Las asesorías jurídicas de empresas no se aburren. La realidad empresarial es dinámica porque cada vez está más vinculada a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que abren nuevas oportunidades de negocio pero también pueden suponer un nuevo foco de riesgos legales que hay que tener bajo control. En este contexto, el rol de los directores legales de las compañías ha ido ganando protagonismo y peso específico en las organizaciones. Los posibles errores que pueden surgir por las conocidas como alucinaciones de la IA, el reto de la ciberseguridad y el respeto a la propiedad intelectual son algunas de las preocupaciones que tienen que afrontar los abogados de empresa en el ámbito corporativo.
La manera como las organizaciones afrontan la integración de los sistemas de IA generativa preocupa a los directores legales. Y es que casi 9 de cada 10 (el 85%) general counsels admite que sus compañías están poco o nada preparadas para gestionar los riesgos asociados a la misma, incluidos errores en los resultados, problemas de ciberseguridad y protección de la propiedad intelectual.
Es por ello que más de un tercio (el 35%) sigue con atención la reciente Ley de IA de la Unión Europea (UE) y los desarrollos normativos asociados que se están concretando poco a poco sobre esta tecnología.
Son datos que se extraen del informe “The General Counsel Report”, publicado recientemente por FTI Consulting y elaborado a partir de una serie de entrevistas a directores jurídicos de grandes corporaciones y de los resultados de una encuesta a más de 200 responsables legales en una docena de países.
Litigios, investigaciones y cumplimiento normativo
El cumplimiento normativo sigue siendo una prioridad clave, con el 44% de los directores legales realizando una supervisión atenta a las regulaciones sobre privacidad. Así, la protección de los datos personales sigue considerándose uno de los principales riesgos en general, con un 61% de los encuestados que los identifican como un asunto que acapara la mayor parte del tiempo de trabajo de sus asesorías jurídicas internas.
Pero hay más preocupaciones entre los asesores legales de las empresas. Más de la mitad (el 51%) de quienes han participado en el estudio considera el incremento de litigios y de investigaciones como uno de los cinco principales riesgos para sus departamentos jurídicos, mientras que el 41% señala el cumplimiento normativo como su principal preocupación, 11 puntos más que en 2024.
La recopilación y gestión de un creciente volumen de datos y su complejidad es otro elemento que centra el trabajo legal en el ámbito corporativo. Y es que el 88% de los responsables legales de las compañías está atendo ante los potenciales riesgos que vienen de las nuevas fuentes de datos, como aplicaciones colaborativas y plataformas cloud. Y es que casi 7 de cada 10 (65%) expresa su inquietud por la falta de preparación de las empresas ante este desafío. A ello se suma que el 47% enfrenta nuevos retos en cumplimiento normativo, litigios, protección de datos y gobernanza debido a la evolución de las fuentes de información digital.
Las investigaciones internas son otro foco de interés, ya que se han constituido como una fuente relevante de generación de litigios, con más de un tercio de los encuestados identificándolas como el principal desencadenante de disputas legales. Una cuarta parte de los responsables legales considera que las denuncias internas son cruciales en el incremento de la litigiosidad, de ahí que tres de cada cuatro general counsels reconozca que ahora busca más apoyo externo en despachos de abogados, superando con creces los datos del informe anterior: el 75% actual frente al 63% registrado entonces.
Protectores del negocio con recursos limitados
La conclusión parece evidente: la mayoría de los encuestados afirma que la función jurídica está cada vez más integrada en la estrategia empresarial, pero que debe gestionar una carga de trabajo creciente con recursos limitados.
El incremento de las exigencias corporativas y la intensa actividad regulatoria también sitúa a los directores legales como una figura clave en la gestión de riesgos a un ritmo sin precedentes. Con la creciente complejidad de los negocios globales, el informe destaca que los directores jurídicos están cada vez más involucrados en decisiones estratégicas, incluyendo la expansión internacional, la gestión de fusiones y adquisiciones y la mitigación de riesgos reputacionales.
Se trata de un rol que se posiciona más como un protector del negocio, según palabras de Javier García Chappell, responsable de Digital Forensics de FTI Consulting en España, que destaca que abordan numerosos desafíos. "Desde el manejo del volumen de litigios e investigaciones y los asuntos regulatorios hasta la protección de datos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial”, detalla en una nota de prensa.
El secreto profesional de los abogados de empresa
Entre los abogados de empresa que ejercen sus funciones en España, destaca también la creciente preocupación que causa la ciberseguridad. De hecho, el 86% admite que esta amenaza es una de las principales preocupaciones, especialmente en sectores como el tecnológico, el de medios o el de la construcción, según detalla el estudio sobre este colectivo que ha desarrollado el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y con la consultora GAD3 a partir de 893 entrevistas a profesionales in house.
Además, la digitalización es uno de los vectores de cambio más relevantes en el ejercicio de la abogacía de empresa. Según revela el estudio, un 27% de las asesorías jurídicas ha comenzado a incorporar herramientas de inteligencia artificial, con mayor presencia en sectores como el farmacéutico, tecnológico y audiovisual. Aunque la implantación todavía es desigual, los datos apuntan a un proceso sostenido de integración de estas tecnologías en la práctica legal interna de las compañías.
Por último, la protección del secreto profesional es otra de las preocupaciones más señaladas por el colectivo. Más de la mitad (el 52%) cree que está poco o nada protegido, y un 30% dice haber experimentado vulneraciones de la confidencialidad en sus comunicaciones.