Recientemente se ha dado a conocer el informe de Wolters Kluwer «Future Ready Lawyer 2020» («Abogado del Futuro 2020»).
El informe, elaborado en base a una encuesta realizada a 700 profesionales del sector jurídico de 10 países (EEUU, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Hungría y Polonia), analiza las principales tendencias que van a condicionar el futuro, a tres años vista, del ejercicio de la Abogacía, y cómo se van a preparar tanto despachos como asesorías jurídicas corporativas para conseguir mejorar su rendimiento en un contexto tan cambiante como el presente.
Con motivo de la publicación del informe, Diario LA LEY ha realizado una serie de entrevistas a destacados representantes nacionales de la abogacía, la empresa, la universidad y la Administración, cuyas conclusiones se recogen en el informe, sobre ese futuro inmediato que espera al sector legal en nuestro país.
A continuación, se recoge la opinión al respecto de Pedro Marcelo Álvarez, Jefe de Servicio de Asuntos Generales del Gobierno de Canarias.
El informe «Abogado del Futuro 2020» puede descargarse en este enlace.
¿Cómo ha impactado la situación generada por la pandemia en la forma de trabajar de las asesorías jurídicas de empresa?
Para la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias ha supuesto un importante cambio al haber tenido que implantar, obligatoriamente y en un corto período de tiempo, el teletrabajo. Para ello hemos tenido que revisar y modificar todos los canales de flujo de información para asegurarnos de que cualquier documento que entrase en este Centro Directivo seguía su curso normal hasta llegar a su destinatario y, una vez tramitado por éste, regresaba a su punto de origen. En definitiva, esto nos ha exigido centrar todos nuestros esfuerzos en la consecución de la definitiva supresión de papel y la culminación de la implantación del expediente electrónico.
¿Qué áreas o profesionales jurídicos van a enfrentarse a cambios más disruptivos? ¿Cuál considera que va a ser el impacto a largo plazo sobre su forma de trabajar y sobre la oferta de valor que proponen a sus clientes internos?
Desde luego para el área que nosotros conocemos como Contencioso (para referirnos con carácter genérico a cualquier procedimiento que suponga la representación y defensa en juicio de los intereses de la Administración autonómica, con independencia de la jurisdicción en la que se plantea el conflicto) por la nueva forma en la que, sin duda, habrán de afrontarse esos procedimientos judiciales a partir de ahora. Por contra, nuestra área de Consultivo (dedicada a la emisión de informes preceptivos o facultativos requeridos por el resto de Centros Directivos) se verá menos afectada, con independencia de la mejora que para ella supondrá la definitiva implantación del expediente electrónico.
La situación creada por la pandemia trae de la mano una nueva forma de relacionarse con la Administración de justicia donde la presencia física de los actores en un juzgado ya debería ser algo excepcional y residual.
¿Estamos ante un cambio coyuntural en la forma de trabajar de los abogados, o se trata de un cambio definitivo, que ha venido para quedarse? En su caso ¿cómo debería reflejarse ese cambio en los planes formativos de los futuros abogados?
Sin duda, a mi juicio, estamos ante un cambio definitivo. Ya no hay marcha atrás en este proceso y, aunque la resistencia al cambio en un principio puede ralentizarlo, las propias circunstancias provocadas por esta realidad que nos ha tocado vivir terminarán por imponer esta nueva forma de trabajar.
En consecuencia, los nuevos profesionales del derecho deberán estar preparados para gestionar con naturalidad los nuevos modelos de relación y, por ende, para asumir los retos que la sociedad en general y, el cliente en particular, les va a exigir; de lo contrario, difícilmente podrán ofrecer un servicio competitivo en el mercado laboral.
¿Aumentará su inversión en tecnología a la vista del incierto futuro que plantea la pandemia (posibilidad de rebrotes, dificultades para viajar, etc.)? ¿Revisará su modelo tecnológico para aumentar su capacidad y desarrollo? ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas considera que se han convertido en críticas, o al menos muy relevantes para el negocio legal?
Sí, para las Administraciones Públicas supondrá un esfuerzo añadido en inversión tecnológica, dado que las herramientas informáticas han de permitir responder, con garantías, al nuevo modelo de relación que habrá de generarse con la Administración de Justicia. Para ello un primer paso esencial será culminar el proceso de implantación definitiva del expediente electrónico, tantas veces pospuesto hasta ahora. La eliminación del papel en las Administraciones y Juzgados de nuestro país habrá de dejar de ser sólo una exigencia legal con vocación de futuro, para convertirse en una realidad ahora inaplazable.
¿Cómo prevé que impacte la crisis económica, consecuencia de la sanitaria, en el negocio de la abogacía a corto y medio plazo?
Es previsible que inicialmente genere un aumento de la conflictividad, especialmente en el ámbito laboral y mercantil, lo que sin duda ocasionará nuevas posibilidades para el negocio de la abogacía. Pero, por otro lado, resulta obvio que las dificultades económicas que puedan atravesar los clientes también repercutirán en el profesional del derecho.
¿Qué medidas deberán adoptar para afrontar esos efectos?
Con carácter general, todas las que pudiesen ayudar a dinamizar la economía; y, con este fin, las Administraciones Públicas se verán obligadas a replantear sus programas políticos para los próximos años priorizando tales políticas.
En el concreto mundo de la abogacía, es probable que la nueva situación creada por la pandemia obligue a replantear todo el sistema de turnos de oficio y justicia gratuita.
Abogado del Futuro 2020 / Future Ready Lawyer 2020 |
Puedes descargarte el informe en su versión original en inglés y traducido al español en ESTE ENLACE. |