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I. Introducción

La Administración de Justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, en tanto que garante de los derechos fundamentales, árbitro de los conflictos jurídicos y expresión institucional de la soberanía popular. Históricamente, este ámbito se ha caracterizado por una cierta resistencia estructural a la incorporación de innovaciones tecnológicas, sustentada en la solemnidad de sus procedimientos y en la centralidad del juicio humano como elemento vertebrador de la interpretación y aplicación del Derecho. No obstante, la transformación digital ha comenzado a permear progresivamente el tejido institucional judicial, desde la digitalización de expedientes hasta la implementación de plataformas telemáticas de gestión procesal, marcando un cambio de paradigma que desafía las inercias tradicionales.

En este contexto, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsado una iniciativa pionera orientada a la incorporación de inteligencia artificial (en adelante, IA) en el ámbito jurisdiccional: el proyecto AI4JUSTICE. Esta propuesta tecnológica, liderada por la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica y la empresa Connecthink, con sede en Sant Cugat del Vallès, pretende optimizar el tiempo de redacción de resoluciones judiciales mediante el uso de sistemas de procesamiento automatizado del lenguaje natural y aprendizaje automático. La iniciativa fue presentada públicamente en el Congrés Govern Digital y destacada en el Mobile World Congress como exponente del compromiso catalán con la modernización institucional y la gobernanza digital.

El proyecto responde a una doble motivación estratégica. Por una parte, busca paliar el colapso estructural que afecta a diversos órganos judiciales catalanes, consecuencia de la sobrecarga de expedientes y la lentitud endémica de los procesos. Por otra, pretende proyectar a Cataluña como territorio de vanguardia en la digitalización del sector público europeo, alineando esta transformación con los principios de eficiencia administrativa, bien común y mejora de la calidad democrática, tal como ha sostenido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

AI4JUSTICE no debe entenderse como un fenómeno aislado, sino como parte de una corriente global orientada a la automatización de funciones en sectores estratégicos. En este sentido, la iniciativa se sitúa en la estela de grandes disrupciones tecnológicas como la mecanización industrial o la revolución digital del siglo XX, si bien su aplicación al ámbito jurisdiccional introduce una complejidad singular. A diferencia de otros sectores, el Poder Judicial no solo gestiona procedimientos, sino que actúa como custodio de los principios constitucionales, intérprete de normas jurídicas y garante de la tutela efectiva de derechos fundamentales, conforme al artículo 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978). Por tanto, cualquier avance técnico debe articularse sin menoscabo de la imparcialidad, la motivación, la transparencia y la humanización que caracterizan el proceso judicial conforme al bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales suscritos por España (1) .

En este marco, AI4JUSTICE debe ser comprendido no únicamente como una herramienta de apoyo técnico-administrativo, sino como una propuesta de transformación estructural con profundas implicaciones normativas, éticas y organizativas. Su alcance desborda el mero plano operativo para inscribirse en una lógica de reforma institucional que podría reconfigurar las relaciones entre los operadores jurídicos, los poderes públicos y los ciudadanos, al tiempo que plantea un experimento sociopolítico cuyas consecuencias trascienden las fronteras de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

II. Metodología y alcance de AI4JUSTICE

El proyecto AI4JUSTICE ha sido concebido como una herramienta de apoyo a la función jurisdiccional, orientada a la automatización de tareas judiciales repetitivas y estructuralmente predecibles. Su despliegue inicial se ha centrado en procedimientos de baja complejidad jurídica, tales como reclamaciones derivadas de retrasos o cancelaciones de vuelos y litigios sobre cláusulas suelo en contratos de préstamo hipotecario, en los que concurren patrones fácticos recurrentes y existe una jurisprudencia consolidada que permite la aplicación de criterios homogéneos. Esta previsibilidad facilita la utilización de tecnologías de IA para la elaboración de borradores de resoluciones judiciales, sin comprometer —en principio— la necesidad de una ponderación casuística o la singularidad del conflicto jurídico.

En el marco de una prueba piloto realizada con la colaboración de cuatro magistrados, se ha constatado una reducción drástica del tiempo medio de redacción de sentencias, pasando de aproximadamente dos horas a tan solo veinte minutos por resolución. Este resultado, equivalente a un ahorro medio de 1,67 horas por resolución, sugiere un potencial impacto en términos de eficiencia operativa, especialmente en jurisdicciones con elevados volúmenes de asuntos de tramitación estandarizada (2) .

Desde un punto de vista tecnológico, AI4JUSTICE se basa presumiblemente en técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático supervisado, derivadas de modelos lingüísticos de gran escala como GPT, BERT u otros sistemas entrenados sobre corpus jurídicos multilingües y adaptados al entorno normativo catalán y español. El sistema se alimenta de una base de datos compuesta por sentencias previamente dictadas por los propios magistrados usuarios, así como por repertorios jurisprudenciales de mayor amplitud, lo que le permite detectar regularidades semánticas, replicar estructuras argumentativas y proponer borradores normativamente viables. Esta metodología, aunque eficiente, plantea exigencias técnicas ineludibles, especialmente en lo que respecta a la calidad, actualidad, representatividad y ausencia de sesgos de los datos de entrenamiento, a fin de evitar la replicación de criterios jurídicos superados, sesgos institucionales o desigualdades históricas.

Desde la perspectiva jurídico-constitucional, la implementación de AI4JUSTICE debe interpretarse a la luz de los principios fundamentales del ordenamiento español y europeo, en particular el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (3) , que resulta claramente favorecido por la reducción de los tiempos procesales. Sin embargo, esta mejora no puede lograrse a costa de otros pilares estructurales del proceso, como son la imparcialidad del órgano judicial, la motivación suficiente de las resoluciones (4) o la autonomía interpretativa del juez, especialmente en un sistema como el español, en el que la jurisprudencia —salvo la emanada del Tribunal Supremo— carece de carácter vinculante conforme al artículo 1.6 del Código Civil (LA LEY 1/1889).

En este sentido, aunque el Govern ha enfatizado que la herramienta actúa únicamente como asistente del juez, sin sustituir su juicio, la dependencia de datos históricos y la recurrencia de estructuras argumentativas prediseñadas podrían condicionar de facto el razonamiento jurídico, homogeneizando las decisiones judiciales y limitando el margen de interpretación conforme a las circunstancias específicas de cada caso. Este riesgo se ve agravado por la posibilidad de que la IA actúe como un corsé interpretativo, especialmente si no se garantiza una supervisión humana activa y crítica, que permita modular, corregir o reorientar los borradores generados por el sistema.

Asimismo, la elección de procedimientos sencillos como campo de pruebas plantea una cuestión sustantiva sobre los límites normativos, materiales y éticos de la automatización judicial. Aunque determinadas materias puedan parecer idóneas por su baja litigiosidad doctrinal, incluso en esos supuestos el juez está llamado a ponderar elementos contextuales, personales y probatorios que escapan al análisis mecánico de patrones, como ocurre por ejemplo en demandas por cancelaciones de vuelos donde influyen circunstancias familiares o profesionales del demandante (5) . En consecuencia, el éxito del proyecto dependerá en gran medida de su capacidad de adaptación a la complejidad del conflicto jurídico real y de su integración armónica en las dinámicas interpretativas del sistema judicial, sin erosionar las garantías que conforman el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías a tenor del artículo 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978).

III. Impacto económico, eficiencia operativa y sostenibilidad financiera

Uno de los principales argumentos esgrimidos por el Govern de la Generalitat de Catalunya para justificar la implementación del sistema AI4JUSTICE radica en su potencial para generar un impacto económico positivo tanto en términos de ahorro directo de recursos como de eficiencia operativa del aparato judicial. Según datos oficiales, la fase piloto del proyecto permitió constatar un ahorro medio de 1,67 horas por sentencia, lo que, extrapolado a una carga de trabajo de 30 resoluciones mensuales por magistrado -una estimación conservadora basada en juzgados de primera instancia-, supondría un ahorro anual aproximado de 600 horas por juez. En un colectivo de veinte jueces, el total ascendería a 12.000 horas anuales. Valorando dichas horas a un coste medio estimado de 46 euros/hora, el ahorro económico agregado alcanzaría los 552.000 euros anuales. Esta cifra, aunque preliminar y sujeta a revisión, ofrece una proyección significativa del potencial de la IA para optimizar la gestión de recursos públicos en el ámbito jurisdiccional.

Este enfoque de racionalización del gasto público se enmarca en las competencias estatutarias conferidas a la Generalitat en materia de Administración de Justicia, conforme al artículo 152 del Estatut d’Autonomia de Catalunya y a la legislación estatal aplicable. En efecto, dentro del actual contexto de restricciones presupuestarias y contención del gasto estructural, la herramienta AI4JUSTICE se perfila como una solución pragmática susceptible de liberar recursos humanos y reorientar inversiones hacia otras prioridades estratégicas, tales como la mejora de infraestructuras judiciales, la modernización tecnológica de los sistemas de gestión procesal, o la ampliación de las plantillas judiciales y administrativas.

No obstante, una evaluación rigurosa de su retorno de inversión (ROI) exige contemplar no solo los ahorros operativos directos, sino también los costes ocultos o indirectos asociados al desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema. En este sentido, deben contabilizarse inversiones como las efectuadas por el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), los contratos tecnológicos formalizados con la empresa Connecthink, los gastos derivados de actualizaciones periódicas de software y los programas de formación y capacitación destinados al personal judicial y administrativo. El coste de oportunidad de dichas inversiones debe ponderarse frente a sus beneficios efectivos en productividad, calidad resolutiva y aceptación institucional.

En una perspectiva más amplia, la repercusión económica de AI4JUSTICE podría alcanzar un conjunto de beneficios indirectos de carácter estructural, especialmente en lo que respecta a la reducción de los costes sociales y económicos derivados de los retrasos judiciales. La congestión de los órganos jurisdiccionales en España —una realidad denunciada recurrentemente por organismos como el Consejo General del Poder Judicial o la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (en adelante, CEPEJ)— representa un factor crítico que mina la confianza de los ciudadanos en el sistema y genera importantes distorsiones económicas, particularmente en sectores sensibles como el inmobiliario, el mercantil o el financiero. Si la herramienta logra incrementar la capacidad resolutiva sin sacrificar la calidad ni la motivación de las decisiones, su impacto podría traducirse en una mayor agilidad económica y seguridad jurídica, elementos clave para atraer inversión y fomentar la actividad empresarial.

No obstante, el verdadero alcance de estos beneficios dependerá, en última instancia, de cómo se redistribuya el tiempo liberado por los magistrados. Si dicho tiempo se destina a resolver un mayor número de asuntos o a reforzar la calidad argumentativa de las resoluciones, el impacto será positivo. Por el contrario, si se diluye en actividades administrativas o si la herramienta genera una dependencia no supervisada, el efecto económico neto podría verse desdibujado o incluso neutralizado.

Por último, la sostenibilidad financiera del modelo requiere una planificación estratégica de su escalabilidad. La extensión del sistema a otras jurisdicciones, órganos o tipos de procedimiento implicará necesariamente una adaptación funcional del software, la integración con bases de datos de mayor complejidad normativa y jurisprudencial, y una mayor exigencia técnica para garantizar su operatividad conforme a los principios de interoperabilidad, transparencia, trazabilidad y control humano efectivo. Tales desafíos podrían incrementar los costes a medio plazo hasta el punto de superar los beneficios inicialmente proyectados si no se acompaña de un modelo de gobernanza tecnonormativa sólido, auditable y sostenible (6) .

IV. Desafíos jurídicos y éticos en torno a transparencia, sesgos y humanidad

La progresiva incorporación de tecnologías de IA en la actividad jurisdiccional plantea una serie de desafíos jurídicos y éticos de gran calado, que exceden con mucho el ámbito puramente operativo o técnico. En efecto, la utilización de sistemas automatizados para la asistencia en la redacción de resoluciones judiciales, como es el caso del proyecto AI4JUSTICE, debe ser objeto de un escrutinio normativo riguroso, en atención a los principios estructurales del proceso, las garantías constitucionales y las exigencias éticas inherentes a la función jurisdiccional (7) .

Desde el punto de vista jurídico, uno de los riesgos más evidentes es la posible colisión con el principio de publicidad y transparencia del proceso judicial, consagrado en el artículo 120.1 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) y desarrollado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985). Muchos sistemas de IA presentan una estructura algorítmica opaca —conocida como el fenómeno de la «caja negra»— que impide comprender con claridad los criterios que determinan las salidas generadas por el modelo. Esta falta de trazabilidad y explicabilidad puede socavar el derecho de las partes a conocer el fundamento de las resoluciones que les afectan, comprometiendo el contenido material del derecho a la tutela judicial efectiva en el sentido del artículo 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) y dificultando el control jurisdiccional en sede de recurso. La solución a este riesgo pasa por integrar mecanismos de IA explicable (en adelante, XAI), así como protocolos normativos de documentación algorítmica conforme a lo previsto en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (8) .

Otro punto crítico reside en la dependencia funcional del sistema respecto de bases de datos judiciales históricas, que conforman el corpus de entrenamiento del modelo. En el ordenamiento jurídico español, la jurisprudencia —con la excepción de la del Tribunal Supremo en su función de unificación interpretativa— carece de efecto vinculante (9) , y los jueces conservan un amplio margen de discrecionalidad interpretativa, en función de las circunstancias del caso concreto. La utilización de herramientas que extraen patrones argumentativos a partir de sentencias anteriores con riesgo de replicación mecánica puede derivar en una estandarización excesiva de las resoluciones, que debilite la capacidad del juez para adaptar la interpretación jurídica a realidades fácticas específicas. Este riesgo exige una supervisión humana intensiva y la incorporación de garantías que impidan que el razonamiento generado por la IA se convierta en una forma de precedente de facto contrario al principio de independencia judicial (10) .

Desde una dimensión ética, la cuestión fundamental es la posible deshumanización del ejercicio jurisdiccional. La tarea de juzgar no se agota en la mera aplicación silogística de normas a hechos, sino que implica una dimensión deliberativa, empática y axiológica, inseparable de la dignidad inherente a la persona humana y del valor intrínseco del conflicto social que se somete a resolución. La tecnología, incluso en funciones auxiliares, puede erosionar esta dimensión si se convierte en un filtro cognitivo que neutraliza la sensibilidad del juez ante elementos subjetivos esenciales (11) .

En este sentido, debe advertirse que la introducción de sistemas automatizados en fases resolutivas podría tensionar el principio de inmediación procesal, particularmente en los procedimientos orales, en los que el juez debe valorar directamente las pruebas practicadas y las alegaciones de las partes en audiencia pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la LEC. (LA LEY 58/2000)

Aunque el Govern de la Generalitat ha manifestado expresamente que AI4JUSTICE tiene un carácter estrictamente instrumental y subordinado, el precedente que establece su uso institucionalizado puede actuar como catalizador de una automatización progresiva que desdibuje las fronteras entre asistencia técnica y sustitución valorativa. Esta preocupación no es meramente teórica: experiencias internacionales como el uso de sistemas predictivos en Estados Unidos —notoriamente el algoritmo COMPAS para evaluar riesgo de reincidencia— han suscitado intensos debates por su falta de transparencia, sesgos discriminatorios y déficit de rendición de cuentas.

Desde el punto de vista de la protección de datos, la implementación de AI4JUSTICE debe observar los límites establecidos por el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos (LA LEY 6637/2016), que prohíbe decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos significativos sobre las personas, salvo bajo estrictas condiciones. Asimismo, se impone el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva (12) , que obliga al responsable del tratamiento a garantizar y poder demostrar que los sistemas implantados cumplen con todos los principios del tratamiento, incluyendo la exactitud, la limitación de la finalidad y la minimización de datos.

El uso de IA en la justicia exige una arquitectura normativa que combine exigencias técnicas, control jurisdiccional y una interpretación garantista del principio de legalidad, a fin de evitar que la lógica algorítmica sustituya la función deliberativa de los jueces o, incluso, la de los letrados de la Administración de Justicia.

Asimismo, la aceptación social e institucional de este tipo de herramientas será determinante para su legitimidad y sostenibilidad. Una posible percepción de amenaza a la autonomía judicial por parte de la judicatura, o una pérdida de confianza ciudadana en la integridad del proceso, podrían convertirse en obstáculos insalvables. La experiencia comparada en jurisdicciones como China o Estonia demuestra que la confianza pública requiere una comunicación institucional clara, protocolos normativos bien definidos y mecanismos de control democrático que disipen cualquier sospecha de opacidad o arbitrariedad. En este sentido, la implementación de AI4JUSTICE deberá incluir estrategias de pedagogía institucional y participación deliberativa que garanticen su inserción armónica en el ecosistema judicial.

Por último, es imprescindible que el uso de esta herramienta permanezca estrictamente limitado a resoluciones de baja complejidad jurídica y fáctica, como ocurre en las sentencias de conformidad o en procedimientos repetitivos de reclamación civil, garantizando en todo momento que su utilización no compromete los valores fundamentales del proceso jurisdiccional, ni altera el equilibrio entre eficiencia y justicia que debe presidir toda actuación de los poderes públicos en el marco del Estado de Derecho.

V. Proyecciones y expansión hacia un modelo judicial digitalizado

El éxito inicial de AI4JUSTICE en la Audiencia Provincial de Barcelona podría marcar el inicio de una transformación más amplia del sistema judicial catalán, con planes para extender su uso a otros tribunales y jurisdicciones. El Govern ha expresado su intención de escalar el proyecto, no solo en la redacción de sentencias, sino también en tareas complementarias como la síntesis de textos legislativos y la mejora de la accesibilidad normativa para los ciudadanos, alineándose con la estrategia de digitalización del sector público defendida por Albert Dalmau. Esta visión prospectiva, exhibida en el Mobile World Congress, posiciona a Cataluña como un laboratorio de innovación tecnológica en Europa, un rol que podría atraer inversión extranjera y talento al ecosistema digital catalán.

La expansión de AI4JUSTICE, sin embargo, enfrenta obstáculos significativos. Desde un punto de vista técnico, la adaptación de la herramienta a procedimientos más complejos, como casos penales o contencioso-administrativos, requerirá algoritmos más sofisticados y bases de datos más diversas, lo que incrementará los costes y la complejidad del proyecto. Jurídicamente, la escalabilidad dependerá de la creación de un marco normativo robusto que regule el uso de la IA en la justicia, un aspecto crítico ante la inminente entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que clasifica los sistemas judiciales como de «alto riesgo» (13) y exige requisitos estrictos de transparencia, supervisión humana y protección de datos (14) .

A nivel práctico, la expansión requerirá una inversión significativa en formación para jueces, letrados de la Administración de Justicia y personal de cuerpos generales, así como en infraestructura tecnológica para garantizar la interoperabilidad entre tribunales. La experiencia de la prueba piloto sugiere que la adopción inicial será más exitosa en entornos con alta carga de trabajo y casos estandarizados, pero su aplicación a contextos más heterogéneos podría generar resistencias. Además, el impacto de AI4JUSTICE en la percepción pública de la justicia será un factor clave: si los ciudadanos ven la IA como una herramienta que mejora el acceso a la justicia, el proyecto ganará legitimidad; si, por el contrario, se percibe como una amenaza a la imparcialidad, podría enfrentar oposición.

En un horizonte más amplio, el modelo catalán podría servir como referencia para otras jurisdicciones, tanto en España como en Europa. Países como Estonia, pioneros en la digitalización judicial, han demostrado que la tecnología puede coexistir con los principios democráticos, pero cada sistema debe adaptar estas innovaciones a sus tradiciones legales y culturales. En este sentido, AI4JUSTICE no solo representa una oportunidad para modernizar la justicia catalana, sino también un caso de estudio sobre los límites y posibilidades de la IA en un ámbito donde la eficiencia debe armonizarse con la equidad y la humanidad.

VI. Conclusiones sobre un equilibrio entre innovación y principios fundamentales

La apuesta del Govern de la Generalitat de Catalunya por integrar la IA en la redacción de sentencias mediante el proyecto AI4JUSTICE representa un paso audaz y visionario hacia la modernización profunda de la Administración de Justicia, aunque puede quedarse relativamente corta (15) . Esta iniciativa no solo evidencia una voluntad política decidida de hacer frente a los desafíos estructurales del sistema judicial, sino que también pone de manifiesto una comprensión clara de las posibilidades que ofrece la tecnología para transformar los procesos institucionales en beneficio de la ciudadanía. En un contexto marcado por la congestión de los tribunales, la sobrecarga de trabajo de jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de cuerpos generales, y la percepción social de una justicia lenta y distante, la incorporación de herramientas basadas en IA se presenta como una estrategia pragmática para mejorar la eficiencia, la calidad y la accesibilidad del servicio público de justicia.

Los primeros resultados obtenidos durante la fase piloto del proyecto han sido notablemente alentadores. Se ha constatado una reducción significativa en los tiempos de redacción de resoluciones judiciales, así como una optimización del uso de recursos humanos y materiales, lo cual sugiere que esta tecnología puede contribuir de forma decisiva a aliviar una de las principales dolencias del sistema: su excesiva lentitud. Además, el uso de la IA permite estandarizar ciertas tareas repetitivas, facilitando que los jueces puedan concentrarse en aquellas funciones que requieren mayor análisis jurídico, interpretación normativa y sensibilidad ante las particularidades de cada caso. De esta forma, AI4JUSTICE se convierte no solo en un instrumento de apoyo técnico, sino también en una herramienta que puede contribuir a humanizar la justicia, liberando tiempo y energía para el razonamiento profundo y el contacto personal con las partes.

No obstante, esta transformación emergente no está exenta de zonas críticas, que requieren ser abordadas con prudencia técnica, madurez normativa y sensibilidad democrática. La opacidad algorítmica, los riesgos de sesgo inherente a los datos históricos, la eventual estandarización del razonamiento judicial o la pérdida de humanidad en el ejercicio jurisdiccional son desafíos reales que obligan a repensar la relación entre automatización y justicia bajo una lógica de derechos. La digitalización del aparato judicial no puede concebirse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta subordinada a los principios rectores del Estado de Derecho, entre ellos la tutela judicial efectiva, la imparcialidad del órgano jurisdiccional, la motivación de las resoluciones, la igualdad procesal de las partes y el control público sobre la actividad jurisdiccional.

El verdadero éxito de AI4JUSTICE dependerá de la capacidad institucional para garantizar un equilibrio razonado entre eficiencia operativa y valores jurídico-constitucionales. La inteligencia artificial debe ser concebida como un auxiliar del juez, nunca como un sustituto de su juicio ni como una fuente normativa autónoma. Su papel debe limitarse al plano técnico-propositivo, sin erosionar la dimensión deliberativa, axiológica y humana que define la función jurisdiccional en una democracia constitucional.

En este sentido, la implementación de esta tecnología en Cataluña puede actuar como un precedente transformador a escala nacional y europea, abriendo un espacio de reflexión normativa y ética sobre el lugar que debe ocupar la inteligencia artificial en los sistemas de justicia del siglo XXI. La experiencia catalana puede servir como caso de estudio y referencia comparada para otros sistemas jurídicos, contribuyendo a delinear estándares de uso responsable, transparente y garantista de la IA en un ámbito tan delicado como es la resolución de conflictos jurídicos.

En última instancia, la incorporación de la inteligencia artificial en la justicia solo será legítima y sostenible si se articula como una innovación tecnológicamente solvente, jurídicamente regulada, éticamente orientada y socialmente aceptada. Solo así podrá responder, con eficacia y con dignidad, a las exigencias de los ciudadanos en una sociedad digital que no renuncia a sus principios, sino que los reinterpreta y los refuerza a la luz de los nuevos desafíos de nuestro tiempo.