Antecedentes
La contratación pública es el proceso mediante el cual las autoridades públicas, como los ministerios o las autoridades locales, adquieren bienes y contratan obras o servicios de las empresas.
A fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas de toda Europa, el Derecho de la UE establece una serie de normas mínimas armonizadas para la contratación pública. Dichas normas regulan la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios por parte de las autoridades públicas y determinados operadores de servicios públicos. Se transponen a la legislación nacional y se aplican a las licitaciones cuyo valor monetario excede de determinado importe. En las licitaciones de valor más reducido, se aplican las normas de carácter nacional, aunque estas normas también tienen que respetar los principios generales del Derecho de la UE.
Cada año, más de 250 000 autoridades públicas de la UE gastan alrededor del 14 % del PIB (alrededor de 2 billones de euros al año) en la adquisición de suministros y en la contratación de obras y servicios. En muchos sectores, como el de la energía, el transporte, la gestión de residuos, la protección social, la sanidad y la educación, los principales compradores son las autoridades públicas.
Insuficiencia de las actuaciones de las autoridades españolas
Tras la notificación tardía por parte de España de la transposición de las tres Directivas y el control de cumplimiento realizado por la Comisión, en diciembre de 2021 se decidió enviar una carta de emplazamiento a este país, seguida de un dictamen motivado en abril de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, España no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para que sea compatible con todas las obligaciones derivadas del Derecho de la UE. El Derecho español se aparta considerablemente de las normas de la UE en lo que respecta a su ámbito de aplicación correspondiente a los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben cumplir la legislación nacional sobre contratación pública por la que se transponen las Directivas. La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes y, en consecuencia, ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.