Antecedentes
El Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. Es esencial para el funcionamiento de la UE en su conjunto, con respecto al mercado interior, la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, y para garantizar que los jueces nacionales que también son «jueces de la UE» puedan cumplir su función en la aplicación de la legislación de la UE y puede interactuar adecuadamente con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Como se refleja en el Informe sobre el estado de derecho de 2022 , persisten serias preocupaciones relacionadas con la independencia del poder judicial polaco. En 2019 y 2020, la Comisión inició dos nuevos procedimientos de infracción para salvaguardar la independencia judicial. Desde entonces, el Tribunal de Justicia determinó que el régimen disciplinario de los jueces en Polonia no es compatible con la legislación de la UE. La Corte también otorgó medidas cautelares para suspender las facultades de la Sala Disciplinaria de la Corte Suprema con respecto a los casos disciplinarios que afectan a los jueces. En su Plan de Recuperación y Resiliencia (RRP), Polonia se comprometió a emprender reformas del régimen disciplinario de los jueces, a desmantelar la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo y a crear procedimientos de revisión para los jueces afectados por decisiones de esa Sala destinados a fortalecer ciertos aspectos. de la independencia del poder judicial. En diciembre de 2021, la Comisión incoó un procedimiento de infracción en relación con el Tribunal Constitucional de Polonia y su jurisprudencia. El Tribunal Constitucional de Polonia emitió sentencias que impugnaban directamente la primacía del derecho de la UE y las disposiciones de los Tratados de la UE.
Incoación del procedimiento
La Comisión incoó el procedimiento de infracción contra Polonia el 22 de diciembre de 2021 mediante el envío de una carta de emplazamiento. Esto siguió a las sentencias del Tribunal Constitucional de Polonia del 14 de julio de 2021 y el 7 de octubre de 2021, en las que consideró que las disposiciones de los Tratados de la UE son incompatibles con la Constitución polaca, cuestionando expresamente la primacía del derecho de la UE. El objetivo de la Comisión es garantizar que los derechos de los ciudadanos polacos estén protegidos y que puedan disfrutar de los beneficios de la UE de la misma manera que todos los ciudadanos de la UE. La primacía del Derecho de la UE garantiza la aplicación igualitaria del Derecho de la UE en toda la Unión.
El Tribunal Constitucional con estas sentencias vulneró los principios generales de autonomía, primacía, eficacia, aplicación uniforme del derecho de la Unión y efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión considera que estas sentencias también infringen el art. 19.1º TUE, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, al darle una interpretación indebidamente restrictiva. Por lo tanto, priva a las personas ante los tribunales polacos de todas las garantías establecidas en esa disposición.
La Comisión también considera que el Tribunal Constitucional ya no cumple con los requisitos de un tribunal independiente e imparcial previamente establecidos por la ley. Esto se debe a las irregularidades en los procedimientos de nombramiento de tres jueces en diciembre de 2015 y en la selección de su Presidente en diciembre de 2016.
El 15 de julio de 2022, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Polonia, al que Polonia respondió el 14 de septiembre de 2022, rechazando el razonamiento de la Comisión. La respuesta polaca no responde a las preocupaciones de la Comisión. Por este motivo, la Comisión ha decidido hoy llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.