Aunque Winston Churchill fue el primer ideólogo y visionario de una Europa Unida, Gran Bretaña no se sumó al inicio del proceso de integración europea. Churchill se debatió entre su deseo de dar continuidad del Imperio Británico y su percepción de la necesidad de una Europa unida, y de ahí su ambigüedad en e l momento de su gestación. No veía al Reino Unido en Europa, pese a ser partidario de su integración en el nuevo ente «in fieri», porque temía el excesivo federalismo y la aspiración supranacional de los padres fundadores y la incidencia adversa en la Commonwealth y en sus lazos especiales con Estados Unidos .Por ello, decidió no unirse en 1951 a la Comisión Europea del Carbón y del Acero. Puso de manifiesto sus dudas hamletianas al afirmar: «Estamos en Europa, pero no somos Europa. Estamos vinculados, pero no atados». Reflejaba así el excepcionalismo británico y su autonomía respecto a Europa, que le daban derecho a un tratamiento especial. Cuando vio que el modelo limitado de la CECA se ampliaba en 1957 a toda la economía con la creación de la Comunidad Económica Europea, el Reino Unido se preocupó y, para contrarrestar a la CEE, constituyó la Asociación Europea de Libre Comercio en 1960. Su tentativa tuvo escaso éxito y Gran Bretaña, con su habitual pragmatismo, dejó tirada a la EFTA y solicitó su ingreso en la CEE, con el fin de frenar desde dentro el proceso que no había podido controlar desde fuera. Charles De Gaulle le pasó factura y la tuvo una temporada en la «dog house», hasta que finalmente dio la venia para su ingreso en 1973.
Diferencias entre España y Gran Bretaña respecto a la UE
Reino Unido se ha mostrado como un socio reticente que ha pretendido limitar la UE a una simple unión comercial
La incorporación de España a la CEE fue asimismo laboriosa a pesar de su vocación europeísta, aunque por razones bien diferentes. Era el «quiero pero no puedo» frente al «puedo pero no quiero» del Reino Unido. En 1962 solicitó la admisión, pero fue ignorada por la Comunidad por razones políticas y tuvo que esperar cinco años para el inicio de las negociaciones, de las que se excluyó la posibilidad de adhesión e incluso de asociación –que sí sería concedida a Grecia y a Turquía—, y sólo logró firmar un Acuerdo Comercial en 1970. Tras el restablecimiento de la democracia en 1977, España reiteró su solicitud y –pese a haber superado los obstáculos políticos— el Tratado de Adhesión no se firmó hasta 1985 y España ingresó en 1986. Aunque las condiciones para la entrada fueron leoninas, España ha salido ampliamente beneficiada de su pertenencia a la CEE tanto en el plano económico como en el político. Como afirmó Pedro Solbes, su adhesión «ha reforzado nuestro anclaje en las instituciones occidentales, ha reactivado toda nuestra estructura social, administrativa y económica, obligando a su modernización, y ha presentado un desafío y un estímulo para los políticos y la población». Favoreció, en definitiva, la consolidación de la democracia en el país. El Reino Unido y España se encuentran en distinta longitud de onda pues, mientras ésta ha sido hasta ahora un miembro convencido y ha apoyado el proceso de integración, aquél se ha mostrado como un socio reticente que ha pretendido limitar la UE a una simple unión comercial y actuado en ocasiones como un auténtico caballo de Troya en el seno de la Unión para dificultar desde dentro los intentos en pro de una mayor integración. Gran Bretaña ha sido fiel cumplidora de las obligaciones impuestas por los tratados constitutivos en lo relativo al mercado único y a las políticas comunes, pero ha supuesto un obstáculo permanente para el avance del proceso integrador en otros ámbitos y, con el fin de diluirlo, propugnó la ampliación de la CEE hasta los 28 miembros actuales de la UE. Cuando no lograba pararlo, recurría a la cláusula de «opting-out» que le permitía zafarse de sus obligaciones, como en el caso de la libertad de movimiento de personas establecido en el Acuerdo de Schengen o la Unión Monetaria Europea y la adopción del euro como moneda común. Consiguió en 1992 que del Tratado de Maastricht (LA LEY 109/1994) se suprimieran los calificativos de «federal» y «legislativo» con respecto al carácter de la UE y de sus actos, respectivamente. Luchó contra el Tratado de 2004 sobre una Constitución para Europa y consiguió que fuera sustituido en 2007 por un descafeinado Tratado de Lisboa (LA LEY 12533/2007), cuya aspiración de «lograr una unión cada vez más estrecha en Europa» no aceptó e introdujo en su texto algunas cláusulas que consagraban su excepcionalidad. El Gobierno británico se excluyó en 2012 del Pacto para la Austeridad, la Coordinación y la Gobernanza, y forzó una disminución de los presupuestos de la UE, pese al incremento de sus gastos por el aumento de sus miembros. David Cameron se jactó de haber ido más allá que Margaret Thatcher, pues había logrado recortar el presupuesto europeo y vetar tratados. Anunció por sorpresa la convocatoria de un referéndum para que el pueblo decidiera si Gran Bretaña debería salir o no de la UE (Brexit), que se celebrará el próximo 23 de junio.
Acuerdo entre Gran Bretaña y la UE
Cameron celebró negociaciones con la Comisión Europea en las que exigió la desaceleración del proceso integrador, la renacionalización de competencias ya cedidas, la limitación de la libertad de movimiento de personas, la reducción de los derechos reconocidos a los trabajadores de otros Estados miembros, el fortalecimiento de las cláusulas de «opting-out», la no discriminación de sus empresas y la preservación del privilegiado estatuto financiero de la City de Londres. Consciente de las graves consecuencia que tendría el Brexit, la UE ha cedido parcialmente ante el órdago británico y alcanzado un acuerdo, con el que —como ha observado Francisco Sosa— los Estados miembros han consentido que el egoísmo de un país y sus paranoias se impongan a conquistas capitales de los ciudadanos europeos. Sólo ha logrado en parte la garantía de continuidad del protagonismo financiero de la City y de trato igual a las empresas de los Estados que no acepten el euro, al imponer una cláusula de salvaguardia que podrá invocar cuando estime que una decisión financiera o regulatoria de la UE sea muy perjudicial para sus intereses, pero su redacción es imprecisa y se presta a diversidad de interpretaciones. Ha salido airoso al lograr que se reconozca que no se le aplique el compromiso de procurar «una unión cada vez más estrecha», mas —como ha observado Araceli Mangas— no cabe la exoneración de un compromiso que no supone «per se» una mayor integración en el seno de la UE, pues. se trata de una declaración de principio que, para ser llevada a cabo, necesitará la modificación de los tratados, lo que requerirá la aceptación de todos los Estados miembros. El Acuerdo no entrará en vigor hasta que Gran Bretaña haya confirmado su permanencia en la Unión. La confección de un traje a la medida británica supone la consagración de un régimen excepcional que rompe la unidad y la cohesión interna de la UE, y dificultará el proceso de integración. Sin embargo, no hace más que constatar una situación de hecho: el régimen especial que se ha auto-concedido el Reino Unido con su reiterado recurso a la cláusula «opting— out», lo que ha sido tolerado por los demás miembros. Como en la fábula orwelliana, todos los «pigs» son iguales, pero unos son más cerdos que otros. El principal inconveniente es el posible efecto mimético del nefasto precedente, que puede llevar a otros Estados miembros a pedir un trato similar. Con ello se legaliza la situación fáctica de una Unión a dos o más velocidades. Como las consecuencias del Brexit podrían ser más graves, lo socios han aceptado al Acuerdo como un mal menor. Habrá que ver si estas concesiones favorecerán el voto afirmativo del pueblo británico a la permanencia en la institución, lo que no es del todo seguro. Al final, el voto se definirá en una movilización emocional entre el ser y el no ser del Reino Unido y su acomodo en Europa. Según Herry Kamen, Gran Bretaña ha dejado de ser una isla, pues está unida a Europa por todos los medios posibles, y los votantes tendrán que decidir si realmente van a ganar algo tratando de ajustar el reloj 40 años hacia atrás.
Previsibles consecuencias negativas del Brexit
Pasar al pueblo la «patata caliente» de decidir sobre cuestiones complejas y delicadas es un acto demagógico y populista
Cameron ha cometido un grave error al convocar el referéndum y dado muestras de egoísmo e irresponsabilidad al poner a la UE contra las cuerdas. El recurso de las democracias parlamentarias a los referendos es poco ortodoxo, pues las decisiones sobre los temas importantes deben ser adoptadas por los Gobierno y los Parlamentos. Pasar al pueblo la «patata caliente» de decidir sobre cuestiones complejas y delicadas es un acto demagógico y populista más propio de los regímenes autocráticos. El principal objetivo de Cameron ha sido neutralizar la creciente presión del Partido de la Independencia del Reino Unido, del sector más antieuropeo de su partido y del euro-escepticismo de buena parte de la opinión pública británica, y chantajear a la UE para que aceptara sus reivindicaciones sobre un régimen especial, pero ha incurrido un error de cálculo al actuar de aprendiz de brujo, pues —para salvar su pellejo político— ha desencadenado unas fuerzas que podrían llevarse por delante a él mismo, a su partido, al Reino Unido y a la UE. Como ha observado Enrique Barón, el euroescepticismo es como el colesterol, que puede ser malo o bueno, y hay que buscar un adecuado equilibrio. Cameron ha promovido el euroescepticismo malo, al haber lanzado una acerba campaña de desprestigio de las instituciones de la UE, y ahora carece de credibilidad y no está en condiciones de hacer una defensa convincente de la necesidad de que Gran Bretaña permanezca en la Unión. Tampoco le está ayudando el líder laborista, Jeremy Corbin, que en 1975 votó contra la permanencia del Reino Unido en la CEE. En cambio, los antiguos dirigentes Tony Blair, Gordon Brown y Neil Kinnock han tocado a rebato para que el laborismo apoye el SÍ, y a ellos se ha unido el nuevo Alcalde de Londres, el anglo-paquistaní Sadik Khan, que en vísperas del referéndum celebrará un debate con su predecesor Boris Johnson, principal adalid del Brexit. La cuestión de la pertenencia a la UE se está abordando de forma más visceral que racional, explotando los euroescépticos el sentimiento atávico de independencia, superioridad y especificidad de los británicos. Se vaticina una considerable abstención, especialmente entre los jóvenes— que son los más favorables a continuar en la Unión—, a lo que pueden contribuir las dificultades técnicas para registrarse y el inicio un día antes del referéndum del Festival de Glastonbury, al que asistirán unos 200.000 jóvenes. Las fuerzas están igualadas y existe un empate técnico, aunque las últimas encuestas de You Gov e ICM dan una leve ventaja al NO, pero la situación es muy fluida, hay numerosos electores indecisos y cabe esperar que al final se impongan el sentido común y el pragmatismo. Las consecuencias del Brexit serían nocivas para la UE, pero lo serían aún más para Gran Bretaña, que –amén de las desastrosas consecuencias económicas a corto plazo— podría causar la independencia de Escocia y poner en peligro la paz en Irlanda del Norte. No hay que dramatizar en exceso la situación, pues la deserción británica no supondría el fin de la UE e incluso puede que venga a cuento el adagio de «a enemigo que huye, puente de plata». Para superar la crisis necesita ésta más Europa en vez de menos, como pretende el Reino Unido, pues –como nos ha recordado Barack Obama— es un proyecto, «un camino que cobra sentido según se construye», y el Reino Unido «estará en su mejor posición ayudando a liderar una fuerte UE». No obstante, cualquiera que sea el resultado del referéndum, no quedará resuelta la cuestión de las relaciones de la Unión con Gran Bretaña, que seguirá siendo una china en el zapato comunitario. Viene a mi mente la coplilla popular andaluza: «Ni contigo ni sin ti, tienen mis penas remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero».