El Consejo de ministros ha acordado autorizar la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a la financiación en 2025 del Programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales, por importe de 198.704.000 euros. Esta inversión se va a destinar, además de a reforzar los servicios sociales, a financiar programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil.
Estas actuaciones deben orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.
Con este objetivo, en esta partida se han incluido 65 millones de euros destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza, con ese objetivo fijado por el ministro de combatir las situaciones de vulnerabilidad en estos hogares.
Así mismo, se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa. También para financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como ayudas para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar, entre otras.
Otro de los objetivos de esta inversión del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo es el de facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y con el apoyo a necesidades puntuales de atención que requieran los niños, niñas y adolescentes de estas familias. Un ejemplo es el Programa VECA, que les permite participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares.
Además, se financiarán programas para que estos niños, niñas y adolescentes accedan a una alimentación equilibrada, saludable y nutritiva también en los periodos donde no se asiste a los comedores escolares.
De igual forma, dentro del paquete de ayudas se reservan 25 millones de euros para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, una iniciativa que se enmarca en la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021 (LA LEY 12702/2021), de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI (LA LEY 12702/2021)).
Por otro lado, en esta inversión destacan los más de 100 millones de euros (108,7 millones de €) que se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como otros ámbitos de los servicios sociales como la prevención de la exclusión social de las familias con menos recursos y la inserción de aquellas que lo necesitan.
La propuesta de reparto de esta inversión ya ha sido informada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y será aprobada definitivamente por este mismo Consejo próximamente, después de haber conseguido el primer visto bueno.