Ante los efectos negativos que la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia está provocando en el ámbito del Derecho de Familia en los casos que afectan a menores, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al Congreso de los Diputados la suspensión inmediata de la Ley Orgánica 1/2025 (LA LEY 20/2025) en todos aquellos procedimientos en los que se ventilen derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes.
Con ese fin, el decano Eugenio Ribón y la vicedecana Isabel Winkels han registrado una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno a paralizar de forma urgente la aplicación de esta norma en los procedimientos de Familia, al considerar que su diseño actual está resultando lesivo para los derechos fundamentales de los menores. La propuesta del ICAM denuncia que la imposición obligatoria de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) está generando retrasos injustificados, inseguridad jurídica, aumento de la litigiosidad y, en muchos casos, una situación de desprotección flagrante para niños, niñas y adolescentes implicados en procesos de especial sensibilidad, como la fijación de custodia, pensiones de alimentos o regímenes de visitas.
Junto al registro de la iniciativa parlamentaria, los representantes de la abogacía madrileña se han dirigido por carta a los portavoces de los grupos parlamentarios para trasladarles su «honda preocupación por las consecuencias que ya está generando la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 (LA LEY 20/2025)» y solicitar que asuman y promuevan esta proposición. La misiva, firmada por la Junta de Gobierno del ICAM, advierte del riesgo de cronificación de los conflictos, de la disparidad de criterios interpretativos entre juzgados y de la afectación desigual a la ciudadanía, e insta a proceder a una revisión normativa que garantice la protección efectiva de los más vulnerables.
«Los procedimientos de familia son absolutamente específicos, tienen una tramitación radicalmente distinta a cualquier procedimiento ordinario. Son procedimientos especiales que no se pueden trocear. Tienen que tener una continuidad y una atención específica», ha subrayado la vicedecana Isabel Winkels tras el registro de la iniciativa. «Tiene que haber una atención específica por parte de la oficina del tramitador, para que lleve al juzgado a un juez que tiene que ver tanto las medidas provisionales como el fondo del asunto en una unidad de acto, con pruebas psicosociales y forenses que requieren continuidad».
A las puertas del Congreso, Winkels ha remarcado que el diseño actual del procedimiento ignora por completo la realidad dinámica y cambiante de las crisis familiares, que exige respuestas judiciales ágiles y ajustadas a cada caso. «Por supuesto que estamos conformes con la eficiencia, pero la eficiencia en este caso, tal y como está proyectada, no es aplicable a procedimientos con esta movilidad». Por eso, sostiene la decana, «solicitamos que se suspenda la aplicación de la ley a los procedimientos específicos de Derecho de Familia y que se replantee el procedimiento, de manera que se proteja de verdad el interés superior del menor. Un interés que se nos llena la boca al proclamar, pero que en la práctica está siendo claramente vulnerado».
La proposición no de ley señala también las deficiencias técnicas y omisiones normativas detectadas en la ley, entre ellas la falta de adecuación de los procesos especiales regulados en el Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), así como los problemas derivados de la imposición del sistema MASC en procedimientos en los que una de las partes está domiciliada en el extranjero, lo que puede derivar en la pérdida de competencia de los tribunales españoles.
La iniciativa del ICAM no se limita a pedir la paralización de la norma, plantea también la necesidad de una revisión normativa integral que permita corregir las disfunciones detectadas y dotar al sistema de mecanismos realmente eficaces, respetuosos con la urgencia y la sensibilidad de estos procesos.
«La gravedad y urgencia de la situación exige una respuesta institucional inmediata, orientada a garantizar la protección efectiva de los más vulnerables y a dotar a la Administración de Justicia de los mecanismos adecuados en un ámbito tan sensible como este», concluye el decano del ICAM, Eugenio Ribón.