El evento reunió a expertos jurídicos, representantes de la sociedad civil e instituciones de la UE para evaluar cómo se utiliza la Carta en la actualidad y qué más se necesita para integrarla en la legislación.
La revisión intermedia, impulsada por la Comisión Europea, evalúa los avances logrados desde 2020 y destaca las deficiencias que persisten. Su objetivo es orientar las nuevas medidas para el período 2026-2030, garantizando que la Carta se convierta en una herramienta más sólida y eficaz para proteger los derechos fundamentales en toda la UE.
Si bien la Carta es un instrumento del Derecho primario de la UE, aún se utiliza poco, especialmente a nivel nacional, donde se toman la mayoría de las decisiones que afectan a los derechos. Las autoridades públicas y los tribunales rara vez la mencionan, y su conocimiento por parte de la ciudadanía varía considerablemente en toda la UE. Si bien las instituciones de la UE han tomado medidas para promover su uso, su potencial sigue sin aprovecharse plenamente.
En el clima político actual, las presiones nacionales sobre el estado de derecho y la democracia ponen en riesgo las protecciones de la Carta, mientras que persiste la falta de políticas nacionales para promover su implementación.
Un mensaje clave de la audiencia fue el papel crucial de la sociedad civil. Las organizaciones locales ayudan a las personas a comprender sus derechos, apoyan a las víctimas de abuso y exigen responsabilidades a las instituciones. Sin embargo, a menudo se enfrentan a graves obstáculos: barreras legales, falta de financiación y restricciones políticas. Para seguir siendo eficaz, la sociedad civil necesita no solo apoyo, sino también espacio y confianza para operar con libertad.
Los participantes también destacaron la necesidad de aumentar la visibilidad y el acceso a la Carta. Esto implica una mejor capacitación de los funcionarios públicos, una comunicación más clara con la ciudadanía, planes de acción nacionales más sólidos y un seguimiento periódico del cumplimiento de los derechos en la práctica.
Al mismo tiempo, la UE debe atenerse a los mismos altos estándares que promueve. Si desea ser tomada en serio en materia de derechos humanos, también debe aplicar plenamente la Carta en sus propias políticas e instituciones. Esto incluye ser transparente, rendir cuentas y ampliar la condicionalidad a todos los fondos de la UE.
La Carta también reviste importancia más allá de las fronteras de la UE. Cuando la UE colabora con otros países —a través del comercio, la ayuda o la diplomacia—, su compromiso con los derechos humanos constituye un ejemplo importante. Sin embargo, esto también implica que la UE está sujeta a escrutinio. Varios participantes señalaron la guerra en curso en Gaza como una importante prueba para la credibilidad de la UE. Se insta a la UE a aplicar en su política exterior los mismos principios de derechos humanos que espera que se apliquen en su país. Sus valores deben ser coherentes, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
El CESE apoya estos esfuerzos amplificando la voz de la sociedad civil y compartiendo experiencias prácticas sobre el terreno. El Grupo de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho (FRRL) del CESE realiza visitas a países para recabar las perspectivas de la sociedad civil sobre la situación de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en diferentes países de la UE y candidatos. Estas conclusiones se incorporarán a la conferencia anual del CESE sobre estos temas, que se celebrará el 25 de noviembre de 2025.