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Javier de Cendra: «Los planes formativos de los futuros abogados tienen que repensarse desde la raíz para que la formación en tecnología aplicada al estudio y ejercicio del derecho ocurra no sólo de manera natural sino que además esté integrada en las asignaturas»

  • 4-6-2020 | Wolters Kluwer
  • Con ocasión de la presentación del informe «Abogado del Futuro 2020», Diario LA LEY ha realizado una serie de entrevistas a destacados representantes nacionales de la abogacía, la empresa, la universidad y la Administración, cuyas conclusiones se recogen en el propio informe, sobre el futuro inmediato que espera al sector legal en nuestro país. Te ofrecemos a continuación una de las entrevistas realizadas con este motivo.
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Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Universidad Francisco de Vitoria

Recientemente se ha dado a conocer el informe de Wolters Kluwer «Future Ready Lawyer 2020» («Abogado del Futuro 2020»).

El informe, elaborado en base a una encuesta realizada a 700 profesionales del sector jurídico de 10 países (EEUU, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Hungría y Polonia), analiza las principales tendencias que van a condicionar el futuro, a tres años vista, del ejercicio de la abogacía, y cómo se van a preparar tanto despachos como asesorías jurídicas corporativas para conseguir mejorar su rendimiento en un contexto tan cambiante como el presente.

Con motivo de la publicación del informe, Diario LA LEY ha realizado una serie de entrevistas a destacados representantes nacionales de la abogacía, la empresa, la universidad y la Administración, cuyas conclusiones se recogen en el informe, sobre ese futuro inmediato que espera al sector legal en nuestro país.

A continuación se recoge la opinión al respecto de Javier de Cendra, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Universidad Francisco de Vitoria.

El informe «Abogado del Futuro 2020» puede descargarse en este enlace.

¿Cómo ha impactado la situación generada por la pandemia en la forma de trabajar de las asesorías jurídicas de empresa?

Me parece que hay un primer efecto evidente, y es que la transición del trabajo presencial al trabajo en remoto se ha tenido que afrontar en cuestión de horas o días. Muchos han tenido que adaptarse a marchas forzadas al uso de herramientas que son sencillas de utilizar pero que resultaban del todo ajenas a su día a día. Probablemente ha servido para perder el miedo a la tecnología, y también a desmitificarla un poco, porque hemos constatado muchas de sus ventajas pero también algunos límites claros. A pesar de todo, la verificación de que las tecnologías adecuadas pueden aumentar exponencialmente el rendimiento hace que no haya vuelta atrás en su implementación masiva en el ámbito del derecho. Otro efecto que podría ser importante tiene que ver con el posible y deseable avance en la humanización del ámbito profesional. El sentimiento de vulnerabilidad surgido de la exposición a la pandemia, de la necesidad de afrontar el confinamiento conjugando la vida profesional y familiar, y de los propios límites frente a una crisis de tal entidad podría facilitar el replanteamiento de la vida profesional, de forma que se pueda avanzar en la implementación de políticas de conciliación, que a su vez deberían permitir a muchas más mujeres alcanzar puestos de máxima responsabilidad. Si esto ocurriese, podríamos afirmar que la pandemia ha tenido un efecto positivo en las empresas.

¿Qué áreas o profesionales jurídicos van a enfrentarse a cambios más disruptivos? ¿Cuál considera que va a ser el impacto a largo plazo sobre su forma de trabajar y sobre la oferta de valor que proponen a sus clientes internos?

La crisis muestra de manera impresionante el nivel de globalización que ha alcanzado la economía y la política en los últimos 30 años. Ha mostrado además de una manera palpable la existencia de una comunidad global profundamente interdependiente, en la que decisiones de un gobierno o una empresa pueden afectar a millones de personas en todo el mundo en espacio de horas o días. A la vez, y de manera un tanto paradójica, hemos asistido a la desaparición temporal de una de las dimensiones tradicionalmente más asociadas a la globalización, los movimientos de personas, bienes y servicios por todo el mundo, y de las enormes consecuencias para todos los operadores de la economía. Hemos percibido con claridad los límites de los Estados a la hora de atajar la pandemia y la imperiosa necesidad de generar respuestas fuertes, rápidas, basadas en datos, y plenamente coordinadas a nivel global. Los retos derivados de la crisis para los gobiernos y legisladores en todo el mundo son extraordinarios, y casi todos pasan por la necesidad de adoptar en muchos casos enfoques globales, por aumentar la velocidad y capacidad de respuesta, y por recurrir a las tecnologías necesarias para mantener la actividad en situación de confinamiento. Estas reflexiones obviamente también sirven para los operadores privados más internacionalizados, que son los que se enfrentarán a cambios más disruptivos. Otra segunda derivada tiene que ver con la necesidad de todos los operadores de abordar la transformación digital en un tiempo récord. Aquí, los menos avanzados tecnológicamente son los más afectados, tanto en el ámbito público (por ejemplo la administración de justicia) como en el ámbito privado. Evidentemente no se acomete esa transformación sin inversión suficiente, formación y cambio de mentalidad, pero todos los que han visto alterada su forma de trabajar por el coronavirus han sido sometidos a un nivel de exposición tal a la tecnología que será imposible no plantearse con rigor como abordar la necesaria transformación digital lo antes posible y con garantías de éxito.

¿Estamos ante un cambio coyuntural en la forma de trabajar de los abogados, o se trata de un cambio definitivo, que ha venido para quedarse? En su caso, ¿cómo debería reflejarse ese cambio en los planes formativos de los futuros abogados?

El cambio es definitivo, pues ha mostrado de manera muy clara lo que muchos estudios y expertos venían anunciando desde hace ya hace tiempo.

Por un lado, la crisis ha mostrado de manera muy evidente la capacidad de una estrategia de transformación digital adecuada de generar valor a clientes externos e internos. Ya sabíamos que los despachos y demás proveedores de servicios jurídicos pueden realizar una enorme parte de su trabajo con ayuda de la tecnología, desde las tareas más básicas hasta las más sofisticadas. En la medida en que todos los operadores van incorporando soluciones tecnológicas, la ventaja comparativa será de los que más avanzados estén en el proceso. Y como la tecnología permite mejoras exponenciales en productividad, asistiremos probablemente a un proceso de concentración en el mercado, donde los líderes en todos los segmentos de actividad ganan mercado a costa de los menos sofisticados («winner takes all»).

Segundo, la crisis ha mostrado de manera evidente la irracionalidad de algunos elementos del modelo de costes de gran número de despachos. ¿Qué sentido tiene mantener grandes y lujosas oficinas a un coste extraordinario, pero que generan poco o ningún valor para el cliente? ¿Acaso no tiene más sentido destinar parte de esos gastos a inversión en transformación digital? ¿Y tienen sentido algunas de las políticas de viajes actuales, cuando una gran cantidad de los objetivos que buscan pueden resolverse mediante una videoconferencia de calidad? Los despachos y las empresas que estaban más preparados para adaptarse al shock creado por la pandemia, han podido demostrar a sus clientes el valor de la tecnología orientada al cliente. Pero también han mostrado que muchos de los costes en los que vienen incurriendo, no se justifican con facilidad. Si bien es cierto que los mayores costes en espacios, son asumidos por los despachos de más prestigio y músculo financiero, que son también los que han acometido inversiones importantes en tecnología, la pregunta que se plantea es si estos cuentan con el mejor modelo de negocio para hacer frente a las big four y a las new law companies. Veremos probablemente más presión para permitir que estas vayan penetrando nuevos mercados, así como para que abogados de una jurisdicción dada puedan prestar asesoramiento a distancia en derecho de otra jurisdicción. Me parece que el impacto de la tecnología sobre las normas que existen en muchos países y que establecen restricciones a la prestación de servicios jurídicos basadas en la nacionalidad va ser de primera magnitud.

Los planes formativos de los futuros abogados tienen que repensarse desde la raíz para que la formación en tecnología aplicada al estudio y ejercicio del derecho ocurra no sólo de manera natural desde el primer año del grado en derecho, sino que además esté integrada en las asignaturas. En mi opinión, no se trata por tanto de insertar alguna asignatura o de tomar algún curso en alguna herramienta tecnológica, sino de incorporar todas las aplicaciones y soluciones tecnológicas que usan hoy los proveedores más sofisticados a la formación de todos los alumnos.

¿Aumentará su inversión en tecnología a la vista del incierto futuro que plantea la pandemia (posibilidad de rebrotes, dificultades para viajar, etc.)? ¿Revisará su modelo tecnológico para aumentar su capacidad y desarrollo? ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas considera que se han convertido en críticas, o al menos muy relevantes para el negocio legal?

Me parece evidente que la respuesta ha de ser afirmativa. Todos los despachos, con independencia de su tamaño, deben realizar inversiones considerables y de manera urgente en tecnología, porque una buena parte del aumento de la propuesta de valor a sus clientes, va a venir por ahí. Pero hay que garantizar que la inversión, efectivamente genera valor real para el cliente, porque si no, no tiene sentido. Si se hace así, se generará una ventaja competitiva potente, porque estamos en los albores de la transformación tecnológica. Sin embargo, esto no es suficiente para prosperar en el mercado. De la misma manera que la tecnología permitió crear nuevos modelos de negocios en el sector de la paquetería con Amazon, o del transporte con Uber, el sector jurídico también es vulnerable a este tipo de cambios. Por eso, no me extrañaría que nuevos actores (new law o proveedores de servicios jurídicos alternativos) experimenten en los próximos años un crecimiento exponencial a costa de muchos actores tradicionales, por mucha tecnología que estos últimos incorporen.

¿Cómo prevé que impacte la crisis económica, consecuencia de la sanitaria, en el negocio de la abogacía a corto y medio plazo?

En la medida en que la crisis económica se extienda y afecte a los clientes de los despachos, el impacto será innegable y puede llevar a la quiebra a aquellos que no tengan unas cuentas saneadas. La carga de trabajo aumentará, la facturación no lo hará en la misma medida y los impagos crecerán, de forma que habrá que gestionar el shock con diversos instrumentos, que pueden incluir reducciones de honorarios, políticas de facturación más ventajosas para los clientes, reducciones de salarios, políticas de contratación, refinanciación de deuda, el alquiler de oficinas, y en el peor de los casos, despidos. Evidentemente no todos sufrirán igual, y los que tengan modelos de negocio que permitan generar más valor a menor coste podrán ganar en facturación y beneficios.

¿Qué medidas deberán adoptar para afrontar esos efectos?

Además de lo anterior, la visión de la organización, el comportamiento ejemplar de sus líderes y el cuidado integral de los profesionales internos y clientes será clave para superar con éxito la crisis.

Abogado del Futuro 2020 / Future Ready Lawyer 2020

Puedes descargarte el informe en su versión original en inglés y traducido al español en ESTE ENLACE.

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