El Consejo General del Poder Judicial ha premiado a órganos judiciales de Tarragona, Girona y la Región de Murcia en la XII edición de Premios Calidad de la Justicia, que se otorgan por el órgano de gobierno de los jueces a los órganos judiciales, entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia cuyos proyectos destaquen en una de las siguientes categorías: a la justicia más eficaz, a la más transparente y a la más accesible.
Además, en la modalidad de entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia han sido galardonados el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las Consejerías de Justicia de los gobiernos autonómicos de Aragón y Madrid.
El jurado ha estado presidido por el vocal Luis Martín Contreras, e integrado por los también miembros del órgano de gobierno de los jueces Inés María Herreros y José Carlos Orga y por representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Colegio de Procuradores de España, el Consejo General de Graduados Sociales y el ámbito universitario.
Los premiados en esta XII edición son los siguientes:
Justicia más eficaz
En la categoría de órgano judicial, los premiados han sido los Juzgados de lo Penal números 2 y 4 de Tarragona por su proyecto «Modernización y optimización de la respuesta judicial en la conformidad penal», consistente en el desarrollo de una herramienta informática cuya finalidad es documentar las resoluciones orales que, por norma general, son firmes al haber nacido del libre acuerdo entre las partes.
El desarrollo de esta herramienta, diseñada y programada en su totalidad por los magistrados representantes de la candidatura, supone un avance en la gestión de las conformidades penales al proporcionar una mayor seguridad jurídica y, al mismo tiempo, reducir la carga de trabajo de jueces/as y funcionarios/as.
Se trata, además, de una solución innovadora que abre la posibilidad de desarrollar herramientas similares en otros ámbitos para optimizar los tiempos de respuesta judicial, reducir la pendencia y aliviar la carga de trabajo de jueces/as y funcionarios/as, lo que contribuye a una Justicia más ágil y eficiente.
En la modalidad de entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia, el premio ha sido otorgado a la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón por su proyecto «La seguridad como pilar de la eficacia: certificación ENS categoría alta».
El proyecto ha convertido a la administración de Justicia aragonesa en la primera de España en alcanzar, a finales de 2024, la certificación en categoría alta dentro del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Su desarrollo ha supuesto un cambio estructural y operativo en los sistemas de información, asegurando la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos y procedimientos judiciales.
Además de aumentar la seguridad, el proyecto ha permitido optimizar la eficiencia y la calidad en la gestión de la Justicia y fortalecer de este modo la confianza de ciudadanos y profesionales.
Justicia más transparente
La Secretaría de Coordinación Provincial de Girona ha sido la premiada en la modalidad de órgano judicial por su proyecto «BENCHMARKING. Aplicación práctica. Granularidad del dato», que se sirve de la comparación de datos (benchmarking) como técnica de estrategia organizativa en el ámbito de la Administración de Justicia.
Esta técnica implica un cambio de paradigma al permitir la toma de decisiones a partir de la información que proporcionan las estadísticas, siendo los Secretarios/as Coordinadores/as Provinciales quienes disponen de esos datos y quienes conocen la realidad de la Administración de Justicia de su ámbito territorial. De este modo, es posible focalizar, priorizar, redirigir y optimizar los medios materiales y personales disponibles.
En la modalidad de entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia, el premio ha correspondido a la Dirección general para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por su proyecto «Unidades docentes de la especialidad de Medicina Legal y Ciencias Forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses».
El proyecto es resultado de una andadura que comenzó en 2011 y que ha culminado con la implementación de la Especialidad de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de las Unidades Docentes de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses acreditados tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas con las competencias transferidas.
El compromiso e impulso dado desde entonces por todas las administraciones competentes ha permitido la incorporación de los primeros residentes en 2021 y la convocatoria, en 2024, del mayor número de plazas de acceso a esta especialidad
Justicia más accesible
Los premiados en la modalidad de órgano judicial han sido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Yecla (Murcia) y la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia por su «Proyecto RED LAJ Violencia Sobre la Mujer».
Se trata de una apuesta por nuevas formas de colaboración interna (entre oficinas judiciales) y externa (entre todos los agentes e instituciones implicados en la protección de las víctimas de la violencia de género) mediante la creación de protocolos de coordinación, mecanismos de mejora procesal e intercambio de buenas prácticas. El proyecto contribuye a la creación de un espacio de diálogo transversal y eficiente entre todos los actores implicados, permitiendo mejorar la respuesta en sede judicial a las mujeres víctimas.
La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid ha sido galardonada en la modalidad de entidades y organismos por su proyecto «Servicio público y gratuito de facilitadores judiciales de la Comunidad de Madrid», que convierte a esta región en la primera administración pública de España en regular y poner en marcha un servicio que resulta esencial para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad de forma plena y en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Desde la puesta en funcionamiento del servicio en mayo de 2024, están a disposición de todas las personas con discapacidad, de forma totalmente gratuita, 158 facilitadores judiciales (31 de los cuales están especializados en atención a víctimas del delito) que las acompañarán y asistirán en todas las fases del proceso y ante todos los órganos judiciales de la región.