Almudena Vigil.- Pocas sorpresas. Los programas electorales en materia de Justicia de los cuatro principales partidos políticos que concurren a las elecciones este próximo domingo vuelven a ahondar en las ya clásicas -y siempre controvertidas- cuestiones relacionadas con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el sistema de nombramiento de los jueces o el papel de la Fiscalía.
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En el trasfondo de la mayor parte de los programas está el debate sobre la independencia judicial ante la afluencia de casos relacionados con corrupción que llegan a los tribunales. Una cuestión que ha entrado de lleno en campaña tras las polémicas declaraciones del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que la semana pasada, en un acto del partido, señalaba que en sus filas van muchos jueces "esperando un Gobierno que les dé la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos", causando un gran revuelo entre jueces y políticos.
Vocales del Poder Judicial
Al hablar de independencia judicial con frecuencia sale a relucir el modo de elección de los vocales del CGPJ. En este sentido, Unidos Podemos y Ciudadanos son las formaciones que más cambios plantean. El partido morado propone establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los miembros del CGPJ, entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
Por su parte, la formación naranja plantea un cambio constitucional que garantice la independencia mediante el nombramiento de un CGPJ "reducido y con poderes limitados". Mientras tanto, propone la "reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ (LA LEY 1694/1985)) para que doce de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados".
Sobre este tema, el Partido Popular dice que promoverá "un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del CGPJ, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros". Y el Partido Socialista habla de reformar la LOPJ (LA LEY 1694/1985) para "corregir las funciones del Consejo al objeto de asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramientos de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad".
Tribunal Constitucional
También en el caso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional se plantean cambios desde Unidos Podemos y Ciudadanos. Los primeros proponen establecer un sistema de nombramientos por "cuota de rechazo": a partir de un listado de personas técnicamente cualificadas, se irán descartando los que mayor rechazo generen. Por su parte, la formación naranja quiere exigir 25 años de ejercicio a sus miembros, con un estricto sistema de incompatibilidades en los cinco años previos a su nombramiento, y estableciendo un mandato de 12 años con jubilación a los 75.
Respecto a la Fiscalía, mientras que el Partido Socialista plantea claramente su apuesta por atribuir la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal, el Partido Popular habla de "fortalecer" su figura, "ampliando su papel en el proceso".
Unidos Podemos propone una reforma integral del Ministerio Público, revisando el sistema de nombramiento y dotándole de mayor autonomía, y Ciudadanos ahonda en la independencia, señalando el modo en que debe llevarse a cabo la elección del Fiscal General, que deberá contar con al menos 20 años de ejercicio y no haber tenido vinculación con ningún partido ni haber ostentado un cargo político o administrativo.
PP: Estrategia nacional de Justicia
El programa del Partido Popular apuesta por una Estrategia Nacional de Justicia "diseñada desde el diálogo" y en la que el objetivo será lograr "mayor agilidad, acortando los tiempos de respuesta e intensificando el uso de las nuevas tecnologías".
El partido del Gobierno en funciones es el que más en profundidad aborda en su programa las cuestiones relativas a la Justicia digital y los procedimientos electrónicos. También plantea ajustar la planta judicial a las necesidades reales, con un plan que mejore la distribución de cargas de trabajo. Asimismo asegura que impulsará una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, reforzando cuestiones como la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional.
Además, el PP tiene intención de regular la acción colectiva para dar la posibilidad de que multitud de perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos mediante un único proceso.
PSOE: Carta de Derechos de los Ciudadanos
El PSOE quiere recuperar la Carta de Derechos de los Ciudadanos con una ley que la desarrolle y que reactive el Plan de Transparencia Judicial aprobado por el Gobierno socialista en 2005. En su programa, propone una nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización territorial de los partidos judiciales y la creación de los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales.
Apuesta por "revisar procedimientos judiciales suprimiendo trámites innecesarios y adecuando los plazos para que sean debidamente cumplidos", y propone desarrollar una ley de justicia cívica, de carácter preventivo, implementando mecanismos de mediación o conciliación en todos los órdenes jurisdiccionales.
En el capítulo de derogaciones, quiere dar carpetazo a la prisión permanente revisable y a la Ley de Seguridad Ciudadana y suprimir las tasas para pymes, manteniéndolas sólo para sociedades que facturen más de un millón de euros. Se recuperará el principio de Justicia universal.
Ciudadanos: Buena regulación
Para una "mayor seguridad jurídica, transparencia y simplicidad", Ciudadanos quiere fomentar una "buena regulación" haciendo imprescindibles los análisis previos de los impactos normativos y la evaluación posterior de los mismos.
Además, plantea suprimir "el decreto ley para acabar con los abusos de los Gobiernos" y la legislación de carácter extraordinario y urgente "se tramitará por el Congreso mediante un procedimiento sumarísimo en un plazo máximo de 72 horas". También fija un "plazo máximo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, que no podrá superar los 90 días, cuando estén afectados derechos fundamentales".
En su programa incluye medidas como la supresión de los aforamientos de diputados y senadores, salvo para delitos relacionados con la actividad política, y rechaza los indultos por delitos de corrupción. Restringirá las 'puertas giratorias' entre justicia y política, imponiendo a los jueces "una excedencia mínima de dos años antes de ocupar cargos políticos".
Unidos Podemos: Auditoría pública
Unidos Podemos plantea una "auditoría pública y externa del sistema judicial sobre parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad", con el fin de "evaluar una necesaria reorganización".
El programa también señala que se trabajará para que "la policía judicial y los peritos sean dependientes funcionalmente de los juzgados y la Fiscalía y tengan control de todas las investigaciones policiales", evitando "tanto las dilaciones indebidas como el hecho de que los agentes 'incómodos' puedan ser destituidos". Además, los privilegios procesales de los aforados no regirán más allá de las actividades públicas de los cargos.
La formación propone, también, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y dejar sin efecto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) que limita los plazos de instrucción. Considera que la actual configuración de la justicia militar no garantiza su plena independencia del mando militar y plantea crear órganos especializados y suprimir la Sala V del Tribunal Supremo.