El juzgado de lo social nº 3 de Burgos ha reconocido que las secuelas de la vacuna Pfizer contra el covid-19 son accidente laboral y no enfermedad común en el caso de una maestra de Primaria que se vacunó por mandato de la Junta de Castilla y León en marzo y agosto de 2021.
La sentencia, que revoca la de primera instancia, detalla que la profesora sufrió síntomas sensitivos en las piernas que le imposibilitaron la conducción, fiebre, astenia y dolor en un brazo, sintomatologías que “son causa exclusiva de los efectos adversos de la vacunación administrada dentro de un protocolo de actuación público por ser profesora de educación primaria” y que “surgieron tras la vacunación careciendo de antecedentes médicos de interés”, según manifiesta el fallo.
Frances Feliu, abogado que ha defendido a la trabajadora, señala que dichas secuelas “no se pueden considerar como enfermedad común porque tenemos un elemento de laboralidad”, reflejado en el plan estratégico de vacunación de diciembre de 2020, por el que, según afirma el letrado, “se establecieron grupos preferentes y un orden de vacunación y, como trabajadora esencial, la docente tenía una exigencia ética y legal de proteger el derecho a la educación de los niños y adolescentes”.
Feliu también destaca que “se tenía que considerar accidente laboral porque el acto de vacunación encajaba en el precepto de los actos de salvamento, porque la campaña de vacunación en sí misma era un acto de salvamento, donde el Estado pedía que las personas, sobre todo los profesores, se vacunaran en base a dos principios, que también establece el plan estratégico de vacunación, el principio de solidaridad y de reciprocidad”.
La sentencia aún no es firme, pero el abogado, que además lleva en su despacho en torno a 70 casos de personal esencial (policías, militares, sanitarios, bomberos…), afirma que “estamos preparados para llegar al Supremo porque el futuro de estas patologías es incierto”.