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Antonio Morán: «La Justicia Gratuita no es un servicio subvencionado sino un compromiso constitucional compartido entre los poderes públicos y los Colegios de Abogados»

Diario La Ley, Nº 8801, 12 de Julio de 2016, Editorial LA LEY

LA LEY 162909/2016

  • Antonio Morán, Presidente de la Comisión de Justicia Gratuíta, nos ofrece su visión sobre el estado actual del turno de oficio, hace un balance de los 20 años de vigencia de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y reflexiona sobre la necesidad de una ley que plasme el respeto hacia los letrados del Turno de oficio.
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Pregunta: ¿Cree que los ciudadanos valoran a los abogados de oficio? ¿Saben lo que les cuesta el servicio?

Respuesta: Me consta que los ciudadanos valoran muy positivamente a los abogados de oficio. Las encuestas que regularmente encarga la Abogacía Española para conocer el criterio de los ciudadanos así lo evidencia. Otra cuestión es que, tengo la convicción, de que se desconoce tanto la inversión que en Justicia Gratuita hace el Estado, como las retribuciones que perciben los abogados, así como los costes que la Justicia Gratuita supone para los Colegios de Abogados.

El Estado español destinó a la Administración de Justicia en el ejercicio 2015 alrededor de 3.500 millones de euros, de los que solo 227 millones se dedicaron a la Justicia Gratuita; esto es, un porcentaje de un 6%. La retribución media por asunto que percibieron los abogados fue de unos 130 € por caso.

De lo anterior se desprende que la Justicia Gratuita no es un sistema caro, y más si tenemos en cuenta que no solo satisface a los ciudadanos, sino que con ello se cumple un mandato constitucional.

P.: ¿ Cuántos asuntos de Justicia gratuita se han tramitado en 2015? ¿Cuántos de esos asuntos corresponden a actuaciones del Turno de Oficio?

Respuesta: Podemos hablar que se han atendido alrededor de 1.745.000 asuntos. No todos estos asuntos son procedimientos judiciales, pues hay que tener en cuenta que el amparo del sistema de la Justicia Gratuita alcanza a otras actuaciones más, tales como, por ejemplo, intervenciones y recurso administrativos previos, informes de insostenibilidad de pretensiones de algunos ciudadanos, y otras actuaciones extraprocesales.

P.: ¿Cuántos abogados de oficio hay actualmente?

Respuesta: En 2015 el número de abogados inscritos en los distintos servicios del Turno de Oficio ascendía a 43.800. Teniendo en cuenta que el número total de abogados ejercientes en España es de 141.000, podemos decir que alrededor de la tercera parte de la Abogacía presta servicios a la Justicia Gratuita.

P.: ¿Están bien formados los abogados de oficio? ¿Cómo se forman?

Respuesta: La formación es buena, y me sustento en tres datos: por un lado, si observamos la edad media de los letrados adscritos a estos servicios así como los años de ejercicio, advertimos que el perfil medio del abogado del Turno de oficio es de 41 años y con más de 13 años de ejercicio profesional. Este dato evidencia que no son abogados noveles y que cuentan con experiencia considerable.

Por otro lado, para acceder a los servicios de la Justicia Gratuita, por exigencias reglamentaria, los compañeros precisan acreditar haber ejercido al menos durante tres años, y acreditar ante su Colegio una formación específica.

Por último, la opinión de los expertos y de los ciudadanos sobre los abogados del Turno de Oficio es más que satisfactoria.

Por lo que respecta a la formación, si bien ésta no está reglamentada ni reglada, es un hecho público y notorio el esfuerzo de los Colegios de Abogados en materia de formación, dirigiéndose ésta no solo a los abogados inscritos al Turno de oficio sino a todos los compañeros de profesión.

P.: ¿Cuántas quejas han tramitado los colegios referidas a las actuaciones de los abogados de oficio?

Respuesta: En el pasado ejercicio 2015 se presentaron en todos los Colegios de Abogados un total de 4.000 quejas, muchas de ellas no dirigidas a la actuación del abogado y, en otros casos, quejas sin fundamento. De todas ellas solo 233 tuvieron alguna justificación y motivaron la incoación de otros tantos expedientes sancionadores.

Dicho en términos porcentuales, alrededor del 0’5 % del total de abogados adscritos al Servicio de Justicia Gratuita fueron expedientados, un porcentaje ciertamente bajo.

P.: ¿Qué destacaría del Informe de la Justicia Gratuita Abogacia-LA LEY?

Respuesta: Este informe es el único referente a nivel nacional del estado y situación de la Justicia Gratuita, informe que, nos consta, es igualmente utilizado por distintas autoridades e instancias internacionales, especialmente las europeas. Y por la minuciosidad en su elaboración entiendo que es, además, un referente de calidad. Para su elaboración se han barajado 7.500 datos proporcionados por los 83 Colegios de Abogados de España y por los Consejos de Colegios de Abogados de cada Autonomía.

Cabe destacar además de los datos objetivos -que no es poco-, tres cuestiones más: los resultados de las encuestas realizadas por Metroscopia, destinadas este año a analizar el criterio de los abogados (en otros años se ha pulsado la opinión de los ciudadanos usuarios de estos servicios).

Asimismo es digno de destacar el informe de los expertos, la mayor parte de los cuales no pertenecen a la Abogacía, sino a otros grupos profesionales relacionados con la Justicia, así como a organizaciones ciudadanas -como asociaciones de consumidores y usuarios-.

En tercer lugar es digno de destacar el análisis de la eficacia y ejecución de las recomendaciones que constaban en anteriores informes. Esto permite dar continuidad a los Informes y comprobar su grado de efectividad.

P.: De las recomendaciones del Comité de Expertos, ¿Cuál destacaría?

Respuesta: La primera de ellas, tras veinte años de vigor de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 (LA LEY 106/1996), es que el esquema diseñado en esta norma es válido, ha dado buenos resultados y debe mantenerse. No obstante se precisa una reforma de numerosos aspectos que, por la práctica, se han evidenciado como insuficientes en el transcurso del tiempo.

Las reformas que hayan de hacerse no pueden pasar, en ningún caso, por la mercantilización de ninguno de los servicios –llevándolos a concursos públicos para su adjudicación-, incluso los que en sentido estricto no pertenecen al ámbito regulado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; y me refiero a servicios destinados a presos, a mujeres objeto de violencia --especialmente la denominada violencia doméstica--, y los destinados a inmigrantes. Los expertos consideran que deben ser los Colegios de Abogados quienes sigan haciéndose cargo de tales labores.

P.: Como Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita ¿cuáles son sus prioridades?

Respuesta: Es fundamental seguir contando con la colaboración de todas las compañeras y compañeros que durante años han venido trabajando en sus Colegios y en el Consejo General de la Abogacía Española en esta materia. Aportan un valor incalculable por su experiencia y dedicación. Estoy seguro que podré seguir contando con todos ellos y con cuantos otros quieran trabajar.

Asimismo tenemos el reto de la futura regulación de Justicia Gratuita. Insistiremos al nuevo Gobierno del Estado que asuma la responsabilidad de proponer un nuevo texto a las Cortes Generales en el que se incluyan las razonables demandas de la ciudadanía y de la Abogacía.

Por último colaboraremos con la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española en su propuesta de intentar obtener un Pacto de Estado por la Justicia, en la que la Justicia Gratuita deberá tener una relevancia considerable.

P.: ¿Qué balance hace de los 20 años de vigencia de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita?

Respuesta: Fue la primera ley en nuestro Derecho que ha regulado esta institución, y lo hizo de forma muy aceptable. Se reconoció a la Justicia Gratuita como un derecho positivo que ha de prestar el Estado, debiendo por ello adoptar éste las medidas presupuestarias para el efectivo cumplimiento de esta garantía. Se encomendó la organización de los servicios a los Colegios de Abogados, que eran las únicas instancias que contaban con experiencia y conocimiento para ello. El tiempo ha demostrado que fue un acierto.

Asimismo se “desjudicializó” el trámite para el reconocimiento de este derecho, derivando su concesión a una instancia administrativa.

P.: ¿Qué le pide al nuevo Gobierno que se forme respecto a la Asistencia Jurídica Gratuita?

Respuesta : Le solicito un compromiso serio y riguroso con la Justicia y, muy especialmente, con la Justicia Gratuita, prestándose a escuchar las propuestas y sugerencias de la Abogacía.

El Ejecutivo debería entender que la Justicia Gratuita no es un servicio subvencionado sino un compromiso constitucional compartido entre los poderes públicos y los Colegios de Abogados. Por ello las relaciones entre éstos y aquéllos deben fundamentarse en el mutuo respeto y la confianza recíproca.

La dignidad de los ciudadanos que han de litigar careciendo de recurso económicos suficientes ha de evidenciarse en una legislación respetuosa y razonable; y por la misma razón esa dignidad y respeto ha de manifestarse hacia los abogados y los Colegios que son los últimos responsables en la dispensación de los servicios de Justicia Gratuita.

Habrán de clarificarse las condiciones para el reconocimiento de este derecho, eludiendo dar amparo a personas con recursos suficientes para litigar (como sucede en el ámbito laboral o en la violencia de género) y, por el contrario, ampliando con más generosidad este beneficio a otros sectores sociales (como los autónomos o las defensas de personas jurídicas). Igualmente habrá de definirse definitivamente las condiciones que han de reunir los abogados para el acceso al Turno de Oficio, evitando la dispersión de criterios y las actuaciones sancionadoras de otras instancias administrativas hacia los Colegios de Abogados.

Habrá de plasmarse el respeto hacia los letrados del Turno de oficio mediante unas retribuciones acordes a criterios razonables y, sobre todo, evitando que sus intervenciones profesionales queden huérfanas de compensación.

Para conseguir todo lo anterior la Abogacía se ofrece como una colaboradora leal, y esperamos que los poderes públicos respondan de igual manera para beneficio de la Justician y para devolver el prestigio a las instituciones, prestigio que en los últimos años se ha venido devaluando –aunque afortunadamente no afecte a la Abogacía Española y a los abogados-.

Mercedes Rey

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