Vivimos en un mundo digital marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías que evolucionan de manera continua y que constantemente plantean nuevos retos en diversos campos, pero también para las personas y sus derechos. En este entorno, se requiere de un marco legal sólido que garantice el respeto a las libertades, a la igualdad y a la privacidad. Ahí encontramos el origen de los que conocemos como derechos digitales, que en el fondo no hacen más que extender y ampliar los derechos tradicionales con los que ya contamos en el mundo analógico a este nuevo escenario. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas sigan siendo la prioridad en las innovaciones tecnológicas, que deben seguir siendo herramientas al servicio de las personas y del avance de la humanidad en su conjunto.
La visión europea de los derechos digitales, como en muchos otros campos, está marcada por tener un claro enfoque hacia el ser humano y su protección. Europa se ha dotado desde enero de 2023 de la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, que acordaron el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. El documento, que se basa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007) (UE), pone el acento en un desarrollo tecnológico en el que las personas estén en el centro de la era digital, por lo que fija reglas comunes para ofrecer salvaguardas a la libertad, la seguridad y la privacidad. Destaca también la necesidad de compatibilizar los derechos tradicionales con los retos que plantea la digitalización. Los principios en los que se basa son los siguientes:
1. Situar a las personas en el centro. La tecnología debe proteger los derechos de la ciudadanía, apoyar la democracia y garantizar la seguridad y responsabilidad en las actuaciones de todos los agentes digitales.
2. Garantizar la solidaridad y la inclusión. La tecnología debe unir a las personas en lugar de profundizar divisiones. Todo el mundo debe tener acceso a Internet, a las capacidades digitales, a los servicios públicos digitales y a unas condiciones de trabajo justas.
3. Libertad de elección. Las personas usuarias de tecnologías deben disfrutar de un entorno en línea que sea justo, libre de contenidos ilícitos y nocivos. Además, las innovaciones deben servir para empoderar a la ciudadanía en su interacción con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.
4. Promover la participación. La ciudadanía europea debe poder participar activamente en el proceso democrático en todos los niveles y tener el control de sus propios datos.
5. Seguridad y protección. El entorno digital debe ser seguro y protegido. Todos los usuarios, desde la infancia hasta la vejez, deben ser empoderados y protegidos.
6. Sostenibilidad. Los dispositivos digitales deben apoyar la sostenibilidad y la transición ecológica. La ciudadanía debe poder conocer el impacto ambiental y el consumo de energía de sus dispositivos para poder apoyar la transición ecológica.
La Declaración crea un marco de referencia para la Unión Europea y sus relaciones internacionales, además de ser una guía para los responsables políticos y las empresas que desarrollan tecnologías digitales para que no pierdan de vista la perspectiva humanista. A ello se suman otras iniciativas en el entorno europeo, como la de la Comisión Europea, que publica un informe anual de seguimiento, junto con el que elabora sobre el estado de la Década Digital.
La Carta de Derechos Digitales en España
Y España también se han dado algunos avances destacables. Desde julio de 2021, la Carta de Derechos Digitales (LA LEY 16317/2021) da cuenta de las garantías con las que cuenta la ciudadanía y las empresas en este entorno, aclarando la interpretación de los principios que protegen a las personas y ofreciendo garantías y la disponibilidad de los recursos para que las personas se desarrollen plenamente en un mundo digital. Se trata de una hoja de ruta para la acción de los poderes públicos, y pretende servir de guía para futuros proyectos legislativos en áreas como:
• Derechos de libertad
• Derechos de igualdad
• Derechos de participación y de conformación del espacio público
• Derechos del entorno laboral y empresarial
• Derechos digitales en entornos específicos
• Garantías y eficacia
Por otra parte, hace pocas semanas se dio a conocer la creación del Observatorio de Derechos Digitales, que forma parte del programa que lleva este mismo nombre y cuyo objetivo es asegurar que los derechos de la ciudadanía estén protegidos en el entorno digital. También contribuye a la difusión de los avances, ventajas y retos que surgen en esta materia y a promover e incentivar las buenas prácticas.
El Programa Derechos Digitales es una iniciativa en la que participa el sector público y el privado y en él se integra el Observatorio, que está compuesto por personas expertas en este campo, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales del sector tecnológico y jurídico. En total, integra a más de 150 entidades (49 firmantes de diversos convenios en el marco del programa) y más de 360 expertos, tal como se informó a los medios de comunicación. Además, está dotado con un presupuesto de 10,83 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (LA LEY 9394/2021) financiado Fondos Next Generation EU.
Su propósito es fomentar un equilibrio entre la innovación tecnológica que marcará el desarrollo de áreas estratégicas tanto para la economía española como europea y la protección de los ciudadanos. Entre las actuaciones que impulsará el Observatorio, están los programas de sensibilización, con el foco en la protección de derechos de menores y grupos vulnerables, las garantías en el acceso igualitario para personas con bajas competencias en digitalización, el cierre de brechas digitales y la salvaguarda de la privacidad y la seguridad en línea, o la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.