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El informe «Hacia sistemas integrados de protección infantil» compara los sistemas de la UE. Ofrece orientación y estrategias de futuro para los Estados miembros. También describe prácticas prometedoras que se utilizan actualmente y que podrían conducir a sistemas de protección infantil mejor integrados.

El informe recomienda:

• — Leyes y políticas específicas: todos los Estados miembros cuentan con leyes de protección infantil. Sin embargo, solo diez cuentan con un único instrumento jurídico de protección infantil que integre los derechos de la infancia en sus leyes, políticas y programas. Solo siete cuentan con estrategias digitales nacionales que protegen a la infancia en línea. Todos los Estados miembros deben garantizar la existencia de un marco jurídico y una estrategia integrados que protejan a la infancia, tanto en la vida real como en línea.
• — Gobernanza y coordinación más eficaces: 20 Estados miembros cuentan con una institución primaria de protección infantil. Esta institución actúa como centro de coordinación y asignación de recursos entre organismos gubernamentales, ONG, fuerzas del orden y profesionales sanitarios. Los Estados que no cuenten con una institución de este tipo deberían crear una. Esta debería tener un mandato claro y recursos suficientes.
• — Proporcionar recursos suficientes (distribuir la financiación de la protección infantil entre diferentes sectores, como la educación, la asistencia social, la sanidad y la justicia) plantea dificultades de recursos y coordinación. La escasez de personal también suele ser un problema debido a la elevada carga de trabajo, los bajos salarios y la falta de respeto por el trabajo de cuidado infantil. Para mejorar la protección infantil, los Estados miembros deben proporcionar una financiación sostenida, adecuada y específica. Asimismo, deben apoyar mejor a las instituciones de protección infantil ofreciendo más asistencia técnica, intercambio de conocimientos y formación, y mejores salarios y condiciones laborales para el personal.
• — Toma de decisiones basada en evidencias: la falta de datos sobre el bienestar y la protección de la infancia, en particular datos que puedan desglosarse por edad o por vulnerabilidad, obstaculiza los esfuerzos para diseñar políticas apropiadas. Los Estados miembros deberían recopilar de forma regular y sistemática datos fiables y comparables para supervisar y evaluar el impacto de sus medidas de protección infantil.
• — Concienciación sobre los derechos e implicación de los niños en asuntos que les afectan: padres e hijos suelen tener un conocimiento limitado de los derechos del niño. Muchos Estados miembros consultan con los niños y sus padres o tutores al desarrollar, implementar y evaluar políticas y leyes de protección infantil, a menudo con la ayuda de ONG o instituciones de derechos humanos. En algunos, es una obligación legal. Esta práctica podría mejorarse aún más colaborando con la Plataforma de Participación Infantil de la UE.
• — Atención de mayor calidad los programas de prevención e intervención temprana, como el apoyo familiar y los servicios de salud mental, siguen siendo limitados en toda la UE. También hay escasez de familias de acogida, especialmente de aquellas que pueden acoger a niños con necesidades especiales. Los Estados miembros deberían invertir más en brindar apoyo y atención de mayor calidad a los niños y las familias.