La imposibilidad de acceder al expediente completo, la exigencia de requisitos técnicos desproporcionados o la interpretación automática de errores de forma como causas de inadmisión están convirtiendo el expediente judicial electrónico en una fuente de inseguridad jurídica y en un obstáculo para el ejercicio profesional. Así lo denunciaron abogados y procuradores durante la jornada organizada este martes por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), cuyos representantes advirtieron de que las disfunciones en la digitalización de los procedimientos judiciales están teniendo consecuencias directas sobre el derecho de defensa.
El acto, celebrado en la sede del ICAM, permitió poner en común los principales fallos del sistema desde la experiencia cotidiana de los profesionales y exigir una respuesta coordinada y urgente a las administraciones públicas, representadas por responsables de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Justicia, el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, reivindicó en la apertura de la jornada la unidad entre abogacía y procura frente a los retos que plantea la transformación digital del sistema judicial. «Cuando el sistema falla, fallamos todos. Abogados, procuradores y, sobre todo, la ciudadanía», señaló. En su intervención, el decano expresó su preocupación por las deficiencias del actual modelo del expediente judicial electrónico, que compromete el ejercicio profesional y pone en riesgo el derecho de defensa. Recordó que el ICAM ha trasladado esta situación al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios, y lanzó un llamamiento urgente a las Administraciones para que actúen «con celeridad, con rigor y con sentido de Estado», con el fin de garantizar un sistema digital verdaderamente interoperable y técnicamente robusto.
Desde el área de Defensa de la Abogacía del ICAM, su responsable, el diputado Javier Mata, alertó de las dificultades que afrontan los profesionales ante el actual modelo de digitalización judicial. Mata centró su intervención en las incidencias que diariamente recibe el Colegio, muchas de ellas derivadas del desconocimiento sobre el grado de implantación del expediente judicial electrónico en la Comunidad de Madrid, la obligación de presentar documentos en formatos específicos como OCR o PDF/A, y la falta de medios, criterios técnicos uniformes y formación adecuada.
Asimismo, denunció que la obligación de consolidación del expediente por parte de los Letrados de la Administración de Justicia está generando expedientes incompletos, desordenados y sin numerar, lo que compromete la seguridad jurídica y pone en riesgo el derecho de defensa. «Me parece absolutamente extravagante que la falta de lectura de un documento, la falta de reconocimiento por el OCR, pueda generar como consecuencia la inadmisión de una demanda», advirtió.
Juan Manuel Mayllo, diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, centró su intervención en los efectos más graves que está teniendo el modelo actual de expediente judicial electrónico sobre el Turno de Oficio, especialmente en las jurisdicciones penal y social. Frente al orden contencioso-administrativo —donde el expediente administrativo digitalizado permite un funcionamiento más ordenado—, en otros órdenes los abogados de oficio deben enfrentarse a expedientes incompletos, desestructurados y sin foliado, lo que sitúa a la defensa en clara desventaja respecto a fiscales y jueces.
Mayllo denunció además las consecuencias económicas que esta situación conlleva en procedimientos complejos, como los tramitados ante la Audiencia Nacional, donde la falta de folios certificados impide justificar la especial complejidad y acceder al suplemento retributivo. También alertó de la inseguridad jurídica derivada de los criterios dispares sobre formatos digitales en los juzgados de lo social, y lamentó que sean los propios letrados quienes acaben construyendo el expediente digital, incluso presentando la documentación en papel el día del juicio.
Disfunciones del expediente digital
Desde el Colegio de Procuradores de Madrid, la vicedecana M.ª del Carmen Giménez y el vocal de la Junta de Gobierno Antonio Sánchez-Jaúregui coincidieron en señalar que la implantación del expediente judicial electrónico está generando importantes disfunciones técnicas y jurídicas que afectan de forma directa al trabajo cotidiano de los profesionales y al acceso efectivo de la ciudadanía a la Justicia. Giménez advirtió de los problemas derivados del uso actual del apoderamiento electrónico, que puede inducir a error y obstaculizar el ejercicio de facultades procesales esenciales, así como de las limitaciones de acceso a grabaciones judiciales a través de la plataforma Horus. También cuestionó la validez del índice electrónico en su configuración actual, la confusión normativa que lo rodea y las consecuencias desproporcionadas que pueden derivarse de simples defectos de forma en los escritos, como el formato del archivo.
Por su parte, Sánchez-Jaúregui denunció que la digitalización está convirtiendo la tramitación diaria en una «gincana» para los profesionales del turno de oficio, al exigirles requisitos técnicos como el uso de formatos PDF/A u OCR incluso en documentos de escasa calidad o difícil escaneo. Subrayó la contradicción entre estas exigencias y la realidad de muchos juzgados, que continúan remitiendo documentación sin clasificar, en papel o en formatos poco operativos, lo que genera inseguridad y dificulta el seguimiento procesal. Ambos portavoces del ICPM reclamaron un mayor papel para los colegios profesionales en la implementación del sistema y pidieron que no se traslade a procuradores y abogados el peso de las carencias estructurales de las oficinas judiciales.
Propuestas para una digitalización segura
Una vez trasladadas las principales preocupaciones por parte de la abogacía y la procura madrileña, fue el turno de las propuestas concretas para corregir los fallos estructurales del actual sistema. Javier Mata, responsable del área de Defensa de la Abogacía del ICAM, expuso un paquete de medidas orientadas a mejorar la seguridad jurídica, la interoperabilidad y la trazabilidad del expediente judicial electrónico (EJE).
Entre ellas, reclamó la elaboración de un calendario oficial de despliegue en toda la Comunidad de Madrid y la aprobación de un protocolo técnico-procesal unificado, acompañado de un plan de formación común para todos los operadores jurídicos. Propuso, además, la obligación de consolidar los expedientes con numeración, firma digital e índice cronológico autenticado, así como herramientas para garantizar su integridad probatoria.
En cuanto a los formatos, defendió la incorporación de un sistema que detecte automáticamente si los documentos cumplen los requisitos OCR o PDF/A y permita, en caso contrario, su conversión segura mediante AutoFirma. Finalmente, desde el ICAM se planteó también habilitar un canal específico de quejas y crear una mesa de trabajo autonómica con participación de los colegios profesionales para supervisar la correcta implantación del sistema.
Respuesta institucional
A continuación, representantes del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abordaron los avances logrados en la digitalización judicial y los retos pendientes para consolidar un sistema eficaz y garantista.
Luis Martín Contreras, vocal del CGPJ y presidente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, repasó la evolución normativa de la digitalización judicial desde los años noventa y señaló que el Consejo ha asumido en los últimos años un mayor protagonismo técnico, especialmente tras la creación del Comité Estatal Técnico y el impulso del Real Decreto-ley 6/2023 (LA LEY 34493/2023). Reivindicó el papel pionero de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y advirtió sobre los riesgos de improvisación. A su juicio, la transformación digital debe ir acompañada de interoperabilidad, control institucional y garantías de seguridad jurídica, en especial en materias sensibles como la protección de datos.
Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, puso en valor el nuevo marco regulador como eje vertebrador de un modelo homogéneo y centrado en la protección de derechos. Destacó la implantación progresiva del índice electrónico en la jurisdicción penal y la automatización de nuevos servicios, e hizo un llamamiento a la colaboración de los profesionales para mejorar el funcionamiento del sistema. Reiteró que la transformación digital exige una estrategia conjunta, a largo plazo, y una revisión integral de procesos, herramientas y organización.
Por parte de la Comunidad de Madrid, Alejandra Alonso Bernal, directora general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, defendió la existencia de un marco normativo sólido y subrayó los avances realizados en formación, automatización y volumen de trámites digitales. Anunció que el índice electrónico estará plenamente operativo en septiembre, e insistió en que la fase actual requiere coordinación entre administraciones, colegios profesionales y operadores jurídicos para consolidar una digitalización eficaz y respetuosa con los derechos procesales.
Sebastián Lastra, secretario de Gobierno del TSJ de Madrid, explicó que el expediente judicial electrónico ya ha sido implantado formalmente en las jurisdicciones civil, social y contenciosa, y que se extenderá progresivamente a la penal a partir del verano. Señaló como reto pendiente la consolidación del índice electrónico, y defendió que debe consensuarse con todos los operadores jurídicos. También pidió revisar ciertos criterios técnicos que están generando disfunciones y reafirmó el compromiso del TSJ con una modernización tecnológica garantista y funcional.