de la venta de bienes embargados. Todo ello dentro sus respectivos procesos de ejecución.
El acentuado aumento de la carga de trabajo asumida por estos letrados no redunda, sin embargo, en un trabajo peor realizado, sino que «las competencias encomendadas a los letrados de la Administración de Justicia se están ejerciendo con mayor calidad, como consecuencia del natural proceso de especialización. Y la sobrecarga es directamente proporcional a la disminución de la carga de trabajo que se ha conseguido para jueces y magistrados», reza el informe.
Los datos estadísticos corroboran ese último aspecto: en todas las jurisdicciones se resuelven aproximadamente los mismos asuntos por decreto de un letrado de la Administración de Justicia que por sentencia. El porcentaje de decretos respecto al total de resoluciones finales dictadas en todas las jurisdicciones es del 22,24%, siendo en sentencias de un 24,43%, y del 53’33% en autos.