Por Ilier Navarro.- ¿Cómo se está desarrollando el binomio tecnología - personas sénior? Algunas voces aseguran que la innovación y la digitalización serán parte fundamental del apoyo que requieren los mayores a medida que cumplen años y pierden autonomía, pero otras consideran que nunca suplirán el cuidado humano. En lo que hay un alto nivel de acuerdo es en que la falta de habilidades en el manejo de herramientas digitales puede agravar los casos de aislamiento, en un entorno marcado por servicios públicos cada vez más automatizados, que no son accesibles para las generaciones que no son nativas digitales. Además, junto a esta realidad, nos encontramos con el contrapunto de la disidencia sénior: los mayores que no quieren ser parte del mundo digital y reclaman su derecho a realizar gestiones de manera analógica y presencial. Es un asunto complejo que exige un mayor nivel de adaptación para que la persona mayor esté en el centro y se pueda reducir la brecha digital.
Estas fueron algunas de las ideas que se destacaron en la jornada «Mayores en Red. Derechos y brecha digital en la sociedad conectada» organizada por la comisión científica Jubilare, la iniciativa que impulsa el Colegio de Registradores de España para abordar los retos jurídicos de las generaciones sénior. La jornada (cuya grabación está disponible en este enlace) se desarrolló el pasado 2 de julio en el salón de actos de la sede colegial.
En la sesión intervinieron María José Segarra, fiscal de sala coordinadora de personas con discapacidad y mayores de la fiscalía general del Estado; Ramón Jané, director de inclusión de Cruz Roja Española; Joaquín Pérez, responsable de personas mayores y cuidadores de Cruz Roja Española; y Begoña Dorado, referente del programa de personas mayores y cuidadores de Cruz Roja Española.
¿Son las herramientas digitales una ayuda más que un obstáculo? Una de las ideas que abrió la reflexión la planteó María José Segarra al concluir que «la tecnología no se ha volcado al envejecimiento». Al repasar algunas innovaciones que pueden mejorar el bienestar de las personas sénior, destacó las gerontotecnologías, de gran interés por su impacto, pero hizo un llamamiento a no sucumbir ante los cantos de sirena: «Nos están vendiendo que nos podrán cuidar las tecnologías, pero en realidad lo que permitirán será una mayor autonomía y calidad de vida». El factor humano de los cuidados será irrenunciable, destacó.
También puso el acento en el rol que desempeñarán los asistentes de voz, que pueden ser de gran ayuda para las personas mayores. Y es que no solo entretienen o informan, sino que, a modo de ejemplo, podrían contribuir a prevenir caídas y accidentes nocturnos o a organizar rutas de paseo con alertas en los supuestos en los que no se sabe cómo volver a casa.
Una de las conclusiones que apuntó casi al finalizar el encuentro es que «no se necesitan más leyes, se necesita que los servicios públicos piensen cómo ser más accesibles» y relató una serie de situaciones en las que las personas se encuentran con obstáculos para hacer cualquier gestión. Entre ellas, destacó la paradoja de que en casos de atención personal y presencial se exija del ciudadano la presentación de un formulario al que solo pueden acceder mediante un certificado digital del que carecen: es un círculo del que resulta difícil escapar y que deriva en una mayor sensación de exclusión que, además, puede agravar los casos de aislamiento.
Sin embargo, existen medidas legales de apoyo. Una de ellas es la curatela representativa, que le ayuda a gestionar trámites online o con la Administración electrónica. Por otra parte, también pueden utilizar el registro electrónico de apoderamientos previendo el momento en que pueda necesitar ese apoyo y destacó que tanto los apoderamientos como las previsiones anticipadas pueden ser revocadas en cualquier momento. «Son herramientas muy interesantes, pero a la vez estamos anticipando esa falta de autonomía», señaló la fiscal, que subrayó la necesidad de combinarlas con el respeto a las personas que quieren hacer las cosas por sí mismas.
Por último, apelando a una previsión que recoge el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (LA LEY 6637/2016), planteó la posibilidad de interpretar el derecho de forma que, cuando este colectivo no logre comprender las implicaciones del tratamiento de sus datos personales en el entorno digital, pueda acceder a un tratamiento no digitalizado tanto a nivel de atención pública como privada.
Brecha digital y apoyo a los mayores
Por su parte, Ramón Jané destacó que, aunque Cruz Roja es muy conocida a lo largo de la historia por sus intervenciones en situaciones de emergencia y de socorro, su enfoque está en las personas y en las nuevas vulnerabilidades, por lo que en España está muy volcada en las actuaciones con personas mayores y cuidadoras y ya han atendido a más de 225.000 personas de estos colectivos.
Su actuación se rige por tres criterios: la perspectiva de derechos, teniendo en cuenta que no quieren ser una organización que asiste, sino que acompaña a las personas para su ejercicio efectivo; el segundo es la orientación comunitaria; y por último el voluntariado. También subrayó que cuando se habla de mayores, se generaliza en exceso, aunque les afectan vulnerabilidades diferentes. La personalización, señaló, «nos ayuda a hacer una intervención mucho más humanizada y humanizadora».
¿Qué ocurre con los derechos de las personas mayores? En muchas ocasiones, están en jaque cuando todo se tecnifica y no se buscan soluciones adaptadas ante el fenómeno de la brecha digital. Con ello, se impide que este colectivo pueda realizar con autonomía las gestiones que necesita hacer.
«Hemos recuperado un poco el "vuelva usted mañana". Las personas van de Internet a la oficina física y desde ahí a Internet», explicó Joaquín Pérez, que puso el foco en que a esa brecha se añaden dificultades económicas, por ejemplo, para adquirir un smartphone o datos, y de conocimiento o interpretación. Y advirtió que numerosas personas que no dominan la tecnología se aíslan más, pudiendo desarrollar problemas de salud mental y de desconexión con el entorno social.
Por ello, la prioridad es dar apoyo a las personas que quedan fuera y recalcó que desde Europa se ha destacado el concepto del mínimo digital que deben tener los ciudadanos. «Creemos que los datos son un bien básico porque te lo exige la sociedad» e insistió en que los costes debían reducirse, para lo cual era necesario la actuación de los poderes públicos. Por otra parte, hay personas que no tienen las competencias y destacó la brecha de calidad de uso, que preocupa mucho cuando se trata de menores de edad, pero los mayores también pueden verse afectados.
Asimismo, detalló otros factores asociados que influyen en la brecha: la situación económica, el género, la edad, la discapacidad o el entorno rural. «Para los mayores hay que buscar un modelo de inclusión social y avanzar a nuevos estados de madurez digital». Por ejemplo, la incorporación de la voz a las plataformas digitales públicas o privadas mejora el acceso.
Casi al terminar la sesión, el experto señaló que sería interesante hacer un estudio sobre la cantidad de gente que tiene derecho a una prestación y que no la obtiene debido a la barrera digital. Frente a este panorama, concluyó que tienen que articularse medidas públicas que den respuesta a esta problemática.
Enfoque en los derechos
Para Begoña Dorado es indispensable tener claro que las personas mayores son un colectivo heterogéneo, que abarca más de tres décadas. «No hay que ver una única fotografía, sino la diversidad que hay detrás de ese concepto genérico», destacó. Por ello, señaló la necesidad de orientarlas a las tecnologías, pero con un enfoque en los derechos, incluido el derecho a la digitalización.
Otra clave apuntada por la ponente fue la idea de crear un «gancho» que los anime a avanzar en el manejo de herramientas tecnológicas. Para muchas, el aprender algo que les une a los nietos, que les permite integrarse mejor en la sociedad o que les facilita realizar gestiones de forma autónoma es un estímulo, un incentivo que, en muchos casos, les ayuda a retrasar el deterioro cognitivo. Hacer las cosas por ellos mismos, como pedir citas médicas, solicitar su pensión o contratar servicios online fomenta su independencia y mejora su autoestima, al poder participar de manera más plena en el mundo digital. Igualmente, dotarles de ciertas competencias digitales les hace menos vulnerables al maltrato, porque pueden interactuar con la Administración y la comunidad, de manera que logran evitar situaciones de riesgo frente a un abuso.
La experta hizo un llamamiento a velar porque los derechos fundamentales se protejan en el entorno físico y en el digital y para que ningún colectivo se quede atrás afirmando que «no se ha pensado en las personas mayores cuando se ha diseñado la transformación digital». Insistió en que «tenemos que proteger los derechos con la misma calidad que lo hacemos en el mundo real» y planteó el reto de la seguridad, de prevenir que sean víctimas de estafas o de fraudes, a la vez que se les incentiva para que accedan a la tecnología sin miedo a equivocarse. Incidió también en la formación de formadores de personas mayores en ciberseguridad, clave para que puedan ser capaces de trasladar de manera clara la información, de forma adaptada y apoyándose en sus capacidades.
Por último, destacó el derecho de las personas mayores a la no digitalización, que es una reivindicación que ha ganado fuerza. «Hay personas de una avanzada edad que en estos momentos de su vida no quieren plantearse tener que acceder a determinados servicios y tener que superar todas estas barreras. Es el derecho a la no digitalización», concluyó.
Puedes acceder a la grabación de la jornada a través de este enlace.