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VIII edición del Legal Management For...

VIII edición del Legal Management Forum: Starting a new age

  • 15-11-2021 | Wolters Kluwer
  • Tras la edición reducida y únicamente online del año pasado, el Legal Management Forum vuelve en 2021 a su esencia: el encuentro personal entre profesionales jurídicos para analizar lo cambios que se avecinan. Convertido desde 2014 en el evento de referencia en el sector legal, es cita obligada para los profesionales más innovadores. Le contamos lo más relevante de esta sesión plenaria. La recaudación obtenida por este congreso ira destinada a financiar programas sociales de Justicia, Educación y Medioambiente de la Fundación Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer, 17 nov. 2021.— Los profesionales del sector legal se dieron cita de nuevo, esta vez de forma presencial, para asistir al evento jurídico más importante del año, en una nueva sede, la Torre IE, el campus más moderno y vertical de Europa, situado dentro del complejo Cuatro Torres Business Area (CTBA) en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Organizado por Wolters Kluwer e Inkietos y bajo la Presidencia De Honor de S.M. el Rey Felipe VI, el Legal Management Forum viene avalado por numerosos premios al mejor evento jurídico en España. La reflexión y el análisis sobre retos y oportunidades del negocio legal son el leitmotiv que impulsa el encuentro, seguido en streaming por profesionales y universidades de España, Portugal y Latinoamérica.

A las 9 de la mañana dio comienzo el acto, con la intervención de Cristina Sancho, Presidenta de la Fundación Wolters Kluwer y Emilio Martínez, Presidente de Inkietos y COO Cuatrecasas, en su calidad de representantes de las organizaciones del acto, así como de los representantes de los dos partners del evento: Gregorio García, Director de Colectivos en Banco Santander España y Soledad Atienza, Decana de IE Law School, como entidad colaboradora y anfitriona.

Tras ello, dieron comienzo las sesiones.

Abogados In-house, motores del cambio de la industria legal

La mesa redonda, dedicada a analizar el importante papel de los abogados corporativos, fue magníficamente conducida por la moderadora Eugenia Navarro, CEO de Tama Projects y miembro de Inkietos. Como ponente principal, Isabel Parker, Executive director Digital Legal Exchange. Intervinieron Lola Conde, COO de Santander Legal y Luis Prendes, Global Director Legal Affairs & Digital Transformation de Telefónica.

Como rezaba el título de la mesa, son el motor del cambio en la industria legal. Son los que están más pegados al negocio e impulsan encontrar nuevas fórmulas. En su ponencia, Isabel Parker ha puesto de relieve que los cambios macroeconómicos y sociales se están acelerando exponencialmente durante los últimos años. La pandemia del Covid nos ha enseñado que hay que adaptarse sin apenas previsiones. En este contexto, “la exigencia de los clientes también ha sido un catalizador del cambio”, ha subrayado. La realidad, sin embargo, es que hay una enorme desconexión y brecha entre el mundo jurídico y la evolución de los negocios. En una reciente encuesta, un cuarto de los CEO admitieron que la crisis había cambiado el modelo de su negocio. ¿Cómo impulsar el cambio?

La respuesta, ha señalado Parker, está fuera del sector. “Hay que fijarse en las mejores prácticas de empresas digitales de éxito”. La receta debe incluir, ha señalado la experta, cinco ingredientes o factores de éxito. En primer lugar, hay que centrarse en las necesidades del cliente. Además, contar con una estrategia y estar comprometido, buscar a los mejores profesionales, y, por último, “crear una cultura para que la transformación siga floreciendo”.

El debate propiamente dicho, moderado por Eugenia Navarro, se ha centrado en las experiencias de éxito de transformación y eficiencia de los equipos legales. Crear entornos colaborativos es para Lola Conde, una de las claves. Además, ha señalado, “es importante tener “una actitud y cultura de aprendizaje”. Para Luis Prendes, “la clave está en la diversidad y salir de la burbuja jurídica”. Como ha contado, los últimos fichajes para el equipo de Telefónica son dos ingenieros. “La fusión de estos mundos hace que un abogado pueda transformar”, ha asegurado. La eficiencia es una obligación para las organizaciones, por lo tanto, es necesario saber medirla para poder vender un proyecto de operaciones legales. La piedra angular del trabajo de estas asesorías. En este camino están acompañados por sus partners naturales: los despachos. Para iniciar un proyecto de este tipo, ha señalado Conde, “necesitamos líderes y personas que conozcan muy bien el entorno”. “Y una buena vacuna contra la indiferencia”, ha añadido Prendes. Los dos han coincidido en la necesidad de que las firmas que les acompañen trabajen “con ellos” y no solo “para ellos”.

Ciberseguridad: la necesidad de gestionar un nuevo riesgo

La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para los despachos. Y estos tienen razones para ello. Como explicaron Juan Luis Fernández, VP de servicios profesionales de Constella Intelligence y Pablo García Mexía, Director del área de Derecho Digital de Herbert Smith Freehills y Letrado de las Cortes, en la mesa dedicada a la “La responsabilidad de protegernos de un ataque inminente”, que ha moderado José Medina, Wolters Kluwer VP & CTO Legal & Regulatory Spain en el Legal Management Forum.

No es solo que cualquier organización pueda ser víctima de un ataque, es que los ciberdelincuentes están alcanzando altos niveles de especialización y sofisticación. Algo que se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que se trata de un negocio muy rentable, que ya mueve más de 6 billones de euros al año, en una tendencia que se no cesa de aumentar.

Uno de los mayores problemas, en este sentido, es que la ciberseguridad ya no es solo una cuestión profesional, sino también personal, pues la identidad personal y la profesional están ligadas. Por eso con frecuencia los ataques se canalizan a través de la familia y los amigos, vinculando ambos mundos.

Si cualquier organización es susceptible de ser atacada, para los despachos, la ciberseguridad debe ser un asunto de la mayor importancia, pues la filtración de una operación en marcha puede ser un escenario de pesadilla, que suponga no solo perder un cliente, sino además la reputación de firma, además de poder suponerle un elevado riesgo económico. Por ello deben considerarla como una cuestión de gestión de riesgo, para prevenir sus efectos.

En este sentido, el ransomware se ha convertido en una plaga que no solo sale muy cara, pues los rescates medios que se suelen solicitar para recuperar la información rondan el millón y medio de euros, sino que además, en estos casos el pago del rescate no garantiza la recuperación de la información, pues no se suele recuperar más del allá del 65% de la información encriptada. Además, en ocasiones también se roba información simplemente para luego difundirla, con el grave riesgo legal que supone.

Por tanto, los despachos deben proteger sus joyas de la corona, que son sus propios procesos internos, cuya paralización impide dar soporte a sus clientes, y los datos de estos, porque su pérdida puede suponer un grave impacto reputacional y regulatorio. No debe olvidarse, señaló Pablo García Mexia, que la ciberseguridad es un sector crecientemente regulado, con mucho futuro jurídico.

Ambos expertos destacaron la importancia de la formación sobre ciberseguridad en las organizaciones, pues las personas son siempre el eslabón más débil de la cadena. Así, como informó Juan Luís Fernández, según un estudio que está a punto de presentar su organización, de 77 CEOs de grandes compañías analizados, 56 son explotables desde el punto de vista de la seguridad.

Por ello la ciberseguridad requiere el apoyo de la alta dirección y la implicación de toda la organización, pues un poco de formación puede prevenir numerosos ataques, que en un gran número de ocasiones son muy burdos.

Explorando el ecosistema LegalTech

La tercera ponencia de la mañana se centró en la transformación digital que está viviendo la sociedad, y por ende, el sector legal, transformando a una velocidad de vértigo la abogacía de los negocios. La mesa de diálogo fue presentada por Macarena Plaza, Head of International Programmes and Legal Innovation at IE Law School, actuando como ponentes Francisco J. Guillén, CEO de Bloctak, Miguel Ángel García, responsable de Marketing de Biometric Vox y Pau Enseñat, Cofundador y CEO dew Dataguardian.

El momento para invertir en LegalTech es ahora. Más 200 startups han nacido tras la irrupción de las nuevas tecnologías en el mundo jurídico, en una edad de oro de la innovación que no ha hecho más que comenzar. En 2025 se espera que la inversión en este sector se triplique. "Hay apetito inversor a nivel nacional e internacional", confirmó Macarena Plaza, que moderó la mesa.

En esta parte del evento, tres emprendedores presentaron sus propuestas de LegalTech al público, quien tuvo la oportunidad de votar por la propuesta que consideró como más interesante.

En primer lugar lo hizo Paco Guillén, quien habló del proyecto BlockTac, una herramienta que emplea tecnología blockchain para proporcionar inviolabilidad, inmutabilidad y verificación sencilla para todos sus certificados y sellos digitales. Guillén recordó que actualmente cualquiera puede acceder a Internet y "comprar un diploma universitario por 400 euros". Reforzar los procesos de verificación de identidad es más necesario que nunca. Y no es necesario, como destacó, "una gran infraestructura" o "desarrollar una blockchain privada" para conseguirlo. El experto subrayó la idea de que estas tecnologías pueden solucionar muchas cosas "con pocos recursos".

En segundo lugar intervino Miguel A. García, responsable de Marketing de Biometric Vox. García ahondó en las bondades de la tecnología de identificación de personas por voz para la certificación de documentos, un sistema que, aseveró, "ya está implantado en muchas empresas". Herramientas como FirVox, que permite la firma de documentos solo con la voz, las empresas consiguen "ahorrar costes y mejorar la experiencia de usuario". Puede ser útil para "altas y bajas en recursos humanos, pagos online, cesión de poderes o contratación de seguros", enumeró García.

Por último, Pau Enseñat presentó Dataguardian, la propuesta que terminó levantando más interés en el público, según la encuesta que se realizó al final de la mesa redonda. Esta herramienta permite, por un lado, la gestión simplificada de las reclamaciones de usuarios o ciudadanos para el tratamiento de sus datos personales, y por otro, potencia las posibilidades de la portabilidad de los datos. Como explicó el experto, las entidades tienen un plazo de 30 días para gestionar las solicitudes de rectificación o modificación de datos personales de usuarios. Para agilizar el proceso, "a través de nuestra plataforma se canalizan estas peticiones", de tal forma que la máquina centraliza "quién tiene que hacer qué en cada momento y ayuda a identificar a la persona a través de un factor de doble identificación". El sistema, subrayó, "es avalado tanto por las autoridades como por los tribunales".

¿Qué hemos aprendido del Covid?

En la siguiente mesa de la mañana se analizó qué ha aprendido el sector de la abogacía y qué cambios ha sufrido a consecuencia de la pandemia. Moderada por Carlos García-León, Socio director de Legal Reputation y vicepresidente de Inkietos, la mesa estuvo integrada por profesionales de la talla de Paula Albaladejo, Head Project & Development Services, Southern Europe de JLL (Jones Lang LaSalle); Juan San Andrés, consultor de dirección especializado en el sector legal y Julio Villalobos, Director, EMEA Education CXO Strategic Industry Advisor Salesforce.

El debate comenzó con la presentación de los resultados de una encuesta realizada a los quince despachos colaboradores del LMF sobre los aprendizajes durante la pandemia, entre los que destacaban la gestión de personas en remoto, la flexibilidad o la comunicación.

En cuanto a la gestión del lugar de trabajo, Albadalejo ha reconocido que el teletrabajo impuesto durante la pandemia ha aislado mucho a los profesionales, y por ello, considera que lo que las oficinas deben aportar son elementos de relación que fomenten la cultura de colaboración y sean capaces de crear ecosistemas donde cada uno pueda trabajar de distinta manera. Sin embargo, ha alertado de que se trata de todo un reto para los despachos ya que “sólo un 5% de las firmas de abogados usan espacios de trabajo flexibles”.

Para San Andrés la pandemia ha sido todo un “experimento rico en oportunidades de aprender”. Concretamente en el caso del teletrabajo, que pasó de ser un deseo a una imposición durante la crisis sanitaria, el consultor ha apuntado a que ahora es el momento de ponerlo a prueba, para que solo se dé cuando resulte útil para la firma. Y es que, como ha destacado, el trabajo en remoto tiene importantes desventajas como es la necesidad de realizar un “esfuerzo deliberado” para conseguir mantener la cultura firma a distancia. San Andrés, también ha señalado que actualmente la captación del talento está muy vinculada a ofrecer un esquema de trabajo no sólo híbrido, sino también flexible, en el que además habrá que justificar por qué se viene a la oficina.

Por su parte, Villalobos ha subrayado que la Covid-19 ha acentuado algo que ya estaba pasando: la digitalización. “Vivimos en un mundo digital que es global, masivo, omnicanal y síncrono, en el que el cliente quiere ser atendido en tiempo real” ha declarado. “En este contexto”, ha explicado, “hay que revisar en las relaciones con los clientes dónde se aporta valor en formato online y dónde en el face to face”. Para ello, “a partir de los datos y con la tecnología apropiada podemos generar un ecosistema que puede ayudar a personalizar, automatizar y generar predictibilidad respecto a nuestros clientes”, ha comentado. En este sentido, el directivo de Salesforce ha advertido de que lo más complicado en este punto es salir de la zona de confort, aunque también ha afirmado que sólo se consigue la estabilidad con el movimiento, es decir, innovando.

La identidad digital. Una herramienta imprescindible en la era del dato

Una sociedad cada vez más dependiente del entorno digital, en el que realiza cada vez más operaciones y negocios, requiere de herramientas adaptadas al mismo.

Uno de los mecanismos más necesarios es el que permita la acreditación de la identidad de las personas en sus interacciones digitales. Pero en unos tiempos en los que la preocupación por la privacidad y la intimidad son muy relevantes para las personas, esos mecanismos deben reunir unas condiciones particulares de versatilidad y seguridad.

Por todo ello, la identidad digital, es decir, el mecanismo técnico jurídico que permite acreditar, en la forma y con el alcance necesarios, la identidad de una persona, se está convirtiendo en un tema de la mayor importancia y de gran recorrido.

Todo ello lo explicó Almudena de la Mata, Socia directora de Blockchain Intelligence en el Legal Management Forum.

En este ámbito, y de la mano de las recientes iniciativas regulatorias europeas, cobra gran importancia el concepto de identidad digital soberana. Un mecanismo digital de acreditación de la identidad de las personas, permitiéndoles a la vez mantener el control sobre sus datos, de forma que solo se utilicen en cada caso, aquellos que puedan ser necesarios, preservando aquellos otros que no lo sean para la operación de que se trata.

Este concepto está a su vez íntimamente relacionado con el de identidad digital autogestionada, que permite utilizar los datos de forma segura, según el entorno en el que se mueva el usuario, y con el de ciclo de vida del dato, que se refiere a una flexibilidad que permita la modificación del dato a lo largo del proceso.

Resulta muy relevante que nuestro país ha sido pionera en estas materias, gracias al desarrollo del modelo de identidad digital desarrollada por el consorcio Alastria. Gracias al mismo, se permite emitir una identidad verificable que se introduce en el wallet o cartera digital de identidad del usuario, para poder utilizarlo por el proveedor de servicios de que se trate en cada caso. En su conjunto, todos estos sistemas tratan de empoderar al cliente para que este pueda hacer un uso seguro pero amplio de sus datos. Ej. Digitalis también Divaircity

La importancia de este concepto se pone de manifiesto gracias al impulso que está recibiendo en el marco europeo, en especial gracias a la prevista modificación del Reglamento de identidad digital eIDAS, que aspira a desarrollar una identidad digital que permita probar quienes somos, recibir documentación (certificación), con seguridad y flexibilidad (usuarios p´bulicos y privados), con carácter transfronterizo y gracias a un monedero de identidad digital. Además el european self sovereign identity framework añadirá valor a la identidad en un contexto descentralizado.

Por último, Almudena de la Mata subrayó la importancia de este tema para los despachos de abogados. No solo en el ámbito del asesoramiento, pues los clientes están utilizando cada vez más la Identidad digital, lo que supone considerar los aspectos de privacidad, normativa europea, compliance, ciberseguridad, prevención del fraude y gobernanza que les afectan.

Pero las firmas deben considerar también los aspectos que afectan a la gestión interna del despacho, pues estos no suelen conocer el coste de onboarding de sus clientes, pese a ser un proceso mandatory en muichos casos. Un aspecto que en supuestos transfronterizos pueden suponer un coste de oportunidad, además de riesgo de seguridad y fraude.

Sostenibilidad en el sector jurídico

La siguiente ponencia estuvo dedicada a los retos que introduce en sociedad y empresas la Agenda 2030, y por supuesto en el sector legal. Intervinieron Alberto Andreu, presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE); Elisabeth de Nadal, Directora de ESG en Cuatrecasas y María Prandi, Directora ejecutiva de Business & Human Rights, bajo la moderación de Cristina Sancho, Presidenta de la Fundación Wolters Kluwer.

Las relaciones entre las empresas y la sociedad se están transformando a un ritmo vertiginoso, en un proceso en el que los agentes económicos están asumiendo un compromiso cada vez mayor frente a los grandes retos sociales, éticos y medioambientales del presente y el futuro concretados en los ODS de la Agenda 2030. El sector legal no debe quedarse atrás y tiene ante sí la oportunidad de ganar capacidad de influencia en este contexto, tal y como se puso en evidencia.

Cristina Sancho preguntó a los ponentes sobre los retos que plantea esta nueva realidad a los despachos. Todos coincidieron en la necesidad de incorporar los nuevos deberes de sostenibilidad mediambiental, económica y social en sus propias organizaciones y acompañar a los clientes en este nuevo modelo.

Como expuso Maria Prandi, no solo hay riesgos reputacionales, sino también legales, financieros y operacionales. Últimamente, ejemplificó, se están paralizando obras en países iberoamericanos por la falta de protección de derechos humanos.

Von der Leyen, apuntó, está anunciando que la UE “prohibirá la entrada de productos realizados total o parcialmente mediante trabajo forzoso”. El marco legal está cambiando, subrayó Elisabeth de Nadal, directora de ESG en Cuatrecasas. Los estándares de conducta “se van a incorporar a una directiva con un contenido más específico y su incumplimiento dará lugar a sanciones y a posibles demandas”. Pero la idea fundamental, concluyó Alberto Andreu, presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE), es que “solo con cumplir la ley ya no vale”.

Digitalización de la Justicia

La situación excepcional generada por la pandemia, puso de manifiesto tanto la importancia del sistema de Justicia, como las carencias del mismo. La necesidad de disponer de una Justicia accesible, disponible y eficaz, exige una profunda reforma de sus medios y de su cultura de trabajo, intensamente basada en la digitalización.

Por ello, la última mesa del Legal Management Forum se dedicó a la “Digitalización de la Justicia” y reunió para tratar el tema a un grupo de profesionales muy vinculados al tema, como son Aitor Cubo, Director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia; Verónica Ezcurra, Letrada de la Administración de Justicia y Secretaria Coordinadora Provincial de Madrid; Ignacio López Chocarro, Socio director de Anzizu, López & Castellanos y Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona. Todos ellos moderados por Álvaro Perea, Letrado de la Administración de Justicia.

Precisamente Álvaro Perea comenzó destacando que el guion de la mejora de la Justicia lo escribe la propia sociedad española, que reclama una justicia ágil, eficaz y flexible, es decir, digital.

A continuación, Ignacio López recordó que el Covid puso al desnudo las graves deficiencias estructurales de la Administración de Justicia, algo que no afectaba a otras áreas como Hacienda o Sanidad, porque la Justicia no disponía de las herramientas necesarias. Y las medidas adoptadas, como el teletrabajo, no incrementaron particularmente su rapidez, aunque sí se ha acrecentado el uso de tecnologías como las videoconferencias.

En opinión de López, la transformación digital de la justicia necesita gasolina en forma de presupuesto, porque medidas como la celebración de vistas por las tardes no se pudieron llevar a cabo por la falta de presupuesto de personal.

La digitalización debe perseguir una justicia más eficiente, pero el éxito de la transformación digital de la justicia va a depender de la coordinación entre todos los sistemas utilizados.

Por ello considera que hay que apostar por el esfuerzo de digitalización puesto en marcha por el ministerio, teniendo en cuenta que subsisten problemas como un ratio de jueces muy bajo, que el modelo organizativo de la oficina judicial sigue obsoleta y que es necesario fijar objetivos factibles, antes de abordar las más complicadas. Para todo ello, la colaboración de todos los intervinientes va a ser fundamental.

Por su parte, Yolanda Ríos explicó que lo que tuvo lugar durante la pandemia fue, realmente, la imposibilidad de llevar a cabo los procedimientos judiciales. La Administración de Justicia no estaba preparada para el teletrabajo, lo que determinó la suspensión de vistas. Las demandas se podían presentar y algunas medidas se pudieron adoptar, pero muchas no tuvieron tramitación por la falta de herramientas. Ello, en jurisdicciones como la civil, obligó a desplazarse a funcionarios y que solo pudieran resolverse las cuestiones más urgentes.

En opinión de esta magistrada, la ley de eficiencia digital presentada por el Ministerio contiene previsiones muy ambiciosas que serán muy bien acogidas por los profesionales, pero requiere de un cambio de modelo de juez, además de que se implementen los jueces de primera instancia, garantizando mayor agilidad y rapidez, así como seguridad jurídica. También serán importante medidas como la del pleito testigo. Además, medidas como la inteligencia artificial permitirán identificar casos idénticos y con ello evitar que se dupliquen demandas.

Y aunque medidas como el expediente judicial electrónico funcionan bien, su funcionamiento es mejorable, como sucede con el tamaño de los documentos que se pueden subir. En este sentido, las vistas telemáticas plantean dos tipos de dificultades, no vinculados a la inmediación, sino a la interoperabilidad de los diferentes sistemas utilizados, y de orden técnico, como las interrupciones debidas a por fallos técnicos.

Desde otro ámbito del sector jurídico, Verónica Ezcurra señaló que LexNet ya había sido en su momento un primer paso. Sin él, la gestión de la Administración de Justicia habría sido mucho más complicada durante la pandemia.

Además, el proceso ha supuesto vencer las resistencias que existían al mundo digital, acercando legislación, organización y tecnología, que son sus tres pilares.

En consecuencia, la digitalización se ha convertido en un objetivo común del Ministerio, las Comunidades Autónomas y los colectivos de la Justicia.

Ezcurra citó la experiencia de Madrid en la mejora de los sistemas de gestión procesal, la sede electrónica para ciudadanos y empresas y la firma digital. Además, se está comenzando a utilizar la IA para la textualización de actuaciones y la búsqueda inteligente. En interoperabilidad se está integrando el sistema de gestión procesal con el BOE para la publicación de edictos, y todo ello con ciberseguridad. Además, se está intentado impulsar al máximo el expediente digital, y que los profesionales puedan acceder al mismo a través de visualizador Visor, solicitar su copia e impulsar la agenda de vistas.

De cara al futuro, considera necesario potenciar las tecnologías para optimizar los recursos disponibles. Para ello habrá que trabajar hacia un expediente totalmente digital y on line. Después se podrá pensar en la automatización de procesos y la implementación de sistemas de mejora de la eficiencia en el tiempo de trabajo. Por ahora, están comenzando a aplicar la IA para analizar datos que faciliten el conocimiento previo de los detalles del caso por el juez. Y también se está trabajando en asistentes conversacionales.

Finalmente, Aitor Cubo comenzó su intervención recordando que la Justicia no se detuvo durante la pandemia gracias a la digitalización. Y es que la Justicia española sí que está digitalizada. De hecho, señaló que varias Comunidades Autónomas cuentan con plena digitalización.

Ello no significa que no haya múltiples aspectos de mejora, porque existen agujeros en la digitalización, pero “estamos en mucha mejor situación que en Francia o Alemania, que durante la pandemia sufrieron dificultades incluso de comunicación”.

Para ello, y aunque es cierto que la estructura judicial es compleja, también lo es que se está avanzando en el marco de la cogobernanza, lo que permite la progresiva mejora de comunidades como Madrid o Cataluña, en las que ya se están itinerando expedientes judiciales electrónicos de ese ámbito competencial al Tribunal Supremo.

En este sentido subrayó la importancia del anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital recientemente presentada por el Ministerio en el marco del proyecto Justicia 2030, que intenta poner remedio a una organización de justicia decimonónica.

Se trata de un texto sometido a consulta pública hasta finales de noviembre, porque impacta en la digitalización de la Justicia, pero que también se abre al ciudadano. Por ello invitó a todos los sectores implicados en aportar sus opiniones de mejora, porque incluye aspectos muy novedosos como la justicia orientada al dato y otros aspectos muy relevantes, como la robotización o la utilización de la Inteligencia artificial.

Según Cubo, lo que se está planteando es un proyecto holísitico, de mejora de la justicia, donde la transformación digital es una de sus patas.

En cuanto a las críticas de falta de presupuesto, Aitor Cubo destacó que para la transformación digital de la Justicia se han movilizado, añadiendo a los presupuestos ordinarios, 410 millones de euros, que en su práctica totalidad se territorializan y envían a Comunidades Autónomas. De hecho, añadió, hay que destacar que la administración de justicia, gracias a la coordinación y cogobernanza, y el proyecto Justicia 2030, no sólo ha ejecutado el presupuesto previsto de este año, si no que, dado que hay objetivos y proyectos claros, en el Consejo de Ministros de ayer se aprobó un adelanto de 63 millones de euros del presupuesto 2022 a este año (puede verse en https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx#justicia_proyectos)

Aparte de ello, Aitor Cubo explicó los proyectos en marcha para facilitar el acceso al servicio de la Justicia no sólo a ciudadanos y empresas, sino también y en especial a abogados y procuradores, en proyectos como el acceso al expediente judicial, la carpeta justicia, los juicios telemáticos y, muy señaladamente, el proyecto de inmediación y presencia digital, que permite no sólo que los juicios se puedan hacer por medios telemáticos, sino también el resto de actuaciones.

En resumen, subrayó que este proyecto, al igual que el de Justicia orientada al dato, es especialmente innovador e incluye, gracias de nuevo a la cogoberanza y a la coordinación entre administraciones, algunos proyectos que son ya realidades, como un data lake o lago de datos de la justicia; la gestión orientada al dato (incluyendo tramitación automatizada); la explotación de la información por medio de la inteligencia artificial; la robotización (que ha permitido las actuaciones para la cancelación de más de 140.000 antecedentes penales) y los proyectos de inteligencia artificial que ya están funcionando, como la textualización de actuaciones judiciales y otros como la anonimización o clasificación documental, aspecto en el que resaltó la colaboración con la Secretaría de estado de Digitalización e Inteligencia artificial, y el BCN supercomputing center.

El encuentro finalizó al filo de las tres de la tarde con gran éxito de asistencia, ya con la mente puesta en el próximo Legal Management Forum de 2022.

El evento cuenta con el respaldo del Banco Santander, patrocinador principal desde su primera edición en 2014, y de IE Law School, en cuyas instalaciones se desarrollaron tanto los itinerarios paralelos como la sesión plenaria.

Se contó también con el patrocinio de la Mutualidad de la Abogacía, Tecnitasa, Mc LEHM, Ontime, Lenovo, Salesforce, Iuris Talent y Compass Group. Y, como en años anteriores, con la colaboración de grandes firmas jurídicas y despachos de abogados: Auren, CCS Abogados, Crowe, Cuatrecasas, DLA Piper, Ejaso ETL Global, Eversheds Sutherland, Gómez-Acebo & Pombo, Grant Thornton, KPMG, Ontier, Pérez-Llorca, RocaJunyent, Squire Patton Boggs y Uría Menéndez.

Muchas gracias a todos ellos, sin su ayuda este evento no hubiera sido posible.

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