Por José Miguel Barjola.- La superproducción normativa en España plantea dos problemas: la cronificación de los conflictos y, consecuencia, el colapso en los tribunales. Y esto, a la postre, no solo dificulta el día a día de los jueces, provocando que sus sentencias sean cada vez sean más imprevisibles, sino que, además, tiene un impacto negativo en la economía. El abogado, y economista del Banco de España, Juan Mora-Sanguinetti ha publicado varios artículos de investigación colocando el dedo en este asunto: en cómo la baja calidad de las leyes españolas y su excesivo número —publicamos más de 12.000 leyes al año— son un palo en la rueda del crecimiento económico.
En el último Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Aranzadi LA LEY, que puedes descargarte en este enlace, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual, abre una nueva línea de investigación al analizar cómo un sistema judicial imprevisible redunda en un perjuicio para los ciudadanos y los emprendedores, pero además, en un nivel macro, para los indicadores económicos del país.
Con ocasión de la presentación del Informe que tuvo lugar el pasado 1 de febrero en las oficinas de Uría Menéndez en Madrid y cuya grabación puedes ver aquí, Juan Mora-Sanguinetti charló con Diario LA LEY.
En vuestro informe habláis de la predictibilidad de la justicia. ¿A qué os referís, exactamente, cuando aludís a este término?
La predictibilidad es un concepto muy difícil de medir. En un ámbito de debate tan inflamado a veces, se ancla muy poco el debate en datos, pero es justo lo que queremos. Lo que buscamos cuando medimos la predictibilidad de los tribunales es medir si el criterio de los tribunales, aquello que te va a decir la justicia, es más o menos algo que se haya podido predecir o prever. Y como entramos dentro de las percepciones, algo que queremos evitar, nos basamos en datos. La mejor manera es utilizar el sistema de la OCDE y medir el número de recursos, es decir, las veces que las partes, las empresas, los ciudadanos o los abogados sienten la necesidad de solicitar una apelación en segunda instancia. Y esto está muy relacionado con la previsibilidad.
¿Vivimos una ruleta rusa judicial en España? Al menos comparados con nuestros vecinos.
Es común que los resultados rompan la tendencia del debate en la calle. La realidad es que la botella no está ni medio llena ni medio vacía. En términos de predictibilidad somos bastante similares a nuestros vecinos. No quiere decir que no tengamos que cambiar. Los datos dicen que se recurre alrededor de un 8% de las sentencias de primera instancia. En Portugal estarían mejor: solo un 5%. En otros países, como Francia, tiene un 12% de recurso. Estaríamos más o menos en la media. Y está bien decirlo.
Trazáis una correlación entre la predictibilidad de los tribunales y el desarrollo económico. ¿En qué consiste esta conclusión?
Cuando un sistema es poco previsible, hay más litigación. Y si esto ocurre, el sistema está más colapsado y es más lento. Y esto deriva, en última instancia, en problemas económicos. Según nuestros cálculos, perdemos entre un cinco y siete por ciento de emprendedores por pecar de poco previsores, según los resultados de los datos y de la aplicación de los modelos. Llegamos a perder cerca del 2% del crecimiento de las empresas. Con estos datos se pone encima de la mesa cómo el buen funcionamiento de la Justicia afecta al bolsillo del ciudadano.
Son comunes las quejas de que las normas son interminables, difíciles de entender… ¿Dificulta esto a la hora de predecir hacia dónde se inclinará un juez?
Sin lugar a dudas. Uno de los factores que hay que poner bajo la lupa es que las partes, los abogados, las empresas, los ciudadanos, entran en conflictos y en problemas con la administración por la complejidad del marco normativo. España tiene un marco normativo muy complejo. Aprobamos 12.000 normas al año. En los 80, se aprobaban una media de 3.000. Hablamos de un incremento de cuatro veces del ritmo legislador. A más normas, las redes de conexión de estas normas con otras se complican. Sabemos que la calidad de la redacción empeora. Todo lleva a malentendidos. Y las empresas, sin ningún tipo de mala intención, vulneran las normas. No podemos exigir que las empresas y los ciudadanos sean juristas de profesión. Te pierdes en la red normativa y terminas en conflictos. Conflictos, congestión judicial, falta de claridad y consecuencias económicas. Es la cadena de efectos.
Entonces, si te nombrasen ministro de Justicia mañana, ¿qué cambiarías para arreglar todo esto?
Podría decir muchas estrategias y ninguna sería una solución definitiva. Todos sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Una mejor especialización de los tribunales, bien diseñada, no universal, ayudaría a la previsibilidad. Por ejemplo, en los casos de mercantil; apostar por la buena gestión de los datos, la estadística, la jurimetría y las nuevas técnicas de gestión en los juzgados para exprimir el flujo de información y la transmisión de datos, ayudaría; la identificación temprana de casos problemáticos, ayudaría; a largo plazo, políticas de mejor regulación, ayudarían.