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Diálogos para el futuro judicial XXXI...

Diálogos para el futuro judicial XXXIX. Los profesionales que construyen el futuro

Coordinación e introducción:

Álvaro Perea González

(Letrado de la Administración de Justicia)

Autores:

Álvaro Sáez Sanz

(Juez)

Alejandro Bellanco Sánchez

(Estudiante del Máster de acceso a la profesión de abogado y pasante en Servicios Jurídicos Núñez de Balboa)

Pilar Martín Palacios

(Becario del Instituto de Estudios Fiscales)

Víctor Saval de Rufino

(Abogado)

Diario La Ley, Nº 10011, Sección Plan de Choque de la Justicia / Encuesta, 16 de Febrero de 2022, Wolters Kluwer

LA LEY 1287/2022

Normativa comentada
Ir a Norma Constitución Española de 27 Dic. 1978
Ir a Norma Carta de Derechos Digitales
Ir a Norma LO 6/1985 de 1 Jul. (Poder Judicial)
Ir a Norma L 1/1996 de 10 Ene. (asistencia jurídica gratuita)
Ir a Norma RD 14 Sep. 1882 (Ley de Enjuiciamiento Criminal)
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Resumen

Los hijos de la crisis de Lehman Brothers y del COVID-19 serán los responsables de la construcción de la sociedad (y con ella también de la Justicia) de los próximos años. Nacidos en entornos digitales, conscientes de un marco jurídico en el que la Unión Europea es una organización imprescindible, y dueños de un futuro que los acontecimientos recientes han querido arrebatarles, ahora toman la palabra. ¿Cuál es el horizonte de la Justicia española para sus nuevos protagonistas?

Introducción

La crisis del coronavirus, que todavía está muy lejos de concluir, impactó de forma brutal sobre toda nuestra sociedad, y si bien los efectos de la enfermedad fueron especialmente agresivos y terribles con las personas de mayor edad, las derivadas sociales del COVID-19 y sus consecuencias económicas han encontrado en las nuevas generaciones una víctima propicia.

Pertenecen a las promociones posteriores a la crisis financiera del año 2008, soportan como pueden la estigmatización de ser considerados una «generación pérdida», y pese a una excelente preparación académica y un dominio casi absoluto de los nuevos entornos digitales y tecnológicos, nunca encontraron tantos obstáculos profesionales como hasta ahora. Son una «generación crisis», sí, pero quizá por ello están en mejor disposición que cualquier para entender mejor lo que está ocurriendo y hacer real la máxima certera de que toda crisis, en verdad, sólo es una gran oportunidad.

Con la proximidad del horizonte social que representa la jubilación masiva de los baby boomers, los hijos de las ruinas Lehman Brothers o la crisis sanitaria del COVID, hoy, como nunca antes lo había hecho una generación en las últimas décadas, encaran el desafío de construir un nuevo futuro que, encontrará sus anclajes en el mundo que conocemos pero que, irremediablemente, será distinto a todo lo que hasta ahora habíamos aceptado como los patrones generales de relación. Internet, los nuevos paradigmas económicos, los avances en Inteligencia Artificial o la creciente complejidad de un ordenamiento jurídico extenso e influido fuertemente por las relaciones internacionales, determinan un escenario novísimo en el que ellos, la generación que todos dimos por derrotada, tienen la última palabra, el dominio sobre las fichas del tablero.

Los interrogantes formulados y las respuestas dadas por los expertos, todos jóvenes juristas con carreras profesionales en su momento inicial, pretenden arrojar luz sobre cuál será el futuro judicial español. Comprendiendo siempre que este futuro, como cualquiera, no es una realidad estática e inmutable, sino el resultado del compromiso firme y el esfuerzo de todos los miembros de esa generación que, sobre la crisis de 2008 hace una década, y ahora sobre la crisis del COVID-19, han sabido demostrar que los límites no existen y que el porvenir sólo pertenece a quienes se atreven a soñar.

¿Cómo sueñan la Justicia los profesionales que construyen hoy su futuro?

1º. ¿Qué significa pertenecer a una generación que ha vivido los efectos devastadores, primero de la crisis financiera de 2008, y ahora y después, del COVID-19?

Álvaro Sáez Sanz (Juez)

«En primer lugar, tengo que reconocer que soy un afortunado, pues ni la crisis financiera de la década pasada, ni la pandemia originada por la enfermedad COVID-19, me han afectado especialmente. Provengo de una familia de clase media que, con muchísimo esfuerzo, ha conseguido seguir y que, incluso en los peores momentos, ha logrado mantener su trabajo y poder sacar a los hijos adelante.

Dicho lo anterior, formo parte de una generación (la nacida a finales de los años 80 y principios de los años 90 del siglo XX) que atraviesa enormes dificultades y que, por primera vez en muchas décadas, corre el riesgo de vivir peor que la generación anterior. La pandemia ha venido a dar la puntilla a una situación que ya era muy precaria: etapa formativa cada vez más larga, inestabilidad laboral, salarios de miseria, altos costes en materia de vivienda, etc. No puede extrañar, por tanto, que los jóvenes de hoy en día tengan grandes dificultades para independizarse y para formar su propia familia. No sólo constituye un drama a nivel personal, sino también a nivel social: índice de natalidad por los suelos, desempleo, desequilibrios económicos para la Seguridad Social, etc.

En cualquier caso, creo que es una generación que, a pesar de haber sufrido (o gozado) de una cierta sobreprotección por parte de sus padres, ha crecido en un ambiente de constante adaptabilidad, que le permite encarar el futuro con cierta esperanza.»

Alejandro Bellanco Sánchez (Estudiante del Máster de acceso a la profesión de abogado y pasante en Servicios Jurídicos Núñez de Balboa)

«Cada persona es producto del tiempo que le ha tocado vivir, y nuestra generación no es una excepción. Obviamente las condiciones y circunstancias de cada individuo son distintas, pero es posible identificar puntos en común que coinciden en la mayoría de círculos en los que me encuentro.

Resumiré la respuesta con la palabra "incertidumbre", la cual nos afecta en distintas ramas. La expectativa socialmente generada de ser buen estudiante a fin de conseguir un trabajo óptimo mediante el que lograr la felicidad (tan generalizada como falsa), unido a tener que tomar decisiones sobre nuestro futuro sin la información adecuada (ej: elegir una carrera sin tener oportunidad de conocer el día a día de sus salidas laborales), hace que nos encontremos en situaciones de inseguridad e indefinición cuando tenemos que abandonar las aulas para empezar a percibir una nómina mensualmente. Dichas crisis económicas también hacen que el panorama laboral parezca desolador o, al menos, que se tenga la percepción de que las oportunidades son reducidas. Además, la sensación de que a día de hoy se relaciona el éxito principalmente con el trabajo y la vida laboral provoca que nuestra aptitud como individuo, personalidad y nuestro propósito, se ligue necesariamente con nuestra profesión, lo que agrava lo anteriormente comentado.

En resumen, las condiciones actuales nos llevan constantemente a que preguntas como "¿Qué quiero hacer?, ¿Soy feliz con esto? o ¿Estaré a la altura?" se repitan día a día.»

Pilar Martín Palacios (Becario del Instituto de Estudios Fiscales)

«La experiencia de dos crisis financieras nos ha hecho a los jóvenes reflexionar sobre la importancia de vivir el presente y de ser agradecidos. Nos encontramos en un momento histórico de constantes cambios y de continua adaptación. Se podría decir que estamos teniendo que lidiar con un «cambio de era», lo cual siempre es un reto.

No obstante, no considero que seamos una generación perdida como a veces se nos cataloga, sino resiliente. Al igual que nuestros padres y abuelos en su día, tenemos que sobrellevar las circunstancias más o menos favorables que nos han tocado vivir. Como diría Ortega y Gasset: "yo soy yo y mi circunstancia".

Pienso que lo más destacable de los jóvenes es que somos una generación libre, porque lo importante no son las circunstancias sino la disposición que tiene el hombre ante las mismas y, en ese sentido, los jóvenes tenemos entusiasmo por todas las cosas que nos quedan por vivir.»

Víctor Saval de Rufino (Abogado)

«La crisis del ladrillo y, posteriormente, la crisis sanitaria en la que nos hallamos inmersos a consecuencia de la propagación del COVID-19, han empeorado algunos de los problemas endémicos de nuestro país. Uno de ellos es el desempleo juvenil, y los abogados recién graduados no son ajenos a esta realidad y, como el resto de menores de 25 años, sufren la falta de oportunidades laborales debido a la crisis económica. El COVID ha complicado el proceso de búsqueda de empleo por dos motivos fundamentales: en primer lugar, el impacto económico de la crisis en sí, que ha obligado a muchas empresas a recortar en este ámbito; la segunda razón responde al cambio en el modelo de trabajo de las compañías y despachos, que han tenido que adaptarse a un formato remoto.

Además, esto ha dañado significativamente los procesos de formación, donde el seguimiento presencial y el contacto del día a día son claves para aprender la profesión, habiéndose limitado sustancialmente –cuando no impedido- la asistencia a juicios y otra serie de actos presenciales debido a las limitaciones de aforo y las medidas extraordinariamente restrictivas de movilidad personal.

Si bien toda época de crisis comporta también oportunidad y, en este sentido, la comunidad jurídica no resulta una excepción. En los próximos años vamos a vivir una profunda remodelación del sector, desde los despachos privados hasta la propia Administración de Justicia, y en la que las nuevas generaciones estamos llamadas a tomar parte activa y a convertirnos en actores fundamentales de este desarrollo.»

2º. A diferencia de otros grupos poblacionales, los jóvenes habéis nacido en entornos digitales, sabéis cómo funciona Internet y la relevancia de la comunicación en red. ¿Qué opinión merece el grado actual de digitalización de la Administración de Justicia? ¿Qué pronóstico podemos esperar en este marco para los próximos años? ¿En qué nivel dependerán los éxitos en el proceso de transformación digital de las nuevas generaciones de juristas?

Álvaro Sáez Sanz (Juez)

«Acabo de aterrizar, para realizar mis prácticas tuteladas, en un Juzgado donde la digitalización consiste en dejarse la yema del dedo pasando las hojas de un expediente. Sin embargo, tengo compañeros que me han trasladado que, en los Juzgados donde ellos están desarrollando sus prácticas, el expediente digital funciona de maravilla. Por tanto, imagino que el grado de digitalización de la Administración de Justicia es ahora mismo mejorable, pero avanza.

También recuerdo comentarios, allá por 2016, de diferentes operadores jurídicos sobre el desastre que era LexNET y los fallos del sistema, mientras que hoy tienen mejor opinión sobre su funcionamiento y, además, al permitirles teletrabajar, han podido conciliar mejor su actividad profesional con su vida familiar.

Precisamente por lo anterior, creo que el éxito del proceso de digitalización consiste en seguir avanzando en él, hacer los programas más accesibles para sus destinatarios, proporcionar formación a los mismos para que sepan usarlos de manera óptima, y tener paciencia y confianza en que, en poco tiempo, las mejoras se harán notar.»

Alejandro Bellanco Sánchez (Estudiante del Máster de acceso a la profesión de abogado y pasante en Servicios Jurídicos Núñez de Balboa)

«Creo que las herramientas existentes son óptimas, pero sorprendentemente desiguales. Hay juzgados en los que pueden efectuarse vistas telemáticas, los expedientes están digitalizados y conocen a la perfección los medios digitales. Mientras tanto, en otras sedes judiciales he podido comprobar cómo reproducir una prueba en formato video en el acto de una vista o programar una comparecencia por videollamada ha sido imposible. El ejemplo más anecdótico es que LexNET prácticamente colapsa cuando intentas enviar un archivo con una barra baja "_" en su nombre.

Personalmente, espero que esta digitalización avance y se extienda en todas las sedes judiciales. Sin ninguna duda, a medida que pase el tiempo veremos cómo la totalidad de trabajadores se adaptarán a ellas. Asimismo, considero que es extremadamente útil para agilizar y abaratar el sistema judicial, evitar desplazamientos inefectivos o facilitar la participación de los ciudadanos.

Considero que el éxito pasa primero por implementar de forma efectiva estas medidas y avances con el fin de que sean útiles para los profesionales y, más importante, hacerlo de forma que no resulte excluyente a la población general. Resolver una vista de forma telemática con problemas de sonido y con la sensación de lejanía que la distancia conlleva puede llevar a un importante desencanto en los verdaderos "clientes" de la justicia.»

Pilar Martín Palacios (Becario del Instituto de Estudios Fiscales)

«Las nuevas tecnologías son indudablemente el instrumento socializador de nuestro siglo, también en las relaciones que entabla el ciudadano con la Administración. Por ello, existe una firme voluntad por parte de los poderes públicos en la digitalización de los servicios públicos, dentro de los cuales se encuentra la Justicia. Las perspectivas en el corto plazo parecen girar en torno a la celebración de vistas y actos procesales telemáticos y, en el largo plazo, sugiere que la Inteligencia Artificial, el Blockchain o el Big Data van a jugar un papel fundamental.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que las nuevas tecnologías no están exentas de riesgos y que el eje central sobre el que deben girar las futuras reformas es en torno al ciudadano. A tal efecto, como afirma Piñar Mañas, miembro del grupo de expertos que elaboró la Carta de Derechos Digitales (LA LEY 16317/2021), se debe salvaguardar el "derecho a no ser digital".

La brecha digital sigue existiendo, sobre todo por parte de las personas mayores. La justicia debe ser de fácil acceso para todos, nativos y migrantes digitales. Por tanto, se debe seguir conservando el acceso a los servicios presenciales y telefónicos tradicionales para estos colectivos vulnerables para no lesionar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo veinticuatro de nuestra Carta Magna (LA LEY 2500/1978). Es, en este contexto, donde los jóvenes juristas debemos tener un papel protagonista. Sabedores de la suerte de ser nativos digitales, hemos de actuar tanto como puentes para aquellos que no tengan competencias digitales suficientes como de catalizadores de reformas que atajen el problema de la brecha digital y edifiquen una Administración más eficaz y eficiente.»

Víctor Saval de Rufino (Abogado)

«Las Nuevas Tecnologías revolucionaron décadas atrás las formas de relación de los seres humanos. Internet, la mensajería instantánea, las herramientas relacionadas con el legaltech, etc., son realidades tangibles que nos facilitan el día a día y nos permiten obtener soluciones a nuestros problemas, sean domésticos o profesionales, con inmediatez y eficacia. Sin embargo, la transición social hacia lo digital ha presentado distintas velocidades, y no sólo en el marco puramente ciudadano, sino también en el de los poderes públicos. Buena muestra de ello es el progreso tecnológico de algunas Administraciones Públicas como es el caso de la Agencia Tributaria, correlativo al estancamiento de otras como la Administración de Justicia. Si bien de un tiempo a esta parte se han venido produciendo avances significativos como la implantación de LexNET o la memoria virtual de muchos de nuestros Juzgados y Tribunales, que serán de inestimable ayuda en la transición hacia una digitalización plena y eficaz.

Las iniciativas acometidas durante la pandemia, así como los conocidos proyectos legislativos, inciden en el dibujo de un nuevo escenario jurisdiccional asentado sobre una base tecnológica. La interconexión digital, las comunicaciones telemáticas instantáneas y fehacientes, y los mecanismos seguros de trazabilidad y encriptación de datos a través de la tecnología blockchain, permiten divisar una Justicia más adaptada a los nuevos tiempos y, en consecuencia, mucho más rápida y eficaz.

No obstante ello, todavía surgen muchos interrogantes y la implantación de ese nuevo modelo levanta suspicacias entre algunos de los operadores de mayor peso y reconocido prestigio del ámbito jurídico, pues no debemos olvidar la esencia de todo proceso judicial, esto es, la resolución de una controversia con respeto a todas las garantías, premisa que debe respetarse en todo momento y hasta que las nuevas tecnologías no consigan dar respuesta a esta máxima no serán vistas como una alternativa real. Es aquí, precisamente, donde el papel de las nuevas generaciones será fundamental para la implantación de un nuevo modelo de transformación digital y hacer un uso verdaderamente eficaz de los medios y herramientas con los que ya contamos en la actualidad.

A modo de ejemplo, las declaraciones por videoconferencia quedaron reguladas por el artículo 229 en la reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial del año 2003, pero no ha sido hasta la situación de pandemia habida en todo el territorio nacional cuando se ha extendido su práctica y ha gozado de verdadera virtualidad.

En cuanto al pronóstico que podemos esperar, en opinión del que suscribe, a buen seguro avanzaremos hacia una digitalización de la justicia, aunque para ello se requerirá de un elevado volumen de inversión dirigido y focalizado a los cambios verdaderamente condicionantes de un futuro distinto para la administración de justicia. Sin duda, una de las principales tareas será formar a nuestros funcionarios y profesionales que dan vida a nuestras instituciones, así como a los servicios auxiliares que dotan a nuestros Juzgados y Tribunales, para que dichos avances tengan su reflejo en la realidad.»

3º. El ordenamiento jurídico es hoy más complejo que nunca. Además de su extensión, en él convergen reglas nacionales y europeas, siempre con una perspectiva supranacional… ¿Es el joven jurista español más consciente hoy de su condición también de jurista europeo? ¿Cómo se observa la regulación europea que cada día es más decisiva en materias tan relevantes como consumo o Derecho concursal?

Álvaro Sáez Sanz (Juez)

«Cuando cursaba la carrera de Derecho, mi profesor de Derecho internacional privado afirmaba que los jueces no sabían aplicar el Derecho comunitario y que acudían directamente a la normativa nacional. Durante la oposición, en sucesivas convocatorias se fue ampliando el temario para incluir nuevos aspectos relativos al Derecho de la Unión, aunque seguía siendo ciertamente escaso. Sin embargo, formo parte de una promoción de la Escuela Judicial (la 71ª) sobre la que se ha incidido mucho en la doble condición de jueces nacionales y jueces europeos, en la necesidad de conocer el ordenamiento jurídico europeo y, especialmente, en la forma de aplicarlo y sus relaciones con el ordenamiento nacional.

Sobre la regulación europea, creo que corre paralela a la evolución de la propia Unión Europea, así como a las regulaciones nacionales. La Unión ha asumido competencia legislativa en materias muy variadas, no siempre bien deslindadas con las competencias que mantienen los Estados miembros, y quizá sea deseable una mayor claridad de las normas emanadas de las instituciones comunitarias.»

Alejandro Bellanco Sánchez (Estudiante del Máster de acceso a la profesión de abogado y pasante en Servicios Jurídicos Núñez de Balboa)

«Espero que lo sea. Es algo que considero importante tener siempre presente desde los distintos ámbitos profesionales. Si bien en las carreras de derecho se repite la condición de jurista europeo, la enseñanza va poco más allá de enseñar la diferencia entre una directiva y un reglamento o el repetido meme del Consejo de Europa y sus "dos hermanos", por lo que alguien recién salido de la facultad tiene el concepto inculcado, pero no tiene el conocimiento para hacer valer su condición.

No cabe duda que conocer la jurisprudencia europea que aún no se ha generalizado entre nuestros tribunales, ser consciente de normas que entraran en aplicación en un futuro cercano o saber cómo resuelven otros sistemas judiciales problemas globales nos da una mejor perspectiva en nuestro trabajo. Tristemente, en el día a día de un abogado muchas veces es complejo dedicar el tiempo adecuado al estudio suficiente para poder sumergirnos en ese derecho comunitario naciente y, siendo los procesos a veces tan automatizados y guiados por la costumbre y la práctica, la fusión con el derecho comunitario es más lenta de lo que debería.»

Pilar Martín Palacios (Becario del Instituto de Estudios Fiscales)

«Las legislaciones son cada día más extraterritoriales. El Estado se inserta en la constelación postnacional que es la Unión Europea, donde las fronteras entre Derecho nacional e internacional se han desdibujado. En una época de gobernanza y multilateralismo los jóvenes somos cada día más conscientes de que las decisiones adoptadas en el seno de la Unión Europea y en el resto de organizaciones internacionales nos atañen. En efecto, la trasposición de directivas y la incorporación de reglamentos al ordenamiento jurídico nacional condicionan en gran medida no solo la actividad legislativa sino la propia planificación normativa a nivel estatal y autonómico. Por ende, los juristas deben de tener presente esta nivelación múltiple.

Además, en materias de especial sensibilidad para el ciudadano, como es el consumo, la Unión Europea ha jugado un papel determinante. La propia raíz de la entonces Comunidad Económica Europea fue la construcción de un mercado interior donde la libre circulación de mercancías y de servicios estuviese garantizada. Hoy, la Unión Europea ha ahondado en la regulación sobre esta materia, protegiendo al ciudadano en sus hábitos de consumo tanto convencionales como en el e-commerce, lo que es un ejemplo más de como la Unión Europea ha ido adecuando su marco jurídico a las necesidades de nuestro tiempo.»

Víctor Saval de Rufino (Abogado)

«En un contexto como el actual, de globalización económica y social, y en el que la marcha y ventura de nuestro país y los de nuestro entorno está tan interconectada, contar con un ente supraestatal imparcial facilita en gran medida el tráfico mercantil y la seguridad jurídica. Asimismo, establecer una unidad de criterio y unos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros armonizados y cada vez menos dispares gracias a las distintas Directivas Europeas que, si bien dejan cierto margen de maniobra a los países que conforman la Unión Europea a la hora de su transposición, establecen unos mínimos que contribuyen a aumentar la confianza entre los distintos operadores europeos e incluso mundiales. Por supuesto, esta labor caería en saco roto si no entrase al fondo de la cuestión y afectase a materias tan relevantes como pueden ser de consumo o Derecho concursal.

En mi opinión, somos cada vez más conscientes de la existencia de una «ciudadanía europea» y creo firmemente que es momento de tender a la unidad. La creación de programas de movilidad e intercambio, a los que se destinan importantes fondos por parte de la Unión Europea, como puede ser el programa Erasmus+, contribuyen a garantizar en mayor medida estos principios y nos hacen más conscientes de ello, a la par que nos acercan a nuestros países vecinos que forman parte de la UE. Si bien, dada la larga historia de nuestro continente, y los innumerables años de conflicto, conquistas e imposiciones, han favorecido el surgimiento de nacionalismos y sentimientos que nos alejan y dificultan la consecución de este objetivo común. Nuevamente a este respecto, habremos de ser las nuevas generaciones –quizá algo más impermeables respecto de este tipo de cuestiones- quienes habremos de tomar consciencia de esta realidad y tratar de acercar posturas. Desde una perspectiva netamente jurídica, sin duda la Unión Europea pone a nuestra disposición cauces y recursos que antes no existían, y que no conviene desconocer, para un correcto y más amplio ejercicio de los derechos que nos asisten.»

4º. El mercado laboral ha cambiado mucho en estos últimos años, y en el espacio representado por la Administración, la jubilación masiva de los baby boomers supone un reto sin precedentes para la gestión de los servicios públicos… ¿Qué puede cambiarse para que tanto las empresas privadas como las Administraciones Públicas sean más competitivas y puedan reclutar a los mejores profesionales? ¿Qué seduce más actualmente a un recién graduado: una empresa o un órgano público? ¿Por qué?

Álvaro Sáez Sanz (Juez)

«Ya señalé anteriormente los que, a mi juicio, son los grandes problemas de hoy en día para quienes desean incorporarse al mercado laboral: inestabilidad, salarios de miseria, largas jornadas, etc. Por ello, no es nada sorprendente que una parte no pequeña de los jóvenes españoles, universitarios o escolares, aspiren a ser funcionarios públicos y, al menos, tener garantizada la estabilidad laboral.

Los cambios que hayan de hacerse para aumentar la competitividad son una cuestión política y, por consiguiente, no creo que deba pronunciarme sobre ello. Ahora bien, parece evidente que algo no funciona adecuadamente cuando tenemos índices de desempleo juvenil que sólo pueden calificarse de inaceptables o cuando profesionales muy cualificados tienen que abandonar nuestro país para labrarse un futuro en otras latitudes. Todos los cambios que vayan dirigidos a remediar esa situación serán bienvenidos.»

Alejandro Bellanco Sánchez (Estudiante del Máster de acceso a la profesión de abogado y pasante en Servicios Jurídicos Núñez de Balboa)

«Empezaré por el final. Las causas para elegir un trabajo me parecen completamente heterogéneas, por lo que me resulta complicado aislar factores clave en este sentido.

Acorde a la cuestión de las inseguridades con la que empezaba la entrevista, el sector público da bastante tranquilidad económica, mientras que el sector privado aprovecha en parte el descontento de muchos estudiantes cansados del desgaste y desencanto sufrido en la formación universitaria gracias a pasar horas al día viendo a un profesor leer un PowerPoint. Separando de la ecuación a las personas que tienen el privilegio de escoger por vocación, muchas veces la decisión depende de las ganas o posibilidad de seguir estudiando.

Para conseguir ser más competitivos la receta puede ser calificada de cocina tradicional: mejores condiciones y adaptación a las necesidades actuales del trabajador. Me resulta alarmante ver cómo para algunos compañeros es más habitual salir de la oficina entrada la noche que tener una jornada de 8 horas diarias, o que se convierta en rutinario tener que cancelar planes en fines de semana por no haber finalizado todo el trabajo de la semana. Por el sector público, no son pocas las quejas sobre la necesidad de más personal y número de juzgados para soportar la carga de trabajo existente y, en consecuencia, no son pocos los jueces o LAJ redactando resoluciones un sábado noche. En resumen, que un requisito laboral no sea entregar la casi totalidad de tu persona. Añadido a lo anterior, la capacidad de decisión y autoorganización del trabajo o la posibilidad de trabajar parcialmente a distancia con los medios óptimos permiten una mejor conciliación y pueden hacer el puesto más atractivo.»

Pilar Martín Palacios (Becario del Instituto de Estudios Fiscales)

«En un mundo cada vez más competitivo, la atracción de talento supone un reto tanto para las empresas privadas como para el sector público. Estimo que para las Administraciones Públicas la captación de empleados no resulta un desafío del mismo calado que para el sector privado, el cual debe combinar tanto la atracción como la retención de trabajadores.

La estabilidad, que complementa a la propia orientación de servicio público, es un vector importante de atracción de los recién graduados, que ven en la Administración una salida profesional a considerar. La disyuntiva en la elección de un sector u otro es, en definitiva, una opción personal. En la decisión se ponderan tanto vocación, como circunstancias personales e inquietudes. Algunos tendrán orientación de servicio público y querrán optar por una oposición. Otros tal vez formen parte de una familia de abogados y prefieran continuar con la tradición familiar.

Ambos sectores, pues, al ser potenciales empleadores de jóvenes juristas, deben cuidar sus sistemas de selección. Si bien es cierto que la Administración pública se haya más constreñida por límites como la dotación presupuestaria, debe de introducir reformas que no solo agilicen los propios procesos de selección, sino que incluyan pruebas que midan capacidades demandadas por la actual era digital e internacional. Por su parte, el sector privado debe también de introducir métodos de evaluación de competencias tanto hard como soft en esa misma dirección.»

Víctor Saval de Rufino (Abogado)

«La Administración Pública se halla en un constante proceso de cambio y ante nuevos retos. Como bien apunta la propia pregunta que encabeza este epígrafe: más necesidades a cubrir, jubilaciones en masa, Administración electrónica y aplicación de la inteligencia artificial, etc. Nos hallamos ante el reto de mejorar su eficacia y eficiencia a la vez que recuperar su legitimidad como garantizadora de derechos y prestadora de servicios.

Dentro de estos desafíos se encuentra la gestión de personas, un ámbito no siempre bien tratado pero que resulta esencial para el éxito en el cambio de paradigma al que se enfrenta. De la captación y retención de los mejores depende su propia supervivencia, y que sea lo que realmente todos esperamos de ella.

Una buena Administración exige buenos empleados. Con esta premisa podríamos resumir el enfoque que debe darse a la Administración si de verdad quiere liderar los cambios que la sociedad demanda. Los empleados públicos son su verdadero cerebro y fuerza motriz; son las personas quienes las conforman y que la hacen funcionar. Lograr una Administración moderna pasa, indefectiblemente, por disponer de unos empleados públicos a la altura de las exigencias de la sociedad actual, formados, motivados y que sepan atender sus obligaciones con las competencias adecuadas.

Tradicionalmente las Administraciones han dado mucho peso en sus procesos selectivos a las pruebas de conocimientos teóricos. En mi opinión, las nuevas demandas de la sociedad exigen que se cambien los procesos puramente memorísticos por otros en que se tengan en cuenta las competencias que va a requerir el puesto. Se deben cambiar los temarios y las pruebas de los procesos selectivos para evaluar la adecuación de las pruebas al perfil del puesto. Liderazgo, trabajo en equipo, gestión por proyectos, flexibilidad, administración electrónica e inteligencia artificial, o idiomas son solo algunas de las habilidades que se deberán tener en cuenta en la Administración que queremos.

Esas vacantes y los nuevos perfiles conllevan la necesidad de estudiar en profundidad las necesidades futuras de nuestras organizaciones. Ya no podemos quedarnos en la mera selección de puestos tradicionales, sino que será prioritario realizar un profundo estudio prospectivo de los perfiles que serán necesarios a cinco años vista para buscar a los mejores.

Respecto a qué seduce más actualmente a un recién graduado dependerá, en gran medida, de las preferencias que residen en el fuero interno del individuo concreto. Es cierto que existen factores exógenos que influyen significativamente en esta toma de decisiones, como es la oferta de puestos de trabajo que pueda existir en uno u otro ámbito en un momento determinado, sus condiciones laborales o la conciliación familiar que permite cada puesto determinado. A juicio del que suscribe deberían poder equipararse en mayor medida esta serie de elementos externos de forma que, atendiendo siempre a criterios de mérito y capacidad que permitan escalar, crecer y motivar a las personas que conformen y den vida a ambos sectores, el factor determinante sea la vocación de servicio y las aptitudes y preferencias de cada individuo a la hora de escoger un camino u otro.»

5º. Una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Proyecto de ley de reforma concursal, los anteproyectos de eficiencia organizativa, procesal y digital… La legislación española parece encarar un tiempo de cambios normativos de primer nivel, en muchos casos, auténticas modificaciones de paradigma. ¿Cuáles son los sectores o marcos jurídicos necesitados de una reforma más urgente? ¿Por qué? ¿Sería recomendable un mayor consenso en la adopción de las reformas que afectan al futuro judicial español?

Álvaro Sáez Sanz (Juez)

«El consenso parlamentario siempre es deseable cuando se trata de introducir reformas de gran calado, cuyas consecuencias políticas, económicas, sociales o jurídicas van a afectar intensamente a número elevado de personas y/o a la situación económica. De lo contrario, se corre el riesgo de que el partido mayoritario del nuevo Parlamento reforme, de forma unilateral, las normas aprobadas, también de forma unilateral, por el partido mayoritario del Parlamento anterior. Ahora bien, tampoco debemos engañarnos: hay ocasiones en que una reforma es ineludible, sin que pueda esperarse a la obtención de grandes mayorías, que el simple juego político-electoral no va a permitir.

En los últimos años, al menos por lo que a mí más me afecta, se habla con insistencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) -son varios los anteproyectos de ley que no han llegado a buen puerto- o de la reforma de la LOPJ (LA LEY 1694/1985), en lo relativo a la designación de sus miembros, y que afecta especialmente a la carrera judicial. No sé hasta qué punto son reformas urgentes, pero sí que, debido a los intereses que están en juego, deberían tener el máximo consenso posible.»

Alejandro Bellanco Sánchez (Estudiante del Máster de acceso a la profesión de abogado y pasante en Servicios Jurídicos Núñez de Balboa)

«Sobre el consenso, la primera pregunta sería ¿De quién? Todas las reformas legislativas llevan a un choque de intereses entre distintos grupos. En el sentido político el consenso no es más que ceder algunos intereses protegidos para salvaguardar otros. Como profesional legal, creo que el consenso importante es aquel que trate sobre la adaptación procesal de los fines y fórmulas que buscan las leyes, mientras que el político no nos incumbe lo más mínimo. Es decir, no me importa que la reforma laboral sea pactada entre gobierno, oposición, patronal y sindicatos, o que la ley de vivienda tenga la aprobación del CGPJ en cuanto a su validez o valores constitucionales afectados si los operadores jurídicos que trabajaremos con ella consensuamos que esta traducida al proceso judicial de una forma efectiva. Por ejemplo, en la Ley 8/2021 (LA LEY 12480/2021) el nuevo paradigma sobre medidas de apoyo cuenta con el apoyo de una gran mayoría en cuanto a su propósito de facilitar autonomía a los necesitados de las medidas, pero existe cierto caos en la fórmula jurídica en puntos como los nuevos procesos o la falta de control a los prestadores de medidas de apoyo. Aquí, como en la mayoría de problemas procesales, la controversia se podría haber evitado favoreciendo un consenso técnico de los profesionales.

Me quedaré con la LOPJ (LA LEY 1694/1985) como objeto de reforma, pues la paralización del CGPJ hace ver que ante un panorama político dividido y en el que pactar con el contrario condena electoralmente es necesario desbloquear la situación. Y, como no puede ser otra manera en un artículo sobre jóvenes profesionales, abogaría por la aparición de un "Estatuto del Becario" como reclaman asociaciones como AJA.»

Pilar Martín Palacios (Becario del Instituto de Estudios Fiscales)

«España está experimentando un maremágnum normativo durante los últimos años, debido a la necesidad de adaptar la Justicia española a las necesidades del siglo XXI. La pandemia ha evidenciado los problemas de nuestro sistema judicial actual, caracterizado por la lentitud de los procesos. Es por ello que una de las prioridades de reforma debe encaminarse a la agilización de los procesos y la búsqueda de una mayor simplificación. Dichas medidas pueden alcanzarse mediante la digitalización de la Justicia, el incremento de medios personales y materiales y la mejora en la coordinación territorial, garantizando la interoperabilidad y el intercambio de información judicial a nivel nacional e internacional.

Adicionalmente, el ámbito mercantil y laboral deben ser objeto de reforma en aras de conservar el tejido productivo español, incentivando la innovación, el emprendimiento y la creación de empleo. Por otro lado, la Justicia, como principio vertebrador de nuestro Estado de Derecho, debe proteger a los más vulnerables. Con este fin, la Justicia debe mejorar su acceso, a través de la introducción de mejoras en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LA LEY 106/1996) o por medio de la ampliación de los servicios de justicia en el medio rural.

Con todo, una reforma de calado en nuestra Administración de Justicia exige, para ver resultados, una mirada a largo plazo. Es por ello que se requiere de estrategias que abarquen más de una legislatura, siendo fundamental alcanzar el mayor consenso posible a la hora de adoptar reformas.»

Víctor Saval de Rufino (Abogado)

«En mi opinión, no debemos dejar pasar la oportunidad para implantar una tendencia verdaderamente disruptiva, como pudiera ser la creación de un expediente judicial electrónico. Sin duda, los procedimientos judiciales y la Administración de Justicia en general necesitan de una modernización importante para ser capaces de ofrecer un servicio ágil y eficaz. Para ello, las demandas y escritos deben acceder al juzgado en un formato digital, no imprimirse y los traslados y notificaciones de las resoluciones que generan, también deben efectuarse en soporte electrónico. Una vez que el expediente sea digital, cuando no se hayan declarado secretas las actuaciones, habría de darse acceso online a las partes y a quienes acrediten interés legítimo y se les reconozca la facultad para personarse y fomentar que los sucesivos trámites se documenten también en soportes electrónicos, que en ningún caso merman las garantías de los justiciables por el mero hecho de no estar documentados en papel.

Por supuesto, para el dictado de los nuevos textos de eficiencia procesal es importante, sino necesario, que se recabe opinión e informe de muy distintos operadores jurídicos con presencia relevante en la Administración de Justicia, empezando por el propio Consejo General del Poder Judicial y los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia, principales actores, y concluyendo con Colegios Profesionales, asociaciones y otras organizaciones y colectivos con presencia activa en Administración de Justicia.»

6º. Los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) son quizá, junto con la transformación digital, la gran apuesta para revolucionar el Derecho español… ¿Qué valoración se hace por las generaciones más jóvenes de la cultura del acuerdo? ¿Es la litigiosidad un tema con diferentes perspectivas generacionales? ¿Qué podemos hacer para que, al fin, la mediación o los demás instrumentos de solución extrajudicial sean una realidad útil?

Álvaro Sáez Sanz (Juez)

«Estoy teniendo la inmensa suerte de contar, en mis prácticas tuteladas, con un tutor que es un verdadero experto en la materia y que me está permitiendo aprender qué asuntos son más aptos para derivar a mediación.

La principal ventaja que observo en los MASC es su utilidad, pues no se trata sólo de resolver los conflictos actuales entre las partes, sino de prevenir los futuros. Pensemos en las situaciones, muy delicadas, que pueden atravesar, por ejemplo, una familia o una comunidad de propietarios. Siempre será mejor que las partes enfrentadas lleguen a un acuerdo para solventar el conflicto existente entre ellas, a que el juez imponga una solución que, muchas veces, no será bien vista por una o ambas partes y que puede dejar de ser observada con mayor facilidad.

Ahora bien, es probable que la litigiosidad sea una cuestión cultural, que costará mucho cambiar. Así, debatir con tu ex pareja, o aceptar un acuerdo del que también se puede beneficiar una persona a la que no soportas, no siempre es fácil. La formación en la materia será esencial para superar estos inconvenientes.»

Alejandro Bellanco Sánchez (Estudiante del Máster de acceso a la profesión de abogado y pasante en Servicios Jurídicos Núñez de Balboa)

«Entiendo que las nuevas generaciones podemos planteamos el acuerdo como una opción plausible y válida, pero creo que la principal razón de ello es que tenemos un mayor conocimiento de su existencia y funcionamiento. Dudo que la nueva generación confíe más en llegar a un acuerdo que la anterior, sino que ahora se nos muestra como opción. Si creciésemos acostumbrados a resolver conflictos tirando una moneda al aire seguramente sería lo que la mayoría buscaría.

Desconociendo las causas materialistas por las que la mediación se está popularizando no puedo analizar a qué necesidades responde el auge de estos MASC, aunque la globalización o la creciente sensación de una justicia ralentizada pueden contribuir a esta mayor presencia de la resolución alternativa.

Para que la resolución extrajudicial sea útil, primero tiene que hacerse conocida para que la gente la acepte. En segundo lugar, ha de ser accesible. Cuando una persona quiere reclamar judicialmente tiene que invertir en ocasiones una cantidad de dinero relevante (necesidad de ir acompañado de profesionales, tasas judiciales y el peligro de costas). Si los MASC o el arbitraje simplifican los requisitos de entrada o los procesos (y, por ende, el trabajo de los profesionales sea menos costoso), o se simplifica al máximo el sistema de ejecución judicial de laudos o acuerdos, puede ser más accesible. Por último, la sensación de fiabilidad ha de convencer a las personas que busquen solucionar un conflicto. La lógica es similar a la existencia de tribunales como el TAD, aunque hoy se pretende suprimir.»

Pilar Martín Palacios (Becario del Instituto de Estudios Fiscales)

«Pese a haber nacido en la época de los consensos, la litigiosidad es frecuente hasta entre los más jóvenes. Creo que para poder consensuar es necesario dialogar y ser capaz de razonar con la otra persona desde un plano de humildad. Las redes sociales han traído consigo una sociedad cada vez más polarizada y ello muchas veces dificulta llegar a acuerdos, cuestión que se extiende al plano jurídico.

Para poder garantizar el futuro éxito de las medidas alternativas de resolución de conflictos considero que la herramienta más importante es la educación, desde un doble plano. En primer lugar, se debe dar a conocer estos mecanismos a los ciudadanos; quienes muchas veces ignoran la posibilidad de acudir a vehículos de carácter extrajudicial como son la mediación o el arbitraje, entre otros. Y, en segundo lugar, se debe potenciar la cultura de la concordia y erradicar el revanchismo, tan imbricado en el costumbrismo español. A su vez, si estos mecanismos comienzan a ser más utilizados a partir de la introducción del APL Eficiencia Procesal y se empieza a alcanzar acuerdos satisfactorios, posiblemente se consiga percibir esta realidad como útil.»

Víctor Saval de Rufino (Abogado)

«Es evidente que con los MASC se está tratando de dar un nuevo impulso a las soluciones no judiciales para, según se explica en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio público de Justicia, potenciar la negociación entre las partes, bien directamente o bien ante un tercero neutral. Se parte de la base de que estos medios de solución de controversias reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y son igualmente adecuados para la solución de la inmensa mayoría de las disputas que se plantean en materia civil y mercantil.

En realidad, estamos ante un nuevo intento de instaurar en nuestra práctica jurídica estos medios alternativos de resolución de conflictos (como son la negociación, la mediación, la conciliación o la opinión de un experto independiente), pero en esta ocasión incentivados por un componente de corte coercitivo como es la amenaza de la posible imposición de costas, sanciones o multas a quienes rehúsen hacer uso de estos mecanismos, o quiénes aun haciéndolo, no actúen adecuadamente.

Se configura incluso como un requisito de procedibilidad referido al orden jurisdiccional civil y/o mercantil (excepción hecha de las materias excluidas), similar al acto de conciliación ante el SMAC que debe acreditarse con carácter previo al ejercicio de la correspondiente acción ante los Juzgados de lo Social.

A pesar de la buena voluntad del planteamiento, la norma encierra una inevitable contradicción. El legislador parece haber olvidado que el hecho de obligar a los potenciales litigantes a un intento de "negociación forzada" en no pocos casos conducirá la reforma a un efecto contrario al deseado, siendo altamente probable que lo único que haga sea introducir un elemento más de burocracia prejudicial.

Desde mi punto de vista, el principal escollo con el que se encontrará la reforma es con la absoluta falta de una cultura de solución no judicial de los conflictos que impera en nuestra sociedad. Es indudable que estos mecanismos pueden suponer un complemento del sistema de justicia tradicional, pero lo verdaderamente relevante es su aplicación práctica y no su configuración teórica.

Si bien, ello nos abre nuevas vías hasta ahora inexploradas para que los abogados, como parte de su labor y fruto de un análisis preventivo, analicemos cuál de los MASC pudiera ser el más adecuado para cada situación, de forma que podamos proponer, por ejemplo, medidas preparatorias en la celebración de los contratos y, quizá, anticiparnos de esa forma a la casuística que pudiera suscitarse en la aplicación, ejecución y desarrollo de las relaciones mercantiles y el tráfico jurídico»

7º. ¿Cómo será la Justicia española dentro de diez años?

Álvaro Sáez Sanz (Juez)

«No tengo una bola de cristal y nunca he sido experto en adivinar el futuro. Creo que el futuro de la Justicia española depende, en buena medida, de que se la provea de los medios, personales y materiales, que necesita para cumplir su misión. En mi opinión, el futuro es poco halagüeño.

Efectivamente, la sociedad española se lamenta, unas veces, de la lentitud de la Justicia; otras, de su ineficacia; y, en ocasiones, de ambas cosas a la vez. Sin embargo, en el debate público, la Justicia no está entre sus prioridades. Se habla de sanidad, de educación, de pensiones, de servicios sociales. Pero no se habla de Justicia. Por supuesto, cada sociedad tiene sus legítimas prioridades, pero éstas acaban teniendo un reflejo en los presupuestos públicos. Por eso, insisto, no creo que el futuro sea, ahora mismo, especialmente esperanzador.»

Alejandro Bellanco Sánchez (Estudiante del Máster de acceso a la profesión de abogado y pasante en Servicios Jurídicos Núñez de Balboa)

«Supongo que, en esencia, igual que hoy.

"Old grandpa's Axe" es una paradoja que viene a decir que por muchas veces que se haya cambiado el cabezal o el mango, el hacha seguirá siendo la misma herramienta de siempre, a modo del mismo perro con distinto collar. La percepción del sistema judicial por parte de la población y los operadores será la misma. Quizá se consiga eliminar prejuicios como la lentitud del sistema, el elevado coste de acudir a la justicia o el poco acercamiento a la ciudadanía, pero soy pesimista en cuanto a la eliminación de las causas que nos conducen a dichas ideas o incluso a la mejora de los recursos públicos otorgados. En definitiva, no creo que la esencia del sistema judicial cambie por mucho que renueven textos legales o se modernicen los procesos logísticos y la metodología de trabajo. En la generalidad, espero mínimas diferencias del ejercicio a día de hoy frente al ejercicio en diez años.»

Pilar Martín Palacios (Becario del Instituto de Estudios Fiscales)

«La justicia ha sido siempre, y ante todo garantista. Por ello el ciudadano debe de ser el eje de las reformas de la Administración de Justicia. Entendiendo al ciudadano tanto como usuario de la Administración, como trabajador de la misma. El corazón de la Justicia son los Juzgados que en ocasiones se encuentran saturados por no contar con los medios suficientes para afrontar tal carga de trabajo. A tal efecto, es necesaria la continuidad de la provisión de efectivos con convocatorias periódicas y suficientes no solo de Jueces y Fiscales sino también de otros servidores públicos que garantizan el correcto funcionamiento de las Oficinas Judiciales como los Gestores, Auxiliares y Tramitadores, así como de Letrados de la Administración de Justicia. Si se refuerza dicha plantilla con convocatorias frecuentes y con la continuidad de formación del personal existente, en diez años se podrá haber solventado el déficit de personal del que aquejan algunos Juzgados de nuestra geografía.

En lo que respecta a la digitalización de la Administración de Justicia, ésta no es solo necesaria sino imperativa, puesto que entidades como la propia Unión Europea en su examen anual al Estado de Derecho han señalado a ésta como una de las deficiencias de uno de los tres poderes del Estado. Atajarlo, es pues necesario, lo que permitirá que en diez años los plazos procesales y de tramitación se agilicen. De este modo no solo se optimizará el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que se mejorará la calidad democrática española.»

Víctor Saval de Rufino (Abogado)

«La base de la Administración de Justicia para un horizonte temporal de diez años son tres leyes que ya están en marcha. Hablamos de, por un lado, (i) la ley de eficiencia procesal y (ii) la ley de eficiencia organizativa, ambas orientadas a dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia; y, por otro, (iii) la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización. Las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros y, la tercera, ha sido aprobada en primera vuelta hace poco más de dos meses.

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia contempla la creación de tres figuras fundamentales para poner al día el ámbito de actuación de la Justicia: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio. Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, en línea con los objetivos marcados por el Gobierno.

La Oficina de Justicia en el municipio acercará a la ciudanía los servicios públicos, independientemente del lugar en el que habiten, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes. Asimismo, los Tribunales de Instancia darán más flexibilidad a la planta judicial, para simplificar el acceso de la ciudadanía a la Justicia y para mejorarla en términos de especialización.

En cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, contempla medidas para potenciar los medios adecuados de solución de controversias y, de esta forma, reducir el conflicto social y evitar la sobrecarga de los tribunales con medios que resulten satisfactorios para todas las partes implicadas, ahondando en la cohesión social, tal y como hemos expuesto.

En mi opinión, dichas reformas llamadas a modernizar la Administración de Justicia deberán acompañarse de un profundo estudio prospectivo de los perfiles que serán necesarios para buscar a los mejores profesionales encargados de su llevanza y gestión, así como de una inversión adecuada que permita la completa digitalización del expediente judicial, a la par que garantice la salvaguarda de los derechos del justiciable para que no se produzca indefensión.»

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