
Fuente: Tribunal de justicia de la Unión Europea
Sentencias en los asuntos C-213/23 Comisión/Países Bajos (NL), C-215/23 Comisión/Bélgica (NL), C-237/23 Comisión/Bulgaria (BG) y C-238/23 Comisión/Letonia (LV) (Directiva relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público)
La Comisión interpuso contra cuatro Estados miembros (los Países Bajos, Bélgica, Bulgaria y Letonia) sendos recursos por incumplimiento debido a la falta de transposición de la Directiva relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.
La Comisión solicitó la condena de esos Estados al pago de una cantidad a tanto alzado y de una multa coercitiva.
En sus sentencias, el Tribunal de Justicia señala que el plazo de transposición de la Directiva expiró el 17 de julio de 2021, y que en esa fecha los Estados concernidos no la habían transpuesto, por lo que declara el incumplimiento.
Los Estados miembros en cuestión comunicaron a la Comisión las medidas de transposición cuando la institución europea ya había interpuesto sus recursos por incumplimiento. La adopción de esas medidas hacer que queden sin objeto las pretensiones de la Comisión relativas a la imposición de multas coercitivas (las que se imponen por cada día que persista el incumplimiento una vez dictada la sentencia que declara este). La Comisión desistió pues de dichas pretensiones.
A pesar de ello, el Tribunal de Justicia puede condenar a los Estados incumplidores a pagar a la Comisión una cantidad a tanto alzado, en cuya determinación se tienen en cuenta, entre otras cosas, la duración del incumplimiento y la capacidad de pago de cada Estado miembro:
- Los Países Bajos, cuyo incumplimiento duró casi tres años, son condenados al pago de 10 millones de euros.
- Bélgica, que llevó a cabo la transposición gradualmente (el incumplimiento duró unos seis meses respecto de la Région de Bruxelles-Capitale, alrededor de un año y seis meses en el caso de la Región valona, alrededor de un año y nueve meses en el de la Comunidad francesa y alrededor de dos años y seis meses a nivel federal), es condenada al pago de 2.100.000 euros.
- Bulgaria, cuyo incumplimiento duró alrededor de dos años y ochenta días, es condenada al pago de 900.000 euros.
- Letonia, cuyo incumplimiento se prolongó durante unos tres años, es condenada al pago de 250.000 euros.