Europa se rearma. El mapa geopolítico burbujea entre exabruptos de grandes líderes, guerras comerciales y la sombra rusa llamando a las puertas de la Unión Europea. En medio del estruendo, el Gobierno, al compás de la batuta de la OTAN, ha anunciado una movilización de dinero público sin precedentes. El gasto militar ocupará el 2% del PIB. Es un récord en democracia, antes era un 1,24 %. La Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, ha reconocido que el plan de rearme español plantea un reto «presupuestario y jurídico» insólito, lo que dará paso a «un panorama muy exigente en el ámbito de la contratación».
De los 10.471 millones extras que el Gobierno anunció en gasto militar, Valcarce aseguró que la mayoría irían destinadas «a empresas españolas». Lo que exigirá «contratación y transparencia», y horas de trabajo de los servicios jurídicos.
¿Cómo serán estos contratos? ¿Cómo se engranará la relación entre Estado y las empresas privadas? ¿Cómo funcionarán los encargos y cómo se cumplirán los criterios de transparencia, para justificar cada euro de dinero público gastado? Estas cuestiones fueron planteadas en la presentación de la segunda edición del libro «Régimen jurídico de la industria al servicio de la Defensa», que tuvo lugar el pasado jueves en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
En la presentación de la obra, publicada por Aranzadi LA LEY, en un momento más que idóneo, se dieron cita representantes de las principales empresas y asociaciones armamentísticas del país. Abogados, juristas, profesores expertos en Derecho Administrativo y promotores. Todos, reunidos en un cónclave insólito, analizaron desde una perspectiva legal la apuesta del Gobierno, anunciada este domingo, de reimpulsar la industria armamentística frente a un contexto internacional incierto.
La cuestión, enfatizaron los expertos, es cómo gestionar el caudal de dinero público que viene, y encauzarlo en cauces de contratación sólidos, ágiles y transparentes. La Secretaria de Estado puso en valor que, en esta coyuntura, la obra de Aranzadi LA LEY desgrana y ahonda el papel de figuras complejas tales como los consorcios, que, según anticipó, adquirirán un papel esencial.
«Los consorcios son uno de los aspectos imprescindibles para que seamos capaces de cumplir los objetivos», señaló Valcarce, quien apostilló que «necesitamos músculo tecnológico, pero también financiero». En el complejo engranaje contractual y de licitaciones que viene, el Gobierno pondrá la lupa en la transparencia. «Es crucial para asegurar la confianza pública y la industria de defensa», remarcó el alto cargo público.
Periodo de inquietud
El grifo de dinero se ha abierto. Los promotores se muestran inquietos, y a la par no pueden evitar esconder su entusiasmo. «Entramos en un periodo expansivo en términos de recursos económicos», reconoció el general de división Pablo Guillén García, Director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS). Trabajos como el presentado son imprescindibles, aseguró Guillén, pues marcan el camino jurídico para abordar un contexto prometedor en un sector que genera «miles de puesto de trabajo». «Son tiempos donde la seguridad y la defensa adquieren nuevas dimensiones marcados por amenazas incipientes, avances tecnológicos y escenarios geopolíticos cada vez más complejos», expuso en el encuentro.
Los promotores del sector armamentístico creen sincera la apuesta del Gobierno por la industria de defensa. «Nos encontramos en una posición que nunca antes habíamos tenido», reconoció Ricardo Martí Fluxá, presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE). En su opinión, la estrategia no es coyuntural, ni responde «a la guerra de Ucrania o las exigencias de la OTAN», o a las «declaraciones no siempre afortunadas del presidente de Trump», dejó claro Martí Fluxá. «El Gobierno apostó por nuestro sector mucho antes de esto. España ahora debe plantearse qué papel quiere jugar en materia de inteligencia de defensa», si quiere «depender de terceros países», o bien «consolidar una autonomía estratégica».
Con estos mimbres toca ejecutar. La financiación está. Ahora, falta reforzar la arquitectura legal. Un terreno de arenas movedizas. «La vida del contrato administrativo se está convirtiendo en un infierno para quien tiene que ejecutar y externalizar», reconoció Alberto Palomar Olmeda, socio de Derecho Público de Broseta, profesor y uno de los directores de la obra. El experto definió de «espectacular» la transformación que en estos momentos vive el mundo de la defensa. Los juristas, vigilantes, deben permanecer atentos. «Hay que tener el dinero, pero luego saber gastarlo», dijo Palomar, y a veces «es más difícil lo segundo», apostilló. «El gran reto es la eficacia y cumplir con los plazos de la normativa estatutaria», subrayó el autor.
Una de las aristas legales que «preocupa muchísimo a las empresas», expuso, por su parte, Ángel de Álvaro Motero, abogado del área jurídica de Indra, y director de la obra junto a Alberto Palomar, es el melón del «riesgo imprevisible», es decir, aquellas circunstancias que pueden alterar de forma inesperada el equilibrio de un contrato, haciéndolo imposible de cumplir para una de las partes que se comprometió. El autor también habló de la cuestión de la revisión de los precios y puso el ejemplo de contratos que tardan un año y medio en cerrarse. Casos donde «revisar el objeto del contrato» se vuelve un avispero, sencillamente porque los precios ya no son competitivos.
En el acto también intervino Cristina Retana, directora de Contenidos e Innovación de Aranzadi LA LEY, quien reconoció el papel de una obra como Régimen jurídico de la industria al servicio de la Defensa en un momento tan sensible. «La industria de defensa está en primera línea de actualidad», y en este escenario, es necesario entender los complejos detalles legales y estratégicos del sector. «La parte de contratación tiene un peso muy relevante en la obra», explicó, además del «régimen jurídico de las exportaciones y de las inversiones extranjeras»; o «la prevención de riesgos laborales en la industria». Adentrarse en estos temas es clave para desmigar y comprender el nuevo panorama de rearme mundial.
Una obra integral sobre la industria al servicio de la Defensa
Dirigida por Alberto Palomar Olmeda, profesor titular (Acred) de Derecho Administrativo, magistrado de lo contencioso-administrativo EV, abogado, socio de Broseta y Ángel de Álvaro Montero, doctor en Derecho, abogado, ex-vicepresidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, TEDAE y vocal de su junta directiva y coordinada por Rafael Moreno Izquierdo, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de Periodismo y Comunicación Global de la Universidad Complutense, la obra, «Régimen jurídico de la industria al servicio de la Defensa», en la que han participado una veintena de autores, analiza la defensa y la industria de defensa desde una perspectiva integral. Explora su impacto en España, el papel de la UE y su regulación, incluyendo el estudio de la contratación pública, los consorcios, las exportaciones y las inversiones extranjeras.
Aborda problemáticas vinculadas a su actividad, como la corrupción en contratos y la normativa de competencia. El libro es una referencia clave para entender el complejo ecosistema de la defensa desde lo estratégico, regulatorio y la contratación.
En ella podrás encontrar, entre otros temas:
— Impacto de la normativa europea en la industria de defensa.
— Estudio de la contratación pública, los consorcios, las exportaciones.
— Retos regulatorios y de transparencia en la contratación pública.
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