En concreto, el texto ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra. En total, ha obtenido 251 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones.
El objetivo de la ley es eliminar el despido automático en casos de incapacidad permanente y condicionar la decisión empresarial del despido a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.
De este modo, la empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva. Asimismo, se plantea una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.
Entre las modificaciones incorporadas a su paso por el Congreso, se incorporó una enmienda que encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad.
Según la ley, las empresas pueden ahorrarse la adaptación del puesto de trabajo si ello le supone una "carga excesiva". Sin embargo, se ha incorporado una enmienda de Podemos para precisar que si el coste de esa adaptación no supera la indemnización que habría que pagar por despedir al trabajador, o el pago de seis meses del salario, la empresa no podrá alegar esa "carga excesiva".
Tras la aprobación del texto en la Comisión del Congreso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) explicó que era una "discriminación histórica que aún subsistía" en el ordenamiento jurídico-laboral.
"El CERMI agradece al Gobierno, a través del ministerio que dirige Yolanda Díaz, y a los grupos políticos, respectivamente, el impulso y el extenso respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada", señaló entonces.