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La UE y Estados Unidos, junto con otros 32 países, suscriben una Declaración sobre el futuro de Internet

Fernández Hernández, Carlos

Diario La Ley, Nº 61, Sección Ciberderecho, 3 de Mayo de 2022, Wolters Kluwer

LA LEY 3325/2022

Se trata de un documento no vinculante por el que los países firmantes apoyan una Internet que sea abierto, libre, global, interoperable, fiable y seguro, y afirman su compromiso de proteger y respetar los derechos humanos en línea y en todo el mundo digital. Los principales expertos de nuestro país nos ofrecen su opinión al respecto.

  • ÍNDICE

La Unión Europea, los Estados Unidos y 32 países, entre los que se encuentran algunos tan relevantes como Argentina; Australia; Canadá; Israel; Japón; Nueva Zelanda y Reino Unido; han suscrito una Declaración para el Futuro de Internet (A Declaration for the Future of the Internet, según su nombre en inglés).

Esta Declaración se presentó en un acto híbrido celebrado en Washington, D.C., organizado por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y en el que Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva para una Europa adaptada a la Era Digital, y Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior, participaron por videoconferencia.

Por un internet abierto, libre, global, interoperable, fiable y seguro

Se trata de un breve documento (apenas dos páginas y media) que, en palabras de sus firmantes, pretende establecer la visión y los principios de una Internet de confianza. Estos países apoyan un futuro para Internet que sea abierto, libre, global, interoperable, fiable y seguro, y afirman su compromiso de proteger y respetar los derechos humanos en línea y en todo el mundo digital.

El total de países interesados alcanza hasta el momento los 60, incluidos todos los Estados miembros de la UE, y se espera que más países hagan lo mismo en las próximas semanas.

Internet debe reforzar los principios democráticos básicos

Los socios de la Declaración comparten la creencia de que Internet debe funcionar como una red de redes única y descentralizada, en la que las tecnologías digitales se utilicen de forma fiable, evitando la discriminación injusta entre individuos y permitiendo la contestabilidad de las plataformas en línea, así como la competencia leal entre empresas.

Además, afirman que Internet debe reforzar los principios democráticos básicos, las libertades fundamentales y los derechos humanos reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (LA LEY 22/1948).

Al lanzar esta Declaración, los socios también expresan su gran preocupación por la represión de las libertades en Internet por parte de algunos gobiernos autoritarios, el uso de herramientas digitales para violar los derechos humanos, el creciente impacto de los ciberataques, la difusión de contenidos ilegales y la desinformación y la excesiva concentración de poder económico. Por ello se comprometen a cooperar para hacer frente a estos acontecimientos y riesgos. También comparten la visión de que las tecnologías digitales tienen el potencial de promover la conectividad, la democracia, la paz, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible.

En particular, consideran que la situación actual en Ucrania demuestra de forma dramática el riesgo de una grave interrupción de Internet, especialmente en forma de cortes totales o parciales. También existe el riesgo de fragmentación de Internet, ya que el gobierno ruso ha amenazado con desconectarse parcial o totalmente de la Internet global, así como de ser utilizado indebidamente, ya que actualmente hay un aumento de los ciberataques, la censura en línea y la desinformación. Esto demuestra una vez más la importancia de intensificar nuestras acciones para defender la Internet abierta global, que es una fuerza motriz para las economías y las sociedades de todo el mundo.

En consecuencia, los socios trabajarán juntos para seguir cumpliendo la promesa de conectar a la humanidad y traducirán los principios de la Declaración en políticas y acciones concretas, respetando su autonomía normativa. Para ello se invitará a otras partes interesadas, incluidas las de la sociedad civil y la industria, a apoyar la Declaración y facilitar su aplicación. Los socios promoverán estos principios a nivel mundial, dentro del sistema multilateral.

Consonancia con los derechos y principios de la UE

Por lo que la UE se refiere, la Comisión ha destacado que esta Declaración está en consonancia con los derechos y principios fuertemente arraigados en la UE y se basa en la Declaración sobre Derechos y Principios Digitales que la Comisión ha propuesto firmar conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (recordemos que, a finales de 2021, los Estados Unidos emprendieron una iniciativa en el mismo sentido, con el inicio de la elaboración de una Declaración de Derechos Digitales para los Estados Unidos).

Sin embargo, han subrayado también, La Declaración es de carácter político, por eso la adhesión a sus principios no crea efectos jurídicamente vinculantes para la Unión Europea y sus Estados miembros.

En esta línea, la Comisión ha señalado que, aunque la Declaración y sus principios rectores no son jurídicamente vinculantes, deben utilizarse como punto de referencia para los responsables de las políticas públicas, así como para los ciudadanos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, se sitúa en una línea de efectos jurídicos muy similar a la de nuestra Carta de Derechos Digitales (LA LEY 16317/2021) de julio de 2021.

Seguimiento del proyecto

La Declaración es una iniciativa inclusiva, y los socios seguirán llegando a otros gobiernos para involucrarlos en la Declaración. Todos los socios se pondrán en contacto con el sector privado, las organizaciones internacionales, la comunidad técnica, el mundo académico y la sociedad civil, así como con otras partes interesadas de todo el mundo, para trabajar en colaboración con el fin de lograr la visión de una Internet abierta, libre, global, interoperable, fiable y segura.

Estos esfuerzos culminarán en un evento en el verano de 2022, donde los socios debatirán con la comunidad de múltiples partes interesadas cómo la Declaración y sus principios pueden elevar y apoyar el futuro de la Internet global. En los próximos meses también se celebrarán talleres sobre este tema.

La valoración de los expertos

Hemos pedido a dos de los más relevantes expertos de nuestro país en el ámbito digital su opinión sobre este documento.

A juicio de Moisés Barrio, Letrado del Consejo de Estado, Profesor de Derecho digital y Codirector de la Revista La Ley Derecho Digital e Innovación, “este débil instrumento internacional es una respuesta a dos grandes problemas globales del Derecho digital”.

El primero, explica, “es el surgimiento de una visión alternativa de Internet como herramienta de control estatal promovida por Estados autocráticos como China y Rusia. El segundo problema es la necesidad de recuperar la visión original y aspiracional de Internet que prevaleció hasta la “burbuja puntocom” de 2021, a la luz de actuales desafíos como la epidemia global de desinformación y noticias falsas, la concentración de poder en un pequeño número de empresas tecnológicas dominantes, la eclosión de los ciberdelitos y ciberataques o el aumento cuasiexponencial de las diferentes brechas en la Red”.

En opinión de Barrio, la principal utilidad de esta Declaración “es servir de documento relevante para hacer frente al fenómeno de la "balcanización" o fragmentación de Internet en espacios jurisdiccionales separados, como denunció en su momento el profesor Milton Mueller”. En concreto, añade, la Declaración “pretende que un grupo de Estados democráticos, liderados por Estados Unidos, desarrolle e impulse una nueva y mejor visión de una Internet abierta, fiable y segura que promueva los valores democráticos fundamentales y el respeto de los derechos humanos”.

Pero, advierte también Moisés Barrio, la Declaración presenta varias características muy significativas. En primer lugar, “no ha sido suscrita por algunos Estados tan relevantes en el mundo digital como es el caso de India”. Además, “nada dice acerca de las garantías precisas para salvaguardar sus principios y no es jurídicamente vinculante”.

Unas características que contrastan con la posición de España, “que ha materializado un compromiso con la efectiva garantía jurídica de los derechos digitales. Primero, ya en 2018 con la promulgación del título X de la LOPDGDD (LA LEY 19303/2018) –la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales–. Luego, con la Carta de Derechos digitales (LA LEY 16317/2021) de España”.

En este sentido, Barrio, “como uno de los padres que ha redactado la Carta”, destaca que, entre otras finalidades, en la Carta “realizamos una cartografía completa del mundo digital, no sólo de Internet, ayudando al ciudadano a comprender sus beneficios y riesgos, lo cual sirve también para el desarrollo de nuevas políticas públicas digitales”.

Por su parte, Pablo García Mexía, Letrado de Cortes y Director de Derecho Digital en Herbert Smith Freehills, apunta que quizá no sea casual que esta Declaración se produzca poco más de 25 años después de la Declaración de independencia del ciberespacio (1996), que pretendía reclamar el "excepcionalismo" de Internet frente a gobiernos y regulación. En opinión de este experto, esta Declaración de 2022 es clara muestra de lo contrario, con gobiernos y sistemas regulatorios volcados en un determinado modelo de internet.

En particular, añade, la Declaración lo es de los gobiernos occidentales, encabezados por EE.UU. y UE, a los que se han sumado varias decenas de países más, entre ellos Australia, Canadá, Japón o Reino Unido. Una relación de partícipes en la que, destaca, “se echa de menos a Corea del Sur y, en la que la ausencia de China y Rusia (o sus aliados BRICS, es decir, Brasil, India y Suráfrica), evidencia que esta Declaración es la plasmación en Internet de la doble polaridad geopolítica mundial que venía larvándose desde comienzos de siglo y que la Guerra de Ucrania (o el acuerdo AUKUS en el Pacífico) han venido a consagrar”.

En cuanto a sus contenidos, la Declaración, apunta García Mexía, “se arma sobre los principios que Occidente lleva defendiendo para Internet desde hace decenios: apertura, libertad, globalidad, interoperabilidad y, más recientemente, confianza y seguridad”. Unos principios que, en realidad, precisa, “serían subsumibles en el de apertura: Internet es una red de redes nacida abierta, o lo que es lo mismo, de "extremo a extremo", tanto en el plano tecnológico, como político, económico y social. Y por supuesto abierta a escala mundial”.

En este sentido, destaca este jurista especializado en el ámbito digital, “el documento reconoce que los veinte últimos años vienen cuestionando esta batería de principios, especialmente a raíz del empuje de Estados autoritarios que no los comparten, liderados por China y Rusia. El reflejo en internet de ese empuje autoritario es el cuestionamiento del modelo multilateral (multistakeholder) de gobernanza de internet, frente al empeño de los EE.UU., la UE y sus aliados, por mantenerlo, en el bien entendido de que constituye la única garantía para esa internet abierta, libre, global e interoperable”. La alternativa, advierte, “es una internet tabicada, fragmentada y balcanizada, dominada a escala local por gobiernos autoritarios”.

Por ello, explica García Mexía, “la Declaración sostiene la necesidad de defender esos principios (y derechos como la privacidad, igualdad, etc. que los especifican) en toda una serie de problemas surgidos al hilo de Internet desde fines de los noventa”.

Además, “constituye el primer texto global que se hace eco conjunto de los más novedosos, como el ransomware en cuanto ciberamenaza, el uso de herramientas algorítmicas para el control social (al estilo chino), la desinformación y mala información en línea, la alteración de sistemas electorales o la contribución de las tecnologías digitales al calentamiento global”. Con todo, concluye, “se echa de menos un mayor énfasis a propósito de la contribución de algunas grandes empresas digitales a esa misma tabicación de la Red, si bien es comprensible que aquí probablemente radica el principal punto de fricción entre los principales impulsores de este texto, los EE.UU. y la UE”.

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