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Primero.- Recurre en suplicación Forestal Catalana S.A. la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 20 de los de Barcelona en fecha 23/11/11 en la que, recordemos, se estima la demanda presentada por D. Hilario contra la ahora recurrente para declarar la improcedencia del despido del demandante realizado con fecha de efectos de 31/7/11 y consecuentemente, condenar a la empresa a las consecuencias legales de dicha declaración y que se especifican en su parte dispositiva. Refiere la sentencia a estos efectos en cuánto ahora interesa, que la empresa demandada «fue constituida por acuerdo del Govern de la Generalitat de Catalunya de 22/12/87 adoptando la forma de sociedad mercantil anónima el 3/3/88 … siendo … la Generalitat titular del 100%...»; que no encontramos «ante una Administración Pública destinada a atender aspectos del servicio público deficitarios...»; y que la demandada está «sujeta...a las normas recogidas en el ET en materia de extinción de contratos de trabajo...». Pese a ello, entiende el órgano judicial, los supuestos a los que remiten los arts. 51 y 52.c del ET «encuentran un difícil encaje precisamente derivado del tipo de actividad que realiza la titularidad de su capital social y su función así como la vía de financiación e ingresos que determina causalmente sus resultados anuales». La posición de la empresa en cuestión, añadirá, «no es la típica de una mercantil que opera y actúa en el sistema económico-financiero sujeta a las fluctuaciones y avatares del mismo y a los distintos y múltiples elementos con (sic) contribuyen a la buena o mala marcha desde el punto de vista económico y de resultados de una empresa...». Y ello por cuanto «salvo en una ínfima parte de su actuación no se configura como una prestadora de bienes y servicios en el mercado al modo de una empresa privada sino que su actuación y, lo más relevante, sus ingresos y resultados anuales dependen de la decisión de distintos Departamentos de la Generalitat de Catalunya...(que) no está sujeta a la demanda del mercado y la aleatoriedad en cuanto a los resultados en la marcha de su actividad sino a la pura decisión política vía presupuesto anual...». De todo ello, concluirá, y si bien «los requisitos que el art. 51 del ET exige … (son) teóricamente aplicables a una empresa pública como la demandada no proceden en un supuesto como el de autos ante las características expuestas...». Y por ello, dirá, «no puede entenderse que se acredite una «situación económica negativa» y ello porque dicho concepto implica una aleatoriedad propia del mercado en el que las empresas privadas se mueven...aleatoriedad (que) no existe en la empresa demandada...». A lo que añadirá que «de la prueba practicada y en especial del modo en el que se financia Forestal Catalana S.A. y obtiene sus recursos, se acredita que ha sido la decisión política de la Generalitat de Catalunya de proceder a un recorte en las sumas presupuestadas para la realización de proyectos y actividades de la empresa demandada en todos los niveles...la que motivado la reducción de ingresos de la empresa y por ello que la cifra de negocio de la empresa disminuya sustancialmente...». Decisión que, en todo caso, el órgano judicial de instancia reconoce como «legítima y propia de un ejecutivo autonómico por lo que no puede ser objeto de examen en la impugnación de los despidos objetivos...». Por todo ello, y «dicho de un modo sencillo», como se acierta a expresar en la sentencia recurrida, la situación de pérdidas que se produce en el año 2011 deriva de la decisión de la Generalitat y la misma no permite configurar o reconocer, concluye, la concurrencia de la causa a que remite los citados arts. 51 y 52.c del ET Se descarta además en la sentencia que la medida extintiva pueda ser tenida como razonable a estos efectos «sin intentar otras alternativas menos gravosas y que en otros sectores del sector público se vienen aplicando ... si bien en las cartas de despido se recoge un plan de viabilidad...no consta que el mismo se haya implantado con carácter previo...». Finalmente, y en relación a la concurrencia de causas organizativas también alegadas por la demandada, se indicará en la sentencia que en la carta de despido «solo se destina un par de párrafos genéricos a pretender justificar la decisión...no pudiendo admitirse en los términos previstos en el art. 105.1 de la LP.L que la empresa pretenda justificar en juicio vía testifical en lo relativo a la planta de biomasa no ejecutada lo que no hizo en la carta de despido...no consta que fuera contratado para la realización de tareas de mantenimiento y explotación de dicha planta de biomasa...pese a que, junto con otras tareas esas figuran en la oferta realizada a doc. 20 … durante tiempo superior al año en el que la relación laboral estuvo vigente el demandante nunca pudo ser destinado a trabajo alguno de la planta de biomasa … integrándose en la «colla» del vivero de Breda...».

Segundo.- Interesa en primer término la empresa recurrente, haciéndolo por el cauce procesal previsto en el art. 191 .b de la L.P.L, la revisión de la relación de hechos probados de la sentencia al efecto de modificar dos de sus apartados, los que figuran con los ordinales quinto y séptimo. Por lo que se refiere al ordinal quinto. Se indica en el mismo que «en fecha 19/7/10 el demandante signó con la empresa demandada el contrato de trabajo indefinido obrante a doc. 21 de los aportados por la empresa al acto de juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido. En dicho contrato figura como categoría del actor la Oficial 1^a nivel D y su prestación de servicios en el «planter de Breda, Sant Feliu de Buxalle». En la oferta de dicha plaza, doc. 20 de los aportados por la empresa demandada, figura como descripción de tareas a realizar la de «control y mantenimiento de la planta de gasificación de biomasa. Mantenimiento del planter. Recolección, siembra y producción de semilla»». Pretende la recurrente que se añada al mismo que «el actor solicitó en fecha 27/6/10 el puesto de trabajo a que se refiere la oferta de plaza para el control y mantenimiento de la planta de gasificación de la biomasa». Dicha solicitud, dirá, consta acreditada con el documento obrante en el folio >&. 76 «consistente en un correo electrónico remitido por el actor el día 17/6/10 en el que adjuntaba también su curriculum vitae...». La certeza del dato no es puesta en duda, y siquiera, por la parte impugnante del recurso que simplemente apunta al efecto, y para descartar la procedencia de la petición, a la falta de relevancia del dato táctico en cuestión. Dejando a un lado la determinación precisa de dicha relevancia lo cierto es que, y no discutida la realidad del hecho en cuestión y atinente sin duda a las cuestiones discutidas en el procedimiento, procederá incorporar al mismo a la relación de hechos de la resolución recurrida.

Tercero.- Interesa a continuación la recurrente, dentro de este mismo motivo del recurso, la modificación del apartado séptimo de la relación de hechos de la sentencia recurrida. En el mismo se indica que «dentro del plan de viabilidad para el año 2011 en la empresa demandada y con la finalidad de generar más ingresos se ha previsto «potenciar el área de planters incluyéndolo en un proyecto con el objetivo de conservación de la biodiversidad» con un presupuesto estimado de 400.000 €/año». Pretende la recurrente que se declare que «dentro del plan de viabilidad para el año 2011 en la empresa demandada y con la finalidad de generar más ingresos se ha previsto potenciar el área de planters -viveros- incluyéndolos en un proyecto con el objetivo de conservación de la biodiversidad con un presupuesto estimado de 400.000 €/año. Asimismo el plan de viabilidad de abril de 2011 contempla otras medidas paralelas a la generación de nuevos ingresos. Por un lado, en cuanto a gastos de personal, se han previsto medidas de optimización de efectivos, no renovación de contratos temporales, reducción del 5% de los costes salariales, menor duración de los contratos fijos discontinuos y simplificación de la estructura directiva, con un ahorro estimado de 1.777.554 €. En cuanto a los gastos corrientes la reducción, centrada en la eliminación de vehículos de dirección, un replanteamiento de la política de pago de dietas, así como la reducción de compras de material y alquileres, supondrá un ahorro de costes de 163.336 €. Respecto a la cancelación del proyecto de la planta de biomasa ello supone no tener que hacer frente a un pago de 92.248 € en 2011 y la posibilidad de recuperar las inversiones efectuadas durante 2010 por otros 81.252 €». Remite la recurrente al propio Plan en cuestión obrante en folios 80 y ss de las actuaciones. Es evidente, en primer término, la certeza de los datos en cuestión y relativos al Plan de viabilidad en cuestión que obra, como se ha dicho, en el procedimiento. En este punto nuevamente hemos de observar que la parte impugnante del recurso no pone en duda tampoco la certeza de tales datos. Procede, en consecuencia y ala vista de dicha certeza, ordenar la práctica de la modificación propuesta y en los términos solicitados por la recurrente.

Cuarto.- Interesa en último lugar la recurrente la revocación de la sentencia impugnada por cuanto considera que en la misma se infringirla el art. 52.c del ET, puesto el mismo en relación con el art. 51.1 del mismo cuerpo legal y con los arts. 1, 2 y 42 del RDL 2/2002, de 24 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985 del Estatuto de la Empresa Pública Catalana; así como en relación con la doctrina jurisprudencial que citará. Dirá al efecto que «el art. 52.c del ET resulta de aplicación en toda su extensión a una sociedad pública...». Por ello, concluirá, ha resultado probado «que hay un descenso sustancial en la cantidad destinada a gastos de personal en Forestal Catalana S.A. de 1.346.804 siendo los ingresos previstos para 2011 de 13.785.555 € frente a los 17.040.779 € de 2007; 17.874.155 € de 2008, 18.685.631 € de 2009 y 28.602.478 € de 2010 en el que hubo un ingreso extraordinario de 10.500.000 por las nevadas del mes de marzo, que dejarían los ingresos ordinarios en 18.102.478 € frente a los indicados 18.785.555 € en 2011, es decir, 4.316.923 € menos que en 2010...». Y probado «que la empresa tenía dificultades, que estas tenían su causa y origen en un descenso de la producción y facturación muy acusado no imputable a Forestal Catalana S.A. y que además dicho descenso provocó un excedente de 22 personas no es desproporcionado entender ... que la supresión del puesto del actor y de los otros miembros de la plantilla contribuye, sin lugar a dudas, a que la empresa pueda dar una mejor respuesta a la demanda a la vez que permite organizar mejor su personal (causa organizativa) atendiendo a las nuevas circunstancias y, sobre todo, está en una mejor posición para hacer frente a la disminución de la demanda al tener unos menores costes salariales y sociales »

Quinto.- El motivo de recurso ha de ser, a nuestro juicio, estimado. No podemos, y para justificar nuestra decisión, sino por determinar la posición de la Sala respecto a la que puede identificarse como argumentación básica y fundamental de la resolución recurrida. Nuestra posición, podemos decir, pasa por un preciso y explícito rechazo del criterio utilizado al efecto en la sentencia. Recordemos como el órgano judicial de instancia señala que los preceptos legales referidos a la extinción por causas objetivas de los contratos de trabajo que recoge el Estatuto de los Trabajadores «encuentran un difícil encaje precisamente derivado del tipo de actividad que realiza (la empresa), la titularidad de su capital social y su función así como la vía de financiación e ingresos, que determina causalmente sus resultados anuales». Y de esta manera, concluirá, los preceptos legales en cuestión «si bien teóricamente aplicables a una empresa pública como la demandada no proceden en un supuesto como el de autos ante las características expuestas en cuanto a su dirección, financiación y actuación que predeterminan por un criterio estrictamente político de destino de las sumas presupuestadas anualmente el resultado final del ejercicio económico de la empresa». Dicha manifestación la hace la sentencia recurrida después de reconocer que, y de acuerdo con el Estatuto de la Empresa Pública Catalana aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 4/1985, que la demandada «no tiene la consideración de Administración Pública...»; que no está «sometida en su actuación frente a terceros a las normas administrativas»; y que, y de acuerdo con su art. 42 del mismo RDL 2/02, «las personas que prestan servicios en estas sociedades están sometidas a las normas civiles mercantiles o laborales que, según su función , les correspondan» Advierte incluso como, y de acuerdo con el art. 1 del mismo texto legal, «la actuación de las entidades y empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley (la norma regula las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Generalitat), debe inspirarse en criterios de rentabilidad, economía y productividad y bajo el principio de no discriminación respecto al sector privado...» (apartado cuarto de la relación de fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida). Dicho presupuesto o fundamento de la decisión adoptada, y como decíamos, no es a nuestro juicio aceptable. Y es que no se puede advertir, como hace la resolución recurrida, que una norma legal resulta directa e inequívocamente aplicable a un sujeto para después, y en base además a determinadas condiciones personales del mismo, excluir la aplicación de la misma norma. Valores constitucionales y hasta de una simple y básica técnica jurídica llevan a repudiar dicha consideración. Y es que, recordemos, el propio y ya muy básico art. 1 del Código Civil señala como principal fuente de nuestro ordenamiento a la ley. En todo caso no otra cosa se deduce de una posición regularmente mantenida por la Sala que ha advertido que incluso y tratándose administraciones públicas puras, éstas «en relación con su personal laboral, como cualquier otro empresarios, pueden acudir a las posibilidades que les ofrece el artículo 51 del TRET, y por ende, también al 47 del mismo texto legal, y en consecuencia, pueden solicitar o bien la extinción de los contratos de trabajo que afecten a sus empleados, o bien la suspensión temporal de los mismos , y como además, este es el criterio mayoritario de la Sala, nosotros no podemos más que reiterar, lo dicho en otra de nuestras sentencias como son las de 14 , 18 , y 22 de enero de 2010» (STSJCat 27/9/11, Ponente Iltmo. Sr. García Ros). Es evidente por ello, y ya en relación a la ahora recurrente, que si dichas facultades le son reconocidas a la propia Administración Pública y por lo que se refiere a las relaciones laborales que las mismas puedan mantener, con mayor razón debe reconocerse dicha posibilidad cuando se trata de una sociedad mercantil privada y de acuerdo no solo ya con el RDL 2/2002 ya citado sino, y antes, con el propio art. 1 del ET. La plena aplicabilidad de los arts. 51 y ss del ET resulta así, entendemos, indiscutible. Cuestión distinta es que, y a través de la aplicación de una norma legal, pueda ser reconocida la existencia de un fraude de ley, esto es y de acuerdo con el art. 6.4 del Código Civil, de actos que realizados al amparo del texto de una norma «persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él». Actos que se tendrán en todo caso, y acuerdo con la norma legal citada, como ejecutados en fraude de ley y que no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Lo que, y en este caso y utilizando una técnica más administrativista, nos llevaría a hablar de una desviación de poder. Pero la sentencia, rápidamente debemos señalar, no se construye a partir de ninguna de estas figuras jurídicas. Antes y al contrario la sentencia señalará que la decisión, que califica inevitablemente de política que atribuye a la Generalitat de Catalunya en orden a la reducción o «recorte en las sumas presupuestadas para la realización de los proyectos y actividades de la empresa demandada en todos los niveles...», es o «resulta legítima y propia de un ejecutivo autonómico...». No es el caso, en consecuencia, de considerar la concurrencia de una de tales instituciones jurídicas.

Sexto.- Dicho esto no podemos traer a colación el contenido de los preceptos de referencia, y en cuanto ahora interesa, bien que en la redacción dada a los mismos por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, esto en la redacción que ya es anterior a la actualmente vigente pero que resulta aplicable en razón a la fecha del despido enjuiciado. El art. 52 del ET señala al efecto, recordemos, que «el contrato podrá extinguirse cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley...»; precepto que enumera, por su parte, hasta cuatro clases de causas que pueden originar y justificar tal clase de despido: «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción» ocupándose el mismo también de precisar el significado de estos conceptos legales claramente, y en principio, indeterminados. La decisión extintiva del contrato de trabajo fundada «en causas económicas» es aquélla que puede adoptar la empresa cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo». La empresa, se añadirá en el precepto, debe de un lado, en lo que parece una obviedad, «acreditar los resultados alegados»; y, y de otro y lo que ya no es en absoluto evidente, «justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado». Por lo que se refiere a las causas técnicas estás concurrirán «cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción»; las organizativas, por su parte, se darán «cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal»; mientras que las productivas se manifestarán «cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado». En el caso de estas tres causas la razonabilidad de la medida que corresponde que la empresa justifique remitirá a la necesidad de que la misma pueda «contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o a una mejor respuesta a las exigencias de la demanda».

Séptimo.- Recogido el contenido de los preceptos legales no podemos sino observar la acreditación de las circunstancias económicas a las que remite la carta de despido, cuya realidad ni siquiera discute la sentencia, y que, sin duda alguna, permiten considerar concurrentes las causas económicas a que remite el art. 51 citado. Se acredita plenamente, observamos, una reducción de ingresos de la demandada que le permite a la misma, y en su recurso, hablar con certeza absoluta de un «descenso drástico de ingresos en 2011». Supuesto de hecho previsto, como se ha visto, en el art. 51.1 del ET La sentencia descarta todavía su concurrencia porque se estaría «ante una mera proyección de pérdidas...sin intentar otras alternativas menos gravosas y que en otros sectores del sector público se vienen aplicando...». Recordemos que el precepto legal exigía justificar «la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado». La conexión lo es, y al menos fundamentalmente, con la vigencia y mantenimiento de una posición competitiva en el mercado de la empresa. Y en este punto no puede sino ser recordada la doctrina del Tribunal Supremo que, además, se había desarrollado sobre la base de un precepto legal que, cabría calificar, como más exigente en términos de exigencia de causalidad de la medida dado que se exigía la concurrencia de una necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo en orden a «superar una situación económica negativa». Y decía el Alto Tribunal que la amortización de puestos de trabajo contribuye en cuanto medida de restricción del gasto que significa y entraña, a superar la situación económica negativa de la empresa puesto que resulta «lógico considerar que la supresión de un puesto de trabajo en una compañía que se encuentra en una mala situación económica contribuye directa y adecuadamente a superar tal situación» (STS 24/4/96). Debemos recordar que sobre esta cuestión en diversas sentencias de esta Sala habíamos podido mantener que «la Ley no exige que tenga que demostrarse de forma plena e indubitada que la extinción del nexo contractual lleve consigo necesariamente la consecuencia de superar las crisis económicas o garantizar la viabilidad futura de la empresa» (v. entre otras STSJ Cataluña 22/5/01); o que «la idea de necesidad que manejan estas disposiciones no se refiere tanto a que las extinciones acordadas produzcan forzosamente el saneamiento económico de la empresa como a que las mismas cumplan los requisitos que en estas normas se determinan y que se basan esencialmente, en que tales medidas extintivas contribuyan a superar la situación de crisis» (STSJ Cataluña citada). Se trataría o se estaría así ante la apreciación de la razonabilidad o, y en términos más estrictos y adecuados a dicha perspectiva finalista de la medida, de la racionalidad de la decisión adoptada antes que ante la necesidad de justificar la estricta proporcionalidad, exigiendo el cumplimiento o la aplicación previa de medios alternativo s tal y como exige la resolución recurrida. En el presente caso la reducción en el capítulo de gasto de personal que aplica la demandada y al que se refiere el denominado Plan de Viabilidad que la misma ha procedido a aplicar no puede ser visto en otra manera que en términos de la razonabilidad aludida. A la vista de los razonamientos expuestos no podemos sino reconocer la justificación y concurrencia de esta primera causa económica con la que la empresa recurrente justificó el despido examinado . Razones todas ellas que fuerzan a considerar, tal y como manifiesta la recurrente y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 52 y 53 del ET , procedente el despido enjuiciado sin que resulte necesario, por ello, entrar a calificar el resto de causas a las que remite igualmente la carta de despido. Procederá, en consecuencia y estimando el recurso interpuesto, ordenar la revocación de la resolución recurrida para, y con desestimación de la demanda origen de las actuaciones presentada por D. Hilario, declarar procedente el despido enjuiciado y absolver de la demanda a la demandada.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.