Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-318/23 | Comisión/Eslovenia (Vertedero de Bukovžlak)
Antecedentes
Mediante una sentencia dictada el 16 de julio de 2015 1 en un asunto incoado por la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia declaró que Eslovenia había vulnerado el Derecho de la Unión en materia de gestión de residuos. La vulneración estaba vinculada esencialmente a la existencia de un vertedero ilegal situado en el municipio de Teharje (Bukovžlak), ya que Eslovenia había autorizado el depósito de tierras de excavación sin comprobar si se habían depositado en el mismo lugar otros residuos y sin adoptar medidas para eliminar los residuos no comprendidos en la autorización.
Al no haber adoptado Eslovenia las medidas necesarias para ejecutar dicha sentencia, la Comisión interpuso un nuevo recurso por incumplimiento en mayo de 2023, mediante el que solicitó que se condenara a Eslovenia al pago de una cantidad a tanto alzado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia estima este recurso y hace constar que cuando expiró el plazo señalado por la Comisión Eslovenia no había ejecutado la sentencia de 16 de julio de 2015.
El Tribunal de Justicia considera que dicho Estado miembro tuvo tiempo suficiente para proceder al saneamiento del vertedero en cuestión y que el retraso no puede justificarse, en particular, ni por la pandemia de COVID-19 ni por la desorganización provocada por esta pandemia en la actividad administrativa.
Con el fin de evitar futuras infracciones del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia condena a Eslovenia a abonar a la Comisión una cantidad a tanto alzado de 1.200.000 euros.
Para fijar dicha cantidad, el Tribunal de Justicia ha tenido en cuenta los factores pertinentes a este respecto, como la gravedad y la duración de las infracciones declaradas y la capacidad de Eslovenia para abonarlo.
En cuanto a la gravedad, el Tribunal de Justicia señala que la falta de ejecución completa de su sentencia de 16 de julio de 2015 debe considerarse particularmente grave, puesto que ha entrañado riesgos importantes para el medio ambiente y la salud humana.
En cuanto a la duración, el Tribunal de Justicia señala que el incumplimiento se produjo desde el 16 de julio de 2015 hasta el 13 de noviembre de 2024, es decir, durante nueve años y cuatro meses, lo que constituye un período considerable.