Cuando se escriben estas líneas, el Boletín Oficial del Estado acaba de publicar la Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo (LA LEY 7464/2020), por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, y el autor de las mismas encara su última semana para alcanzar su primer lustro en situación de servicio activo; cinco años de responsabilidad profesional en la Administración de Justicia que permiten conocer cuáles son los problemas más graves de eso que llamamos «Justicia», y que no es sino en verdad un instrumento al servicio del más noble propósito: la preservación de la convivencia, los derechos y las libertades. Esa misión o cometido, aunque se desmemorie con habitual frecuencia, es la que auténticamente da coherencia a todo juicio, acto de conciliación, diligencia instructora…Sin esa idea que fugazmente desaparece cuando comenzamos a escribir una resolución procesal o cuando confeccionamos una demanda, nada de lo que conocemos existiría, la Justicia sólo sería un término vacío de contenido, una palabra pronunciada sin ningún significado, una representación difusa que se diluye en sus contornos…
Quizá el origen de todos los obstáculos que, lamentablemente, a día de hoy, todavía encontramos en nuestra Administración de Justicia se encuentre, precisamente, en esa raíz principal: en el olvido consciente que hemos asumido del propósito que nos llevó hasta aquí, hasta el deber de garantizar los derechos. Aquéllos que durante décadas han desdeñado toda inversión pública, restringido medios, u olvidado el importantísimo valor añadido que aporta la seguridad jurídica, en verdad no estaban sino deteriorando, directa o indirectamente, los cimientos sociales sobre los que construimos nuestra coexistencia. Seamos honestos: ¿puede hablarse de Estado de Derecho cuando el control jurisdiccional sobre la más nimia controversia queda postergado durante años? La Justicia española languidece en los pasillos de los Juzgados y Tribunales, en las perpetuas esperas, en la eternidad de los plazos y en la iniquidad que suponen las resoluciones incumplidas. Se acepta lo inaceptable bajo la pronunciación de falsos mantras: «esto siempre ha sido así», «vuelva Ud. mañana…». Y en el entretanto se producen los efectos devastadores de la peor Justicia, la que aun siendo ciega prefiere mirar hacia otro lado: los desempleados que no cobrarán su prestación, el autónomo que no recuperará el dinero invertido, el propietario que tardará años en recuperar su casa… Detrás de la más insignificante providencia, diligencia de ordenación o escrito de impulso, hay un interés personal legítimo en juego, una preocupación, un desvelo…Pero hemos aceptado el «statu quo» y con ello incurrimos en el peor pecado, parafraseando al mejor Dostoievski: hemos burocratizado la indiferencia.
Ejemplos de la situación crítica en la que se encontraba la Administración de Justicia previa al impacto de la crisis del coronavirus SARS-CoV-2 han sido algunas de las consecuencias de la misma: la imposibilidad ordinaria de teletrabajo para autoridades y funcionarios —a salvo excepciones tan honrosas como aplaudibles—, la suspensión de los plazos procesales…Y por más que algunas normas excepcionales pretendan, no sin buena voluntad, paliar parcialmente los efectos de una «pandemia judicial» que ya se traduce en miles de demandas, escritos y afectados, lo cierto es que los intentos serán vanos porque falta la premisa más importante, aquella sin la cual sólo habrá camino para tentativas, esfuerzos sin éxito y resultados insuficientes: falta…la conciencia colectiva sobre lo trascendente que es el problema al que nos enfrentamos y lo crucial que es resolverlo para poder, por fin, hablar de un Justicia con mayúscula, de un servicio público responsable y eficaz.
La sociedad civil y el sector editorial han exhibido ya una fortaleza de la que es preciso que aprendamos todos
No seamos ingenuos. Es evidente que la inestabilidad política, la confrontación que existe entre determinadas instituciones, y las resistencias culturales no harán sencilla la labor de permitir un espacio para el diálogo y el consenso; todavía menos facilitarán el mismo. Sin embargo, la sociedad civil y el sector editorial —vivo ejemplo la sección en la que se publica esta tribuna— han exhibido ya una fortaleza de la que es preciso que aprendamos todos y, principalmente, los distintos operadores jurídicos. Es la hora de excluir pretensiones cortoplacistas o corporativas; grupos parlamentarios, órganos constitucionales, Ministerio de Justicia, colegios profesionales…todos, tenemos el deber cívico de alcanzar acuerdos que permitan no «reconstruir» —expresión fatalista que impide diagnosticar correctamente la situación— sino «mejorar» una Administración de Justicia que ya no puede —ni debe— tolerar un abandono secular y una resignación colectiva que harían doloso cualquier resultado perjudicial para los ciudadanos que la legitiman y sufragan.
El coronavirus nos ha enseñado lecciones sociales importantes al mismo tiempo que nos afligía el mayor sufrimiento. No depende de nosotros el comportamiento de la enfermedad, pero sí cómo actuemos frente a ella y qué enseñanzas extraigamos de una tragedia sanitaria y económica sin precedente. Desde luego, se abre un período para la reflexión, la definición de estrategias y la asunción de responsabilidades. Un espacio de tiempo en el que todos habremos de redefinirnos, como individuos particulares, pero también como ciudadanos comprometidos con nuestras obligaciones profesionales. En el caso particular de nuestra ya herida «Justicia», es el turno de posicionarnos, de una vez por todas, ante los desafíos que presentan las carencias estructurales del modelo y los retos futuros. Pero debemos hacerlo con generosidad, con amplitud de miras y, sobre todo, comprendiendo que toda mejora debe partir de una palabra extraña en los tribunales, pero de incalculable valor dentro y fuera de ellos: consenso. Consenso para mejorar los procedimientos, consenso para eliminar las disfunciones, consenso para ofrecer mayor transparencia, consenso para llegar a todos los lugares en los que una decisión judicial es necesaria y consenso para hacerlo en plazo, sin dilaciones…Pero, sobre todo, consenso —y generosidad— para recuperar la idea que nunca debimos olvidar: que la Justicia no es Justicia si desconoce a quienes acuden a ella. Esos que, ahora más que nunca, confiarán en su aplicación para poder seguir creyendo en la convivencia que mantiene nuestro pacto social.