Si está pensando en recurrir una sentencia dictada por los juzgados de instancia o de lo social cuyo fallo ha sido desfavorable a su cliente, es importante saber que en un porcentaje muy reducido el recurso será estimado. Así lo señalan, entre otros muchos parámetros, los indicadores del Observatorio de la Actividad de la Justicia que hoy presenta la Fundación Aranzadi LA LEY en su XV edición y que puedes descargarte gratuitamente en este enlace.
Estas y otras conclusiones han sido elaboradas a partir de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial y del análisis realizado por LA LEY a través de su herramienta Jurimetría, que utiliza tecnologías avanzadas para realizar un análisis de miles de decisiones judiciales cruzando todo tipo de datos estadísticos, para obtener toda la información relevante que el usuario necesita en cada momento.
La actividad de la justicia se analiza a través de 10 indicadores: Tasa de Resolución, Tasa de Congestión, Tasa de Litigiosidad, Duración media de los procedimientos, Tasa de Pendencia, Sentencias por Juez/Magistrado, Asuntos ingresados por Juez/Magistrado, Ejecución de resoluciones judiciales, Confirmación de resoluciones en apelación o suplicación, y Confirmación de resoluciones en casación. Estos indicadores, interpretados en forma global, nos dan una idea bastante aproximada de la situación de la actividad judicial en cada una de las jurisdicciones en cada ámbito territorial o de un juzgado o tribunal concreto. En definitiva, una radiografía de nuestro sistema judicial, de sus virtudes y de sus carencias.
La mayor parte de las sentencias son confirmadas en instancias superiores
Centrándonos en el indicador concreto de la confirmación de resoluciones (indicador de calidad), observamos que en el caso concreto los resultados son muy similares a los de años anteriores, más de un 70 por ciento de las resoluciones serán confirmadas por las Audiencias Provinciales o por los Tribunales Superiores de Justicia, ya sea en apelación o en suplicación. El porcentaje de confirmación más elevado lo tiene la jurisdicción contencioso-administrativa, con un 70,30% para 2022.
Si llegamos al recurso de casación, siempre y cuando la resolución sea susceptible de este recurso, vemos que es más que improbable que nuestro recurso de casación prospere: el 89,10 por ciento de las sentencias son confirmadas, llegando a un 93,60% cuando se trata de la jurisdicción penal.
Suspenso en ejecución de sentencias firmes
Todos sabemos que una vez dictada resolución firme, el asunto verdaderamente no ha terminado. Hasta que la fase de ejecución de la sentencia concluye, no podemos hablar de justicia efectiva. En el 2022 según los datos del informe, solo un 34,04% de las resoluciones han llegado a buen fin, respecto del número total de ejecuciones solicitadas.
Es uno de los peores datos de los últimos años, evidenciando la carencia de medios y personal suficientes para conseguir una tasa aceptable. El informe aporta el dato de que hay alrededor de 100.000 resoluciones pendientes más, siendo las jurisdicciones civil y penal las que se llevan la palma.
¿Saber que la mayor parte de los recursos serán desestimados nos aporta seguridad jurídica? ¿Es predecible la justicia?
En absoluto, tal y como señalan el magistrado Miguel Pasqual del Riquelme y el abogado y economista Juan Mora-Sanguinetti, miembros del Observatorio de la Actividad de la Justicia. La previsibilidad, o la falta de ella, tienen más que ver con la ineficacia de nuestro sistema de recursos y la sobrecarga de trabajo de nuestros tribunales. El retraso en la respuesta judicial, en el señalamiento de las vistas, en el dictado de sentencias, terrible a veces, socaban la tutela judicial efectiva, y generan un grado muy elevado de inseguridad jurídica.
Señalan los autores que desde un punto de vista teórico, la previsibilidad se asocia a la certeza sobre el sentido esperable de la respuesta judicial, y aunque teóricamente y según los números antes apuntados podríamos decir que nuestra justicia es predecible, ello no es así. La predicibilidad desde un punto de vista práctico se asocia también a la «fijación definitiva del criterio judicial». Por tanto, la inseguridad se crea no solamente por la falta de fijación de un criterio cierto, sino también por la tardanza excesiva en la fijación del mismo, pues cuando llega, ya no es útil para el justiciable.
En definitiva, la tardanza genera una gran inseguridad jurídica y es fuente de conflictividad social. Una justicia predecible resolverá los conflictos de la misma manera en todas sus instancias y en un tiempo razonable.
Pascual de Riquelme y Mora-Sanguinetti nos ofrecen en su informe algunas soluciones que podría implementar el sistema judicial, como la promoción de los mecanismos de unificación de criterios jurisdiccionales y procesales, una divulgación de estos criterios que sea efectiva, que exista una aceleración de la respuesta judicial en casos recurrentes identificándolos de forma temprana, también la especialización de los tribunales para determinados asuntos, entre otros.
Una ayuda imprescindible será la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, no solo el uso de las bases de datos, sino también herramientas como jurimetria, que permite al profesional obtener información no disponible en una base de datos: líneas jurisprudenciales, duraciones de los procesos, probabilidades de los recursos o predicción de los resultados.
El «Informe 2023 del Observatorio de la actividad de la Justicia» puede descargarse gratuitamente en este enlace.