El patrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas de contenido económico, tanto activas como pasivas, de que es titular el sujeto; reúne en su seno, por lo tanto, la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que corresponden a su titular, con absoluta independencia de su naturaleza analógica o digital. Lo único relevante a estos efectos es que dichos bienes, derechos y obligaciones presenten un valor económico determinado o determinable y evaluable. De esta consideración resulta que aquello que conocemos como «patrimonio digital» no es sino una parte integrante del patrimonio que identifica el conjunto de relaciones jurídicas de tal carácter (digital) valorables desde un punto de vista patrimonial. El «activo digital» se compone, por ejemplo, por los contenidos intercambiados que tengan la consideración de obras sujetas a la propiedad intelectual, por los archivos adquiridos (ebooks, videojuegos, música…), por los beneficios que se hayan podido obtener en páginas web de juegos y apuestas, por las cuentas que puedan tenerse en tiendas de aplicaciones o Software con saldo a favor, por los bitcoins…, y el «pasivo digital», entre otras cosas, por los gastos efectuados en compras online de productos o servicios. El «patrimonio digital» es, en síntesis, todo aquello que su titular envía, recibe, almacena, comparte, gestiona o contrata vía Internet y que puede valorarse desde un punto de vista económico.
La capacidad patrimonial, entendida como aptitud para ser titular de un patrimonio, es una manifestación de la capacidad jurídica o de goce, de suerte que corresponde a toda persona por el mero hecho de serlo y mientras lo sea (es decir, mientras viva). Cuando la persona fallece, su patrimonio se convierte en herencia; en efecto, de acuerdo con el artículo 659 Cc (LA LEY 1/1889) la herencia comprende «todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte». El «patrimonio digital» tiene un indiscutible valor económico y, en consecuencia, es computable en la herencia junto con el «patrimonio analógico». En este sentido, de la misma manera que no existe un «patrimonio digital» como algo diferente y separado del «patrimonio analógico», tampoco existe una «herencia digital» como algo diferente y separado de la «herencia analógica». En otras palabras, la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte, resultando indiferente cuál sea su naturaleza, analógica o digital. La realidad social no distingue y, en consecuencia, el ordenamiento jurídico tampoco debe hacerlo.
La transmisión hereditaria del «patrimonio digital» choca con un obstáculo importante, cual es el conocimiento de su existencia y de su cuantía exacta por parte de los sucesores de su titular. Es posible que éste no haya comunicado por ningún medio la existencia de dichos contenidos patrimoniales o que, habiéndolo hecho, no hubiera facilitado las claves de acceso al lugar de almacenamiento. Precisamente para superar el referido inconveniente resulta aconsejable llevar a cabo una disposición mortis causa de este patrimonio.
Hay que distinguir entre el testamento digital online y el testamento otorgado con la intervención del Notario en el que se dispone del «patrimonio digital»
El testamento digital, entendido como disposición mortis causa de carácter exclusivamente digital, no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico, ya que la validez del testamento en general precisa de la intervención del Notario en algún momento. Mas resulta oportuno efectuar una precisión de carácter terminológico, y es que con la expresión «testamento digital» puede hacerse referencia a dos realidades muy diversas:
-
1. El testamento que se hace íntegramente vía Internet, que recibe la denominación de «testamento online». Este testamento no es admisible en nuestro Derecho, ya que para que un testamento sea válido deberá intervenir necesariamente el Notario en algún momento de su otorgamiento.
-
2. El testamento otorgado con la intervención del Notario en el que se dispone del «patrimonio digital». El testamento, de acuerdo con el artículo 667 Cc (LA LEY 1/1889), es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. El testador puede, por lo tanto, otorgar tantos testamentos como desee, y todos ellos serán válidos y eficaces a su fallecimiento siempre y cuando no resulten contradictorios entre sí, en cuyo caso el ulterior en fecha revocará (total o parcialmente, según sea el alcance de la contradicción) a los anteriores (arts. 737 y ss Cc (LA LEY 1/1889)). En este orden de cosas, es posible que el testador haya otorgado un testamento para disponer mortis causa de su «patrimonio analógico» y otro para disponer de su «patrimonio digital»; sólo en este sentido es posible hablar de testamento digital válido.
La disposición sucesoria del «patrimonio digital», en cuanto parte integrante del patrimonio del sujeto, debe llevarse a efecto, según lo dicho, en base a un testamento notarial, que es el único instrumento adecuado para disponer mortis causa de todo el patrimonio, analógico y digital. No obstante, para evitar los posibles inconvenientes que pueden resultar de las peculiaridades propias del «patrimonio digital», será conveniente realizar una adaptación. Entre dichos inconvenientes se encuentra, además de la dificultad para conocer con exactitud el contenido patrimonial digital, derivada fundamentalmente de la relativa frecuencia con que se procede a la modificación de las claves de acceso al lugar de su almacenamiento, que suele ser exclusivamente digital, el posible compromiso de los datos personales del testador; en efecto, la disposición sucesoria del «patrimonio digital» puede comprometer estos datos porque, al dejar constancia en el testamento de las referidas claves de acceso a los contenidos digitales, cualquiera de las personas que tienen derecho a obtener una copia del mismo podrá conocerlas. De conformidad con el artículo 226 del Reglamento Notarial (LA LEY 7/1944), fallecido el testador tendrán derecho a copia del testamento: los herederos instituidos, los legatarios, los albaceas, los contadores partidores, los administradores y las demás personas a las que en el testamento se reconozca algún derecho o facultad, las personas que en caso de no existir el testamento o de ser éste declarado nulo serán llamadas en virtud de un testamento anterior o merced a las reglas de la sucesión intestada (incluidos, en su caso, el Estado y la Comunidad Autónoma con derecho a suceder) y los legitimarios. Además, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 3 LOPD (LA LEY 19303/2018), en principio, las personas vinculadas al testador por razones familiares o de hecho y sus herederos podrán dirigirse al responsable del tratamiento de los datos de aquel al objeto de solicitar el acceso a los mismos y, en su caso, su rectificación o supresión, todo ello en base al principio de exactitud que debe regir en esta materia. Estas mismas personas están también facultadas, de acuerdo con la disposición contenida en el artículo 96 LOPD (LA LEY 19303/2018) («Derecho al testamento digital») para dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información con el fin de acceder a los contenidos digitales de su causante e impartirles las indicaciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.
El testador puede designar a un albacea o a una o a varias personas (físicas o jurídicas) para que ejerciten las mencionadas facultades, dejándoles, en su caso, las instrucciones que estime oportunas al respecto. Mas tal designación no privará a los sujetos referidos de obrar en el sentido indicado, puesto que de la redacción literal de los artículos 3 y 96 LOPD se infiere que, incluso mediando dicha designación, éstos podrán también actuar. Si el testador quisiera privarles de estas facultades, deberá incluir en el testamento una prohibición expresa. No obstante, conviene advertir que, si deja constancia de estas previsiones en el propio testamento general, sus datos personales seguirán estando comprometidos, ya que dichos sujetos continuarán teniendo derecho a copia del mismo por aplicación del ya citado artículo 226 del Reglamento Notarial (LA LEY 7/1944). Dos son, a nuestro parecer, las posibles vías para evitar este compromiso de los datos del causante:
-
1. Que el causante, en el propio testamento en el que dispone de su «patrimonio digital» (que puede ser el mismo en el que dispone del analógico u otro que resulte complementario) incluya una cláusula en la que se deje constancia de las claves de acceso a los contenidos digitales, se designe a la persona o personas que quedan encargadas de la gestión de dichos datos y/o contenidos y se especifiquen las instrucciones de uso, prohibiendo que dicha cláusula se dé a conocer y se entregue copia de la misma a las personas que tienen derecho a copia del testamento según la legislación notarial (solución propuesta por J. GONZÁLEZ GRANADO).
-
2. Que el causante redacte un testamento complementario al general con el contenido anterior, es decir, con indicación de las claves de acceso, designación del albacea o persona o personas encargadas de la gestión de los datos y contenidos y detalle de las instrucciones de uso correspondientes (solución defendida por J.C. LLOPIS BENLLOCH).
De cualquiera de estas dos formas el testador se asegura de que únicamente la persona o las personas que él decida tendrán acceso a su datos y contenidos digitales. No obstante, conviene advertir que, tratándose de contenidos digitales que por tener un valor patrimonial formen parte del caudal relicto, ni siquiera una prohibición expresa contenida en el testamento a los efectos objeto de análisis impediría que los herederos que lo deseen accedan a los mismos (vide
art. 96.1 in fine LOPD). (LA LEY 19303/2018) Si el acceso es solicitado para conocer el caudal relicto o el estado en que se encuentran determinados bienes, es decir, si se reclama el acceso a datos que estén directamente relacionados con su propia condición de herederos, el mismo no podrá identificarse con el derecho de acceso consagrado en la legislación en materia de protección de datos, sino que se desprende de su derecho a conocer la herencia y su estado, así como a ejercitar las acciones necesarias para su determinación y defensa, toda vez que suceden a su causante en todos sus derechos y obligaciones como consecuencia de su muerte, tal y como establecen los artículos 651 (LA LEY 1/1889), 659 (LA LEY 1/1889) y 661 CC. (LA LEY 1/1889) En síntesis, el acceso a los datos del causante a estos fines sería posible si dicho acceso se produce en defensa de su derecho hereditario.
|
#NuevaLOPD
|
|
Tras el RGPD la nueva LOPD. Libros, herramientas, formación o congresos… Wolters Kluwer pone a tu disposición en este enlace todo lo que necesitas para cumplir con la nueva regulación de la protección de datos.
Llega a España el Primer Congreso de Delegados de Protección de Datos. Wolters Kluwer asume el reto de organizar el Primer Congreso Nacional de Delegados de Protección de Datos. Un congreso de DPO para DPOs. Accede en este enlace a toda la información.
|