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Esta Directiva, que moderniza y consolida la legislación de la Unión Europea sobre protección radiológica, establece normas básicas de seguridad para proteger al público en general, a los trabajadores y a los pacientes contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. También incluye disposiciones sobre la preparación y la respuesta ante emergencias que se reforzaron tras el accidente nuclear de Fukushima. Los Estados miembros tenían que transponer la Directiva a más tardar el 6 de febrero de 2018. En junio de 2021, la Comisión envió un dictamen motivado a España, pidiéndole que notificara a la Comisión todas sus medidas de transposición de la Directiva. Hasta la fecha, la legislación nacional notificada solo transpone una pequeña parte de los requisitos de la Directiva, y, por tanto, la Comisión remite a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.