Por Ilier Navarro.- La tardía incorporación de las mujeres al mercado laboral, las lagunas de cotización cuando dejan de trabajar para cuidar a hijos o familiares, los mayoritarios contratos a jornada parcial para conciliar y la precariedad salarial penaliza a este grupo de población que se jubila con pensiones más reducidas. Esto las perjudica a medida que avanzan hacia una posible situación de dependencia: las mujeres viven más años, pero tienen que afrontar los gastos asociados a este fenómeno con menos dinero. Solo hay un caso en el que la brecha en las pensiones favorece a las mujeres y perjudica a los hombres: las de viudedad. Las que ellas cobran son más elevadas porque sus maridos han cotizado más, pero si son ellos los que enviudan, ingresan menos como consecuencia de las cotizaciones menores de sus esposas en la etapa laboral.
Este fue el tema central de la última sesión de Jubilare, celebrada el pasado jueves 8 de mayo en la Universidad de Santiago de Compostela. Bajo el título «Edad y género en las pensiones de viudedad», la jornada contó con las intervenciones de María Núñez, decana de los Registradores de Galicia; María Emilia Adán, decana de los Registradores de España y Antonio López Díaz, rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que actuó de anfitrión y dio la bienvenida a su Universidad. Fue moderada por la presidenta de la Comisión científica JUBILARE, María Paz García Rubio, catedrática de derecho civil de este centro universitario. Actuaron como ponentes María Emilia Casas Baamonde, catedrática de derecho del trabajo; y Luis Carlos Tortajada, director general territorial de Mapfre Noroeste.
En la apertura, el rector Antonio López constató la realidad de que «las personas cada vez vivimos más» y destacó que Galicia cuenta con la esperanza de vida más alta del país, con 84 años de media. Por su parte, María Emilia Adán destacó la necesidad de abordar la jubilación con esperanza e ilusión porque «no es más que un cambio de perspectiva» y las personas mayores tienen mucho que aportar, desde una mayor serenidad a un bagaje cultural y profesional de enorme valor.
El debate sobre el género en las pensiones de viudedad se celebró en el marco de Jubilare, una comisión científica que nació en 2022 para abordar los retos que afrontan los mayores desde múltiples perspectivas. María Núñez recordó que se han tocado temas como el talento sénior y las nuevas formas de convivencia, como el coliving, y asuntos jurídicos relevantes, como las cláusulas testamentarias. Respecto de las mujeres que se jubilan, confirmó que la brecha en el mercado del trabajo sigue existiendo y se refleja en las pensiones.
Viudedad, un fenómeno femenino
El primer bloque lo abrió Luis Carlos Tortajada, compartiendo algunas cifras y proyecciones, destacando que hasta 2035 se producirá un incremento significativo del número que integran el grupo de las personas mayores, especialmente en los rangos altos de edad y en la población femenina. Las pensiones de viudedad atañen casi en exclusiva a las mujeres, sobre todo a partir de los 85 años, ya que muestran una mayor tasa de supervivencia. «No es un fenómeno de viudedad, sino de viudedad femenina», recalcó, lo que plantea implicaciones sociológicas, económicas, sociosanitarias, sobre todo por las necesidades y la asistencia que tendrán esas personas y los recursos reducidos con los que contarán para afrontar sus gastos.
«La cobertura económica que tienen estas personas de avanzada edad es pequeña y en muchas ocasiones no cubre las necesidades básicas», concluyó el directivo de Mapfre. La situación se agrava cuando solo se cuenta con la pensión de viudedad.
La conclusión es que la brecha de género se mantiene en la etapa de la jubilación, aunque poco a poco se va cerrando debido al mayor acceso al mercado laboral de la mujer, lo que les permite cobrar una pensión de jubilación mayor. «La brecha está más o menos en un 20%», señaló Tortajada.
Las causas de esta diferencia son diversas. Las mujeres viven más años y muchas de ellas, aunque trabajaron mucho en casa o en el campo, no cotizaron. Por otra parte, se refirió al mercado laboral y al rol social que se les da. Son cerca del 65% de las personas que trabajan a tiempo parcial y lo hacen en sectores con remuneraciones más bajas. Además, entran y salen del mercado de trabajo con excedencias por cuidados. El directivo de Mapfre puso el acento en esta problemática con el objeto de que adquiriera relevancia y se establecieran mecanismos y herramientas de protección al tiempo de la jubilación.
«El escudo social y familiar se está deteriorando. A veces, para preservarlo, una mujer joven tiene que renunciar a parte de su carrera profesional y de sus recursos para cuidar a su madre mayor», reiteró. Y es que esta etapa coincide con una transición hacia la dependencia, un panorama que se puede abordar desde dos puntos de vista: uno más preventivo, que intenta que sean dependientes lo más tarde posible, a través de programas de bienestar; y otro más asistencial, con centros de día, ayuda a domicilio o ingresos a tiempo completo en residencias.
«Lo fundamental es reconocer la vulnerabilidad de un colectivo que cuando cuentan solo con la pensión de viudedad, tienen una situación económica difícil» y recordó que, en Japón, uno de los países con mayor longevidad del mundo, se aprobó el pago de un seguro obligatorio a partir de los 40 años para cubrir la dependencia en la última etapa vital. Por ello, pidió utilizar todos los recursos tanto públicos, como privados y el voluntariado, entre otros, para solventar esta situación, visibilizar este escenario y fomentar una cultura del ahorro para la vejez.
Pensiones y mujeres
Tras su intervención, fue el turno de María Emilia Casas Baamonde, doctora honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela, que advirtió que los sistemas de previsión social deben afrontar un reto marcado por varios hechos: que la población tiene una mayor esperanza de vida; que la inmigración metapositiva no compensará la caída de la natalidad en Europa; y que para 2040 la fuerza laboral se reducirá en dos millones de personas. Todo ello es un desafío para la sostenibilidad de las pensiones.
«Lo que la pensión de viudedad protege no es la muerte, sino la supervivencia: el daño causado por la muerte de una persona trabajadora. Se protege al superviviente que permanece, que no trabajaba, carente de ingresos, con una prestación». En consecuencia, subrayó, «es una prestación del no trabajo de la mujer, que es contributiva, pero es asistencial para la beneficiaria».
La experta destacó que la brecha de género en términos de cotización se refleja también en que el único escenario en el que la prestación de la mujer es superior a la del hombre es precisamente en la pensión de viudedad. Mientras que más de 2.141.000 mujeres cobran una prestación entre los 600 y los 800 euros mensuales, los hombres que lo hacen son apenas 207.000, con unos ingresos en torno a los 400 euros, debido a que «la mujer ha tenido una peor posición en el mercado, con algunas excepciones».
En este sentido, la catedrática de derecho laboral explicó que la pensión de jubilación «es compatible con todo, salvo que se requieran los complementos a mínimos» y no protege necesariamente una situación de necesidad «porque no tiene en cuenta el patrimonio de la persona». Sin embargo, «la prestación de viudedad está muy acercada al seguro privado, al régimen de protección de un daño», ya que protege el régimen económico de la unidad familiar que sobrevive, reiteró.
Relacionado con esto, recordó que el artículo 41 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) es un precepto que ordena mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes en situaciones de necesidad, especialmente en situación de desempleo.
Problemas en la prestación de viudedad
María Emilia Casas también constató dos problemas fundamentales en la prestación de viudedad. Por una parte, que el legislador español ha modificado poco el régimen regulador desde la década de 1940, de cuando data la primera regulación. «Solo se han movido piezas estructurales por la jurisprudencia constitucional y por el cambio social», destacó. Por ejemplo, hasta 1972 la prestación estaba destinada solo a mujeres. A partir de ese año, se extendió a una parte de los hombres, de manera limitada y respondiendo a una situación de necesidad: si dependían de la fallecida o si estaban incapacitados. Después, el Tribunal Constitucional en 1983 «dobló las pensiones de viudedad» en una sentencia que garantizó la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a esta prestación. La resolución igualó situaciones distintas, la del hombre y la mujer, señalando que habría sido necesario que esta decisión la adoptara el legislador. «Tener derecho a la prestación de viudedad sin, más abre el debate por la sostenibilidad del sistema», recalcó.
«La pensión de viudedad sigue cumpliendo una función social importante, no ha llegado el momento para reformarla, pero llegará porque una parte importante de esos dos millones de mujeres viven principalmente de la pensión de viudedad, en consecuencia, es una evitación de la pobreza», sostuvo Casas.
Cambio en el derecho a la prestación
Por otra parte, el reconocimiento del derecho a cobrar la pensión de viudedad ha ido evolucionando. En un principio, derivaba del matrimonio, de acuerdo con una doctrina de larga data de la Corte de Garantías, pero posteriormente se planteó el fenómeno de la diversidad familiar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por discriminar a las personas que se habían casado por el rito gitano y por otros ritos y se les reconoció este derecho. Más adelante, en 2005, se reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo y en 2007 se reconocieron las pensiones de viudedad a las parejas de hecho con una serie de requisitos: estar inscritas al menos durante dos años y mantener una convivencia continuada durante cinco años.
En un momento también se exigió que hubiera hijos en común, pero esto también resultaba discriminatorio, por lo que esta exigencia desapareció. La especialista destacó que la fijación de requisitos tiene como fin último evitar posibles fraudes.
La también expresidenta del Tribunal Constitucional recordó que la pensión de jubilación «es la continuación natural de una vida de trabajo» y se diferencia de la pensión de viudedad en que da respuesta a «la muerte, que es una situación de necesidad».
Por todo ello, María Emilia Casas planteó la necesidad de abrir «una reflexión sobre si tiene sentido un sistema que no tiene en cuenta la situación de necesidad para protegerla».
Además, destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha advertido que «falta más de un siglo para cerrar la brecha» de media en todo el mundo y recordó que hay que actuar con más rapidez: «Los temas de género y la igualdad han mejorado mucho, pero el progreso es muy lento en términos macro y en términos de participación en la sociedad». La mujer sigue incorporándose al mercado laboral en «posiciones bajas».
Puedes acceder a la grabación de la jornada a través de este enlace.