Diversos operadores jurídicos han advertido de los riesgos que entraña la implantación de los nuevos tribunales de instancia, que prevé la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (LA LEY 20/2025), sin contar con los recursos suficientes. Así lo han manifestado hoy en la última sesión del segundo Ciclo de Formación organizado por el Consejo General de la Abogacía y el Poder Judicial para analizar la Ley Orgánica 1/2025 (LA LEY 20/2025).
Miguel Alfonso Pasqual, magistrado del TSJ de Murcia, ha subrayado que las dificultades no derivan del modelo, sino de su ejecución: “Los problemas están en el ‘estajanovista’ calendario de implantación elegido por el Ministerio de Justicia, unido a la falta de una dotación presupuestaria adecuada para una operación de ingeniería organizativa tan ambiciosa”. A su juicio, la escasa coordinación institucional está llevando a un despliegue con riesgo de “problemas de adaptación y ajuste” que pueden comprometer la sostenibilidad de estos modelos de tribunales que buscan la especialización de juzgados para la mejor resolución de conflictos.
En línea con esta visión crítica, Javier Parra, secretario de Gobierno del TSJ de Murcia, señaló como uno de los principales retos la transición hacia “una efectiva materialización de la Justicia orientada al dato”, lo que implica un cambio de paradigma basado en automatización, inteligencia artificial y expediente electrónico, que precisará liderazgo en esta gestión del cambio. Calificó la reforma como un “punto de inflexión” al reducirse los más de 3.900 juzgados actuales a 431, y recordó que también transforma los antiguos juzgados de paz en Oficinas de Justicia en los municipios, lo que amplía sus funciones con competencias procesales, registrales, administrativas e informativas, incluso de otros partidos judiciales.
Marga Cerro, decana del Colegio de Abogados de Talavera y vicesecretaria del Consejo General de la Abogacía, ha recordado que “este ciclo formativo es precisamente para evaluar con rigor la ley y encontrar soluciones para mejorar su desarrollo”. Lamentó la falta de diálogo y transparencia en la aplicación de la norma, y denunció que no se esté contando con la abogacía para corregir disfunciones. También expresó su rechazo a la concentración de tribunales especializados, como los de violencia de género, por debilitar la justicia de proximidad y dificultar el acceso de las víctimas.
Cerro instó a activar la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, aún inactiva: “Esperamos que se ponga en marcha cuanto antes para poder empezar a trabajar de forma efectiva”.
Por su parte, Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia, ha denunciado que el proceso se está llevando a cabo sin los recursos humanos, materiales ni tecnológicos necesarios. Criticó especialmente la falta de planificación, la sobrecarga impuesta al personal no especializado y la inexistencia de una estrategia retributiva: “Hace falta tiempo, planificación y, sobre todo, presupuesto”, reclamó, subrayando que la reforma debería traducirse en mejoras laborales y profesionales.
Enrique Alberto Maya, miembro de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, ha calificado de “cambio drástico” tanto en el plano organizativo como procesal esta reforma que introduce el nuevo modelo. Entre los principales retos, destacó la redistribución de recursos humanos y materiales, la necesidad de adaptar infraestructuras, la creación de unidades procesales de tramitación, y la transformación de los juzgados de paz en Oficinas de Justicia Municipales, lo que genera incertidumbres organizativas y competencias solapadas. Maya también alertó sobre la desigual capacidad de las comunidades autónomas para aplicar los cambios, lo que podría acentuar la desigualdad territorial en la Justicia.
Esta sesión, moderada por Ricardo de la Encarnación, decano del Colegio de Abogados de Alcoy, pone fin a la segunda edición del curso sobre la nueva Ley 1/2025 en la que se han abordado también el requisito de procedibilidad, los aspectos generales de los MASC o su aplicación en ámbitos concretos como el Derecho de familia, de consumo, el ámbito mercantil o el de la responsabilidad civil, la formalización del acuerdo, los honorarios y las costas.