¿Qué balance hace de estos 15 años al frente de la Abogacía?
Personalmente ha sido una experiencia extraordinariamente positiva. Conocía la abogacía desde dentro, ya que había asumido diversas responsabilidades en este ámbito, pero durante estos 15 años he aprendido mucho más de la profesión y de la organización profesional, lo que me ha permitido ratificarme en la convicción de que es un colectivo muy cualificado y emprendedor, con gran capacidad de adaptación y profundamente vocacional. La abogacía es además un elemento básico para el funcionamiento de la sociedad, para la gestión de las tensiones y conflictos que en ella se producen, además de ser imprescindible para el funcionamiento del Estado de Derecho.
Creo que la apuesta tecnológica que en 2003 puso en marcha la firma digital de la Abogacía, muy controvertida en su momento, y numerosos servicios para los Colegios y para los abogados, entre ellos LexnetAbogacía, ha demostrado ser una apuesta precursora que nos ha colocado hoy en una extraordinaria posición para adaptarnos a la situación actual de la Administración de Justicia en la llamada etapa de «Papel 0». Creo que el Consejo ha contribuido decisivamente a la modernización de la profesión tanto en lo que se refiere al cambio tecnológico como al estrictamente profesional.
En otro orden de cosas, creo que ha sido la primera vez que nuestra institución ha salido a la calle, se ha manifestado como colectivo, y, en uso de su derecho de manifestación, ha contactado con esa ciudadanía a la que nos debemos en todo caso, y especialmente cuando se arriesguen sus derechos fundamentales. Las manifestaciones de julio de 2014 eran en demanda del libre acceso a la justicia de todos los ciudadanos, radicalmente perjudicado por la Ley de Tasas. Nos hemos manifestado en las puertas de los juzgados y en nuestra propia sede, junto a las organizaciones de los jueces y fiscales, junto a los sindicatos y con los consumidores. Lo hemos hecho también construyendo la Plataforma Justicia para Todos integrada por consumidores y usuarios, por sindicatos y por la abogacía. Después de intentar dialogar con el Ministerio de Justicia, sin ningún efecto, no nos quedó más remedio que salir a la calle con nuestras togas, con nuestra ropa de trabajo, en una manifestación histórica que reunió a todos los representantes de las Juntas de Gobierno, más de mil compañeros y compañeras en demanda de la supresión de la Ley de Tasas, en demanda de la supresión del proyecto de Ley de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, y también contra el intento de cambiar la Ley de Planta sin haber oído a los prácticos del Derecho, y también, por qué no decirlo, contra la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que fue retirada a tiempo porque arriesgaba la práctica desaparición de todas las organizaciones colegiales y profesionales.
Dentro de este balance, necesariamente breve y sintético, no puedo olvidar nuestro compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos, plasmado en la ceremonia anual que todos los años, cada 10 de diciembre, otorga los Premios Derechos Humanos de la Abogacía a personas e instituciones ejemplares y a medios de comunicación, personas que trabajan aquí y en el Tercer Mundo, verdaderos héroes de la defensa de los Derechos Humanos, que se están jugando la vida muchas veces en el mundo.
Hay muchas más cosas de la gestión ordinaria que pueden ser destacadas. Entre ellas estoy especialmente satisfecho del salto cualitativo que supuso la adquisición de esta sede del Consejo, que ha permitido hacer visible y ubicar mejor a la institución.
De esa gestión ¿cuál destacaría como el mayor acierto, el mayor error o la frustración?
Creo que el acierto principal fue convencer al Gobierno, al prelegislador, de que hacía falta una Ley de Acceso a la profesión. A partir de su aprobación, nuestros letrados y letradas se van a dotar de una mucha mejor formación a través de la formación posgrado y del examen que tienen que superar y puede decirse que tienen una formación equiparable al resto de nuestros compañeros de Europa. A pesar de la inmensa vacatio legis que fijó la Ley de Acceso, la tercera promoción está ya formándose, sobre todo, en aspectos prácticos de la profesión, que es lo más importante. A mí me gustaría llegar alguna vez a igualar lo que es la formación en Alemania, formación igual para todos los juristas, jueces, fiscales, abogados notarios, y elección de destino por orden de calificación. Me parece que esa sería la forma ideal de que los abogados estén a la mayor altura jurídica de los profesionales del derecho. Que la ciudadanía sienta que los abogados que les van a defender hacen realidad esa igualdad de las partes en el proceso.
En cuanto a errores o frustraciones, la de no haber sido capaz de aportar propuestas y soluciones más eficaces en la lucha contra la violencia de género. Es una lacra intolerable para una sociedad y una frustración para los que tenemos responsabilidad como parte del funcionamiento de la Administración de Justicia.
Desde su cualificado punto de vista, ¿les interesan a los políticos los problemas del funcionamiento de la justicia?
Lo que más les interesa es influir en los órganos de la justicia. Y no les preocupa demasiado lo que piensen los ciudadanos porque hasta ahora no se ha podido comprobar que la Justicia diese votos, como se ha dicho muchas veces. Pero creo que vamos ganando algún pasito en esa materia. Uno de los objetivos de la Abogacía institucional ha sido influir en los prelegisladores, lo que ha sido especialmente necesario en esta etapa última de mayoría absoluta, ya que, o consigues influir en la fase de construcción de la norma o, ya después, el camino está alisado y es casi imposible… Lo hemos pretendido, y lo hemos logrado, creo, en muchas ocasiones. En la supresión de la Ley de Tasas, en la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en la Ley de Turno de Oficio y Justicia Gratuita, en la Ley de Planta, y en otras muchas, incorporando nuestras sugerencias o nuestras propuestas razonadas. Lo hemos hecho pensando no sólo en la abogacía sino, sobre todo, en los ciudadanos.
Todo lo que durante estos quince años hemos hecho desde esta casa y desde las demás organizaciones profesionales ha tenido como objetivo igualar los instrumentos que tuviesen todos los abogados de España y facilitar el trabajo de los compañeros y compañeras para que así quedasen debidamente garantizados los derechos y libertades de los ciudadanos.
¿Ha cambiado la profesión en estos quince años?
Muchísimo. En este momento se vislumbra no sólo la especialización de la que hablábamos en el Legal Management Forum, si no la internacionalización. Y, desde luego, un cambio importantísimo es la digitalización del trabajo. Eso va a generar una brecha importante entre distintas generaciones de abogados, que tenemos que paliar. El rendimiento del trabajo va a depender de la agilidad para manejar cosas tan elementales como son el ordenador o el móvil… Pero nos falta cultura digital. Para paliar estas diferencias, serán otra vez los Colegios de Abogados los que se gastarán el dinero, el dinerito de sus bolsillos, para mejorar el trabajo de los abogados para los ciudadanos.
¿Se ha precarizado la abogacía en estos años? ¿En esta última etapa?
Se ha precarizado, ha sufrido la crisis, la está sufriendo todavía. La crisis la ha sufrido como cualquier sector, pero hay una faceta que me gustaría destacar: han sufrido muchísimo los despachos más generosos y aquellos que, de alguna manera, tenían más sentido de la profesión, que han continuado en el asesoramiento y la defensa de sus clientes. a sabiendas de que en muchos casos no iban a cobrar. Ha habido despachos de abogados que se han arruinado. Esta crisis tremenda no la han pasado los despachos grandes, sino los más pequeños. Los compañeros y compañeras más modestos lo han pasado muy mal, lo están pasando muy mal y muchos de ellos tuvieron que cerrar y dedicarse a otra cosa o ponerse a trabajar en otro despacho.
Se ha masificado la profesión, entre otras cosas por la incorporación provocada por la Ley de Acceso a la Profesión de Abogado que ha supuesto también un tremendo incremento de colegiados, no necesariamente de abogados ejercientes en la forma tradicional, pues muchos de ellos ocupan puestos en consejos de administración, de asistencia, de asesoramiento telefónico, en fin, de las diferentes formas de ejercicio profesional de la abogacía que abaratan los costes…
Pese a lo que algunos dicen, la nuestra es, posiblemente, la profesión donde existe mayor competencia. Ciento cincuenta mil abogados en lucha por un mercado restringido y cambiante. Parte del problema de la exacerbada competencia lo vendrá a resolver, dentro de unos cuantos años, probablemente dentro de un ciclo vital, La ley de Acceso y el examen de acceso. No porque se pongan limitaciones, que no hay ninguna, sino porque habrá más exigencia de calidad porque la defensa de los derechos de los ciudadanos es un tema de enorme importancia.
¿Son útiles los Colegios de Abogados para los abogados? ¿Y para los ciudadanos? ¿Por qué lo son para los abogados y para qué para los ciudadanos?
Son imprescindibles para los dos. Lo voy a explicar al revés: son imprescindibles para el abogado porque sólo a sabiendas de que nos protegen las espaldas las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados, se consigue que el derecho de defensa, el derecho de asesoramiento y defensa sea verdaderamente real y que se defienda esa libertad ante el juez, ante el fiscal, ante quien sea. Está pasando todas las semanas, todos los días. Los defensores del derecho de defensa son los propios abogados si están suficientemente respaldados por su Junta de Gobierno. No se puede concebir el ejercicio de la profesión sin libertad y la libertad se consigue efectivamente garantizando la institución del Colegio con el decano al frente. Sin esa garantía, la ciudadanía vería vaciarse todo el repertorio de derechos fundamentales de nuestra Constitución, porque el pórtico hacia esos derechos los garantiza siempre la defensa del abogado.
Me gusta decir que hay que tener en cuenta que el primer juez es el abogado
Se dice que la famosa sentencia del Tribunal de Luxemburgo que anuló parte del procedimiento hipotecario español la dictó un juez de Barcelona, pero no se dice que fue imprescindible que primero hubiera un abogado, Dionisio Moreno Trigo, que se lo planteara al juez Seijas. Me gusta decir que hay que tener en cuenta que el primer juez es el abogado. Él es el primero que valora lo que le está diciendo el cliente, el que sabe arrancarle al propio cliente lo que sabe, ya que en muchas ocasiones no sabe lo que sabe, el que propone cómo y cuándo encauzar sus pretensiones hasta llegar a una solución. También es el abogado el que soluciona muchos problemas sin judicializarlos, con su consejo y asesoramiento. Tenemos un estudio efectuado por Metroscopia que cuantifica en un tercio el número de asuntos que llegan a un despacho de abogados que no se judicializan. Si pensamos en el número de las sentencias que se dictan, ¡qué caos, que colapso se crearía si no hubiera abogados con madera de abogados y con vocación de abogados evidentemente, que evitaran la judicialización de ¡muchos asuntos!
¿Qué pretendía la Ley de Servicios Profesionales?
Sinceramente, no lo sé, no lo puedo decir. Hay elementos suficientes como para pensar que, cuando se decía que era una exigencia de Europa, por lo menos se estaba exagerando. Conforme va pasando el tiempo se va confirmando esta tesis. Era más una oferta, una exhibición del Estado español, del Gobierno de España, una forma de aparentar que se estaba trabajando para agilizar la economía y la competitividad. Creo sinceramente que iban por ahí más los tiros que por el hecho real de querer modernizar los Colegios Profesionales, que es algo que nosotros hemos pedido reiteradamente desde hace años.
Lo que no dudo es que el borrador de anteproyecto de ley lo que quería era ahogar la voz de todos los Colegios profesionales. Preveía suprimir la cuota de acceso, que estaba ya reducida a los gastos imprescindibles y limitar las cuotas anuales a 240 euros… Sinceramente el planteamiento era kafkiano: se imponía al Colegio la obligación de hacer cosas en beneficio de la ciudadanía pero sin permitirle siquiera dotarse de economía suficiente para funcionar y para afrontar esas obligaciones. Se dividía la abogacía en dos: los abogados litigantes, los que actuaban en el juzgado, y los no litigantes, ¡que son legión¡, son casi la mayoría y, en el caso de estos últimos, sin obligación de incorporarse a los Colegios, por lo que quedarían sin defensa ante sus empleadores. Además de otras medidas que lo que hacían era propiciar la desaparición de los Colegios profesionales. Todos, no sólo los de abogados, pero desde luego en la abogacía con especial intensidad. Por citar otra de las medidas más graves: se preveía la disolución del Colegio, es decir, se posibilitaba que un ministro disolviese el órgano de administración colegial por razones injustificables. ¿Dónde queda la independencia del Colegio para defender a sus colegiados? Lo que hubo sin duda, alguna, fue desconocimiento de la realidad y falta de diálogo.
Respecto a la formación continua: ¿los abogados ya en ejercicio se forman? ¿Se actualizan? ¿Tienen medios suficientes para esa formación continua?
Desde luego tienen medios importantes y, me atrevería a decir, en algunas áreas, suficientes. Pero no se forman todos. Es decir, el problema es que esa formación es voluntaria, y así como en otros países se exige cada tres años, cuatro o cinco años, acreditar estar formándose o estar trabajando en el área de especialización concreta, aquí no tenemos algo similar. Aspiramos a que, con el tiempo, y sin mucho esfuerzo, los letrados y letradas tengan que acreditar que están trabajando con intensidad en una determinada área o que se están formando para esa materia. Hoy, entre la actividad formativa que desarrollamos los Colegios —unas 2.500 jornadas o cursos cada año, casi todos gratuitos— y la que desarrolla el Consejo, hay una oferta suficiente como para mantener y actualizar los conocimientos profesionales necesarios, así como para abordar la internacionalización, que también se hace necesario.
¿Qué habilidades debe tener, desde su punto de vista, un buen abogado?
Pues las mismas que me enseñó mi maestro. Actuar con el cerebro y pasar el conocimiento por el corazón varias veces para analizar la cuestión que se le somete a su asesoramiento o defensa. Analizarla no como se analizan en las restantes profesiones, como una cosa externa, sino algo realmente interno, que le permite al abogado aplicar al problema que tiene el cliente todas las prevenciones de las cuestiones que están alrededor de ese hecho. Por ejemplo, el abogado tiene que estar absolutamente ilustrado en los medios de comunicación todos los días, tiene que conocer la realidad en la que se está moviendo. Es más, tiene que reaccionar, incluso, para advertir a sus clientes de que algo está sucediendo, que tiene interés, y por tanto, el abogado tiene que saber de todo. En la Escuela de Práctica Jurídica me preguntaban los alumnos:
— ¿Qué tenemos que estudiar para ser mejores abogados?
— De todo
—¡Hombre!, ¡eso no vale!
— Sí, de todo.
Al abogado no le sobra nada absolutamente nada de nada, ya que la experiencia de la vida es el bagaje con el que se toman las decisiones a las que luego se aplican los conocimientos jurídicos. Todo, desde luego lo pasa por el tamiz de la cabeza y del corazón, y de ahí sale un asesoramiento concreto o la posible información sobre la defensa. Y si no ve defensa, debe decirlo.
¿Cómo valora la sociedad al abogado de oficio?
Pues cada vez mejor. Los estudios sociológicos nos dicen que vamos subiendo en estima. Desde esta casa se abordaron encuestas en las que se pedía a los usuarios que valoraran el trabajo de los abogados de oficio, ya que nos parecía fundamental conocer la opinión de los usuarios del servicio. He de decir que esta iniciativa, en su momento generó polémica internamente pues había quienes rechazaban que nos sometiéramos a la opinión de los ciudadanos. Pero, ¿para quién trabajamos? Claro que interesa, interesa muchísimo saber lo que opina el ciudadano. Me interesa muchísimo también lo que opine el compañero. Por eso, lo hicimos así desde el principio. Comprobamos que esos estudios, hechos por Metroscopia, dan como resultado una mejor opinión de los usuarios sobre el servicio y sobre los abogados que lo prestan que la de los propios letrados. Eso se sigue confirmando desde el primer estudio hasta hoy. Y que los abogados es la profesión jurídica mejor valorada por los ciudadanos, por delante de todas las demás.
Este año se publicará el décimo informe del Observatorio de la Justicia Gratuita que hacen el Consejo y LA LEY. ¿Qué evolución pone de relieve este período de ya diez años?
Creo sinceramente que nos hemos dado cuenta de que tenemos mejor abogacía de la que pensábamos, y una cosa que dice el Informe y que me parece muy importante: que los ciudadanos piensan muy parecido, si no igual que los abogados, de la Justicia que tienen. Y eso sí es un problema de la Justicia, porque la valoran como lenta y poco clara, además de no absolutamente independiente. Eso me parece muy, muy importante, porque viene a decir lo que hemos dicho tantas veces, que parece mentira que no se nos consulte en la mayor parte de las iniciativas legislativas, cuando estamos más próximos al problema que ninguno de los legisladores.
La evolución de estos años del Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-LA LEY, ha permitido comprobar la reducción del gasto. Ello se debe a la congelación e incluso fuerte reducción en algunos casos de los honorarios de los letrados de oficio, así como a la excelente administración por parte de los Colegios de los recursos dedicados a esta partida. No puedo dejar de mencionar el esfuerzo de inversión del Consejo de la Abogacía en el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, que permite la tramitación de los expedientes de petición de designación de abogado de oficio con mayor rapidez y comodidad para el ciudadano y con mayor seguridad para las distintas Administraciones, que son las que facilitan y controlan los datos. Son ya cientos de miles de expedientes los que se tramitan por este sistema que, además, ha sido premiado por el Consejo de Europa, como mejor proyecto europeo, con la «Balanza de Cristal» por su notable contribución a la Justicia.
La edición de estos nueve informes, patrocinados por la editorial LA LEY, ha dotado a las instituciones oficiales, medios de comunicación y ciudadanos de un instrumento veraz de análisis y conocimiento de los datos económicos y de funcionamiento del Servicio Público de Justicia Gratuita. De esos datos se desprende que el sistema es eficaz en la gestión, sostenible en lo económico y muy satisfactorio en cuanto a calidad según reconocen sus propios usuarios.
La entrada del «Papel Cero» es un reto para la Abogacía como autoridad certificadora ¿está preparada para ello?
Desde la Abogacía hemos hecho todo lo posible, y estamos todavía haciendo cursos que se van a prolongar en el tiempo. Yo lo he dicho, gráficamente: he entregado las llaves del coche al Ministro de Justicia para que vaya donde quiera. Creo sinceramente que funciona muy bien, ahora… Si no le echan gasolina o si no le ponen ruedas o cambian lo que haya que cambiar pues no funcionará bien.
La Abogacía está haciendo un esfuerzo brutal porque esta nueva etapa de la Administración de Justicia sin papel funcione
Nuestra plataforma, Lexnet Abogacía, está funcionando y ofrece mejoras respecto a la plataforma oficial. Lo importante es que empecemos a funcionar ya. Por supuesto que habrá problemas y que resultará chocante presentar demandas de forma electrónica y que luego los autos se tengan que seguir viendo en papel…. Pero aunque haya problemas, lo que hace falta es que estemos dispuestos a solucionarlos. Desde el Ministerio y en todas las comunidades autónomas. Tienen que poner todos los medios necesarios, tanto técnicos como económicos y de personal.
La Abogacía está haciendo un esfuerzo brutal porque esta nueva etapa de la Administración de Justicia sin papel funcione. El esfuerzo es titánico, y más de 12.000 abogados han seguido cursos presenciales en los últimos meses. Además, en nuestra web www.abogacia.es, hay tutoriales, información completa, preguntas y respuestas ante las dudas más frecuentes, asistente de configuración del sistema, simuladores de funcionamiento, etc. La verdad es que tanto el Consejo como los Colegios y los Consejos Autonómicos han hecho un enorme esfuerzo y están colaborando con el Ministerio, exigiendo determinadas características de las aplicaciones, en una palabra, colaboración recíproca… Seguro que hay problemas, pero yo apelo a la buena voluntad de todos —abogados, comunidades autónomas, Ministerio—, para que saquemos adelante en condiciones este proyecto que debe contribuir a una justicia más ágil. No es de recibo que la Administración de Justicia siguiera trabajando como en el siglo XIX.
¿Qué le sugieren estos refranes y frases sobre la abogacía?
Pleitos tengas y los ganes…
Hace mucho tiempo que no lo oigo. Algo quiere decir eso… Cuando yo empecé era de uso común
Más vale un mal arreglo que un buen pleito.
Ése sí que es verdad.
La Justicia no es independiente, dice la gente.
No, no del todo. No todo lo que debería ser…
Hay mucha gente que piensa que no es lógico que los jueces juzguen a los jueces.
Hay determinados delitos en los que es imprescindible el jurado… Si los jueces son independientes, son absolutamente libres, deberían poderlos juzgar, pero tenemos en nuestra estructura jurídica un mecanismo para que los jueces no sean juzgados por los jueces sino por los ciudadanos.
Los abogados de oficio son inexpertos y aprenden así
Eso es completamente falso, falso de toda falsedad. La media de edad de los abogados de oficio es de 43 años y tienen una experiencia media de unos 13 años de ejercicio profesional. En este momento, a un abogado del turno de oficio se le exige el master de postgrado, el examen de acceso y tres años de experiencia profesional… Eso, hoy, no se exige ni en Europa. Nuestros cuestionarios de calidad indican que la satisfacción con el servicio es muy elevada y el número de quejas —que también corrobora la Memoria del Defensor del Pueblo— es mínimo. Es un servicio que prestan de forma excelente más de 42.700 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de España. La única verdad es que está mal pagado y que se cobra tarde.
Hemos cerrado una etapa política, y se abre una nueva ¿qué le pediría a los nuevos responsables del Ministerio de Justicia?
Que escuchen a la Abogacía, y que escuchen a todos los profesionales. Tenemos una clase profesional excelente y bien formada. La mejor demostración es que muchos de ellos son reclamados por otros países europeos y desarrollan su carrera con gran éxito en Alemania o en otros países. Podemos aportar no sólo nuestro conocimiento, sino también nuestra capacidad de acuerdo.
Si quieren cambiar la Ley de colegios profesionales, que sea para mejorarlos. Hablamos de un sector que representa el 9% del PIB, el 6% del empleo total, el 30% del empleo universitario. Creo que estos datos son alguno de los pocos argumentos que escuchó el Gobierno en plena crisis económica cuando les dijimos: «por favor, ¿por qué tocan ustedes lo único que funciona bien, una actividad que mantiene empleos o, incluso, los crea? No lo toquen». Creo que ése fue el argumento clave para que el Gobierno guardara la reforma en un cajón del que nunca debió salir. Al menos como salió y, sobre todo, sin hablar con los interesados.
Hablemos de alguna de las reformas recientes: ¿qué opina de la reforma del Código Penal?
No soy penalista pero me parece que algunas penas son excesivamente duras y estoy en absoluto desacuerdo con la cadena perpetua revisable.
¿De la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil?
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha solucionado un tema gravísimo al que nadie le hacía caso más que los abogados la indefensión del demandante en el juicio verbal, que se encontraba en el juicio sin saber qué iba a decir su contrario, y ya no podía articular adecuadamente su defensa, con el tiempo suficiente.
¿De la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Hay aspectos positivos pero también negativos. El de los plazos, por ejemplo; si no se maneja con flexibilidad y con un poco de racionalidad podría ocasionar problemas graves.
¿De la Ley de Seguridad Ciudadana?
Como está pendiente de recurso, espero que no se declare su idoneidad, porque me preocupa muchísimo que en la balanza seguridad–libertad vayan pesando cada vez más los argumentos de la seguridad en detrimento de la libertad.
¿Y del Estatuto de la Víctima?
Es un Estatuto que hacía falta. En principio me parece bien, pero hay que igualar a todas las víctimas. Ahora la tarea es que a todas las víctimas, lo hayan sido por lo que lo hayan sido, se les reconozca una responsabilidad objetiva, que asista a una gente que se haya quedado en posición desvalida como consecuencia del mal o del funcionamiento incorrecto de la sociedad.
¿Qué piensa que pasa con la lucha contra la violencia de género?
Como he dicho al principio de la entrevista, ésta es una de mis frustraciones, ya que durante estos años no hemos sido capaces de encontrar una solución eficaz. Es horrible. El Consejo participa en el Observatorio contra la Violencia de Género y tengo todos los años la sensación de frustración, ya que año tras año el número de agresiones y de muertes no baja. Hay cosas absolutamente incomprensibles, por lo menos para nosotros pobres observadores, y es que muchas mujeres no denuncian o retiran sus denuncias. No lo puedo entender, en absoluto, y yo creo que hay que empezar por ahí. Obviamente hay que empezar por la escuela, todo tiene que empezar por la escuela, por la formación, todo tiene que pasar por una juventud que tenemos ahí esperando oportunidades. Pero fundamentalmente hay que convencer. Quizás pudiéramos hacer algo más estableciendo oficinas de asesoramiento, sin ningún tipo de llamada, simplemente a disposición de las personas que en cualquier momento se considerasen directa o indirectamente amenazadas o molestas, que pudiéramos detectar a través de especialistas que allí va a pasar algo. Yo he tenido en el despacho a alguna de estas víctimas e inmediatamente la he acompañado al centro más cercano, ya sea de policía o de cuerpos de seguridad del Estado, o a algún médico que pudiese ayudar. Pero la pregunta es siempre la misma: ¿ por qué no funciona?
Desde la Abogacía venimos pidiendo que el asesoramiento a las mujeres se produzca desde mucho antes de la formulación de la denuncia, por aquello de que la primera conversación se realice con la pausa y la ponderación más adecuada, pero sobre todo que no esté perturbado el ánimo de la mujer que ha sufrido la agresión. Y, a partir de ahí, que se inicie toda la serie de asesoramientos psiquiátricos, psíquicos, médicos. Son asesinatos, pero no son asesinatos comunes, el asesino normalmente no se pega un tiro después de cometer una barbaridad. Algo se nos escapa, se nos está escapando algo seguro. No se me ocurre más que pensar que en una fase muy anterior se está gestando, se está incubando la agresión y que en esa fase deberíamos poder actuar para ser más eficaces en la prevención.
¿Y de la situación de los refugiados?
Esta situación es más reciente, pero las víctimas se producen masivamente. El verano pasado, en el mes de agosto, hicimos una llamada a la abogacía y la respuesta denota qué abogacía tenemos: ¡en 3 días 1.500 abogados voluntarios para ir a donde fuese necesario! Pero ni han llegado los 17.000 refugiados que España se comprometió a asumir ni esos abogados han sido reclamados por nuestro Gobierno, a cuya disposición habíamos puesto ese Registro de Abogados voluntarios, o por los Gobiernos afectados. Esta es otra de mis frustraciones junto al tema de la violencia de género. El hambre, las guerras, las persecuciones que obligan a millones de ciudadanos a abandonar todo lo que tienen y pedir asilo en otros lugares desconocidos. Esto es una vergüenza colectiva. El problema de la violencia de género es algo que está en la sociedad, es algo que la sociedad está haciendo muy mal y que probablemente las instituciones tampoco saben solucionar totalmente; pero el tema de los refugiados es un problema global, un problema institucional. No hay derecho a que 60 millones de personas estén deambulando, intentando encontrar un lugar en el que poder desarrollarse y en el que poder realizar su vida. Es terrible.
Ahora tengo algunas preguntas personales: ¿Seguirá ejerciendo la profesión ahora, después de esta etapa?
Por supuesto. En Zaragoza.
Es de suponer que tendrá algo más de tiempo libre ¿tiene algo pensado para ocuparlo?
Como me ha faltado tanto tiempo, tengo muchas cosas pendientes. Seguramente será en el despacho y referido al despacho… Nunca he dejado de tener contacto con el despacho y sobre todo con algunos clientes. Dedicaré el tiempo a la profesión. De allí salí y allí vuelvo.
¿Y qué recomendaría a su sucesor o sucesora, qué principal recomendación le daría?
Mi sucesor o sucesora seguramente será más sabio y tendrá que llevar su estilo al Consejo. Debe ser una tentación dar consejos, pero yo no la sentí en el Colegio de Zaragoza y espero no sentirla ahora. Meterse en lo que va a hacer el siguiente es un error. Creo que cada uno tiene que aplicar su personalidad y su estilo. Quien me suceda, lo importante es que me tiene a su entera disposición para darle mi criterio en cualquier cosa. Pero consejos, no. Mi época ha pasado. Ha sido una época magnífica repleta de afectos y de actividad interna, internacional, en la Fundación etc. al servicio de la Abogacía. Lo he dado todo. Ahora es el tiempo de otros.
Mercedes REY
Jefe de Publicaciones Diario LA LEY