El informe destaca varios desafíos urgentes que enfrentan las fuerzas de seguridad, como el volumen abrumador de datos digitales, el riesgo de pérdida de datos y las barreras persistentes para acceder a información crítica debido a limitaciones legales y técnicas. El uso cada vez mayor de servicios de anonimización ha complicado aún más los esfuerzos para rastrear actividades delictivas en línea.
Para ayudar a mitigar estos desafíos, el informe analiza el impacto de las nuevas herramientas legislativas de la UE, como el paquete de pruebas electrónicas, la Ley de servicios digitales y la Ley de inteligencia artificial de la UE (LA LEY 16665/2024). Estos instrumentos tienen por objeto facilitar el acceso a los datos, mejorar la cooperación transfronteriza y mejorar las capacidades de investigación. Sin embargo, su eficacia dependerá en gran medida de cómo se implementen y se integren en las estrategias operativas existentes.
El informe también destaca el valor de la cooperación estratégica entre Europol y Eurojust, destacando iniciativas como el Proyecto SIRIUS, que ha reforzado la colaboración en las investigaciones sobre delitos cibernéticos. Estas iniciativas siguen desempeñando un papel decisivo para ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a desenvolverse en un panorama digital cada vez más complejo.
Si bien aún quedan desafíos por resolver, el informe destaca el potencial de estas nuevas medidas legislativas para fortalecer la lucha contra el cibercrimen. Dotar a las fuerzas de seguridad de las herramientas adecuadas y garantizar su uso eficaz en las investigaciones será fundamental para mantenerse a la vanguardia de las amenazas cibernéticas en constante evolución.