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Según el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo al artículo 287, apartado 4 (LA LEY 6/1957), segundo párrafo, del TFUE. La UE es un importante actor mundial en el ámbito de la pesca, tanto por lo que respecta a su flota (con unos 79 000 buques) como por ser el mayor importador mundial de productos de la pesca (34 % del total del comercio mundial). Con arreglo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la UE se comprometió a poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada antes de 2020, pero esta meta no se ha logrado. Sin embargo, asegurar la legalidad de un producto no garantiza que este se obtenga de manera sostenible. La UE cuenta con sistemas de control gracias a los cuales es más difícil que los productos de la pesca ilegal lleguen a los consumidores, pero, a pesar de las medidas, estos productos siguen llegando a los platos de los ciudadanos de la UE. Una de las principales razones es que los Estados miembros aplican desigualmente los controles y las sanciones. En 2008, la UE estableció un régimen de certificación de capturas para garantizar la legalidad de los productos de la pesca importados. Según los auditores, este régimen había mejorado la trazabilidad y había reforzado los controles de las importaciones. Pero los Estados miembros aplican los controles de manera desigual. El régimen de certificación de capturas de la UE se basa en documentos impresos, lo cual eleva el riesgo de fraude; según los auditores, una única base de datos electrónica en la UE sería más eficaz. De hecho, la Comisión Europea ha desarrollado un sistema informático a escala de la UE para ayudar a detectar el fraude y automatizar los controles.