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Entrevista a Julián Sánchez Melgar, F...

Entrevista a Julián Sánchez Melgar, Fiscal General del Estado

  • 19-4-2018 | Wolters Kluwer
  • El Fiscal General del Estado ha concedido una entrevista a Diario LA LEY. En ella pasamos revista a las cuestiones de máxima actualidad relativas al proceso contra los responsables del desafío independentista, así como a la organización y funciones de la institución que dirige.
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MP4 Entrevista a Julián Sánchez Melgar

Mercedes Rey.- Unos meses después de su nombramiento Sánchez Melgar expone sus proyectos en temas como los derechos de los consumidores, su punto de vista en cuestiones controvertidas como la persecución de los delitos de odio, o su preocupación por la violencia de género. Manifiesta su satisfacción por la eficacia de la lucha contra la corrupción y nos hace partícipes de la intensidad de su tarea.

El Fiscal General del Estado, según el artículo 124 de la Constitución, está integrado en el Poder Judicial y como consecuencia de esa integración no puede recibir órdenes ni instrucciones de ningún otro poder o autoridad y sin embargo le nombra el Gobierno y puede interesar que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes ¿cómo se conjuga esa contradicción?

Yo no veo contradicción, yo creo que hay que partir del principio de autonomía del Ministerio Fiscal que está proclamado constitucionalmente, quiero profundizar en esa autonomía hasta el punto de que todas las decisiones del fiscal tienen que pasar por un tamiz de independencia. Eso significa algo que comento con frecuencia en las oportunidades que tengo: creo que hay que desanclar el Ministerio Fiscal del Ministerio de Justicia, de tal manera que seamos autónomos, no solamente en las decisiones que tomamos, sino también en nuestra propia estructura. Pasa por tener presupuesto propio, por tener un régimen jurídico propio, por tener centro de formación propio y también pasa por tener una carrera administrativa que sea gestionada aquí, en esta casa, en la Fiscalía General del Estado, y que no tenga injerencias externas. Cuanto más autónomo sea el Ministerio Fiscal más prestigio tendrá la institución.

De hecho, en su programa defendido ante la Comisión de Justicia, planteó la necesidad de la independencia presupuestaria ¿Piensa usted que es imprescindible? ¿Necesario?

Yo creo que es necesaria. Es necesaria la autonomía presupuestaria, puesto que sirve para acometer los grandes retos del Ministerio Fiscal, desde el punto de vista de su configuración institucional y también desde el punto de vista de su mecánica de actuación del día a día, tales como formación, carrera administrativa y, en fin, todos los retos que tiene el fiscal en esta materia presupuestaria.

La Euroorden, ¿debería ser el equivalente a un exhorto en el ámbito nacional?

Sí. Yo creo que la Euroorden, tal y como está concebida desde el punto de vista de la Unión Europea, es un instrumento jurídico que se basa sustancialmente en la confianza mutua. Los distintos países miembros de la Unión Europea tienen sistemas jurídicos de confianza, es decir que basados en el Estado de Derecho y basados también en el principio de separación de poderes. Desde ese punto de vista, tal y como acontece en cualquier país en su interior, también en el ámbito externo, la Euroorden debería ser como una especie de exhorto, en el sentido de que no se cuestionaran ni la legalidad ni la interpretación que se realiza en cada país de los distintos tipos penales. Ante la petición de colaboración de un país a otro, del país requirente al requerido, respecto a una determinada actuación dentro de un proceso penal, no se cuestionara la interpretación realizada. De manera semejante a como se realiza en la tramitación de un exhorto dentro del territorio de un Estado. No veo que se puedan realizar interpretaciones que traten de discutir lo que se ha hecho en un país respecto de otro. Y, mire, nosotros siempre, en nuestra historia más reciente, España nunca discute las Euroórdenes, las cumple. Es el país, junto con Portugal, que menos discute, que más concede las Euroórdenes, que más concede colaboración, porque en este marco yo creo que también hay que partir de un principio básico: si tú pretendes colaboración tienes que también prestar la colaboración que te piden los demás países. No entrar, en consecuencia, a ninguna discusión interna sobre lo que han realizado otros países en punto a la interpretación del derecho penal. Me parece que está basado en el principio de confianza, y es como debe ser en el futuro. De hacerse de otra forma, esa debilidad de la Euroorden la hará perder su característica esencial.

Está siendo muy cuestionado el incremento de las actuaciones de la Fiscalía en los delitos de odio, por estar en la frontera de la libertad de expresión y poder acabar provocando una especie de autocensura preventiva de músicos, humoristas, blogueros, etc. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

Mi punto de vista es que efectivamente el delito de odio, que es un nuevo instrumento penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015 (LA LEY 4993/2015), en los artículos 510 y ss. del Código Penal, tratan de penalizar aquellas actuaciones que no solamente se reducen a un mero sentimiento de animadversión o de odio con respecto a otra persona. El odio no está dentro del Código Penal en el sentido de que el sentimiento no puede ser reprimido desde el punto de vista punitivo, lo que se reprime desde el punto de vista del odio es el riesgo de que, a partir del odio, puedan generarse situaciones de violencia que puedan incidir en otros bienes jurídicos protegidos. Por consiguiente, la Fiscalía está tratando de avanzar en un instrumento normativo, en una Instrucción, en una Circular para tratar de clarificar cuándo estamos en presencia del delito de odio y cuando estamos en presencia de una actuación que puede perfilarse directamente a través de otros controles jurídicos como pueden ser el control relativo a la intromisión ilegítima del derecho al honor. Confluyen aquí derecho al honor, delito de odio y actuaciones referentes a la libertad de expresión que son tres puntos de vista que han de conectarse para una correcta interpretación del delito de odio.

Los datos de mujeres muertas por violencia de género son inasumibles y demuestran que algo no acaba de funcionar. ¿Qué más podría hacerse desde la Fiscalía?

Desde la Fiscalía lo que debe hacerse es sustancialmente aplicar el Código Penal en materia de violencia de género. Ya lo viene haciendo, y con contundencia, la Fiscalía especializada en esta materia. Es un grave problema social, es una lacra intolerable de nuestros tiempos y la Ley Integral establece otra serie de actuaciones. También, junto a las actuaciones penales, actuaciones en punto a la educación, informativas y prestacionales y de todo orden en esta materia. En la Fiscalía, sustancialmente, lo que llevamos es el ejercicio de acciones penales contra los infractores de materia de violencia de género, que tanto nos preocupan, por cierto.

Los derechos de los consumidores no parecen suficiente y eficazmente defendidos frente a abusos de grandes empresas, bancos, etc. Los ciudadanos se ven abocados a litigios eternos, individuales y costosos, que algunas veces han tenido que acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿Qué piensa hacer al respecto?

La materia de consumidores y usuarios me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque es algo que afecta a un gran colectivo social. Todos, al fin y al cabo, en la sociedad somos consumidores y usuarios, por consiguiente la protección de estos derechos es absolutamente necesaria para que podamos conformar un aspecto de esa sociedad que es básico. Desde ese punto de vista, querría que, en próximas fechas, tuviéramos una Fiscalía especializada en materia de consumidores y usuarios. Sé que es una materia muy específica y a su vez muy interesante para la protección de la sociedad. Hemos visto actuaciones recientes en las cuales la Fiscalía ha actuado y sigue actuando decididamente en esta materia.

El trabajo de la Fiscalía junto a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra la corrupción parece que está dando muy buenos resultados ¿Es un modelo trasladable a otros ámbitos?

La Fiscalía anticorrupción es uno de los buques insignia, podemos decirlo así, de la Fiscalía General del Estado. La sociedad está preocupada con el tema de la corrupción y por tanto la lucha frente a la corrupción supone un ámbito interesante. Seguimos en esta materia ahondando en investigaciones, recibiendo denuncias, utilizando los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta materia y creo que es algo importante y por eso no hay porqué, digamos, trasladarla a ningún caso en particular, sino verla desde el punto de vista del conjunto social que quiere una lucha eficaz frente a esta lacra social, también importante, como es la corrupción. Yo creo que la Fiscalía anticorrupción tiene los parabienes de la sociedad y está funcionando adecuadamente.

La lucha contra la falta de la debida y eficaz protección de los datos personales por parte de las grandes empresas de internet ¿puede abordarse desde posiciones nacionales?

La lucha por la protección de los datos debe abordarse desde perspectivas multinacionales, desde perspectivas que superen el ámbito nacional. Desde luego, desde instrumentos de la Unión Europea, pero también con transposición a la tipificación en nuestro Código Penal de estos comportamientos. Hay algo que me preocupa porque creo que la protección de datos afecta también a la intimidad de las personas, y por consiguiente es un valor constitucional que tiene que ser protegido, también desde la Fiscalía, y reprimido cuando esos datos son puestos de manifiesto de forma antijurídica por muchas sociedades mercantiles o por muchos agentes, en particular en esta materia.

En el tema de la eterna polémica entre fiscal instructor o juez instructor ¿cuál es su posición?

El Ministerio Fiscal tiene que abanderar, de una vez por todas, la posición de la instrucción desde el punto de vista de la Fiscalía. Hoy han cambiado los tiempos, hemos pasado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) anclada en el siglo XIX a una configuración de este siglo XXI, dónde el papel del Ministerio Fiscal tiene que ser mucho más beligerante en orden a la instrucción de los procesos. Hoy surgen otro tipo de delitos, muchos de ellos relacionados con las organizaciones criminales y ello quiere decir que frente a las organizaciones criminales no puede combatirse con la figura tradicional de un juez de instrucción único, sino que debe combatirse a través de un equipo; un equipo como el que tenemos en la Fiscalía, un equipo de fiscales, es decir una organización de la ley, capaz de luchar contra otra organización, en este caso contra una organización delictiva. Solamente mediante la utilización de equipos, podemos conseguir una lucha más eficaz, podemos además acortar los tiempos de la instrucción, podemos ser más eficaces y podemos obtener una mejor respuesta frente al delito. Por tanto, soy decididamente partidario de cambiar el modelo de la instrucción clásica y tradicional del juez de instrucción por un modelo de instrucción por el fiscal que, por otro lado, es la que impera en nuestro entorno cultural, porque creo que es el mejor medio de lucha frente al delito.

En cuanto a la política de nombramientos y de promoción profesional ¿cómo enfoca usted esta cuestión?

La política de nombramientos es uno de los aspectos más interesantes de la gestión de la Fiscalía General. Sabemos que la institución del Ministerio Fiscal está basada en dos principios: en la unidad de actuación y en la dependencia jerárquica, por tanto los jefes de los equipos son personas que van a tener que liderar esos equipos para encauzar la actuación del Ministerio Fiscal frente al delito. Para ello, utilizamos unos concursos en los cuales las personas que deseen ser nombradas para un determinado puesto directivo dentro de un equipo, se presentan, presentan su currículum y ante el Consejo Fiscal exponen su proyecto, después el Consejo Fiscal realiza un dictamen relacionado con cada uno de los nombramientos. Me interesa la objetividad, me interesa la imparcialidad de esos nombramientos, me interesa la promoción con todos los parámetros objetivos que sean posibles, me interesa también la promoción de las mujeres porque tienen que tener una presencia como la tienen en la sociedad, como la tienen en la carrera fiscal y por tanto la tendrá muy próximamente en una serie de puestos directivos acorde con la presencia que tienen dentro de la carrera fiscal.

Ha dedicado su vida a la Administración de Justicia y la conoce bien desde dentro ¿Qué cree que opinan los ciudadanos en general y concretamente los que han sido o son usuarios de la Administración de Justicia?

Creo que hoy en día los usuarios de cualquier servicio público son muy exigentes porque disponen de información y tienen criterio para discernir lo que es un servicio óptimo. Cuando se recurre a la Administración de Justicia la respuesta, siempre la hay, puede ser conforme o no a la pretensión del ciudadano. Esto condicionará la opinión, pero será algo subjetivo. Después hay otros elementos que tienen que ver con los tiempos de esa respuesta, la proximidad de las sedes judiciales, el trato humano recibido… que van a depender de cada lugar y suele tratarse de razones materiales y personales. Es entonces cuando aparecen las críticas, o quejas. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial indican que se recibieron en 2016 un total de 8.587 escritos en la Unidad de Atención Ciudadana relativos al funcionamiento de juzgados y tribunales. No es una cantidad llamativa pero sí significativa. La Administración de Justicia tiene que ser sensible a estas llamadas de atención, dar una respuesta satisfactoria y solucionar cualquier disfunción que se constate.

¿Cómo desconecta de su actividad profesional?

Bueno, me pregunta que cómo desconecto de la actividad profesional y es que, verdaderamente, desde que fui nombrado y tomé posesión tanto en la jura ante el Rey como al día siguiente, 12 de diciembre del año pasado, al frente de esta responsabilidad, pues la verdad es que no he tenido un minuto libre. Es una actividad de tal magnitud, la problemática es tan grande que absorbe todos los esfuerzos que se pueda uno imaginar, de tal manera que no hay desconexión posible en esta materia. Yo, lo que sí que tengo, es una percepción de que en estos casi cuatro meses que llevo al frente del ministerio Fiscal han pasado muchísimas cosas; me da la sensación de que es una especie de panorámica general en la cual pues se han producido muchísimos acontecimientos, tanto en la vida nacional, como en la vida internacional, como en el ministerio Fiscal, como a todos los efectos que verdaderamente pienso que es de una velocidad trepidante cada una de las cosas que pasan en esta responsabilidad, por lo que estos pocos meses me parece muchísimo tiempo.

Al finalizar su mandato, ¿Cuál le gustaría que fuera el balance?

Si le parece, hablaremos sobre aquellos aspectos, proyectos, en los que voy a incidir durante el tiempo que esté al frente de la institución y que, por tanto, me gustaría que cuando me vaya ya estuvieran en marcha. A ser posible, culminados. Destacaría, como hemos hablado, la independencia presupuestaria; también la necesaria reforma del Estatuto y el Reglamento de la Carrera Fiscal; en tercer lugar, la instrucción por el Ministerio Fiscal y, por último, tal vez lo que en estos momentos más importe y preocupe a muchos fiscales, la implantación efectiva y eficaz del sistema de Lexnet. Se trata de cuestiones que implican una fuerte voluntad de consenso legislativo, que precisan de mucha coordinación administrativa y en las que en gran medida la labor del Ministerio Fiscal queda limitada al ámbito de la propuesta e impulso. No sé si en un balance final se reconocerá el esfuerzo realizado para sacar adelante estos proyectos, es algo que tendremos que esperar para saberlo.

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