Los molinos de viento, además de formar parte de la silueta de nuestros viajes en coche desde la infancia, han sido durante siglos un instrumento imprescindible para el funcionamiento del sector primario. Los agricultores no disponían de un molino propio cada uno, por lo que al acabar la recolección acudían con su grano, con independencia del tamaño y rendimiento de sus tierras de cultivo, y allí se pesaba la cosecha, se molía todo junto y se devolvía a cada uno la parte proporcional de grano molido que se obtenía, descontando los gastos comunes de la molienda y el mantenimiento, que de esta forma se sufragaban conjuntamente. No es que cada agricultor moliese su grano, sino que todos ponían en común su parte para obtener un resultado común, en un precioso ejemplo de algo que está hoy tan de moda como la economía colaborativa.
La Administración de Justicia española, está organizada en un complejo mapa, tanto territorial como funcional, en el que diversas instituciones y organizaciones comparten unas atribuciones que se presentan de una manera imbricada, como las tejas de un tejado: cada una es independiente, pero si no se colocan juntas y debidamente ordenadas al final no cumplirán bien su misión y el agua de la lluvia entrará en el molino y mojará el grano.
Los tres poderes del Estado cumplen sus funciones y la suma de todas ellas permite que se preste a los ciudadanos el servicio público de la Justicia
Los tres poderes del Estado, cada uno dentro de su parcela, cumplen sus funciones y la suma de todas ellas permite que se preste a los ciudadanos el servicio público de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de Gobierno del Poder Judicial, mientras que la Fiscalía General del Estado representa la cúspide del Ministerio Fiscal. Las administraciones prestacionales deben poner los medios para hacerlo posible, y aunque la Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado, el Tribunal Constitucional a principios de los noventa, deslindó el concepto de «administración de la Administración de Justicia» que sí puede ser competencia de las Comunidades Autónomas y en virtud de esta doctrina algunas Comunidades asumieron competencias en medios materiales y personales y otras no lo hicieron, por lo que esta competencia se mantuvo en el Ministerio de Justicia.
Además, sin la labor de los profesionales independientes, colaboradores de la Justicia, como los Abogados, los Procuradores o los Graduados Sociales, organizados en Consejos Generales y Colegios Profesionales, no se conseguiría la tutela judicial efectiva de los ciudadanos; y, no menos importante, los funcionarios que hacen posible el trabajo que se desarrolla en Juzgados y fiscalías, están representados ante la administración por sus sindicatos y, en su caso, por sus asociaciones.
No sería eficiente que dentro de esta complicada estructura cada uno quisiese tener su propio molino, sino que todos deben aportar su grano al molino común de la Justicia.
Se puede intuir que la gestión de este entramado no es sencilla, lo que se pone especialmente de manifiesto en situaciones de crisis como la sanitaria que hemos vivido estos meses o la económica que según todos los expertos se avecina. Sin embargo, el carácter de la mayoría de los españoles nos ha dado un ejemplo de cómo sacar lo mejor de cada uno, y que la concurrencia de tantas instituciones y organizaciones que forman parte en sentido amplio de la administración de justicia no se convierta en una dificultad añadida sino en una suma de esfuerzos y aportaciones que enriquezca el resultado final: una nueva forma de hacer las cosas es posible.
En esta línea, durante las primeras semanas de la pandemia se creó la Comisión de Coordinación para la gestión de la administración de Justicia de la que forman parte el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, el Consejo General de la Abogacía y el propio Ministerio de Justicia. Este órgano se ha reunido todas las semanas y han pasado por él todas las normas que se han aprobado y que se han visto mejoradas con las diferentes aportaciones procedentes de las distintas sensibilidades de sus integrantes. Cada miércoles se ha reunido la comisión mixta CGPJ-MJU y cada viernes la sectorial de Justicia con las Comunidades Autónomas.
También el Ministerio de Justicia se ha reunido todas las semanas con los sindicatos de funcionarios y con las asociaciones de Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia para recibir sus comentarios y también, por supuesto sus legítimas quejas, para la redacción del gran número de Resoluciones, Órdenes, Instrucciones y Circulares que el estado de alarma ha exigido; y se ha mantenido una comunicación constante con los Consejos de Profesionales
Es evidente que no todos los temas que han pasado por la Comisión o por las mesas de negociación e información han podido concluir con un acuerdo unánime sobre cada uno de sus puntos, y que no se pretende hacer dejación de las funciones que cada administración tiene en este entramado conjunto, pero sí creo que la voluntad de consenso ha sido manifiesta y que ha mejorado el resultado de todo el trabajo común realizado. Trabajando todos unidos de esta manera, esta gran estructura no será un gigante de novela de caballería sino un molino.
Uno de los términos que se han acuñado y generalizado como consecuencia del COVID-19 es el de «nueva normalidad». El formato de trabajo colaborativo realizado no debe ser una excepción propia del estado de alarma, sino que la nueva normalidad de la Administración de Justicia debe mantener esta búsqueda del consenso, aglutinadora de diferentes sensibilidades políticas y de las necesidades de los diferentes colectivos, que no debemos ver como contrapuestas sino como complementarias.
Las necesidades de los ciudadanos se reflejarán en un aumento sensible del número de reclamaciones judiciales a las que debemos dar respuesta, con el esfuerzo de todos
El futuro inmediato va a resultar especialmente exigente con los que estamos llamados a participar en la gestión del cambio. Las necesidades de los ciudadanos se reflejarán en un aumento sensible del número de reclamaciones judiciales a las que debemos dar respuesta, con el esfuerzo de todos, tanto desde el punto de vista del factor humano: Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, Forenses, resto de funcionarios de los cuerpos generales y especiales, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Administradores Concursales, etc, como desde el punto de vista de los medios materiales, gestionados por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, y por supuesto el Ministerio de Justicia; con especial atención a las crecientes necesidades en materia de modernización de la Justicia y nuevas tecnologías, lo que requerirá constantes acuerdos.
También serán necesarias reformas normativas sobre instituciones jurídicas que llevan muchos años funcionando de la misma manera y que no son ajenas a la obsolescencia derivada del vertiginoso avance social.
Debemos estar a la altura y aportar cada uno nuestro grano, pues como dice un antiguo proverbio chino, cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros y otros construyen molinos.
En Madrid, a 17 de julio de 2020