Carlos B Fernández. Desde el pasado uno de octubre, Ofelia Tejerina es presidenta de la Asociación de Internautas, cargo al que accede después de desempeñar durante 13 años el de secretaria general de dicha organización, al lado de Víctor Domingo.
Esta abogada y profesora leonesa, es una de las más relevantes especialistas de nuestro país en el ámbito del Derecho relacionado con las tecnologías, además de una activa defensora de los usuarios de Internet, en particular de su derecho a la privacidad y a la libertad de expresión en las redes sociales (tarea en la que destacó actividad en contra del art. 58 bis de la LOREG (LA LEY 1596/1985), tal como fue redactado por la LOPDGDD (LA LEY 19303/2018). Consecuencia de esta vocación es su participación habitual en programas formativos de entidades públicas y privadas orientados a la concienciación sobre el buen uso de las tecnologías, como Pantallas Amigas. Igualmente es Patrona de la Fundación España Digital y Miembro del Comité organizador del Foro de la Gobernanza en Internet (IGF) 2019, entre otras variadas actividades.
Con ella hemos repasado los aspectos más relevantes del comercio electrónico, la ciberseguridad, las noticias falsas, la neutralidad de la red y otros aspectos relacionados con el acceso y la utilización de la Red por los ciudadanos, en particular desde sus nuevas responsabilidades en la Asociación que ahora preside.
DIARIO LA LEY: El comercio electrónico, la privacidad, el uso de contenidos digitales, las noticias falsas, son algunos de los problemas más relevantes que afectan a los usuarios de internet y que más preocupación suscitan ¿cuál es la situación actual de los mismos?
OFELIA TEJERINA: Los problemas que más preocupan a los usuarios de las redes actualmente son problemas que ya llevan tiempo entre nosotros, no son algo nuevo que nos pueda sorprender.
Por ejemplo, la privacidad nos preocupa desde que hay dispositivos y comunicaciones electrónicas y sigue siendo una preocupación muy importante que se ha incrementado con el uso de la nube, ante las noticias de las brechas de seguridad que han afectado a prestadores de estos servicios.
El comercio electrónico, compra on line o ecommerce, se ha desarrollado de una forma muy potente en España y por ello como usuarios nos preocupa, sobre todo cuando tenemos un problema, cuando el producto no llega o llega defectuoso o no tiene nada que ver con lo que habíamos pedido. Pero esa preocupación deberíamos tenerla antes, porque en este tipo de operaciones frecuentemente no se sabe dónde estás comprando, ni quién es el vendedor, ni dónde está alojado, ni si dónde está alojado existen leyes que defiendan a los consumidores, etc. y seguimos viendo muchísimas imprudencias a este respecto. En Europa tenemos la suerte de contar con un Defensor europeo del Consumidor que protege a los usuarios en la compra online en países europeos, pero eso no sucede en todos sitios.
Y no podemos olvidar el tema de la propiedad intelectual, un asunto que parece que últimamente se mueve en aguas tranquilas, pero sobre el que los lobbys de la propiedad intelectual y los derechos de autor sigue dando batalla. Pese a las amenazas de que se iba a acabar la cultura, la tecnología ha traído nuevas formas de negocio muy lucrativas, para los autores y para todas las industrias que promueven derechos de autor, cine, música, teatros, etc. Cualquiera que quiera utilizar algún tipo de tecnología en su negocio, ha visto que al final, bien utilizado, aporta más beneficios que perjuicios.
DLL: Cada vez es mayor la preocupación por la ciberseguridad
OT: La ciberseguridad presenta una doble vertiente, para los usuarios y para las empresas. Para los ciudadanos el temor suele ser que el ataque de un virus deje inutilizado su equipo o les haga perder información o que la misma pueda ser captada a veces sin que ni siquiera se hayan dado cuenta, por no advertir ningún funcionamiento anormal del dispositivo.
Pero a nivel de las empresas la preocupación aún es mayor. El Reglamento de Protección de Datos ha hecho aún más visible la necesidad de contar con políticas de ciberseguridad en las empresas y en las Administraciones, por supuesto, al igual que obliga a notificar las brechas de seguridad que se identifiquen. Pero la ciberseguridad va mucho más allá. Están los posibles ciberataques a infraestructuras críticas y que pueden hacer que un país entero se puede quedar sin luz, sin electricidad, sin agua... algo que ya es un problema de seguridad nacional. Al igual que la ciberguerra, los ataques dirigidos desde muy diferentes vectores de los que no se conoce el responsable, ponen de manifiesto que la vulnerabilidad de nuestros sistemas. Se trata de un problema que requiere de una cooperación internacional que no se consigue para temas también muy graves, como la trata de mujeres, o cualquier tema de salud pública.
Por eso me parece sorprendente esa especie de conciencia todavía muy infantil sobre la seguridad en la red. Todavía pensamos que a nosotros no nos puede pasar, lo que apunta a una falta de concienciación que conlleva una falta de prudencia, pese a que cada vez vemos más formas de ataque diferentes y que no conocemos.
DLL: Es un tema que entronca directamente con el de la educación, en especial de los menores.
OT: La educación es una de las asignaturas pendientes en este ámbito. Todavía estamos tratando de concienciar a responsables de Administraciones Públicas de lo importante que es la educación en tecnología, a todos los niveles.
Porque con los menores hay un trabajo tremendo todavía por delante. Es verdad que se está haciendo un buen trabajo, por lo que muchos menores ya han oído hablar de privacidad en Internet y son conscientes de los peligros que acechan y de adoptar medidas como privatizar su perfil, algo por lo ninguno se preocupaba hace diez o quince años.
Sin embargo, se dan casos de menores que han crecido con Internet y que hoy son adultos, que han ido sufriendo en carne propia muchos de los grandes errores que se han cometido, incluyendo publicar determinadas fotografías en las redes. Esos menores, primero no han tenido la formación que era necesaria en los colegios y, segundo, no han tenido el ejemplo de sus padres. O al revés, no han tenido el ejemplo de sus padres y además no han tenido apoyo docente en los centros escolares. Si seguimos en esa dinámica, desde luego el día de mañana va estar lleno de gente jubilada con grandes problemas, porque en su momento utilizaron mal Internet o las redes sociales por no ser conscientes del peligro al que se podían exponer. Y eso es un problema tremendo.
Es verdad que la legislación protege a los menores, por supuesto, porque es un eslabón muy débil de la sociedad, y también que cada vez más se dota de recursos para esta formación a los menores. En este sentido, la Agencia de Protección de Datos está haciendo un gran trabajo, apoyado, además, por empresas y a entidades que se dedican a la difusión de materiales didácticos, siendo un ejemplo importante en el sentido de que no viaja sola, de que es consciente de que, como Administración Pública, necesita apoyarse en otros agentes del mercado. Es esencial que los poderes públicos escasos de recurso, los inviertan de forma responsable para que lleguen y tengan el mayor alcance posible. Es la gestión eficiente de recursos a la que la ley obliga a la Administración Pública, al fin y al cabo.
DLL: Se aproxima una nueva campaña electoral y vuelve la amenaza de las noticias falsas
OT: Obviamente, en periodo electoral siempre surge el problema de las fake news. Es uno de los grandes problemas que tienen los políticos, que no saben cómo frenar ese chorro de noticias que perjudican gravemente su imagen, porque van dirigidas, precisamente, a proporcionar información negativa sobre ellos y sus programas, sin saber de dónde vienen esos ataques.
Difundir información falsa no deja de ser un ataque, algo tan viejo como la guerra, pero combatirla hoy requiere nuevas fórmulas. Y la fórmula más importante para ello es el pensamiento crítico. Antes nos creíamos todo lo que salía en televisión y ahora tenemos las redes sociales. Hoy a cualquiera le llega un WhatsApp y se cree lo que le acaba de decir alguien, cuándo es perfectamente manipulable simplemente con cortar palabras. El problema es que si ese pensamiento crítico no lo tenemos con un WhatsApp, imaginemos lo que puede ocurrir con noticias aparentemente fiables de medios de comunicación aparentemente fiables. Ahí es donde está el verdadero problema.
Hay que combatir esos medios que se hacen llamar medios de comunicación social y no lo son, no son un periódico que tiene responsabilidad legal y que cuenta con un sistema de periodismo perfectamente establecido, salido de facultades de periodismo, con responsabilidades internas y que se basan en criterios de veracidad. Y también enfrentarse al problema del periodismo autónomo, freelance, que tiene que ganarse el sueldo a base de dar noticias de impacto, que se redistribuyen según se reciben, sin someterlas a la reflexión que merece el criterio de veracidad que su propio código deontológico establece, algo que ha llevado a muchos medios de comunicación a difundir fake news.
Pero aunque tenemos que pensar cómo se puede regular todo esto, los gobiernos no pueden dedicarse a definir la verdad, sino limitarse a advertirnos de que pueden llegarnos noticias falsas a través de nuestra red social y que, antes de creérnosla o reenviarla, tendremos que contrastar, y para eso es necesaria la libertad de información en las redes. Si empezamos a cortar y a encapsular lo que el Gobierno dice que es verdad, entonces es peor el remedio que la enfermedad. Las fake news no pueden ser una carta blanca para que los gobiernos puedan decidir qué informaciones podemos ver y cuáles no podemos ver. Por lo tanto, por muy manido que suene, también aquí la educación es importante, e igual que hemos aprendido a convivir con el spam, tendremos que aprender a convivir con las fake news. Es algo complicado, porque estamos en un momento muy revuelto –también en España, políticamente, es un momento muy revuelto- y nos cuesta menos creer algo que averiguar si es cierto.
DLL: ¿Cómo se encuentra el tema de la neutralidad de la red?
OT: La neutralidad de la red se revolvió hace un año cuando se comenzó a hablar del 5G, ese imparable flujo de contenidos a gran velocidad a través de las redes. Cuando Trump llegó al gobierno decidió que la neutralidad de la red no era útil para el negocio de las grandes operadoras y tumbó una ley de Obama, diciendo que no servía, que esto es un negocio de empresas privadas y que hay que seguir otro sistema de gestión de los contenidos. Un sistema que pasa por el pago de un peaje por alquilar las redes para ofrecer contenidos. Y un peaje que va a ser grave porque como no hay neutralidad en la red, el titular de la red puede establecer límites a lo que la gente ve a través de su canal; solamente tendrán buena calidad si lo ven a través de su canal directo y lo que se van a alquilar son unas redes defectuosas.
Sin embargo, la neutralidad de la red tiene que permitir el acceso libre a contenidos con calidad, como un servicio universal, como en su momento lo fue el teléfono móvil. Es algo a lo que tenemos que acceder todos: calidad del servicio y calidad de los contenidos. Ralentizar la velocidad de la red en función de si eres mi cliente o no, lo único que va a hacer es encapsular al cliente. Las empresas podrán ofrecer los contenidos que quieran y el usuario, que quiere calidad, se va a quedar encapsulado en la información que se le ofrezca, sin la posibilidad de contrastar información en otros lugares.
DLL: ¿Cree que el reconocimiento en la nueva LOPD, de un derecho de acceso universal a Internet tiene algún tipo de efectos en este sentido?
OT: El derecho de acceso a Internet, como derecho universal, ya estaba reconocido hace diez años. Es verdad que la velocidad que establecía el Reglamento de Servicio Universal era, hoy en día, irrisoria y no sirve para poder acceder a la red, pero solucionarlo requiere simplemente actualizar un poco la legislación.
Este derecho de acceso universal tiene muchas vertientes, y requiere un desarrollo reglamentario para que tenga sentido, porque no es lo mismo un derecho fundamental, que tenemos todos los ciudadanos como el derecho a la privacidad o el derecho a la dignidad, que un derecho socioeconómico. Donde realmente encaja el derecho de acceso a Internet es en uno de esos derechos socioeconómicos, como el derecho a la vivienda o a un trabajo digno. Y esa es la gran diferencia, porque si lo imponemos como un derecho fundamental, las grandes operadoras se van a enfrentar a la gestión de ese derecho fundamental.Y yo creo que, de momento, eso no va a ser posible. Ahora bien, como derecho socioeconómico, qué menos que prestar servicios de calidad, de forma que si una empresa se plantea prestar servicios en España, recuerde que está reconocido como derecho y que va a tener que prestarlo con esa calidad. Es, como el ejemplo de la vivienda, tener derecho a una vivienda no quiere decir que el Estado tenga que proporcionársela a cada ciudadano. Y ésa es la gran diferencia.
DLL: ¿Cómo se plantea abordar todo este amplio conjunto de problemas desde su nuevo puesto de presidenta de la Asociación de Internautas?
OT: Estamos convencidos de que la Asociación va a poder continuar el legado de Víctor Domingo. Obviamente, su carisma era especial, pero ahora empezamos una nueva etapa que tendrá un sello personal diferente. Sin duda, la labor que se ha hecho hasta ahora es estupenda, creo que hemos trabajado en muchas batallas que han tenido resultados muy positivos, y que podemos seguir haciéndolo.
Seguiremos siendo altavoz de campañas que necesiten difusión a través de las redes para que los ciudadanos las conozcan; seguiremos siendo altavoz de quienes consideren que tienen algo importante que aportar a la sociedad digital; seguiremos participando en las redes como un altavoz de nuestra propia opinión sobre lo que creemos que es bueno para los usuarios y lo que creemos que no lo es; pediremos a los poderes públicos que sean conscientes del daño que pueden hacer, tanto si intervienen en determinadas iniciativas como si no intervienen; y seguiremos intentado ser un referente sobre materia de tecnología, aplicación de la ley, aplicación empresarial, aplicación, incluso, medioambiental. Cualquier sector que implique responsabilidad con la sociedad a través del uso de la tecnología, será objeto de estudio y de análisis y de difusión por parte de Internautas.
DLL: Ha hecho referencia a la Administración, ¿qué le pide, desde su puesto, a la Administración en estas materias?
OT: Creo que la Administración Pública tiene que poner mucho énfasis en la dotación de recursos, incluyendo campañas de difusión y de información sobre el uso responsable de la tecnología.
Esa dotación de recursos económicos tiene que ir en primer lugar a las diferentes Administraciones Públicas, para dotarlas de recursos para afrontar la tecnología y su uso responsable. Además, se tiene que dotar de recursos a las entidades que se preocupan por hacer esto más cercano a la ciudadanía, porque al fin y al cabo somos unos colaboradores imprescindibles para la Administración y hacer que sus propios objetivos tengan sentido.
Y, luego, lógicamente, la Administración tiene que ocuparse de que esos recursos estén bien gestionados, y de que lleguen allí donde se necesiten, porque tiene la capacidad de detectar dónde hay más problemas y dónde deben dirigirse esos recursos.
Ello incluye tener en cuenta que si la Administración electrónica falla, tiene que tener el respaldo analógico, porque estamos intentando correr a la velocidad de la tecnología e imponer determinados trámites con la Administración a través de herramientas tecnológicas que hay mucha gente de las que no dispone. Por tanto, si hay una brecha en la España rural con estos temas, no se puede imponer por ley la utilización de la Administración electrónica, porque hay muchos sitios donde la velocidad que se ofrece con la conexión no es la adecuada para ponerse en contacto con la Administración; con lo cual, tienes siguen siendo necesario ofrecer la respuesta analógica. Es más, vamos tan rápido, que creo que cada vez se hace más necesario la alternativa analógica a muchas de las tecnologías que se están utilizando por parte de la Administración, y que se están implantando como lo más cómodo del mundo y lo más rápido pero que a mucha gente que no interesa. ¿Qué pasará el día que, para entregar tu declaración de Hacienda, se recurra al reconocimiento facial? ¿Tenemos que llegar a ese extremo, o podemos oponernos a que eso se haga así y poder presentarla en papel si queremos? Creo que la alternativa analógica tiene que ser también un derecho.
DLL: ¿Se refiere al riesgo de que la Administración corra más que el ciudadano en su capacidad de adaptación a la tecnología?
OT: Y a que corra tanto que no se pare ni a pensar en los riesgos. Las dos cosas.
DLL: Es decir, ¿hay necesidad de formación en la Administración?
OT: Así es. La necesidad de formación alcanza también a quienes toman las decisiones, a esos partidos políticos, a ese sistema judicial, que todavía está un poquito verde en materia de tecnología, pero que cada vez, afortunadamente cada vez más, cuenta con personas que promueven el buen uso de las tecnologías en estos entornos.
Y es muy importante promover la consulta a los expertos en aquellos entornos en que se toman decisiones. Esto en otras materias, como medicina o como arquitectura, no pasa. Los responsables políticos son conscientes de que no controlan esa materia y no dudan en consultar a los mejores expertos del país para, luego, tomar las decisiones más acertadas. Sin embargo, en aquello que tiene que ver con la tecnología, parece que como se sabe usar el móvil y enviar un WhatsApp, se sabe en qué consiste la tecnología y se pueden tomar decisiones al respecto. Y ello provoca el que luego nos encontramos con las normas que nos encontramos en tecnología, dictadas en caliente y con grandes errores que podrían haberse subsanado simplemente con haber reflexionado un poquito. O someterlo al debate social, que esto para mí es otro de los errores añadido al de la educación, la ausencia de un debate social en materia de regulación.
DLL: Y en el ámbito concreto de la Administración de Justicia, ¿qué cree que hace falta?
OT: La Administración de Justicia necesita ser más consciente de la transversalidad de la tecnología. Y aunque se ha hablado mucho de la conveniencia de contar con Juzgados especializados en temas de tecnología, yo no creo que esa sea la solución, porque la tecnología es transversal. Es decir, los Juzgados especializados en tecnología pueden ayudar a mejorar mucho las cosas, pero un Juzgado de lo Mercantil o un Juzgado de Familia, no pueden trabajar si no son conscientes de cómo las personas que llevan sus problemas a ese Juzgado, se enfrentan a la tecnología y los problemas que les da.
DLL: En este sentido ¿Cree que los jueces están suficientemente preparados, en cuanto a formación en tecnología, para resolver la cantidad de problemas relacionados con la misma que se les presentan y que cada vez, seguramente, irán a más?
OT: Creo que lo jueces podrían estar mejor preparados, podrían tener una mejor formación en los primeros pasos antes de ocupar el cargo, eso por supuesto. Pero creo también que deberían tomarse la tecnología como se toman especialidades como la medicina, la arquitectura o cualquier ingeniería, y consultar con los expertos cuando sea necesario y no dar muchas cosas por hecho. Cosas que utilizamos cotidianamente, como el móvil y la prueba digital que puede obtenerse a través del mismo, tienen muchas aristas que limar, y sólo un profesional de la tecnología puede ayudar a que eso se haga correctamente.
No es tanto el problema de cuestiones tecnológicas muy novedosas, porque si a un juez que no es experto en tecnología le llega un caso en el que aparecen las palabras “smart contract” y “blockchain”, lo primero que va a hacer va a ser informarse, porque son gente que está preparada y, lógicamente, si no conocen el tema van a ir a buscar información allí donde el experto se la pueda dar.
Pienso en cuestiones más cotidianas que se dan por hechas y en las que surgen los problemas. Por ejemplo, hasta el momento en que se admite una prueba de WhatsApp como válida, sin contrastar, que se cree que, porque el letrado de la Administración de Justicia da fe de que hay una conversación de WhatsApp, eso es prueba de algo, cuando ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esto. Sin embargo, hay muchas situaciones de la utilización de tecnología cotidiana, que, como la utilizamos todos, las vemos tan normales, sin pararnos a pensar las implicaciones jurídicas que eso puede tener.
DLL: Por último, ¿cree que es exigible a los ciudadanos una conducta activa en defensa de sus bienes y derechos?
OT: Claro, todos tenemos que ser conscientes de lo que nos dice la ley que podemos hacer, de lo que nos dice la ley que no podemos hacer y, en cualquier caso, actuar siempre de forma responsable.
Por mucho que a mí me diga la ley que tengo derecho a una cosa, la selva está ahí. Si yo creo que puedo pasar por una calle porque tengo libertad de movimientos, pero en esa calle hay cuatro socavones, lo más probable es que yo me caiga por uno de ellos (aunque luego veré si puedo exigir responsabilidades porque la obra no estaba bien advertida). Porque la libertad de movimientos está ahí.
Pues con la tecnología sucede lo mismo. Que yo pueda utilizar redes sociales, que tenga derecho a utilizar una red social, no significa que tenga derecho a no tener problemas en esa red social, porque eso es imposible de garantizar. Que yo tenga derecho a libertad de expresión en las redes, no implica que no haya responsabilidades por la libertad de expresión que yo ejerza, tal y como yo la ejerza. Es decir, depende de cómo ejerzas tus derechos, así será la responsabilidad que tengas.
Y es que, además de lo que dice la ley y de los derechos que tenemos, está la realidad práctica. Si yo compro un producto en un gran almacén que está situado en Gran Vía, es posible que mis derechos como consumidor sean respetados, pero si no es así, tengo dónde reclamar, puedo acudir a la OMIC o puedo presentar una demanda ante un Juzgado, si es necesario.
Pero si yo compro el producto en una página web que ni tiene responsable, ni política de privacidad, ni política de devoluciones, ni tiene sede en ningún sitio, si surge algún problema con mi compra lo más probable es que no pueda reclamar, por mucho que mis derechos existan. El punto final es el resultado práctico de mi responsabilidad. En ese caso, no solo es el usuario tenga que hacerse responsable de haber actuado mal, es que la culpa es suya.
Por eso, cuando un cliente acude a un abogado para explicarle que le ha sucedido algo, lo primero que el profesional le tiene que decir es cuál es la realidad de sus opciones de recuperar algo, y muchas veces la realidad no existe, la que él pretende en base a sus derechos. Y es que vivimos en el mundo, pero para todo, lo analógico y digital.