Carlos B Fernández. Un dron es una aeronave sin piloto a bordo o, dicho de otro modo, un robot que vuela. Y aunque son frecuentemente utilizados como juguete, en la práctica, admiten numerosas y muy útiles aplicaciones profesionales.
Pese a ello, la inseguridad de su regulación y los problemas de compatibilidad entre las diferentes plataformas disponibles y los de uso del espectro radioeléctrico, a través de las cual se transmiten las ondas de radiofrecuencia que controlan estos aparatos, está lastrando un mayor desarrollo de esta industria, tanto de fabricantes como de operadores.
Por tanto cabe considerar que estamos todavía en un momento preliminar de esta tecnología, que requiere de un elevado nivel de normalización y certificación, en la línea de los aplicados en la aeronáutica convencional. Algo en lo que la Unión Europea ya está trabajando.
Estas son algunas de las principales ideas expuestas en la presentación de la obra colectiva “Derecho de los drones”, recién editada por Wolters Kluwer y dirigida por Moisés Barrio Andrés, que tuvo lugar en Zaragoza hace pocas fechas.
El acto fue inaugurado por Francisco Serrano, director general adjunto de Ibercaja, como entidad anfitriona, y en el mismo intervinieron, además del director de la obra, José Luis Gay, letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón; Ana María Cabeza, Fiscal; Noelia Sanz, directora general del clúster aeronáutico de Aragón Aera y José Manuel Arredondo, médico y piloto de drones.
Múltiples posibilidades de uso
Entre todos ellos ofrecieron una amplia perspectiva de las diferentes implicaciones técnicas, jurídicas y operativas de estos aparatos, cuya implantación, según Moisés Barrio incluye un gran espectro de usos tanto civiles como militares.
Los drones, destacó Barrio, son idóneos para tareas consideradas “sucias” o peligrosas para las personas, como es el acceso a zonas peligrosas, ya sea por la dificultad de su acceso u observación o por las circunstancias climáticas o ambientales en que se encuentran, como zonas contaminadas o bajo riesgo de incendio, explosión, gases, electricidad, etc.
Como explicó José Manuel Arredondo, en un dron se puede cargar cualquier herramienta susceptible de ser utilizada con el mismo, especialmente cámaras de vigilancia y observación, enviando información en tiempo real de los datos obtenidos. Esto les hace particularmente útiles para tareas de localización de personas, de geolocalización o de acceso a zonas de acceso difícil o arriesgado, algo igualmente muy útil desde la perspectiva de la medicina legal.
Sus posibilidades son también muy amplias en el ámbito de la investigación policial, en particular tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) de 2015, pero, como destacó Ana Cabeza, siempre sujeta a autorización judicial previa cuando se trate de utilizarlos para la captación de imágenes o la realización de vigilancias en lugares públicos cerrados o en el ámbito domiciliario. Su utilización para esos fines, por tanto, siempre deberá tener en cuenta los límites que imponen los derechos fundamentales de las personas.
Por todo ello, destacó Moisés Barrio, pese a tratarse de ingenios de origen militar, su uso civil presenta una perspectiva de crecimiento exponencial, hasta el punto de que se espera que para 2050 el 80% de los sistemas aéreos serán no tripulados.
Por el momento, nuestro país cuenta con 3.500 operadores registrados y unos 4.500 pilotos, que en su inmensa mayoría operan aparatos de peso inferior a los 25 kilos, dedicados a sectores como la cartografía de superficie, control urbanístico, inventario de bienes culturales, mantenimiento de grandes infraestructuras, ganadería, agricultura y, por supuesto, seguridad.
Incertidumbre regulatoria
El principal problema al que se enfrenta el sector es su incertidumbre regulatoria, que unida a su complejidad, constituye un lastre para su crecimiento, pues, como señaló José Luis Gay, genera incertidumbre entre sus usuarios. Pese a ello, destacó Barrio, un dron, por su potencialidad lesiva, se parece más a un arma que a un juguete. Algo que contrasta tanto con su fácil accesibilidad en cualquier establecimiento físico u on line, como con la mala calidad de muchos de sus componentes.
Por ello es necesario, destacó en su intervención Noelia Sanz, que los drones se sometan a un proceso de normalización y certificación de sus componentes, al igual que sucede con el resto de aeronaves, pues son aparatos técnicamente complejos cuyos diferentes componentes y sus características generales exigen unos componentes de calidad.
Por otra parte estas aeronaves pronto van a alcanzar una gran, si no plena, autonomía operativa, que les va a permitir realizar sus tareas en modo automático a partir de una programación previa de su misión, que se realizará sin intervención humana, circunstancia esta que va a introducir un nuevo componente de incertidumbre en su marco regulatorio.
Hasta que llegue ese momento, los procedimientos de certificación de pilotos también deben ser rigurosos, pues el manejo de un dron requiere una formación específica y un trabajo el equipo, pues el piloto siempre requiere de la colaboración de un observador que le ayude a ver lo que él por sus propios medios no puede.
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Derecho de los drones, AA.VV., Moisés Barrio Andrés (director), Wolters Kluwer, 2018. Disponible en https://tienda.wolterskluwer.es/p/derecho-de-los-drones