El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha incidido durante su comparecencia en el Pleno del Senado en el interés de su departamento en promover una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim (LA LEY 1/1882)) que supere a la actual, que es centenaria, para otorgar a los fiscales la investigación de las causas penales.
Catalá ha insistido en este anuncio al ser interpelado en la Cámara Alta por el diputado Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, y en este ámbito se ha referido -aunque en una versión más reducida, ya que no podía superar los diez minutos-, a los mismos temas sobre los que profundizó el pasado lunes durante su comparecencia en el Congreso. Ha anunciado además que volverá a hablar de su proyecto para esta legislatura en una comparecencia que ha sido fijada para el próximo día 20 en la Comisión de Justicia del Senado.
Así, Catalá ha insistido en la necesidad de impulsar una Estrategia Nacional de Justicia que se articulará mediante una subcomisión parlamentaria, y ha respondido al senador socialista que en esta subcomisión serán bienvenidas las aportaciones de todos.
Además de la visión de los diferentes grupos políticos, el ministro contará con las opiniones de los profesionales, entre los que citó a los jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, notarios, registradores y en general "de todos los que trabajan en la Administración de la Justicia".
A su juicio hay que partir de la existencia en España de una justicia independiente y profesional si bien reconoce que el primer problema que debe afrontarse tiene que ver con sus tiempos de respuesta. Así, pese a reconocer que los juzgados españoles están realizando actualmente citaciones a más de dos años vista en otros órganos los asuntos se resuelven en muy pocos meses.
Entre otros puntos en los que incidir, Catalá ha citado la importancia de las resoluciones judiciales -arbitraje, mediación y otros sistemas de jurisdicción voluntaria ya regulados por ley-, si bien ha reconocido que "hacen falta más medios" y por ello se tienen que seguir creando plazas de juez y de fiscal.
El ministro ha referido igualmente a la transformación digital de la justicia que supere la fragmentación de sistemas que existe actualmente y ha expresado su compromiso para desarrollar un registro civil "de llevanza cien por cien pública".
También ha anunciado que se trabajará para cambiar los actuales sistemas de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de nombramientos en la cúpula judicial, en la reducción de aforamientos, la regulación de 'lobbies' y en garantizar la independencia de aquellos jueces que vuelven a ejercer tras haber pasado una temporada dedicados a la política.
Finalmente, ha expresado que "la justicia profesional no puede olvidar nunca que el servicio final es el servicio al ciudadano" y por ello deben tenerse siempre presentes a las víctimas y a las personas especialmente vulnerables como menores y discapacitados.
POSICIÓN DEL PSOE
El senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo ha advertido al ministro por su parte que la Justicia se encuentra en un estado de salud "muy delicado" y tiene "grandes sobresaltos y disgustos", y por ello le ha ofrecido un decálogo de diez medidas con el fin de que se convierta en un servicio público eficaz y de cara a lograr un pacto de Estado en torno a esta cuestión y no dejar el diálogo en una mera "operación estética".
En primer lugar el senador considera que es necesario apostar porque se garantice la tutela de los derechos de los ciudadanos con eficacia y rapidez, además de incrementar la plantilla judicial y las inversiones en el Ministerio.
Para esto último, ha dicho, es necesaria la colaboración del resto de poderes del Estado porque en la actualidad la Justicia recibe el 0,9 por ciento de los presupuestos, algo que ha calificado de "bochornoso".
Rodríguez Esquerdo también ha apostado por el desarrollo de la nueva oficina judicial y fiscal bajo el principio de "responsabilidad de gestión", así como por una redefinición del régimen competencial entre comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En relación con este último punto desde el PSOE consideran prioritario la reforma de las plantas y demarcaciones territoriales.
Finalmente la apuesta por las nuevas tecnologías, la disminución de carga de trabajo de los juzgados, así como la revisión de regímenes de ascensos y transparencia y la apuesta de nuevas leyes procesales que garanticen la autonomía de los fiscales integran el total de diez puntos con los que buscan conseguir una justicia del siglo XXI "real, sobria, rigurosa y próxima al ciudadano".