Carlos B Fernández. El ministerio de Justicia está manteniendo negociaciones con los responsables de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia, a fin de conseguir disponer de un sistema de gestión procesal único para todo el país.
Así lo ha declarado la Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, en la inauguración del II Encuentro de Community Management y Sector Legal que tuvo lugar en Madrid, organizado por el Instituto de Innovación legal.
Sánchez-Cortés comenzó repasando el estado de la implantación de la Justicia electrónica en nuestro país, destacando que cada día aumentan las cifras de su uso (incluyendo el registro electrónico de nacimientos y el uso del portal de subastas electrónicas) y que el juzgado digital, que constituye la puesta en práctica efectiva de la “Justicia sin papeles” es ya una realidad en 717 órganos judiciales.
En cuanto al proyecto de unificación de los sistemas procesales existentes en nuestro país, declaró que se trata de un proyecto ambicioso y que está requiriendo numerosas reuniones con los responsables de Justicia de las diferentes comunidades autónomas. Pero se basa en la lógica de aunar esfuerzos entre todas las administraciones para la consecución de un sistema de gestión procesal único en toda España, que resulte realmente eficiente para los ciudadanos y también para los profesionales de la Justicia.
“No es lógico, señaló Sánchez-Cortés, que un abogado de Castilla-León no pueda relacionarse por vía electrónica con un juzgado de Valencia o que un juzgado de Andalucía no pueda hacerlo con uno del País Vasco porque sus sistemas de gestión son incompatibles entre sí.”
El actual sistema de gestión procesal utilizado por el ministerio, el conocido Minerva, tiene fecha de caducidad, por lo que lo lógico, señaló, es que el nuevo que lo sustituya sea, por un lado, puntero en cuanto a sus funcionalidades y, por otro, común a toda la Administración de Justicia.
La finalidad no es disponer de un sistema de gestión del Ministerio, sino de un sistema de gestión común formado por una gran base de datos con todos los expedientes judiciales en tramitación, que permita que cada comunidad pueda ofrecer acceso a los mismos tanto a los ciudadanos y profesionales de la misma, y en su propia lengua en su caso, como a los del resto del Estado. Equivaldría a utilizar una “marca blanca” en el origen del sistema, que pueda ser utilizada por todos.
La importancia del "dato" para la Administración de Justicia
Este proyecto continúa las dos grandes líneas estratégicas del departamento para esta legislatura.
Por un lado, pasar de una política de estadísticas a una política “del dato”, de forma que este sea el elemento básico para facilitar la toma de decisiones de los poderes públicos (por ejemplo sobre dónde es necesario realizar inversiones), y de los utilizadores privados, por medio de su integración en el punto neutro judicial, donde serían accesibles.
Esto permitirá también potenciar la utilización de la inteligencia artificial en lo jurídico, por ejemplo a través de aplicaciones que permitan hacer proyecciones sobre las posibilidades de éxito de un caso en un determinado tribunal o territorio.
“Los jueces no han solicitado esto todavía, pero lo harán”, apuntó la Secretaria de Estado.
Y por otro, continúa la apuesta porque la tecnología sea un elemento de transformación de la Justicia, que permita al ciudadano percibirla como un servicio cercano a sus necesidades al ofrecerle prestaciones que le aporten utilidad, como acceder al expediente electrónico de su interés desde un equipo de sobremesa o móvil, conocer la agenda de señalamientos, poder acceder a las vistas por stremming o la reutilización de datos de una causa en otra.
En este sentido apuntó que durante la pasada legislatura el Ministerio se ha dedicado a introducir las comunicaciones electrónicas en la LEC. En esta se va a estudiar qué pueden ofrecer las tecnologías a la jurisdicción penal, para que sea más rápida y eficiente.
La Agenda Digital para la Justicia
Por último Sánchez-Cortés se refirió al proyecto de Agenda Digital que está llevando adelante el nuevo Gobierno.
Según indicó, la finalidad de esta iniciativa es alinear lo público con la dinamización tecnológica de la sociedad, partiendo de la premisa de que España necesita más ciencia, más tecnología y más innovación.
Para ello, el primer objetivo es conseguir la transformación digital del sector público, para conseguir que los jóvenes que han nacido cuando ya estaba implantado Internet, que suman unos ocho millones de ciudadanos y que se prevé que en 2025 representen un 75% del mercado laboral, dispongan de un sector público y en particular una justicia provista de los medios necesarios para poder relacionarse telemáticamente con ella, tal como será su modo habitual de hacer las cosas.
Por otra parte, se pretende que el sector público lidere el desarrollo de la economía digital.
Centrando este objetivo solo en el sector legal, se pretende que más de 200.000 profesionales legales y más de 29.000 empresas de tecnología encuentren un marco tecnológico adecuado para potenciar su crecimiento y, con él, el de la economía nacional.
Por último, se pretende favorecer la unidad del mercado también en materia de Justicia. Algo que no se consigue con sistemas procesales incompatibles entre sí, tal como había indicado anteriormente y que, de nuevo, vuelve a plantear la necesidad de un sistema de gestión procesal único en toda España.
Concluyó señalando que con todos estos proyectos no se persigue otra finalidad que conseguir una Justicia que, además de pilar del Estado de Derecho y servicio público para atender a los ciudadanos y vertebrar el Estado, sirva como un factor de competitividad y crecimiento económico.