La investigación ha demostrado que, entre febrero de 2019 y junio de 2024, los sospechosos, entre los que se encuentra un alcalde, presentaron solicitudes de participación en tres proyectos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en nombre de dos empresas. Supuestamente, falsificaron documentos relativos a los datos de los beneficiarios de los proyectos y de los empleados de las empresas para demostrar su elegibilidad para presentar solicitudes.
Dos sospechosos, el alcalde y el contable, se encontraban en prisión preventiva desde noviembre de 2024 y el fiscal delegado europeo encargado de la investigación propondrá al juez mantener su estado de arresto durante el juicio. Otras seis personas, entre ellas un abogado y dos funcionarios públicos, fueron objeto de medidas preventivas.
Los dos funcionarios públicos están acusados de falsificar sus informes de control y de ayudar así al alcalde y a sus cómplices a obtener de forma ilícita fondos de la UE. Uno de ellos también está acusado de recibir sobornos en dos ocasiones.
El abogado está acusado de ayudar al alcalde y a sus cómplices a quedarse ilegalmente con la financiación de la UE y de favorecer a otros acusados influyendo en los testigos. Un décimo sospechoso confesó hechos similares y aceptó una pena de tres años de prisión en régimen de libertad vigilada, como parte de un acuerdo de culpabilidad.
La Fiscalía Europea confiscó edificios, terrenos y dinero pertenecientes a los sospechosos y propondrá al juez mantener las incautaciones para permitir la recuperación de los daños.
Si son declarados culpables, los sospechosos se enfrentan a penas de entre tres y diez años y medio de prisión.
Todas las personas implicadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales rumanos competentes.
La Fiscalía Europea es la Fiscalía independiente de la Unión Europea. Su función es investigar, perseguir y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.