En concreto, un 15% cree que dificultará aún más la cobertura de determinados puestos, mientras que sólo un 9% confía en que la medida pueda mejorar el clima laboral.
Además, en materia de empleo, el 42% de las compañías sitúa la captación y fidelización del talento como su principal desafío, seguido del absentismo laboral, con el 37% de las menciones.
El informe constata que el gran consumo afronta este año con perspectivas de crecimiento, aunque alerta del impacto de la incertidumbre regulatoria y la inestabilidad geopolítica sobre su competitividad.
A pesar de la inestabilidad e incertidumbre global, los datos indican un buen arranque de año para el sector. El 63% de las empresas ha incrementado sus ventas en el primer trimestre respecto a 2024, mientras que un 21% ha mantenido niveles similares y solo un 15% ha registrado un volumen inferior de ventas.
Respecto al cierre del ejercicio, el 46% prevé crecer por encima del 5%, y un 31% lo hará por debajo de ese porcentaje. Por su parte, solo un 5% estima que sus resultados empeorarán respecto al año anterior.
No obstante, las compañías advierten que la inestabilidad internacional podría poner en riesgo sus previsiones para este año. Así, la mitad del sector considera que las guerras comerciales entre grandes potencias son la principal amenaza para el futuro de su negocio.
A este riesgo, y en este clima de inestabilidad, se suma la preocupación por posibles problemas de abastecimiento y escasez de materias primas, mencionadas por el 32% de los directivos.
El informe de la patronal de gran consumo también pone el foco en el impacto de las políticas impulsadas desde Estados Unidos, ya que para el 51% de las compañías, la principal consecuencia será un encarecimiento de las materias primas y sus componentes.
Además, el 21% teme una caída de las exportaciones hacia el mercado estadounidense, mientras que un 17% apunta al riesgo de un aumento de la competencia en el mercado interior.
Mientras que a nivel nacional, los directivos identifican dos grandes preocupaciones de cara a este año como son la caída del consumo debido a la incertidumbre (37%) y la presión regulatoria (35%).
Así, las empresas trasladan dos demandas prioritarias al Gobierno como es la de aplazar la entrada en vigor de nuevas medidas con fuerte impacto económico (50%) y el defender los intereses empresariales en el nuevo escenario global (30%).