Carlos B Fernández. El pasado once de febrero tuvo lugar la presentación de la obra Innovación y tendencias en el sector legal 2021, un informe elaborado por Wolters Kluwer en el que participan los más relevantes expertos del sector jurídico y judicial español, para ofrecer una visión de su situación y perspectivas de futuro.
En el acto intervinieron Aitor Cubo, Director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Eugènia Gay, Decana del ICAB, Lola Conde, Legal Chief Operating Officer de Banco Santander, Julio Lujambio, Socio de Corporate de Pérez-Llorca y Javier Fernández-Samaniego, Fundador de Samaniego Law.
Tras la presentación del acto a cargo de Cristina Sancho, Presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, Cristina Retana, Directora de Innovación y Contenidos Wolters Kluwer España Legal & Regulatory, preguntó a los participantes en la mesa qué hitos se han conseguido gracias a la pandemia.
Aitor Cubo, destacó que, si algo bueno ha tenido la pandemia es que ha dado un gran impulso a la transformación digital, también en el ámbito de la Justicia, permitiendo un salto que ha sido forzado pero que ha sido obligado y significativo.
En este sentido mencionó que durante este tiempo el teletrabajo ha sido determinante, habiéndose trabajado en el territorio competencia del Ministerio de Justicia más de 1,3 millones de horas en este formato, en el que se han celebrado más de 132.000 videoconferencias. Ante el incremento de los juicios telemáticos Ello ha hecho que se han digitalizada 312 salas de vistas, dotando a 60 sedes del sistema de cita previa que permite actuaciones telemáticas, tanto a profesionales como a funcionarios. Para ello se han adquirido más de 5.000 equipos para favorecer el puesto de trabajo deslocalizado
Todo ello ha determinado que el Proyecto Justicia sea el que ha conseguido mayor financiación de los fondos europeos para este año.
Pero aunque se haya mejorado, sigue habiendo pendencia, advirtió Cubo. Por eso se están impulsando reformas como las leyes de eficiencia procesal, de eficiencia organizativa y de eficiencia digital, para mejorar en eficiencia y calidad y que queden consolidadas en el ámbito de la Justicia. Hay que evitar, ejemplificó, que los libros de los registros públicos sigan basando su trabajo en papel.
Hay muchos temas en los que se está trabajando y que pronto serán realidad para mejorar el servicio público de la justicia.
María Eugènia Gay, destacó, por su parte, que la pandemia ha supuesto un punto de inflexión que se debe aprovechar para abordar un cambio de mentalidad colectivo, en especial para la abogacía, que debe reforzarse de manera continuada.
En particular, debe recuperar su valor esencial ante aspectos como el derecho de defensa, que es fundamental para el estado de derecho.
La Justicia es lenta, le ha costado modernizarse y digitalizarse, aunque se ha visto que se podía hacer de una manera efectiva, como está demostrando el ministerio. La paralización total de los tribunales sirvió también para comprobar que había otras opciones a las vistas presenciales y que las virtuales eran viables.
Por su parte, los despachos también se han mostrado capaces de responder a los desafíos planteados con mínimos equipos presenciales, fomentando la conciliación y la corresponsabilidad. Además, de cara a la formación de abogados, ha sido sustancial la importancia y eficacia del trabajo en remoto. En Barcelona ha servido para acelerar un proyecto sobre podcast y píldoras formativas.
Pero, añadió, tenemos que intentar que los cambios iniciados vayan mucho más allá y consoliden una administración de Justicia más eficiente. Y para ello la tecnología se ha convertido en la gran aliada que ha permitido continuar con la prestación de los servicios.
En ese sentido hizo mención de los mecanismos como la resolución alternativa de conflictos, que puede ser muy útil. España es un país en el que los ciudadanos están acostumbrados a interponer demandas con facilidad, pero tienen que saber que hay otros medios alternativos. Hay que cultivar la cultura de la paz.
O apostamos de manera decidida y firme por los medios alternativos de solución de controversias o vamos a tener problemas, porque tendremos una gran acumulación de casos en los próximos años. El arbitraje y la mediación ponen fin a una controversia y son, por tanto, justicia.
Lola Conde añadió, a su vez, que la pandemia ha supuesto el empujón necesario para darnos cuenta de que el cambio ya estaba aquí y no podían esperar. Además, hemos puesto los pies en la tierra, siendo conscientes de la importancia del cambio de mentalidad para afrontar una realidad cambiante que genera unas necesidades a las que los abogados deben dar respuesta.
¿Asume el sector legal la disrupción? ¿A qué tareas tienen que perder el miedo? Una transformación cultural es difícil de conseguir, pero los abogados tienen que ser conscientes de que hay tareas que realizaban individualizadamente, de forma aislada y, por ello, menos eficiente, por ser repetitivas, pero sin aportar valor al cliente. Nunca se les había exigido, pero hay que irles formando también en esas habilidades. Necesitamos que los abogados dejen de ser yo-mi-me-conmigo, para que colaboren y compartan, sin basarse en la influencia de la jerarquía, sino en la transmisión de mensajes eficaces.
Los abogados son además legal influencers, que intervienen continuamente en el cambio de sus despachos y empresas y también del sector.
Javier Fernández-Samaniego, señaló que la situación creada por la pandemia ha sido una reafirmación de que “no estábamos locos cuando impulsamos que la ubicación del despacho no es lo importante”.
Toda crisis genera oportunidades. Esta también. Y lo importante ahora es priorizar. Por ejemplo, apuntó, la crisis ha puesto de manifiesto algunas situaciones mejorables en la administración de Justicia y evidenció la ausencia de un business continuity plan. No todo era contratar tecnología y nuevos jueces, sino el cambio de mentalidad y organizativo.
En los despachos sigue habiendo mucha tendencia al presentismo. Debemos aprender la lección de que se pueden hacer las cosas de otra manera. La tecnología es un facilitador, pero si no se destierran malos hábitos, no habremos avanzados.
En este sentido señaló que los proveedores alternativos de servicios legales, los ALSP están calando en el sector tradicional y en las grandes asesorías jurídicas. Había una manera de hacer las cosas que se ha roto en dos aspectos, señaló. Uno, que para solucionar un problema jurídico hacen falta abogados, eso hay que cuestionarlo porque surgen nuevos entornos colaborativos que no hacen indispensable su intervención. Un problema se puede solucionar de muchas maneras, pero no solo con la herramienta jurídica. Otro, que cuando un cliente demanda un abogado especializado en una materia, este no tiene por qué estar en el despacho. Estamos en una economía de plataformas que se basa en modelos colaborativos a los que la abogacía no debe ser ajena, para lo que debe ser más eficiente.
Por eso hay que cambiar la mentalidad de los abogados que piensan más en su negocio que en su cliente. Y para ello hay que tener en cuenta, además, que los propios clientes pueden ser también grandes catalizadores del cambio, en función de sus demandas a los despachos.
Para concluir este bloque, Julio Lujambio reiteró que hemos avanzado 10 o 12 años de golpe. Los despachos pudieron mover a sus equipos a trabajar desde su casa en 24 horas sin que se notase ni faltase nada. Hace cinco años habría sido imposible. Igualmente, se pasó de no hacer apenas videoconferencia a no dejar de hacerlas y a trabajar desde cualquier sitio. Se ha perdido la tiranía de la localización. Ahora intercambiamos documentos masivamente, porque los sistemas han aguantado. Tiene algunos aspectos negativos, pero muchos positivos. Hemos dado un paso muy rápido hacia el futuro.
Adicionalmente, subrayó, la pandemia nos ha devuelto la certeza de qué es lo importante, la preocupación por las personas.
Pero también destacó el surgimiento de nuevos nichos de negocio post Covid.
Uno muy claro son las energías renovables. Otro es la transformación digital, que va a ser uno de los drivers de la economía en los próximos años. Los fondos de inversión lo saben y por eso se plantean invertir el desarrollo digital de las empresas.
La ciberseguridad va a ser otro, con el desarrollo de nuevas herramientas para ganar en capacidad. Los nuevos atracadores de bancos van a ser digitales.
Otro, sanidad. Hemos vuelto a valorar mucho la importancia de la salud, por lo que las inversiones en la misma van a crecer, tanto en la sanidad pública como en la privada.
Ocio y entretenimiento. Se van a redescubrir, porque va a haber una voluntad mayoritaria de viajar y disfrutar lo no disfrutado en este tiempo (hay que invertir en hoteles), va a ser un boom en los próximos años “cuando todo esto acabe”
El comercio electrónico. Hasta la pandemia eran muy bajo, ha crecido ocho o diez años y va a seguir. Los grandes establecimientos se van a tener que reconvertir.
La innovación que viene
A la pregunta de a qué innovación habría que dar preferencia en 2021, Aitor Cubo respondió que no debemos centrarnos en un escenario de objetivos a corto. “Si no funciona la parte legal o de gobernanza la innovación por si solo no da pie al cambio. Hay que integrar ley, gobernanza y tecnología. No se trata de comprar tecnología, sino de ganar en eficiencia”.
En este sentido, añadió, proyectos en los que está inmerso el Ministerio como la oficina del dato e IA y la oficina de intermediación digital pueden permitir alcanzar la plena seguridad jurídica por medios digitales.
Pero no se trata de innovar por innovar, sino de lograr un objetivo, señaló. Las políticas públicas basadas en datos bien gestionadas permiten anticipar y conocer las necesidades que va a tener la justicia, favoreciendo su mejora y su utilidad para la sociedad.
María Eugènia Gay, por su parte, puso énfasis en que sin duda la reforma de la Administración de Justicia, por medio de su digitalización, por su aspecto estratégico. “Es muy importante el compromiso de estado por una justicia eficaz que permita hacer del nuestro un país mejor”.
Para Lola Conde habría que empezar a asumir mayor responsabilidad por parte de todos en la transformación de la sociedad. Se puede innovar en base a los principios generales del derecho, a falta de legislación. Para ello hace falta poner foco en la gestión de tiempo, de proyectos y de equipos. Hablar lenguajes comprensibles por todos. Y todo ello, sin miedo al cambio, porque “el miedo limita”.
Javier Fernández-Samaniego añadió a su vez que cada uno tiene que mirar qué necesita, pero teniendo en cuenta que no es lo mismo innovación que eficiencia. Por ello, subrayó que “hay que priorizar a partir de la definición de nuestros objetivos (que debe ser servir a los clientes)”.
Y no perder de vista que, evidentemente, la tecnología hace falta, pero que no deja de ser medios para un fin.
Para concluir y con el horizonte puesto en este año, Julio Lujambio se refirió a la importancia de disponer de medios y eficiencia focalizados en el terreno de las insolvencias, porque el sistema empresarial está muy dañado. Los ICOs han servido para dar liquidez al sistema, pero “hay muchos enfermos empresariales a largo plazo” y “no nos podemos enfrentar a esta situación con procedimientos concursales lentos y generalmente destinados a la liquidación de la empresa”.
Cuando se acabe la posibilidad de no solicitar concurso, “nos vamos a enfrentar a una lluvia de concurso y o se dispone de medios para afrontarlos, o nos vamos a enfrentar a una economía llena de empresas zombies”.
Para saber más:
Innovación y Tendencias. Sector Legal 2021, Wolters Kluwer, Noviembre 2020, varios autores.
ISBN Digital: 978-84-87670-63-3